SENTENCIA AC-33 DE FEBRERO 19 DE 1992

 

Sentencia AC-033 de febrero 19 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

APODERADO EN ACCIÓN DE TUTELA

DEBE SER ABOGADO

EXTRACTOS: «De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá intentar acción de tutela "por sí misma o por quien actúe a su nombre''''.

Si lo hace por sí misma, no es necesario que demuestre ser abogado titulado, pero si otro actúa a su nombre, ese sí debe serlo.

Ello se deduce de la reglamentación que sobre este punto trae el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, y de la propia Constitución, conforme a su artículo 229.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reza:

"Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos..." .

El artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, y defiere a la ley el señalamiento de los casos en que se pueda hacer sin la representación de abogado.

Es decir, que la regla general es que el representante judicial de una persona, deba ser abogado; salvo que la ley, expresamente y por excepción autorice la comparecencia directa de la persona, sin necesidad de abogado.

Para ejercer la acción de tutela el Decreto 2591 ha autorizado la comparecencia de las personas por sí mismas ante la justicia. Pero si lo hacen a través de representante, debe ser mediante otorgamiento de poder que se presume auténtico, a un abogado, como lo ordena el artículo 229 de la Carta».

(Providencia de febrero 19 de 1992. Expediente AC-033. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

ACLARACIÓN DE VOTO

En relación con la ponencia aprobada por la mayoría de la Sala con fundamento especialmente en la consideración de que el señor Claudio Borrero Quijano no es abogado titulado para reclamar un derecho de tutela a favor de la señora Itza Cuba Rodríguez Bossio, tengo la duda en relación con la forma gramatical utilizada por el Constituyente y la Comisión Legislativa al reglamentar la acción de tutela, cuando dijo en el artículo 1º del Decreto 2591/91 que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre", que son las mismas palabras utilizadas en el artículo 86 de la Constitución vigente, si fue su deseo de eliminar el requisito de que cuando se ejerce acción de tutela ante las autoridades judiciales, a nombre de otra persona, se requiera la condición de ser abogado titulado, es decir, autorizado por una universidad pública o privada con reconocimiento oficial, para ejercer la profesión de abogado (Lo subrayado no es del texto).

A primera vista tengo para mí que en relación con la acción de tutela al disponer la Constitución y la ley que ella puede ejercerse por la persona misma afectada, o "por quien actúe a su nombre" quiso excluir en tal evento la obligación de que dicha petición se haga por conducto de abogado titulado, que es el fundamento de la decisión de que con todo respeto me aparto.

Atentamente,

Carmelo Martínez Conn. 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Al igual que lo hizo el Tribunal a quo, estimo que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad legal de que la acción de tutela sea intentada directamente por cualquier persona y que incluso se puede actuar por medio de representantes o agentes oficiosos que para el efecto, no requieren demostrar la calidad de abogados».

Guillermo Chahín Lizcano 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El hecho de que quien obra no sea abogado, no es óbice para que se le oiga, pues debido a la naturaleza especialísima de la acción de tutela, su manejo procesal debe ser más amplio que el de otras acciones.

Si lo anterior está claro, si se considera que la acción fue interpuesta conforme a derecho, lo procedente es considerar que en el vocablo "el solicitante'''' a que se refiere el art. 31 del Decreto 2591 de 1991, para este caso particular, incluye, necesariamente, a quien la interesada considera en forma expresa que la representa puesto que no hay ninguna manifestación en contrario.

En razón a lo antes expuesto considero que la Sala debió considerar cumplido el requisito echado de menos en la providencia y hacer el análisis correspondiente».

Miren de la Lombana de Magyaroff 

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