Sentencia AC-430 de octubre 7 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PERDIDA DE LA INVESTIDURA

POR CAUSA DE INHABILIDADES PARA SER CONGRESISTA

EXTRACTOS: «3. De la institución de pérdida de la investidura de congresista. Es ella uno de los mecanismos que creó la Constitución de 1991 con el evidente ánimo de que el Congreso de la República fuera integrado por personas que reunieran calidades y cualidades irreprochables. Así se observa que suprimió la inmunidad parlamentaria e instituyó un régimen supremamente severo de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses, amén de elevar a la categoría de causal para perder la investidura, la inasistencias a reuniones plenarias en que se voten proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura lo mismo que por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, la indebida destinación de dineros públicos, y el tráfico de influencias.

Esto indica que para acceder al servicio público como legislador, la Constitución señala los requisitos que deben llenar los que aspiran a ocupar una curul en el Congreso, ya sean senadores o representantes; en su orden esos requisitos están contemplados en los artículos 172 y 177. Al lado de ello la ley regula todo el proceso de elección de los congresistas, señalando las formalidades propias para la expedición del acto administrativo electoral; esa misma ley regula los motivos o causales de impugnación de dicho acto electoral, siendo unos de carácter general contemplados en el artículo 84 del CCA y que según la jurisprudencia son aplicables en cualquiera de las acciones de impugnación de un acto administrativo, y otros de carácter específico indicados en la ley electoral pero referidos a la designación de miembros de las corporaciones públicas de elección popular (Ley 96 de 1985, art. 65).

No contenta con la anterior Constitución, con miras a lograr que en el Congreso sólo presten el servicio congresional los mejores, señala, como ya se dijo, una serie de causales de inhabilidad, de incompatibilidad, o que signifiquen violación del régimen de conflictos de intereses. Las primeras son una serie de causales que buscan impedir, en primer término, el acceso de los ciudadanos que la Constitución considera idóneos absolutos para ser congresistas, y en segundo lugar, que buscan su retiro del cuerpo legislador una vez estén en actividad, si por cualquier circunstancia pasaron los controles iniciales; se observa así que esas inhabilidades no son subsanables o saneables por ningún motivo; por eso dice el art. 179: “no podrán ser congresistas...”, o sea que quienes ya lo sean tendrán que dejar de serlo.

En contraste el art. 180 de la Constitución precisa un régimen de incompatibilidades, con alcance sancionatorio y que se dan cuando el congresista en ejercicio contravenga las prohibiciones contempladas en este artículo.

Las causales de inhabilidad por consiguiente, muestran que el ciudadano que se encuentre incurso en alguna de las señaladas en el artículo 179 de la Carta, tiene un impedimento de orden constitucional para ser congresista. En otras palabras, esa inhabilidad no es sólo para la elección sino para el ejercicio posterior. En esta última hipótesis la inhabilidad tiene un alcance de causal de desinvestidura.

4. El aspecto de fondo del caso sub lite. La solicitud de pérdida de la investidura de congresista del representante Juan Fernando Góngora Arciniegas se fundamenta en la causal primera del art. 183 de la Constitución Política, “por violación del régimen de inhabilidades...” y dentro de estas inhabilidades se cita aquella de la cual habla el numeral 1º del art. 179 de la Constitución que a la letra dice:

“Art. 179.—No podrán ser congresistas: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos (...)”.

En autos está demostrado con documento auténtico e idóneo, que el 6 de julio de 1977 el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá revocó la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado 18 Penal Municipal de Bogotá y en su lugar condenó entre otras personas, a Juan Fernando Góngora Arciniegas a la pena principal de 18 meses de presidio como responsable del delito de lesiones personales y a una multa de 200 pesos y lo condenó además a la interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal, todo lo cual se encuentra, se repite, en documentos debidamente autenticados. El reato en cuestión no es político ni culposo.

Por otra parte, hay documentos que demuestran que el Consejo Nacional Electoral por Acuerdo Nº 7 del 23 de noviembre de 1991, declaró electo, junto con otros ciudadanos, al representante Góngora Arciniegas por el movimiento nacional conservador por la circunscripción electoral de Cundinamarca.

Se deriva de todo lo anterior, que esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado debe decretar la pérdida de la investidura de congresista que ostenta el representante a la Cámara Juan Fernando Góngora Arciniegas».

(Sentencia de octubre 7 de 1993. Radicación AC-430. Magistrado Ponente: Dr. Alvaro Lecompte Luna).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Como salvamento de voto a la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, en primer lugar, transcribo la parte motiva del proyecto de sentencia elaborado por el suscrito que no fue compartido por la mayoría de los colegas, y que conducía a que se denegara la solicitud de pérdida de la investidura del congresista Góngora Arciniegas:

“Para la Sala es indiscutible que, en esa materia de inhabilidades e incompatibilidades, hay que distinguir dos situaciones, a saber: a) La inhabilidad para ser elegido congresista, consistente en haber sido la persona condenada, en cualquier época, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, que determina la viabilidad de la acción contenciosa electoral que puede promover cualquier persona, dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en el cual se notifique legalmente el acto por el que se declare la elección (art. 7º de la Ley 14 de 1988, concordante con los artículos 128-4 y 228 y ss. del C.C.A.), transcurridos los cuales ya no es posible buscar la declaratoria de nulidad del acto administrativo electoral respectivo y, como consecuencia de ello, la cancelación de la credencial respectiva, pues el legislador al señalar ese término de caducidad de la acción ha querido que las elecciones o nombramientos que se hagan en cualquiera de las ramas del poder público o de los órganos de control se impugnen jurisdiccionalmente en ese término, para que no quede sub judice indefinidamente la investidura de servidor público, en sus dos especies de miembro de cuerpo de elección popular y de empleado público; y b) La violación por un congresista, durante el período constitucional respectivo, del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que determina la viabilidad de una solicitud de pérdida de su investidura de tal, formulada por la mesa directiva de la respectiva cámara o por cualquier ciudadano, inclusive una autoridad pública, que no tiene término de caducidad, y que no se rige, por lo demás, por el prescrito en el art. 7º de la Ley 14 de 1988, ni por el art. 136 del C.C.A., pues no es ni una acción de nulidad de carácter electoral con un procedimiento especial consagrado para su trámite y decisión, ni una acción de simple nulidad o una de nulidad y restablecimiento del derecho, con o sin caducidad, y con un procedimiento ordinario para su tramitación y decisión.

En otras palabras: el hecho de haber sido una persona, en cualquier época, condenada por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, constituye INHABILIDAD PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA, y esa inhabilidad constituye igualmente causal de nulidad del acto administrativo electoral por el cual se declara la elección y conduce a la cancelación de la credencial que se le expidió, mediante el ejercicio de la acción contenciosa electoral, que debe instaurarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se notifique legalmente la decisión por la cual se declara la elección. Por el contrario, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley, por la persona que ha sido elegida congresista y viene ejerciendo el cargo y sus funciones, determina la pérdida de su investidura de tal, la cual corresponde decretar al Consejo de Estado, previa observancia del procedimiento judicial especial señalado por la ley que se dicte —lo que en la fecha no se ha hecho—, o del procedimiento ordinario en el C.C.A., según la tesis mayoritaria de la Sala de la cual se ha separado el ponente en este proceso, así en este caso y por ello, sea imposible tramitar y decidir en el perentorio término de 20 días hábiles previsto en el art. 184 de la Carta.

En síntesis; la INHABILIDAD PARA SER ELEGIDO o inhabilidad anterior a la elección, conduce a la acción contenciosa electoral. La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por hecho posterior, desde luego, determina la acción judicial de pérdida de investidura consagrada en la Carta Política, conforme al procedimiento que señale la ley.

En el primer caso, para buscar que se declare la nulidad de la elección y la cancelación de la credencial; en el segundo, para imponer la pena o sanción de pérdida de la investidura de congresista. Para buscar lo primero, existe un término legal que no se puede ampliar o desconocer; mientras que para solicitar la pena o sanción de pérdida de la investidura de congresista por, entre otras causas, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, estando en ejercicio del cargo, por lo menos hasta ahora, no existe ese término de caducidad, y discutible, desde el punto de vista constitucional, parece ser su creación o consagración en la ley que se dicte para establecer o regular ese procedimiento especial.

En consecuencia, debe concluirse que, por no estarse en presencia de la causal primera del artículo 183 de la Constitución Política, ya que la inhabilidad alegada es por hecho anterior a la elección del doctor Góngora Arciniegas, y no por la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades durante el ejercicio del cargo de congresista, la solicitud no está llamada a prosperar”.

En segundo lugar, considero —aun cuando así no se expresó en la ponencia denegada por la mayoría, por cuanto no era necesario ese argumento adicional— que la norma constitucional, en la medida en que consagra la nueva figura de pérdida de la investidura de congresista, no se podía aplicar retroactivamente respecto de un hecho —la condena penal— que, en su momento y hasta la vigencia del nuevo ordenamiento supralegal, sólo constituía —y según mi criterio sigue constituyendo no obstante el error del constituyente de 1991 contenido en el numeral 1º del art. 183— causal de inhabilidad para ser elegido congresista, lo que conducía a que cualquier persona demandara el acto de elección a través de la vía procesal consagrada expresamente para ello, es decir, del juicio electoral, promovido dentro del término de los 20 días señalados en la ley».

Miguel González Rodríguez.

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