Sentencia AC-1304 de marzo 8 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación 20001-23-31-000-2000-1304-01, mar. 8/2001.

M.P. Ana Margarita Olaya Forero

Asuntos constitucionales. Acción de cumplimiento

Actor: José Martín Lázaro Salcedo

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor José Martín Lázaro Salcedo contra la sentencia del 24 de noviembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó por improcedente la acción instaurada contra el director regional de la zona norte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “Inpec” – Barranquilla.

Antecedentes

Los hechos narrados por el actor pueden resumirse así:

Fue condenado por el delito de homicidio simple y recluido en la Cárcel Modelo de Barranquilla. Antes de que se dictara la sentencia solicitó a la juez cuarta penal del circuito de dicha ciudad, quien conoció del proceso, que dispusiera su remisión a un pabellón especial, en consideración al cargo que se encontraba ejerciendo antes de su captura como subintendente de policía, de conformidad con los artículos 400 y 403 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 27 inciso 2º de la Ley 65 de 1993, sin que hasta la fecha se haya atendido su petición, pues todo el tiempo que lleva recluido siempre ha estado compartiendo espacio con personas que él mismo persiguió y capturó, con quienes ha tenido varios enfrentamientos que han puesto en peligro su vida.

En la Cárcel Modelo de Barranquilla se negaron a internarlo en un pabellón especial por no disponer para ello; fue recluido entonces en la capilla del penal junto con 15 internos más, a quienes se les hizo saber su condición de expolicía, motivando un violento ataque que fue frustrado por los guardianes del establecimiento, gracias a sus gritos de auxilio.

Ante la gravedad de tales circunstancias, su madre canceló al Dr. Carmelo de la Ossa, director de la cárcel en aquel tiempo, la suma de $ 400.000 para que se le recluyera en el pabellón Nº 8 donde se encontraban purgando condena los integrantes del Grupo Musical Bananas. Encontrándose recluido en dicho pabellón, tuvo un percance con el cabo primero del Inpec Saúl Mayorga, quien lo maltrató físicamente, lo sacó del citado pabellón y lo encerró en un calabozo junto con los internos que lo habían ultrajado, y aunque le hizo saber los hechos ocurridos al funcionario fue dejado allí, debiendo sufrir un nuevo ataque por parte de los citados reclusos, pero nuevamente gracias a sus gritos de auxilio, el sargento Villegas ordenó al mencionado suboficial que lo sacara del calabozo y lo llevara a sanidad para ser atendido. De regreso al citado pabellón Nº 8, adelantó una denuncia ante la fiscalía, la procuraduría y el Inpec, que dejó como resultado la destitución del sargento Mayorga.

Dos meses después, el cabo Espitia le hizo saber que había sido trasladado a la penitenciaría nacional, y para evitar dicho traslado tuvo que pagar $ 200.000; esta situación que se repitió en varias ocasiones, hasta que finalmente, cuando no pudo volver a pagar, fue retirado del pabellón Nº 8.

En represalia por la destitución del cabo Mayorga, fue recluido en un pabellón nuevo, en el cual fue reunido con toda clase de individuos, allí fue víctima de hurto y tentativa de homicidio por parte de varios internos; en el nuevo pabellón se inauguró el pasillo Nº 7 especial para presos políticos “(guerrilleros)” quienes ven en los policías y expolicías sus enemigos naturales, lo que trajo como consecuencia que se presentaran nuevos problemas. Por tal motivo, solicitó directamente al director del Inpec – Barranquilla, su reubicación en un pabellón especial para expolicías.

El 11 de junio de 1999 fue trasladado a la Penitenciaría Nacional El Bosque de Barranquilla, plantel en el cual fue testigo de un hurto impetrado por unos guardianes, quienes le advirtieron que en caso de ser denunciados y despedidos atentarían en contra suya y de su familia. No obstante tales amenazas, él los denunció.

Solicitó nuevamente su traslado al pabellón especial de la Cárcel Distrital del Bosque de Barranquilla, pero el director regional del Inpec le hizo saber por intermedio de la directora del establecimiento carcelario donde se encontraba recluido, que la cárcel distrital no pertenecía a dicho instituto y que el traslado podría ser efectivo si lo ordenaba una autoridad competente o el director general del Inpec.

Insiste en que debe ser trasladado al pabellón especial de la Cárcel Sumarial Modelo de Barranquilla en el patio Nº 8, en donde se encuentran detenidos entre otros, varios exfuncionarios de la policía, o en el pasillo especial para policías de la Cárcel Distrital El Bosque; que no debe ser trasladado a otra ciudad, porque su hijo mayor está afectado psicológicamente, y según diagnósticos emitidos por las psicólogas del colegio donde cursa sus estudios y la de la Cárcel Nacional del Bosque, lo más aconsejable es que puedan verse todos los domingos.

Pretensiones

Pretende el demandante que esta corporación, mediante la acción de cumplimiento, ordene al Inpec disponer su traslado al patio Nº 8 de la Cárcel Sumarial Modelo de Barranquilla, en cumplimiento de los artículos 19, 27 y 29 de la Ley 65 de 1993 y 400 y 403 del Código de Procedimiento Penal.

Pide además, que se ordene a quien corresponda la construcción de un pabellón especial en la Penitenciaría Nacional El Bosque de Barranquilla para que allí se pueda albergar a los expolicías y exmilitares detenidos; y se ordene al director del Inpec hacer un curso sobre leyes y decretos (fls. 32 y 33).

La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Cesar denegó por improcedente la solicitud de cumplimiento instaurada.

Dijo el a quo que de conformidad con el artículo 5º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento se dirige contra la autoridad administrativa que deba cumplir la norma con fuerza material de ley o acto administrativo y no contra una autoridad jurisdiccional para que cumpla una ley, porque en este evento tendría otro medio de defensa judicial dentro del correspondiente proceso.

Argumentó que teniendo en cuenta que la sentencia no se encuentra ejecutoriada porque contra ella se interpuso un recurso que actualmente se tramita ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de lo cual se colige que el demandante se encuentra aún en detención preventiva, a quien le corresponde decidir su sitio de reclusión es al juez o corporación judicial que esté conociendo del proceso y no al Inpec, pues como aún no está firme la sentencia condenatoria se cuenta con otro medio de defensa judicial, circunstancia que torna improcedente la acción de cumplimiento instaurada, de conformidad con el inciso 2º del artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

La impugnación

El actor apeló oportunamente la decisión proferida por el a quo.

Insiste en que se debe ordenar su traslado y aporta la sentencia T-153 del 28 de abril de 1998, mediante la cual la Corte Constitucional ordena al director del Inpec que dentro del término de cuatro meses debe sacar de las cárceles o penitenciarias a los exmiembros de la fuerza pública y reubicarlos en pabellones o cárceles especiales.

Consideraciones

Las normas cuyo cumplimiento se exige mediante la presente acción, son del siguiente tenor literal:

Ley 65 de 1993:

“ART. 19. (...)

PAR.—Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales”.

“ART. 27.—Cárceles para miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de éstos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan.

La organización y administración de dichos centros se regirán por normas especiales.

En caso de condena, el sindicado pasará a la respectiva penitenciaria en la cual habrá pabellones especiales para estos infractores”.

Código de Procedimiento Penal:

“ART. 400.—Establecimiento para cumplir la detención. La detención preventiva a que se refieren las disposiciones anteriores, debe cumplirse en el establecimiento carcelario destinado para este fin. Ninguna persona podrá ser recluida en establecimiento para cumplimiento de pena, mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada.

Cuando se trate de hechos punibles culposos el imputado será recluido en la casa-cárcel más próxima. De no existir casa-cárcel será recluido en pabellón separado dentro del establecimiento carcelario”.

“ART. 403.—Lugar de detención para determinados servidores públicos. Los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, Ministerio Público, personal de prisiones y cuerpo de policía judicial, serán detenidos en establecimientos especiales, distintos a los ordinarios de reclusión.

Este derecho se extiende a los funcionarios de los organismos mencionados y a los funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal” (destaca la Sala).

Las preceptivas pretranscritas, establecen que los miembros de la fuerza pública que se encuentren detenidos deben ser recluidos en sitios especiales establecidos para ellos, distintos a los ordinarios de reclusión.

Diferencian las normas dos situaciones: el cumplimiento de la detención preventiva y el de la condena, y en los dos casos, los miembros de la fuerza pública deben ser recluidos en centros especiales o en pabellones separados dentro del respectivo establecimiento carcelario; tratándose de hechos punibles culposos el imputado debe ser recluido en la casa-cárcel más próxima. De no existir casa-cárcel será recluido en pabellón separado dentro del establecimiento carcelario.

Para determinar si en el caso concreto se está dando cumplimiento a dicha previsión debe analizarse el acervo probatorio que obra en el expediente.

Da cuenta el plenario que el primer sitio de reclusión del peticionario fue la Cárcel Modelo de Barranquilla; que por los constantes enfrentamientos con otros reclusos, que pusieron en peligro su vida, fue trasladado a la Penitenciaría El Bosque de la misma ciudad, donde también se presentaron hechos violentos, que dieron lugar a que fuera trasladado nuevamente, esta vez a la Cárcel de Valledupar.

Obra a folios 135 y siguientes copia de la tutela instaurada por el actor, por los mismos hechos que ocupan la atención de la Sala en el sub lite, en la cual se logró establecer que el traslado de la Cárcel del Bosque de la ciudad de Barranquilla a la de Valledupar, se hizo por seguridad del interno, con el fin de protegerle su derecho a la vida (fl. 138). Así mismo, dentro de la citada acción, se analizó lo concerniente a la salud de su menor hijo, concluyéndose que puede ser sometido a un tratamiento sicológico que logre reparar su estabilidad emocional, para lo cual se dispuso la remisión del menor a los centros especializados para tal efecto (oficina de atención a los afectados por la violencia “Ofivida” y Centro de Atención y Rehabilitación Integral “CARI”), pues el daño sería aún mayor si perdiera a su padre, ya que en la Penitenciaría el Bosque de Barranquilla su vida corría peligro y fue esa, precisamente, la razón por la que el Inpec ordenó el traslado a Valledupar, para que sea sometido a un tratamiento psicológico para que recupere su estabilidad emocional y pueda afrontar la situación familiar que atraviesa por la reclusión de su padre el señor José Martín Lázaro Salcedo.

Aparece a folio 101 del expediente el oficio Nº 237-323/PNV-2000 del 11 de septiembre de 2000 mediante el cual el director de la Penitenciaria Nacional de Valledupar, Jorge Sedano Calderón, en respuesta a la solicitud elevada por el actor el 5 de septiembre de 2000, le manifestó:

“... este despacho dará cumplimiento a lo señalado en el artículo 27 de la Ley 65 de 1993, ubicándolo en un sitio especial para casos especiales como el suyo. Esta dirección estará atenta a su estado de salud y seguridad dentro de las instalaciones.

En lo referente a los demás internos, el traslado a la penitenciaría se realizó para garantizarles su debida seguridad, por hacinamiento y por respeto a la dignidad humana.

Igualmente se estará oficiando a la diferentes instancias judiciales y organismos de seguridad con el fin de conocer antecedentes y el estado actual de cada uno de los procesos de los señores internos”.

Obra a folio 102 el oficio Nº 033-PNV-2000 del 23 de septiembre de 2000 expedido por el citado director de la Penitenciaría Nacional de Valledupar y dirigido al actor, por el cual le responde una nueva solicitud de fecha 16 de septiembre de 2000, en el cual le informa:

“Le comunico que se dispuso su ubicación en la torre I sin que allí sea “aislamiento” por razones de seguridad que usted ha manifestado personalmente, corre peligro su integridad, así de acuerdo al reglamento es un pabellón de seguridad especial con vigilancia rigurosa y permanente.

La atención de los profesionales del área de tratamiento y desarrollo de la penitenciaria nacional que han tenido a bien con usted es para garantizarle un servicio digno y apropiado a su salud.

Igualmente me permito informarle que el pabellonero de cada torre y el área de tratamiento y desarrollo cuenta con un ejemplar del reglamento interno el cual usted puede consultar cuando lo estime conveniente”.

Como puede observarse, las autoridades encargadas han estado dispuestas a acatar las normas, ubicando al actor en sitios especiales, atendiendo su calidad de exmiembro de la Policía Nacional, y los traslados de que ha sido objeto han obedecido a sus propias solicitudes, con el ánimo de proteger su vida.

Ahora bien, la principal pretensión del actor que se ordene su traslado al patio Nº 8 de la Cárcel Modelo de Barranquilla, con el fin de estar cerca de su menor hijo y evitar los costos que conlleva el transporte de una ciudad a otra. Dicha pretensión no puede ser atendida por la Sala, pues ello implicaría su intromisión en la órbita legal y funcional del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec.

La orden de la Sala sólo podría llegar a ordenar la reclusión del actor en un sitio especial, como miembro de la Policía Nacional; sin embargo, como dicho sitio se encuentra en el municipio de Facatativá, según da cuenta el expediente, ello en lugar de favorecerlo, le causaría perjuicio.

Resta entonces a la Sala, compulsar copias del expediente con destino al despacho del director del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que evalúe la situación del señor José Martín Lázaro Salcedo, así como las circunstancias que han rodeado su reclusión con el fin de darle una pronta solución a su caso.

De igual manera, se compulsarán copias con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas faltas disciplinarias, administrativas y penales en que hubiesen podido incurrir los funcionarios y servidores de la regional zona norte del Inpec de Barranquilla y de la cárcel sumarial modelo de la misma ciudad, de conformidad con los hechos narrados por el actor, como quiera que dichos entes ejercen respectivamente, la función de vigilancia superior sobre la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas y la investigación por la comisión de hechos punibles.

En este orden de ideas, por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión proferida por el a quo, adicionándola con la orden de compulsar las copias a que se hizo referencia en los párrafos precedentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil (2000) dentro de la acción de cumplimiento instaurada por José Martín Lázaro Salcedo en contra del director regional de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, “Inpec”.

2. ADICIÓNASE en el sentido de ordenar compulsar copias del expediente con destino al Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese personalmente a las partes o en su defecto, por edicto, de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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