Sentencia AC-41001 de marzo 29 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 41001-23-31-000-2001-4174-01, mar. 29/2001

C.P. Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Jairo Eduardo García

Referencia: Acción de cumplimiento

Demandado: Alcaldía Municipal de Neiva (Huila)

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia del 7 de febrero de 2001 (fls. 170 a 177), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 11 de diciembre del 2000 ante la oficina judicial de Neiva con destino al Tribunal Administrativo del Huila (fls. 1 a 9), Jairo Eduardo García, quien dijo actuar a nombre propio y en el de las organizaciones Asomilco, Acomil y el sindicato de pequeños comerciantes de Neiva, instauró demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Neiva, con el fin de que se diera cumplimiento a las siguientes normas:

“a) La Constitución Nacional en los artículos 2º, 3º, 87, 103 y 315 N (sic) 5º y 9º.

b) La Ley 134 de 1994 estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana del pueblo en ejercicio de su soberanía en los artículos 87 y 105.

“c) La Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial en los artículos 2º, 4º, 24 (num. 3º) y 27 sobre planes de desarrollo (sic)” (fl. 5).

Solicitó que se ordene a la alcaldía mayor de Neiva aprobar por decreto los planes parciales de desarrollo presentados por la citadas organizaciones, y que haga remisión de los mismos al Concejo de Neiva, con sus respectivos presupuestos, para que sean igualmente aprobados.

Así mismo, pidió que el alcalde municipal de Neiva solicite al Concejo de esa ciudad actuar de acuerdo con la orden del artículos 87 y 105 de la Ley 134 de 1994 y en forma prioritaria.

Por último, instó para que se realice un llamado de atención a los funcionarios públicos que dejaron de asistir al cabildo abierto sin causa justificada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 134 de 1994.

2. Los hechos.

En síntesis, el actor narró los siguientes:

2.1. Ante la difícil situación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Neiva para ser localizadas definitivamente, éstos presentaron ante el alcalde municipal una propuesta de desarrollo con el fin de dar solución a su situación.

2.2. Dicha propuesta no fue atendida ni escuchada por la administración municipal, motivo por el cual, los proponentes recogieron firmas para solicitar al Concejo de Neiva la realización de un cabildo abierto, en donde expondrían aspectos relacionados con los planes parciales de desarrollo del centro comercial Los Comuneros de los vendedores ambulantes de esa ciudad, así como las ferias y los microempresarios en la zona céntrica de Neiva.

2.3. Previo a la realización del cabildo abierto, fueron citadas varias instituciones relacionadas con los temas a tratar dentro del mismo, con el fin de que el alcalde municipal aprobara por decreto los planes parciales de desarrollo de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 388 de 1997.

2.4. El 4 de abril del 2000 tuvo lugar el cabildo abierto, donde se hizo entrega de la documentación de las iniciativas así como de los proyectos de presupuestos al secretario del Concejo de Neiva. A ese acto dejaron de asistir el alcalde mayor de Neiva, el jefe de planeación y el presidente del concejo consultivo de ordenamiento territorial.

2.5. El día 12 de abril del 2000, en aplicación de la Ley 134 de 1994, el Concejo de Neiva concedió audiencia pública en donde respondió sólo de manera verbal a los requerimientos del cabildo, razón por la que, el 17 de abril de ese año el señor García elevó una solicitud en ejercicio del derecho de petición con el fin de obtener copia del documento ante el concejo municipal, la cual tan sólo fue atendida en cumplimiento de una acción de tutela interpuesta para tal fin por esa misma persona.

2.6. El 29 de mayo de 2000, en audiencia pública ante el alcalde del municipio, se presentaron los temas debatidos dentro cabildo abierto y además se entregó copia de los planes parciales de desarrollo al ejecutivo municipal, invocando al propio tiempo el cumplimiento del deber legal de aprobarlos de acuerdo con lo regulado en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.

2.7. El 22 de mayo del mismo año solicitó el cumplimiento de los artículos 87 y 105 de la Ley 134 de 1994 ante el Concejo de Neiva, corporación ésta que informó al peticionario, que el caso había sido remitido a gobierno municipal con el fin de que las propuestas sean tenidas en cuenta al momento de presentar el presupuesto de la próxima vigencia fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 5º y 9º del artículo 315 de la Constitución Política.

3. Trámite de la acción.

Mediante auto del 14 de diciembre del 2000 (fl. 160) fue admitida la demanda presentada y se ordenó notificar personalmente al Alcalde de Neiva.

4. Contestación de la Alcaldía Municipal de Neiva.

En escrito presentado el 26 de enero del 2001 (fls. 167 a 169), la demandada a través de apoderado judicial estimó que la acción de cumplimiento instaurada es improcedente, en apoyo de lo cual manifestó:

1. El actor no acreditó la representación de las entidades de las cuales afirma ser su representante.

2. El artículo 83 de la Ley 134 de 1994 consagrada como materias objeto del cabildo abierto cualquier asunto que sea de interés para la comunidad, y por ello, los proyectos presentados y expuestos dentro del cabildo realizado el 4 de abril del 2000 están por fuera del ámbito de competencia, pues simplemente se trató de un interés particular que solo beneficia al Centro Comercial los Comuneros.

3. El mencionado centro comercial es una empresa de carácter privado en la que no existe responsabilidad del municipio de Neiva.

4. En el cabido abierto no se adquirió ningún compromiso respecto de los dineros públicos para atender compromisos de naturaleza particular.

5. El municipio de Neiva no cuenta con los recursos necesarios para atender los deberes y obligaciones que le asisten a todo ente territorial y, además, existe una orden de disminución presupuestal y austeridad de gastos para controlar el déficit fiscal por el que atraviesan las entidades territoriales.

6. Sobre los mismos hechos se instauró acción de tutela ante el Juzgado Décimo Civil Municipal, actuación ésta en la que fueron negadas las pretensiones de la demanda; así mismo, existe una acción de cumplimiento en donde el Consejo de Estado ordenó el despeje del microcentro, sin que diera cabida a los comerciantes informales que parece son representados por el actor.

5. La providencia impugnada.

El tribunal de primera instancia precisó que el actor no contaba con la capacidad para representar a las organizaciones Asomilco, Acomin y el sindicato de pequeños comerciantes de Neiva, pues no acreditó la calidad de profesional del derecho y además tan solo actuó con base en un documento donde se le designó como vocero de dichas entidades; no obstante lo cual, determinó que la acción fue interpuesta a título personal, actuación para lo cual aquél se encuentra legitimado.

Indicó que el objeto central de la petición del actor es que los proyectos propuestos por las organizaciones mencionadas sean financiadas con el presupuesto municipal, pero, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 134 de 1994, en el cabildo abierto sólo es posible discutir asuntos de interés general, distrital o de una junta administradora local, y que en él no pueden presentarse proyectos de ordenanzas, acuerdos, o cualquier acto administrativo (art. 83 ibídem), razón por la cual, no podía pretenderse que los proyectos presentados como planes parciales de desarrollo tuvieran que ser adoptados por un acto administrativo expedido por el alcalde, máxime si de conformidad con el artículo 27 de la Ley 388 de 1998 ellos deben ser elaborados según los parámetros que determine el plan de ordenamiento territorial, previa aprobación de las autoridades en materia de planeación y medio ambiente y el concepto del concejo consultivo de ordenamiento territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el a quo consideró que la entidad demandada no paso por alto el cumplimiento de las normas alegadas en el líbelo de la demanda.

Respecto del concejo municipal, expresó que esa corporación había dado respuesta a las inquietudes sobre la materia y además que no puede tomarse por incumplimiento el despacho desfavorece de una solicitud o no compartir la interpretación de la norma.

Con relación al llamado de atención a los funcionarios que dejaron de asistir al cabildo abierto, indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que la acción de cumplimiento no es la vía adecuada para la imposición de sanciones.

Con fundamento en el anterior razonamiento, denegó las pretensiones de la demanda.

6. La impugnación.

Inconforme con la decisión, el actor la impugnó (fls. 178 a 182) citando cada una de las normas que considera incumplidas y arguyendo que las organizaciones a las cuales representa elaboración los planes parciales de desarrollo expuestos en el cabildo abierto, para sustentar una propuesta dirigida a resolver el problema del uso del espacio público, el cual está vinculado al desarrollo microempresarial, aspecto que no ha sido resuelto hasta el momento por la administración municipal.

Señaló el cabildo se solicitó en ejercicio de la soberanía de la comunidad y, que por tanto, es viable que el alcalde municipal remita los planes de desarrollo con sus respectivos presupuestos al concejo municipal para que sean aprobados, y de esa manera dar solución a los problemas de los vendedores ambulantes.

Indicó que actúa en nombre propio y en el de las organizaciones Asomilco, Acomin y el sindicato de pequeños comerciantes de Neiva, porque con éstas se promovió el cabildo abierto, al tiempo que las mismas sirvieron de eje para la convocatoria de los vendedores ambulantes y los microempresarios, en donde quedaron plasmadas sus necesidades, las que constituyen la esencia de los planes parciales de desarrollo de que tratan los hechos de la demanda.

Alegó que el concejo municipal no cumple con la totalidad del artículo 87 de la Ley 134 de 1994 en la respuesta dada al requerimiento y, además que la administración municipal tampoco cumplió con las peticiones ya mencionadas.

Así mismo, puso de presente que dentro de los planes de desarrollo se encuentran involucrados el lote de la plaza de mercado y el lote pasaje Camacho, los cuales son propiedad del Municipio de Neiva, los mismos que son objeto de las propuestas de desarrollo expresadas por la comunidad.

Respecto al Centro Comercial los Comuneros manifestó que la comunidad solicitó que fuera convertido en un bien de uso público y que el municipio resuelva las inconsistencias y necesidades planteadas en el plan de desarrollo.

Estimó que la aprobación de los planes parciales de desarrollo implica un proceso de acuerdo al artículo 27 de la Ley 388 de 1997, y que la comunidad ya elaboró un plan relacionado con la problemática de los vendedores ambulantes; las autoridades de planeación y ambientales fueron invitados al cabildo abierto pero no realizaron documento alguno; el delegado de la “CAM” dio un concepto verbal y nunca lo pasó por escrito, la comunidad de vecinos del sector de la comuna participaron con firmas para llenar los requisitos exigidos por la Ley 134 de 1994.

II. Consideraciones de la Sala:

1. La legitimación por activa.

Examinado el proceso, se observa que no obra prueba alguna de la existencia y representación de las organizaciones Asomilco, Acomin y el sindicato de pequeños comerciantes de Neiva; de igual manera, el actor no aportó al proceso documento alguno que lo acredite como representante de las personas jurídicas mencionadas, ni tampoco poder debidamente otorgado por ellas, por lo cual, se tendrá que la presente acción de cumplimiento es presentada sólo por el señor Jairo Eduardo García en su calidad de simple ciudadano, en aplicación del artículo 4º de la Ley 393 de 1997.

2. La legitimación por pasiva.

En el presente caso, debe aclararse que, si bien de la demanda y los documentos allegados con la misma se deduce que la pretensión del actor consiste en que el alcalde municipal de Neiva y el concejo de esa misma localidad aprueben y otorguen la financiación a los planes expuestos dentro de cabildo abierto, el actor dirigió la acción únicamente contra el alcalde municipal de Neiva (fls. 1 y 5) y; además, en el proceso se vinculó únicamente a dicha autoridad, tal y como se observa en el auto admisorio de la demanda (fl. 160), razón por lo cual la controversia tan sólo puede ser resuelta frente a esa autoridad.

3. Constitución de renuencia y normas con fuerza material de ley que el actor cita como incumplidas.

Se encuentra que dentro de la petición de cumplimiento para constituir la prueba de la renuencia del alcalde mayor de Neiva el señor Jairo Eduardo García, sólo reclamó el cumplimiento del artículo 116 de la Ley 388 de 1997 y del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 (fl. 36), a lo cual agregó:

“1. Amparado en los artículos 2º, 4º (num. 3º) (sic) y 27 de la Ley 388 de 1997 presentó (sic) los PLANES PARCIALES de (sic) DESARROLLO para la aprobación por decreto de parte suya como alcalde; teniendo en cuenta que reiteradamente se ha invitado al jefe de planeación municipal y al presidente del concejo consultivo de ordenamiento territorial para que no escuchen tanto en el cabildo abierto como en las audiencias públicas sin tener respuesta alguna.

2. Las organizaciones ASOMILCO, ACOMIN y el sindicato de pequeños comerciantes de Neiva en ejercicio de su soberanía artículo 3º Constitución Nacional y los requisitos de la Ley 134 de 1994 (arts. 81 y 82) realizaron el cabildo abierto el 4 de abril ante el Concejo de Neiva, presentándose un asunto relacionado con inversiones públicas municipales (art. 87)(sic) pido que remita al Concejo de Neiva los proyectos elaborados por la comunidad, con sus respectivos presupuestos, para que sean realizados durante la vigencia fiscal del 2001 de acuerdo a el artículo 105 Ley 134 de 1994” (fl. 37 mayúsculas fijas del texto).

Sin embargo, es lo cierto que, dentro de la solicitud de cumplimiento alegó como normas incumplidas las siguientes:

“a) La Constitución Nacional en los artículos 2º, 3º, 87, 103 y 315 N (sic) 5º y 9º.

b) La Ley 134 de 1994 estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana del pueblo en ejercicio de su soberanía en los artículos 87 y 105.

c) La Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial en los artículos 2º, 4º, 24, (num. 3º) y 27 sobre planes parciales de desarrollo” (fl. 5).

Visto lo anterior y haciendo una lectura integral del requerimiento instaurado ante el alcalde municipal junto con las peticiones de la acción de cumplimiento instaurada, se concluye que el acto solamente acreditó prueba de la renuencia frente a los artículos 2º, 4º numeral 3º del artículo 24 y el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, así como, de los artículos 81, 82, y 87 de la Ley 134 de 1994, motivo por el que, la Sala limitará su estudio a esas normas, pues, respecto de las demás es improcedente su análisis por no haberse presentado prueba de su renuencia (L. 393/97, art. 8º).

4. Análisis del caso concreto.

4.1. Ley 134 de 1994.

De acuerdo con lo anterior precisión, las siguientes son las normas legales que el actor alega como incumplidas:

“ART. 81.—Oportunidad. En cada período de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación respectiva.

ART. 82.—Petición de cabildo abierto. Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según el caso, podrán presenta ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en cabildo abierto, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones.

Las organizaciones civiles podrán participar en todo proceso de convocatoria y celebración de los cabildos abiertos.

ART. 87.—Obligatoriedad de la respuesta. Teniendo el cabildo, dentro de la semana siguiente, en audiencia pública a la cual serán invitados los voceros, el presidente de la respectiva corporación dará respuesta escrita y razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanos. Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas municipales, distritales o locales, la respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las mismas dentro del presupuesto y los planes correspondientes.

ART. 105.—Apropiaciones presupuestales. Con el propósito de garantizar los recursos necesarios para la realización de los procesos de participación ciudadana en la iniciativa popular, los referendos, las consultas populares los plebiscitos y los cabildos abiertos se incluirán las apropiaciones presupuestales correspondientes en la ley anual de presupuesto, de acuerdo a las disponibilidades fiscales existentes”.

En ese contexto, se deduce con claridad que no existe incumplimiento por parte del alcalde mayor de Neiva, dado que las disposiciones antes transcritas no consagran obligaciones a cargo de esa autoridad y, por lo tanto, no puede solicitársele ni exigírsele el cumplimiento de un deber que la ley no consagra a su cargo; por consiguiente, por improcedente, se negarán las pretensiones respecto a la normatividad de la Ley 134 de 1994.

4.2. La acción de cumplimiento respecto de la Ley 388 de 1994.

El constituyente de 1991 consagró en el artículo 87 de la Carta Política un instrumento jurídico procesal para que cualquier persona pueda acudir ante la autoridad judicial con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo.

La acción allí prevista, tiene por finalidad el hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente por parte de las autoridades públicas, lo mismo que por lo particulares, cuando quiera que éstos últimos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, como instrumento de concreción y realización del Estado social de derecho, mediante la exigencia de cumplimiento de mandato, de la ley o de lo dispuesto en un acto administrativo, en orden a que el precepto de uno y otro encuentren materialización en la vida real y diaria de los asociados y en el funcionamiento del Estado en general, dotando para ello a toda persona de la facultad de exigir tal cumplimiento y no reducir éste a la simple voluntad, capricho o conveniencia de la autoridad pública o del particular investido de función pública.

Ahora bien, la reglamentación legal de ese instrumento presenta el siguiente recorrido:

1. En el artículo 77 y siguientes de la Ley 99 de 1993, se estableció, por primera vez, la acción de cumplimiento, pero, solamente para conocer del cumplimiento de leyes y actos administrativos relacionados con aspectos atinentes al medio ambiente.

2. Por otra parte, la ley de ordenamiento territorial, esto es, la Ley 388 de 1997, en el artículo 116 estableció otra reglamentación de la acción de cumplimiento, encaminada a perseguir el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con la aplicación de los instrumentos previstos en la ley 9ª de 1989, así como de lo regulado por ella misma.

En efecto el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 disponía:

“ART 116.—Procedimiento de la acción de cumplimiento. Toda persona, directamente o a través de un apoderado, podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumento previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley.

La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o acto administrativo o el acto administrativo. Si su no aplicación se debe a órdenes o instrumentos impartidas por un superior, la acción se entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe o director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente. Esta acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y se deberá surtir el siguiente trámite:

1. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito” (negrillas fuera del texto).

Posteriormente, con el propósito de desarrollar de manera integral el artículo 87 constitucional, el legislador reguló de manera general en la Ley 393 de 1997 la acción de cumplimiento para perseguir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, sin limitarla a una materia específica, a punto que, en el artículo 32 de esa ley otorgó de manera expresa los artículos 77 a 82 de la Ley 99 de 1993, y todas aquellas que le sean contrarias, por manera que, si bien la acción de cumplimiento prevista en la Ley 388 de 1997 no fue objeto de derogación expresa, si lo fue por vía orgánica, dado que la Ley 393 de 1997 reglamentó de manera general dicha acción.

Acerca de este punto, en distintas ocasiones, ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Concejo Superior de la Judicatura con ocasión de resolver sendos conflictos de jurisdicciones suscitados entre juzgados civiles del circuito y tribunales administrativos del país, a raíz de discutirse la vigencia o no del artículo 116 de la Ley 388 de 1997.

En un primer momento, en auto del 24 de septiembre de 1998 (1) , se afirmó que la competencia para conocer de la acción de cumplimiento relacionada con las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, es lo cierto que, dicho que, criterio luego fue rectificado, en el sentido de dirimir tales conflictos bajo la directriz según la cual, el juez competente es el civil del circuito, según lo reglado en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997, en el entendimiento de que esta norma no había sido objeto de modificación ni de derogación por parte de la Ley 393 del 1997. Sobre el particular pueden citarse, entre otras, las siguientes providencias, todas ellas proferidas el año inmediatamente anterior: 25 de febrero, expediente 20900101 A; 13 de abril, expediente 20000247 A y 22 de abril, expediente 20000514 A.

(1) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Dr. Rómulo González Trujillo.

Pero, en más reciente pronunciamiento contenido en el auto del 24 de agosto de 2000 (2) se afirmó lo contrario, decisión ésta que acoge la Sala. En esta otra oportunidad, con invocación de los argumentos expuestos en el auto del 24 de septiembre de 1998, antes se dijo:

(2) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Dra. Amelia Mantilla Villegas.

“Así, la segunda legislación mencionada en precedencia (L. 393/97) regula íntegramente la materia atinente con el desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política, Acción de cumplimiento, siendo fácil observar que la voluntad del legislador fue abarcar toda la disciplina, en relación con la fijación del juez natural que debía conocer de estas acciones y el procedimiento a seguir, establecimiento una competencia y procedimientos nuevos, cuyo cumplimiento es inmediato y prevalecen sobre la anterior desde el momento en que deba empezar a regir, porque “la anterior disposición se refería”, es decir, la nueva ley trata específica y totalmente la concerniente a la acción de cumplimiento, en tanto que la anterior su carácter de acción pública según lo previenen los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887.

Además constituye una derogación tácita de la anterior legislación pro pugnar con la nueva, artículo 71 del Código Civil en concordancia con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, por “...existir una nueva ley que regula íntegramente la materia” disposición (sic) se refería a la competencia y procedimiento de esas acciones, como norma involucrada en un estatuto no relacionado con la acción de cumplimiento, sino con el ordenamiento municipal.

No se diga que la Ley 388 de 1997 es una ley especial en lo que se refiere a la acción de cumplimiento porque ésta ley es una ley de ordenamiento territorial y la Ley 393 de 1997 es una ley que regula íntegramente la materia a desarrollar el principio constitucional que establece la acción de cumplimiento...”.

En consecuencia, establecida de esta forma la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto, la Sala analizará aquellas normas que el actor alegó como incumplidas respecto de la Ley 388 de 1997, cuyo contenido es como sigue, en el que se subraya los apartes señalados por aquél como desatendidos por el alcalde de Neiva.

“ART. 2º—Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios:

1. La función social y ecológica de a propiedad.

2. La prevalencia del interés general sobre el particular.

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

ART. 4º—Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.

Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo 2º de la presente ley.

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.

ART. 24.—Instancias de concertación y consulta. El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de ordenamiento territorial, y de someterlo a consideración del Concejo de Gobierno.

En todo caso, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo distrital o municipal, se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento.

“1. El proyecto de plan se someterá a consideración de la corporación autónoma regional o autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y en especial por su artículo 66, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos. Esta decisión será, en todo caso, apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente.

2. Durante el mismo término previsto en el numeral anterior se surtirá la instancia de concertación con la junta metropolitana para el caso de planes de ordenamiento de municipios que formen parte de áreas metropolitanas, instancia que vigilará su armonía con los planes y directrices metropolitanas, en asuntos de su competencia.

3. Una vez revisado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales y metropolitanas, en los asuntos de su competencia, se someterá consideración del concejo territorial de planeación, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

4. Durante el período de revisión del plan por la corporación autónoma regional, o la autoridad ambiental correspondiente, la junta metropolitana y el concejo territorial de planeación la administración municipal o distrital solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones profesionales y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su evaluación, de acuerdo con la factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan. Igualmente pondrán en marcha los mecanismos de participación comunal previstos en el artículo 22 de esta ley.

Las administraciones municipales y distritales establecerán los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto de plan de ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento masivo, de acuerdo con las condiciones y recursos de cada entidad territorial.

PAR.—La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación”.

ART. 27.—Procedimiento para planes parciales. Para la aprobación de los planes parciales de que trata la presente ley, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento.

1. Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial.

2. Una vez que la autoridad de planeación considere viable el proyecto de plan parcial, lo someterá a consideración de la autoridad ambiental correspondiente, para su aprobación, si ésta se requiere de acuerdo con las normas sobre la materia, para lo cual dispondrá de ocho (8) días.

3. Una vez aprobado el proyecto por las respectivas autoridades ambientales, se someterá a consideración del concejo consultivo de ordenamiento, instancia que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes (subrayado fuera del texto).

4. Durante el período de revisión del proyecto de plan parcial se surtirá una fase de información pública, convocando a los propietarios y vecinos, para que éstos expresen sus recomendaciones y observaciones.

5. Una vez aprobado, el alcalde municipal o distrital adoptará el plan parcial por medio de decreto” (subrayado fuera del texto).

De acuerdo con la normatividad expuesta y en consideración a que el actor pretende que se ordene al alcalde de Neiva aprobar por decreto los “planes parciales de desarrollo”, debe entonces tenerse en cuenta que, para que dicho funcionario pueda impartir su aprobación, se requiere el diligenciamiento y cumplimiento previo de los trámites señalados en los numerales 1º a 4º del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, situación ésta que permite concluir, que el alcalde demandado no ha incumplido las normas legales antes transcritas, razón por la que también serán negadas las pretensiones del actor respecto a la Ley 388 de 1997.

De otra parte, como quiera que la pretensión del actor será dirigida a que se aprueben los mandatos planes parciales de desarrollo y se realicen las correspondientes aprobaciones presupuestales para su ejecución, la acción deviene improcedente, toda vez que, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMARSE el fallo impugnado, esto es, el proferido el siete (7) de febrero de dos mil uno (2001) por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila.

2. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes en la forma señalada en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

Cópiese y notifíquese cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández Enríquez—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyo Duque—Germán Rodríguez Villamizar

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General

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