Sentencia AC-1386 de febrero 23 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIÓN LEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

ACLARACIÓN DE VOTO PUEDE SER EJERCIDA POR UN CONGRESISTA

EXTRACTOS: «Para hacer una realidad los principios fundamentales que postula la Carta en sus artículos 1º y 2º, esto es, que Colombia es una república democrática, participativa y pluralista y que dentro de los fines esenciales del Estado está, entre otros, el de facilitar la participación de todas las personas en las decisiones que las afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, se les ha dado entidad constitucional a los partidos y movimientos políticos, sin hacer distinciones entre unos y otros, garantizando a los ciudadanos la libertad de afiliarse y fundar los mismos, reconociéndoles personería jurídica cuando satisfagan los requisitos allí previstos, prohibiéndole a la ley entrometerse en su organización interna, facultándolos para inscribir candidatos en las elecciones con el aval del respectivo representante legal, autorizando al Estado para financiar su funcionamiento y campañas electorales y para permitirles el acceso a los medios de comunicación social estatales.

8. Las regulaciones puestas de presente no hacen sino institucionalizar una realidad sociológica y política: los partidos y movimientos políticos son organizaciones que tienen como objetivo directo la conquista del poder o la participación en su ejercicio, a través de la obtención de escaños en las corporaciones de elección popular, como son en Colombia el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales, como también a cargos de la misma índole, como la presidencia y vicepresidencia de la República, gobernaciones y alcaldías.

9. Las consideraciones precedentes ponen en evidencia que los partidos y movimientos políticos, al ser objeto, como se ha visto, de una regulación especial de carácter constitucional y legal estatutario, no pueden asimilarse a las personas jurídicas de derecho privado, las cuales tienen objetivos diferentes, que no son políticos como los de aquéllos, y que están sujetas a una normatividad distinta de derecho privado, consagrada en los Códigos Civil y de Comercio y demás disposiciones que los complementan.

10. En concordancia con el alcance de los preceptos constitucionales analizados, el artículo 283 de la Ley 5ª de 1992, contentiva del reglamento del Congreso, en su numeral 9º consagra como excepción a la incompatibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 180 de la Carta Política la de “participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley”.

Del acervo probatorio reseñado emerge como conclusión que la demandada Regina de Jesús Betancourt de Lizka al desempeñarse como representante legal y directora nacional del Movimiento Unitario Metapolítico no ejerció un cargo privado sino de carácter político, el cual es compatible con la investidura de senadora de la República que ostenta, pues es precisamente a través de éste como se logra alcanzar uno de los propósitos políticos del movimiento que lidera, que son los que la normatividad constitucional pretende garantizar y que el artículo 283 numeral 9º de la Ley 5ª de 1992 ha erigido como excepción a la incompatibilidad consagrada en el artículo 180 numeral 1º de la Carta Fundamental».

(Sentencia de febrero 23 de 1994. Expediente AC-1386. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

ACLARACIÓN DE VOTO

Como lo expliqué durante el debate llevado a cabo en Sala Plena, compartí la parte resolutiva de la sentencia, en su totalidad, pero me vi precisado a aclarar mi voto por lo consignado en el numeral 10 de las consideraciones, visible a folio 17 del fallo, esto es en cuanto que la Ley 5ª de 1992, contentiva del reglamento del Congreso, en el numeral 9º de su artículo 283, consagra como excepción a la incompatibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 180 de la Carta Política la de “participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica de acuerdo con la ley”. En efecto, el suscrito entiende que una cosa es la representación legal de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica y otra la dirección de los mismos. En otros términos, que el ser directivo de los partidos políticos con personería jurídica, en la simple y escueta calidad de miembro del cuadro directivo, junta de dirección, consejo directivo o junta directiva, no constituye la incompatibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 180 de la Carta Política, pero sí eventualmente podrá tipificar esta causal la representación legal o personería jurídica que un parlamentario ostente con relación a un partido o movimiento político reconocido como persona jurídica. Digo que eventuralmente podrá darse la causal referida, puesto que entiendo que si dicha representación legal le sustrae tiempo significativo para cumplir con la función congresional, se impondría la pérdida de investidura por el ejercicio de un empleo privado. No se entienda que la causal se da por el simple prurito de figurar como representante legal.

El criterio que aquí estoy esbozando, lo acogió la corporación en sentencia de octubre 4 de 1993, expediente AC-500; proceso de pérdida de investidura del senador José Navarro Mojica con ponencia de la doctora Dolly Pedraza de Arenas, al señalar:

“De conformidad con los estatutos de la corporación (Acuerdo Nº 1 de 1986 de la Sala General, aprobado por Resolución 7191 de 10 de julio de 1987, del Ministerio de Educación Nacional, fls. 270 a 286 vto.), la presidencia de la corporación hace parte del gobierno de ésta (art. 23), y entre otras funciones tiene la de representar legalmente a la corporación; presidir la Sala General, la conciliatura, la comisión de planeación y presupuesto y los consejos directivos seccionales; ordenar los gastos de funcionamiento; y celebrar por sí solo o con autorización de la conciliatura, todo acto o contrato relativo a inversiones (art. 40).

Además, es un cargo de tiempo completo y de dedicación exclusiva, incompatible con el ejercicio de otros empleos públicos o privados de la misma dedicación (art. 92)”.

Cordialmente,

Daniel Suárez Hernández. 

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