Sentencia AC-2480 de marzo 22 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp.: AC-25000-23-25-000-2000-2480-01, mar. 22/2001

C.P. Germán Rodríguez Villamizar

Acción de tutela

Actor: Rodrigo Hidalgo Isaza

Demandada: Datacrédito

Conoce la Sala de la impugnación presentada por la demandada contra la providencia del 18 de julio de 2000 proferida por la Sección Segunda, Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se dispuso:

“1. Conceder la tutela al derecho del habeas data impetrada por Rodrigo Hidalgo Isaza identificado con la C.C. Nº 79.873.343 de Bogotá contra la Sociedad Computec S.A. Datacrédito, por lo expuesto en la parte motiva.

2. Se ORDENA al representante legal de la Sociedad Computec S.A. - Datacrédito impartir las órdenes pertinentes para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contando (sic) a partir de la notificación de este fallo, teniendo en cuenta la fecha en que el accionante Rodrigo Hidalgo Isaza efectuó el pago de las obligaciones a Bancafé, a Celumovil y a Sodimac Homecenter, vencido el término del tiempo doble de la mora, respecto a cada obligación, proceda a cancelar el historial correspondiente a estos datos, y a expedir los certificados pertinentes y los paz y salvos, con destino a las entidades financieras y comerciales especialmente a DAVIVIENDA, todo de acuerdo con lo expresado por la H. Corte Constitucional en las Sentencia SU-082, SU-089 de 1995 y la T-527 de 2000, en cuanto que el término de caducidad del historial de datos de las personas que incurren en mora inferior a un año en ningún caso puede ser inferior al doble del tiempo de la mora.

(...).

(Fl. 72 - negrillas y mayúsculas fijas del texto)”.

I. Antecedentes

1. La solicitud de tutela.

Mediante escrito presentado el 5 de julio de 2000 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1º a 4º), el señor Rodrigo Hidalgo Isaza instauró acción de tutela contra Datacrédito, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad y al acceso a una vivienda digna, los cuales considera violados por la demandada, al no suprimir su nombre como deudor dentro de la base de datos que lleva esa entidad.

2. Los hechos.

En síntesis, se exponen los siguientes:

2.1. En el mes de junio del 2000, el peticionario empezó a tramitar los documentos para la adquisición de vivienda, luego de cumplir con los requisitos para acceder al subsidio de la misma. Como resultado de los satisfactorios trámites, el 29 de junio del mismo año el actor firmó el contrato de promesa de compraventa de un inmueble con la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “Colsubsidio” (fls. 19 a 24).

2.2. Posteriormente, se presentaron dificultades con el crédito hipotecario tramitado ante el Banco Davivienda pues, de acuerdo con el reporte de Datacrédito el actor registra un reporte de tres (3) deudas, a saber:

— Tarjeta de crédito Sodimac Homecenter 019087011. En su manejo histórico observó mora máxima de 120 días. En la actualidad está a paz y salvo. Esta obligación fue pagada voluntariamente en abril de 2000.

— Tarjeta de crédito Bancafé, 001129192. En su manejo histórico observó mora de 30 días. Obligación pagada voluntariamente en octubre de 1998.

— Cartera telefonía celular Celumovil, 003158219. En su manejo histórico observó mora de 120 días. Obligación pagada voluntariamente en el mes de junio de 1999.

2.3. Por lo anterior, el actor compareció al centro de atención al ciudadano de Datacrédito para aclarar su situación. Como respuesta allí le manifestaron “(...) que uno debe permanecer en la base de datos por el término de dos años contados a partir de que se cancelo(sic) la obligación que genero(sic) el reporte” (fl. 3).

3. Actuación de la Sociedad Computec S.A. - Datacrédito.

La entidad demandada respondió mediante escrito que obra a folios 44 a 48 del expediente, en el que manifestó lo siguiente:

“3. Computec S.A., acoge las sentencias SU-082 y SU-089, en el entendido que la información no es perenne, pero en cuanto a los términos de caducidad menor a un año, no los acoge, ya que dichas sentencias son constituyen(sic) doctrina constitucional. Existe una clara oposición entre las citadas sentencias y la T-303 de 1998 Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. DATACREDITO, en desarrollo de su objeto de informar veraz y fidedignamente, propugna por unos términos de caducidad más amplios, que beneficien a las entidades consultantes, minimizando el riesgo crediticio, y por ende protegiendo el ahorro del público” (fl. 48, mayúsculas fijas del texto).

De igual forma puntualizó, que los datos económicos, como los registrados por Datacrédito, no hacen parte del derecho a la intimidad, pues éstos surgen de relaciones contractuales con las entidades financieras y la afectación de un tercero presupone una órbita distinta de la intimidad.

Así mismo, observó que los datos conservados en la base no violan el derecho al buen nombre, ya que tiene relación directa con el comportamiento del sujeto afectado.

4. La providencia impugnada.

Mediante fallo del 18 de julio de 2000 (fls. 55 a 73), el a quo concedió el amparo deprecado por el actor, por cuanto la permanencia de los datos registrados en los bancos de datos no puede ser indefinida y, si bien existe un vacío legal en cuanto al término de caducidad, la Corte Constitucional indica que el término de caducidad será de dos (2) años para los pagos voluntarios y de cinco (5) para los pagos forzados, exceptuando expresamente los casos en los que la mora sea inferior a un (1) año, caso en el cual, el término será igual al doble de la misma mora.

En consecuencia, el juez de instancia consideró que:

“En criterio de la Sala, la conducta asumida por la entidad accionada en cuanto insiste en aplicar el término de caducidad de dos años para obligaciones financieras o comerciales con mora inferior a un año, es violatoria del derecho fundamental de habeas data, toda vez que como lo sostuvo la H. Corte Constitucional la persona no tiene por qué soportar injustamente una sanción establecida unilateralmente por una entidad privada, disposición que en manera alguna tiene el carácter de legal, y además porque los datos negativos que aparecen en los bancos de datos del sistema financiero no pueden ser perennes” (fl. 71)

5. La impugnación.

Inconforme con la decisión, la entidad demandada la impugnó (fls. 83 a 85), argumentando que la Sentencia T-082 del 1º de marzo de 1995 proferida por la Corte Constitucional no es de aplicación obligatoria.

De la misma forma considera que existe una contradicción en la jurisprudencia de esa corporación, y que mientras no se adopte un criterio unificado, Datacrédito no puede acoger lo expuesto en la Sentencia 303 de 1998, ya que ésta se contradice con la Sentencia T-527 de 2000 de esa misma corporación.

Por último, señala que el manual de caducidades elaborado por la entidad, es “...una necesidad sentida del sector financiero y real, con el fin de permitir una evaluación más acertada del comportamiento crediticio” (fl. 84).

Il. Consideraciones de la Sala

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, ésta se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción al existir otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 superior, el habeas data es el derecho que tienen todas las personas a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

El mencionado artículo establece tres derechos específicos, a saber: el derecho a la intimidad, al buen nombre y al habeas data, este último en el cual queda comprendido, por ejemplo, lo relacionado a la información de carácter crediticio.

Ahora bien, preservar la información sobre el comportamiento crediticio de los asociados, permite a las diferentes entidades que se dedican a la captación de fondos públicos y privados, un mejor conocimiento de sus actuales y potenciales clientes, por lo cual es importante que al presentarse una mora en el cumplimiento de dichas obligaciones, éste permanezca registrado por un tiempo determinado y razonable, lapso temporal respecto del cual la Corte Constitucional, a falta de regla legal aplicable, ha indicado por vía jurisprudencial lo siguiente:

“Es claro, pues, que el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador.

Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general.

En este orden de ideas, seria irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes hechos.

a) Un pago voluntario de la obligación;

b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a partir del pago voluntario. El término de dos (2) años se explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora, y

c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones” (1) .

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-082 de marzo 1º de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

Teniendo en cuenta lo anterior, mantener datos negativos en el sistema informativo de Datacrédito, con posterioridad al cumplimiento de los plazos ya mencionados, vulnera el derecho de habeas data del peticionario, ocasionándole un perjuicio grave, toda vez que ello incide, de una parte en el acceso al crédito hipotecario con el fin de adquirir vivienda, y, además, se vulnera el derecho fundamental al buen nombre del actor, toda vez que el registro contradice la realidad y afecta su fama en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones.

Con relación al manual de caducidades elaborado por Datacrédito, se tiene que este no es de recibo mucho menos resulta ajustado a derecho dado que, sobre la materia no tiene competencia reglamentaria, pues, el legislador no lo ha autorizado para hacerlo.

En el presente caso, de acuerdo al expediente, se observa que el peticionario se puso al día con sus obligaciones dentro de un período inferior a un año; así mismo, dicha información permaneció dentro del banco de datos por un tiempo equivalente al doble de la mora de cada una de las deudas, razón por la que, Datacrédito deberá actualizar los registros del peticionario con el propósito de certificar en forma veraz, las obligaciones crediticias del mismo, las cuales, a la fecha, se encuentran satisfechas.

De otra parte, acerca de la tesis de la no aplicabilidad obligatoria de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sostenida por la entidad demandada, ésta corporación ha precisado lo siguiente:

“No ignora la Sala que, si bien es cierto en la Sentencia T-303 de 1998 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo), expuso básicamente la corporación, que la Sentencia SU-082 de 1995, no es una doctrina constitucional en cuanto que la aludida providencia de tutela, sólo posee efectos exclusivos frente a los casos particulares allí considerados, pues la Corte no interpretó el alcance de preceptos constitucionales, sino que buscó una orientación con criterios de razonabilidad, frente al ejercicio del derecho a la información por parte de las centrales de riesgo y compañías de información financiera, en los términos allí analizados, sugiriendo que no se le puede dar alcance ni fuerza de norma legal a los plazos allí previstos, no obstante dicha decisión mantuvo la línea jurisprudencial anterior, al punto de que esta decisión no fue adoptada por la Corte como una sentencia de unificación, en consecuencia, esta Sala reiterará, que los plazos que se estimaron razonables por parte de esta corporación en materia de habeas data, siguen siendo los vertidos en la Sentencia SU-082 de 1995, pues ellos operan a falta de norma legal expresa, los cuales, si bien es cierto, no pueden tomarse como obligatorios y erga omnes, son pautas jurisprudenciales aplicables para resolver casos semejantes, por lo menos hasta que el legislador subsane el vacío existente en el ordenamiento jurídico; por lo tanto, el reglamento de caducidades sobre datos negativos unilateralmente desarrollado por Datacrédito no le es oponible al peticionario de la tutela, pues dicho documento no puede tener efecto de ley, ni mucho menos reemplazar o contradecir la jurisprudencia de la Corte Constitucional, única autoridad guardiana de los derechos fundamentales” (2) .

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-527 de mayo 8 de 2000. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

En tales condiciones, como quiera que la decisión del a quo corresponde a la realidad procesal y al marco jurídico antes expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que el derecho fundamental de habeas data se encuentra vulnerado, por cuanto la información de los bancos de datos de las entidades financieras no puede tener carácter indefinido, pues ello contradice los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 18 de julio de 2000.

2. NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes por telegrama u otro medio expedito que asegure su cumplimiento, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. REMÍTASE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. ENVÍESE copia de lo decidido al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Presidente de la Sala—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—María Elena Giraldo Gómez—Jesús María Carillo Ballesteros.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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