Sentencia AC-1922 de septiembre 1º de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS ANTES DE LA ELECCIÓN

EXTRACTOS: «Aun cuando el consejero ponente en este proceso no comparte la posición mayoritaria de la Sala sobre que las causales de inhabilidad que pueden afectar a una persona elegida como congresista, no solamente constituyen causal de nulidad del acto por el cual se declaró la elección, invocable en acción electoral, sino igualmente causal de pérdida de la investidura de congresista, como tuvo oportunidad de expresarlo en el salvamento de voto a la sentencia dictada en el proceso Nº AC-430, actor Procuraduría General de la Nación(*), sin embargo respetuoso del criterio mayoritario de la corporación, redacta para la consideración de la Sala el proyecto de sentencia que ha de decidir sobre el fondo de la controversia.

En cuanto a éste, la Sala estima lo siguiente:

Esta corporación, a través de su Sección Quinta de asuntos electorales, ha precisado que para que un ciudadano se encuentre incurso en causal de inhabilidad para ser elegido como congresista, senador o representante, según los términos del numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, en lo referente a la celebración de contratos con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección, es menester que el vínculo contractual haya sido celebrado dentro de ese plazo, sin tener en cuenta para nada la ejecución del mismo por parte del contratista.

En efecto, en sentencia de 13 de abril de 1989, expediente Nº 0270, con ponencia del consejero doctor Jorge Penen Deltieure, expresó dicha Sala:

“...una es la fecha que le da vida al contrato y otra su extensión y desarrollo en el tiempo... En síntesis: la inhabilidad para ser elegido o designado alcalde, nace el día de la celebración del contrato con la administración, pero no puede extenderse más allá, por obra y gracia de su ejecución...”.

“...De otra manera, la inhabilidad sería de carácter permanente para quienes hubieran celebrado contrato o contratos antes de la fecha de la iniciación del término de inhabilidad, lo que sería incompatible con principios elementales de justicia...” (Extractos de jurisprudencia, tomo IV, pág. 539).

Igualmente, en sentencia de 17 de enero de 1991, expediente Nº 0461, con ponencia del consejero doctor José Joaquín Camacho Pardo reiteró la Sala:

“...Pero es verdad procesal que el referido contrato no se celebró dentro de los 3 meses anteriores a la elección por lo que la inelegibilidad del alcalde aquí no se produjo, por cuanto esta causal no puede extenderse en razón de la ejecución de un contrato que se celebra...”.

“...Esta es la interpretación doctrinal que la Sala ha venido dando a la norma en cita, sin que hasta el momento haya encontrado motivos suficientemente válidos para variar esta posición conceptual...” (Extractos de jurisprudencia, tomo XI, págs. 617 y 618).

En el evento sub lite, los contratos u órdenes de servicios y/o de gastos (sic) entre el municipio de Puerto Tejada y el demandado se celebraron el 1º de abril y el 18 de mayo de 1993. Como quiera que entre estas fechas y la de la elección a la Cámara de Representantes (20 de marzo de 1994), habían transcurrido más de seis meses, no se configura la causal de inhabilidad a que alude el numeral 3º del artículo 179 de la Carta Política y por lo mismo no se dan los presupuestos para la declaratoria de la pérdida de la investidura prevista en el artículo 183 numeral 1º ibídem».

(Sentencia de septiembre 1º de 1994. Expediente AC-1922. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El suscrito trató de hacer ver cómo el verdadero alcance del numeral 3º del artículo 179 de la Carta Política, impone la más absoluta independencia y separación entre el candidato a una de las corporaciones legislativas y cualquier entidad de la administración, todo con miras a garantizar la autonomía de cada una de las ramas del poder público e impedir la concentración de poderes y aprovechamiento de oportunidades para manipular la actividad electoral.

Si la verdadera ratio de la norma en comento impone llegar a la conclusión consignada en el párrafo anterior, se impone razonablemente pensar que la ejecución, desarrollo o cumplimiento de las obligaciones surgidas en negocios jurídicos durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la elección, generan la inhabilidad que a su vez imponen la pérdida de investidura del congresista que así hubiere procedido.

Dicho de otra manera, para el suscrito resulta mucho más grave que un candidato a cuerpo congresional estuviere realizando actividades, labores y, en fin prestaciones de cualquier género, en beneficio de entidades administrativas, durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a su elección, que el simple prurito de haber celebrado negocios jurídicos con tales entidades durante el lapso referido. Muchas veces el negocio jurídico se celebra y por diversas circunstancias no se lleva a cabo, no se desarrolla, no se cumple. En tanto que si se está ejecutando en el período atrás consignado, permite que el candidato a congresista obtenga prebendas o provechos en desmedro de otros candidatos. Por lo anterior sostuve que se daba la causal de pérdida de investidura del representante Valencia Mosquera y que así debió orientarse el fallo».

Daniel Suárez Hernández. 

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto manifiesto mi discrepancia en torno a la decisión tomada el 1º de septiembre del presente año por la Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado. Como coincido en un todo con las apreciaciones expuestas por el señor consejero Daniel Suárez Hernández, las hago mías y me suscribo.

Atentamente,

Carlos Betancur Jaramillo. 

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