SENTENCIA AC-44 DE AGOSTO 13 DE 1990

 

SEGURO CON PÓLIZA AUTOMÁTICA

CERTIFICADOS EXPEDIDOS DESPUÉS DEL SINIESTRO

EXTRACTOS: «De los planteamientos de la sentencia impugnada que específicamente censura la parte recurrente, se infiere que la tesis medular en que se basa la decisión adversa a las pretensiones de la demanda consiste en que, conforme a reiterada jurisprudencia de la misma Sección Tercera respecto del alcance del artículo 1050 del Código de Comercio, el contrato de seguro automático o flotante no se perfecciona sin el requisito adicional de un certificado en que se determinen los bienes cubiertos, el cual debe suscribirse antes de la ocurrencia del siniestro asegurado para que la subrogación de que trata el artículo 1096 produzca efectos legales.

Explica la sentencia que en el caso sub lite en que las pretensiones se apoyan en las figuras de CESIÓN de derechos y acciones y SUBROGACIÓN, ninguna de las dos tiene cabida: no opera la cesión porque, según el artículo 1096 del Código de Comercio, el asegurador que pague la indemnización se subroga por ministerio de la ley en los deréchos del asegurado contra los responsables del siniestro, en forma que, efectuado el pago, los derechQs y acciones del asegurado pasan automáticamente al patrimonio del asegurador y aquél ya no puede cederlos pues han salido de su patrimonio. Tampoco opera la subrogación por cuanto los certificados de seguro, salvo el primero, son posteriores a la ocurrencia del siniestro.

La censura, tras aclarar que solamente impugna la sentencia en cuanto por ella se denegaron las pretensiones del proceso 3422 (ver folios 13-14 de esta providencia), alega falta de aplicación del artículo 1096 del Código de Comercio a consecuencia de errónea interpretación de los artículos 1036, 1046, 1047 y 1050 de la misma codificación, en razón de que ninguna de esas disposiciones exige para la perfección del contrato de seguro que el certificado vinculado al mismo tenga fecha anterior a la ocurrencia del siniestro, pues “no es el certificado el que prueba el contrato su existencia y validez. sino la póliza suscrita o firmada por el asegurador”.

Este es, en síntesis, el alcance del primer cargo formulado contra la sentencia.

Se analizan a continuación las normas invocadas, previa transcripción de los correspondientes textos.

“Artículo 1036.—El seguro es un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurador suscribe la póliza.

Artículo 1046.—El documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se denomina póliza. Deberá redactarse en castellano, ser firmado por el asegurador y entregarse, en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su expedición.

Artículo 1047.—La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato:

1. La razón o denominación social del asegurador;

2. El nombre del tomador;

3. Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador;

4. La calidad en que actúe el tomador del seguro;

5. La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro;

6. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras;

7. La suma asegurada o el modo de precisarla;

8. La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago;

9. Los riesgos que el asegurador toma a su cargo:

10. La fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y

11. Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.

Parágrafo.—Se tendrán como condiciones generales del contrato, aunque no hayan sido consignadas por escrito, las aprobadas por la autoridad competente para el respectivo asegurador en relación con el seguro pactado, salvo las relativas a riesgos no asumidos.

Artículo 1050.—La póliza flotante y la automática se limitarán a describir las condiciones generales del seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo mismo que otros datos necesarios para su individualización, para ser definidos en declaraciones posteriores. Estas se harán constar mediante anexo a la póliza, certificado de seguro o por otros medios sancionados por la costumbre.

Artículo 1096.—El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.

Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada”.

De los textos preinsertos cabe destacar en breve análisis los aspectos pertinentes.

i) El contrato de seguro es bilateral porque crea obligaciones recíprocas para el asegurador y el tomador; es oneroso porque compromete al primero a compensar el siniestro y al segundo a reconocer el valor de la prima; es aleatorio en razón de la contingencia a que quedan sometidas las partes y, finalmente, es de ejecución sucesiva por su cumplimiento progresivo, a diferencia de los contratos de ejecución instantánea.

ii) El contrato de seguro se perfecciona, pura y simplemente, con la suscripción de la póliza cuya fecha es la del contrato.

iii) La póliza es también la prueba del contrato: ella contiene las condiciones generales del convenio, particularmente aquéllas de que trata el artículo 1047 transcrito, y debe ser firmada solamente por el asegurador.

iv) Para producir los efectos jurídicos que le son propios no requiere la póliza de documento adicional alguno en que intervengan el asegurador y el tomador. En tal virtud, no puede afirmarse, sin desconocer el texto legal, que el certificado de seguro se integre con la póliza para que éste tenga validez y eficacia plenas. A aquél corresponde simplemente señalar circunstancias puramente accesorias o suplementarias, según lo define el artículo 1117 del mismo código. Es un anexo a la póliza que no afecta su esencia por no ser parte del cuerpo de la misma y consiguientemente puede expedirse antes de correrse el riesgo o después de haber ocurrido el siniestro. No deja, a este respecto, sombra alguna de duda el texto del artículo 1050 arriba transcrito, con referencia a la póliza flotante y la automática: el certificado de seguro es una de las formas posibles de consignar “declaraciones posteriores”.

v) Pese a tener características propias, la póliza automática no difiere de la póliza común ni en su naturaleza jurídica ni en sus elementos constitutivos. Es simplemente sui generis en cuanto no requiere para su validez de formalidades tales como la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo que no significa que no tenga interés asegurable: lo tiene pero se consigna en el certificado de seguro o “por otros medios sancionados por la costumbre”, según enseña el artículo 1050 del Código de Comercio.

La razón de ser del certificado de seguro es, como se deduce del citado precepto, identificar o individualizar la mercancía despachada que se encuentra amparada contra los riesgos cubiertos por la póliza, lo que tiene pleno sentido en el contexto del artículo 1118 del C. Co., cuyo tenor es como sigue:

“Art. 1118.—La responsabilidad del asegurador principia desde el momento en que las mercancías quedan a disposición del transportador o a la de sus dependientes, y concluye con la entrega al destinatario.

Con todo, esta responsabilidad podrá extenderse, a voluntad de las partes, a cubrir la permanencia de los bienes asegurados en los lugares iniciales o finales del trayecto asegurado”.

Hay que tener en cuenta, a este respecto, que el artículo 1050 habla del contrato y de “otros datos necesarios para su individualización”, vale decir, la norma parte del supuesto de que el contrato existe legalmente celebrado.

De los textos legales analizados se impone la conclusión de que tiene razón la parte recurrente al censurar el entendimiento que la Sección Tercera dio a los mismos en el sentido de que el contrato de seguro automático sólo se perfecciona al suscribirse el certificado de seguro, que viene a ser, en tal concepción, de la esencia de aquél. En consecuencia, carece de respaldo legal la exigencia, reclamada en la sentencia, de que el certificado sea suscrito con anterioridad a la ocurrencia del siniestro.

En tal virtud y a manera de recapitulación, es del caso formular las siguientes conclusiones:

a) El seguro automático, al igual que cualquier otro contrato de seguro, se perfecciona al suscribir el asegurador la póliza que lo contiene, sin que requiera documento adicional alguno para alcanzar su plenitud legal.

b) En la póliza automática aparecen definidos en abstracto el interés y el riesgo asegurables y consignadas las condiciones generales del seguro.

c) El certificado de seguro cumple una función suplementaria y tiene carácter probatorio sólo en cuanto a los aspectos no determinados en la póliza.

d) La responsabilidad del asegurador surge cuando las mercancías quedan a disposición del transportador y termina con su entrega al destinatario.

e) La expedición de los certificados de seguro es válida aunque ya se haya corrido el riesgo o se haya producido el siniestro.

Siendo ello así, obvio es que asiste la razón al recurrente, pues evidentemente se dan las circunstancias de la subrogación prevista en el artículo 1096 del Código de Comercio, vale decir, se subroga el asegurador que paga la indemnización en los derechos del asegurado y puede ejercitar las mismas acciones de éste contra los responsables del siniestro. Obedece este postulado a razones de equidad y a principios universalmente aceptados en la legislación de seguros.

No lo entendió así la sentencia recurrida, que desde un principio había puesto el acento en que “sea con la tesis de la SUBROGACIÓN o con la de la CESIÓN, las demandas que dieron lugar a los procesos Nos. 3422 y 4007 no están llamadas a prosperar...”.

Tiene razón, sin duda, en cuanto a la CESIÓN, pues la SUBROGACIÓN se efectúa ipso jure por el solo hecho del pago de la indemnización por la aseguradora y, “tal como lo sostiene el profesor Efrén Ossa, el efecto se produce por dicha circunstancia y no, como la subrogación convencional, mediante el acuerdo entre el asegurado y el asegurador, ya que implica la transmisión del derecho con, sin o contra la voluntad del deudor'''' (Teoría General del Seguro, Temis 1984, pág. 162).

Efectivamente el citado tratadista censura la estipulación contractual por la cual el asegurado se obliga a ceder al asegurador sus derechos contra el responsable del siniestro y concluye que ese procedimiento carece de valor, aclarando que tal cosa ocurre en el supuesto de que la indemnización aún no haya sido cubierta al damnificado porque, “en caso afirmativo, el derecho del asegurado, en la medida de aquélla, se entiende incorporado al patrimonio del asegurador”. (“Teoría General del Seguro”. Efrén Ossa, Editorial Temis 1984, pág. 181).

Resulta oportuna y pertinente tal aclaración, dado que la cesión es viable en tanto el asegurador no haya solucionado el valor del siniestro. De otro lado, la cesión verificada después de indemnizado el asegurado es inoperante y superflua por cuanto, según se ha visto, la subrogación se produce por mandato legal y, desde luego, prevalece sobre la estipulación contractual, dado el carácter sustantivo e imperativo de la norma en mención.

En conclusión, la violación del artículo 1096 del C. Co., por falta de aplicación, es incuestionable, por cuanto el fallador ignoró la subrogación efectuada en el sub lite. Síguese de ello que la Aseguradora Colseguros, al subrogarse ipso jure en los derechos del asegurado, estaba legitimada para accionar contra la empresa Puertos de Colombia, independientemente de la CESIÓN efectuada por acuerdo inter partes.

Prospera el cargo y, por lo mismo, no será necesario examinar los dos cargos restantes.

V. Consideraciones para el fallo de instancia

En demanda presentada por la Aseguradora Colseguros S. A. contra la empresa Puertos de Colombia—Colpuertos—en septiembre 29 de 1981 (proceso Nº 3422) se formulan las siguientes peticiones:

“1. Que por los trámites previstos en el Código Contencioso Administrativo, para el juicio indemnizatorio de mayor cuantía, se declare a la empresa Puertos de Colombia—Colpuertos—civil o administrativamente responsable, por razón de la pérdida de 317 cajas que contenían partes y piezas para el ensamble de vehículos Renault, que aparecen debidamente especificados y valorados en los documentos que, como pruebas anticipadas, se anexan a esta demanda, y a los documentos que aportaré oportunamente dentro - del proceso.

2. Que en consecuencia, SE CONDENE a la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) y conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, al pago de la suma de cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos doce pesos ($ 44.495.512), suma anterior que se discrimina así: Para la firma Sociedad de Fabricación de Automotores (Sofasa) S. A., la suma de treinta y ocho millones cero setenta y nueve mil setecientos siete pesos (5 38.079.707); y para la firma Metalmecánica Colombiana Ltda. (Metalcol), la suma de seis millones cuatrocientos quince mil ochocientos cinco pesos ($ 6.415.805), o hasta la suma que resulte probada de autos, valor de la pérdida en la importación efectuada por las firmas Sofasa S. A. y Metalcol Ltda., pérdida que fue indemnizada por mi poderdante, por concepto de daño emergente.

3. Que, SE CONDENE a la empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) y conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a pagar a mi poderdante, como lucro cesante, los intereses corrientes sobre la suma de $ 44.495.512, desde el momento en que se produjo el daño en el patrimonio de mi poderdante, (22 de abril de 1980), hasta el día en que el pago se efectúe”. (Fol. 40).

Los hechos se narran a folios 31 a 34 y, como a ellos se hace frecuente referencia en folios anteriores, no es necesario reproducirlos en este lugar.

1. Está acreditado que el día 22 de abril de 1980, a eso de las tres de la tarde, se produjo un incendio de grandes proporciones en el patio número 10 del terminal marítimo de Cartagena y que, a consecuencia del mismo, se destruyeron 317 cajas que contenían piezas y partes sueltas de vehículos Renault importadas por las firmas Sofasa S. A. y Metalcol Ltda., las que habían sido previamente depositadas por la empresa Puertos de Colombia en el patio incendiado a su llegada a Cartagena en el vapor Tranch Bank.

Para evidenciar el siniestro y sus consecuencias,se aportaron los siguientes elementos de juicio:

—En el acta de la avería fechada el 27 de mayo de 1980 y suscrita por funcionarios de Colpuertos y Roldán y compañía, se hace constar que el vapor Tranch Bank descargó el 16 de abril de 1980 seiscientas sesenta y una cajas que contenían piezas para vehículos, con peso bruto declarado de 756.707 kilos y marcados Sofasa, las que fueron almacenadas en el patio número 10, y que el 22 de abril de 1980 se presentó en dicho patio un incendio que consumió totalmente 317 cajas (fol. 298, cuaderno Nº 1, exp. No. 3682).

—El monto total del siniestro fue establecido por la firma ajustadora de seguros Hudson Ltda. en la suma de $ 44.495.512 (fols. 1-8 cuad. Nº 3 exp. 3422). El documento se encuentra debidamente reconocido por el doctor Alfredo Cantor Silva, subgerente de la firma ajustadora, quien ratificó los indicados valores (Vols. 182-184, cuad. Nº 1.3 exp 3422). Se hace notar que el doctor Cantor tuvo en cuenta las facturas comerciales. lista de empaques, conocimientos de embarque, cuentas de fletes, manifiesto, registro de importación, factura de reposición de partes afectadas por el incendio, facturas consulares y primas de seguro, lo que da a su peritación una gran seriedad e idoneidad técnica.

—La mercancía se encontraba amparada por pólizas de seguro otorgadas por la Aseguradora Colseguros S. A., así:

a) Las importadas por la Sociedad de Fabricación de Automotores S. A.—Sofasa—, por la póliza automática Nº 42726-1 de diciembre 18 de 1975 y su cláusula adicional Nº 3 de febrero 23 de 1978, documentos aportados en original (fols. 7-11, cuad. Nº 1, exp.

b) Los certificados de seguro correspondientes a la póliza Nº 42726-1 a favor de Sofasa. a saber, Nº 188962 de marzo 21 de 1980, 196505 de julio 28 de 1980, 196506 de julio 28 de 1980 y 203807 de febrero 17 de 1981, en fotocopia auténtica los tres últimos (fls. 22, 23, 32, cuad. Nº 1, exp. 3682).

—La mercancía importada por Metalmecánica Colombiana ltda.—Metalcol—estaba amparada por la póliza automática Nº 44274-9 de abril 3 de 1979, con cláusula adicional Nº 44274 y 44277 de julio 9 de 1979, allegadas en fotocopia auténtica (fols. 65-72, cuad. Nº 1, exp. 3682). El certificado de seguro correspondiente a la póliza 44274-9 lleva el número 188964 de marzo 21 de 1980, y se aportó en fotocopia auténtica (fol. 31, cuad. Nº 1, exp. 3682).

En este punto, es preciso aclarar que la alegada falta de autenticidad del documento contentivo de la póliza Nº 44274-9 y de su certificada de seguro Nº 188964 que obran en el expediente 3422, se subsana en el proceso 3682, acumulado al anterior junio con el 4007 mediante auto de mayo 17 de 1984 (fols. 23-27, cuad. Nº 1, proceso 4007).

2. La empresa Puertos de Colombia es una entidad descentralizada del orden nacional, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. La Ley 154 de 1959 creó a Puertos de Colombia como una empresa comercial del Estado. El Decreto-Ley 1174 de 1980 que la reestructura, señala que funcionará como una empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y que tendrá la administración, explotación, conservación y vigilancia de los terminales marítimos de Barranquilla, Buenaventura y Cartagena, entre otros. Entre sus varias funciones, conforme a dicho estatuto, está la de “organizar y prestar servicios de embarque, desembarque, movilización y almacenamiento de carga” en sus terminales, con el “mantenimiento de las instalaciones y equipos necesarios para el normal funcionamiento del terminal” (artículos 3º y 6º).

Cierto es que, conforme al artículo 31 del Decreto-Ley 3130 de 1968, los actos y hechos que las empresas industriales y comerciales del Estado realicen para el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria; sin embargo, la misma norma señala que “aquéllos que realicen para el cumplimiento de las funciones administrativas que les haya confiado la ley, son actos administrativos”.

De los presupuestos reseñados se infiere que la empresa demandada comprometió su responsabilidad en la forma que determina el artículo 2º del Decreto-Ley 630 de 1942, del siguiente tenor:

“ Salvo pérdidas o daños por fuerza mayor, evaporación, deterioro natural, empaque defectuoso o de suyo inadecuado por su poca consistencia o mala confección para la seguridad del contenido, el Gobierno responderá a los dueños de mercancías por toda pérdida o entrega equivocada o daño de la mercancía almacenada en bodegas oficiales, desde la fecha de su recibo hasta cuando se considere legalmente abandonada por haberse cumplido el término legal de almacenaje “.

Dado que esta norma consagraba la responsabilidad objetiva de la administración mediante definición legal, y que los hechos ocurrieron bajo su vigencia, no es menester, en este caso, demostrar la responsabilidad o culpa subjetiva para que se configure el derecho a la indemnización.

En tal virtud, acreditado como está el ingreso de las mercancías al patio 10 del terminal marítimo de Cartagena y la destrucción de 317 cajas por el incendio que se produjo el 22 de abril de 1980 en este patio, surge la responsabilidad objetiva de la empresa Puertos de Colombia y la consiguiente obligación de resarcir al propietario damnificado.

3. Propuso la parte demandada las excepciones de inexistencia de la obligación y fuerza mayor o ausencia de culpa (fols. 1-2, cad. Nº 2, exp. 3422). Se apoya la primera en que los certificados de seguro fueron expedidos con posterioridad al 22 de abril de 1980, fecha del siniestro, por lo que no existía interés asegurable en ese momento ni podía haber lugar a la subrogación legal, en consecuencia.

Sobre este argumento se discurrió con alguna extensión en folios anteriores, donde se tuvo en cuenta, además, la reciente jurisprudencia de Sala Plena sobre la materia. Conviene recordar, por otra parte, que en el seguro de transporte la individualización del riesgo se hace en función del trayecto asegurado, fuera del cual el seguro no da origen a la obligación condicional del asegurador.

Pues bien, tanto en la póliza 42726-1 como en la 44274-9 se precisó que el trayecto asegurado comprendía “cualquier lugar del mundo hasta puertos colombianos”.

Ello significa que si existía un interés asegurable, genérico, como lo requiere el artículo 1083 del Código de Comercio, si se tiene en cuenta que ese interés, junto con el riesgo asegurable, la obligación condicional del asegurador y la prima, son elementos esenciales del contrato de seguro, sin los cuales no produciría efecto alguno según el artículo 1045 de la misma codificación. En cambio, el certificado de seguro no es elemento esencial del contrato, según atrás se puntualizó. Así pues, la subrogación de que trata el artículo 1096 del C. Co. adquiere plena eficacia en el sub judice.

Precisa hacer notar, así mismo, que el resarcimiento que el reasegurador hace al asegurador no implica que el responsable del siniestro pueda excepcionar válidamente por razón de ese pago, siendo, como es, un tercero respecto del reasegurador y no estando, por ende, legitimado para tal efecto, según lo define el artículo 113 5 del C. Co. al expresar: “El reaseguro no es un contrato a favor de terceros”.

Respecto de la excepción de fuerza mayor, obvio es que corresponde a quien la alega probarla en los casos en que la ley la contempla como eximente de responsabilidad. No obra constancia de ello en autos. Al contrario, aparece un informe suscrito por funcionarios de la empresa demandada y dirigido a su gerente, en el que aquellos concluyen que fue causa del fuego la autoinflamación de unas pacas de algodón, allí almacenadas (fols. 300-301, cuad. Nº 1, exp. 3682), lo que lleva a inferir la culpa objetiva de la administración juntamente con la subjetiva.

En síntesis, está demostrada la responsabilidad de la administración y no lo están las excepciones propuestas.

4. Acreditó la Aseguradora Colseguros S. A. haber pagado indemnizaciones por concepto de obligaciones derivadas de contratos de seguros, así:

—A Sofasa S. A. la suma de $ 20.000.000 en febrero 20 de 1981 y $ 18.079.707 en abril 21 de 1981, para un total de $ 38.079.707 (fols. 26-27, cuad. Nº 1, exp. 3422):

—A Metalcol Ltda. la suma de $ 6.415.805 en abril 21 de 1981 (fol. 28, cuad. Nº 1, exp. 3422).

Se acogerán, pues, las pretensiones formuladas en el proceso 3422, al que se refiere expresamente el recurrente según se explica a folio 13 de esta providencia. No se ordenará la actualización, porque ésta aparece solicitada en el proceso 4007, que no fue recurrido.

Si bien se solicita en la demanda, a título de lucro cesante, el pago de los intereses corrientes sobre la suma de $ 44.495. 512 “desde el momento en que se produjo el daño en el patrimonio de mi poderdante (abril 22 de 1980)”, se reconocerán solamente a partir de la fecha en que la aseguradora solucionó las indemnizaciones, como es obvio.

Finalmente, dado que el certificado de seguro Nº 188962 de marzo 21 de 1980 no aparece adecuadamente autenticado en ninguno de los procesos acumulados y de él se derivó un pago indemnizatorio por $ 638.187 (fol. 1, cuad. Nº 3 exp. 3422), se descontará este valor de la suma de $ 20.000.000, concretándose así la condena a la suma residual de $ 19.361.813.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Anúlase la sentencia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en mayo 7 de 1987 en los procesos acumulados 3422, 3682 y 4007.

2. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada en el proceso 3422.

3. Declárase que la empresa Puertos de Colombia —Colpuertos— es administrativamente responsable de la pérdida de las mercancías a que se refiere esta providencia y, en consecuencia, se le condena a pagar a la compañía Aseguradora Colseguros S. A.:

a) La cantidad de $ 19.361.813, más los intereses corrientes comerciales desde el 20 de febrero de 1981, hasta la ejecutoria de esta sentencia.

b) La cantidad de $ 18.078.707, más los intereses corrientes comerciales desde el 21 de abril de 1981 hasta la ejecutoria de este fallo.

c) La cantidad de $ 6.415.805, más los intereses corrientes comerciales desde el 21 de abril de 1981 hasta la ejecutoria de esta providencia.

Para el cobro y pago de las anteriores condenas por intereses, se anexarán a la cuenta de cobro las correspondientes certificaciones de la Superintendencia Bancaria sobre la tasa de interés corriente.

4. Esta sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176 y 177 del C. C.A.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(Sentencia de agosto 13 de 1990. Expediente A-044. Consejero Ponente: Dr. Reynaldo Arciniegas Baedecker).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Estimo que la controversia del caso sublite es de carácter privado porque tiene que ver con la responsabilidad que se le pretende deducir a Colpuertos y la consiguiente indemnización de perjuicios por la pérdida de mercancías de importación almacenadas en sus bodegas, ocurrida en el incendio del 22 de abril de 1980 en el patio número 10 del terminal marítimo de Cartagena.

Esa actividad corresponde a lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 3º del Decreto 1174 de 1980 “por el cual se reestructura la empresa Puertos de Colombia” y en el cual se establece que ésta, creada por la Ley 154 de 1959, funcionará como empresa comercial e industrial del Estado vinculada al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y tendrá a su cargo la “dirección, administración, explotación, conservación y vigilancia de los terminales marítimos y fluviales de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Leticia y los demás puertos que en el futuro sean incorporados por el Gobierno” (artículo 1º).

En desarrollo de estos objetivos, los susodichos numerales 1 y 2 del artículo 3 º disponen que Colpuertos tendrá las siguientes funciones:

“1. Por intermedio de cada uno de sus terminales organizar y prestar servicios de embarque, desembarque, movilización y almacenamiento de carga.

2. Igualmente, por intermedio de cada uno de sus terminales, organizar y prestar otros servicios adicionales, propios de la labor portuaria”.

3. Correspondiéndole entonces como giro ordinario de sus negocios a Colpuertos—empresa comercial industrial del Estado—cumplir con los cometidos antes explicados, la cuestión litigiosa que encaja perfectamente dentro de ellos es de índole privada y por ello sujeta a la justicia ordinaria, cual se estatuye en el artículo 31 del Decreto 3130 de 1968 en armonía con el artículo 2 del Decreto 1774 de 1980. Se está entonces frente a una actividad normal, común y corriente de todos los días de Colpuertos y bajo ningún respecto del ejercicio de una función pública excepcional, (excepción del atículo 31 in fine citado), cua sería entre otras y siguiendo el listado de funciones del artículo 3º del referido Decreto 1174: L fijación de las tarifas que deben cobrarse por lo servicios portuarios y los demás que presten lo terminales con la aprobación del Gobierno Nacional (numeral 4).

4. Del mismo modo, el Código de Comercio en su artículo 20-9 caracteriza como comerciales las actividades relacionadas con la ''''explotación o prestación de servicios de puertos, muelles... “.

5. La apreciación anterior de este Consejero corresponde a su pensamiento consignado en el mismo orden de ideas, en varias providencias, mutatis mutandi, en la de 12 de noviembre de 1986 (Sección Primera, Proceso No 28, Actora: Sociedad Navemar Ltda. ).

6. Lo expuesto precedentemente explica muy bien que la vetusta normatividad que sirvió de fundamento a la sentencia objeto de la presente salvedad de voto: el Decreto-Ley 630 de 1942 artículo 3º, consagratorio de una responsabilidad objetiva de la administración por pérdida de “mercancías almacenadas en bodegas oficiales”. ha sido superada por la reglamentación que posteriormente se ha dictado para la reorganización y funcionamiento de la administración nacional y de las entidades descentralizadas de ésta y contenidas entre otros ordenamientos en los Decretos 1050 de 1968 y 3130 de 1968.

Debió ser, como colofón de lo dicho, la justicia ordinaria y no la contencioso administrativa quien dirimiera la presente controversia».

Simón Rodríguez Rodríguez.  

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «La empresa Puertos de Colombia, creada por la Ley 154 de 1959, fue reestructurada por el Decreto 561 de 1975 y definida entonces como una “empresa comercial del Estado”, sometida en sus actividades comerciales a normas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria y regulada por el derecho público cuando ejerciera funciones administrativas a través de actos administrativos. (Artículos 1º y 29 del Decreto 561 de 1975).

La empresa Puertos de Colombia fue nuevamente reestructurada por el Decreto 1174 de 1980, y en dicha norma se volvió a definir como “empresa comercial del Estado” y se dispuso que su régimen jurídico sería el previsto para la actividad y funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del Estado. (Artículo 24).

El Decreto 117~ de 1980, con relación a las actividades de la empresa, precisa que:

''''En los términos del presente decreto, la empresa tendrá a su cargo la dirección, administración, explotación, conservación y vigilancia de los terminales marítimos y fluviales de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Tumaco y Leticia y los demás puertos que en el futuro le sean incorporados por el Gobierno. Así mismo, en el caso de instalaciones de carácter privado tendrá a su cargo el control de las labores operativas de todas las obras portuarias”.

Y el mismo Decreto 1174 de 1980 establece en su artículo 3º, como funciones de la empresa las de: prestar servicios de embarque, desembarque, movilización y almacenamiento de carga y los demás servicios adicionales propios de la actividad portuaria; construir nuevas facilidades portuarias, con sus propios fondos o con los que el Gobierno le asigne; fijar las tarifas que deben cobrarse por los servicios portuarios y los demás que preste en los terminales, con la aprobación del Gobierno Nacional; prestar los servicios de vigilancia en los puertos a su cargo; regular el funcionamiento de las obras portuarias de carácter privado que hayan sido autorizadas por la Dirección Marítima y Portuaria o que sean declaradas como puerto habilitado por el Gobierno Nacional, y verificar su cumplimiento.

Del análisis de las funciones enunciadas puede establecerse que la empresa Puertos de Colombia realiza algunas actividades que constituyen la típica función administrativa que implica el ejercicio de las prerrogativas del poder público; tales son: la regulación y verificación del funcionamiento de obras portuarias, la fijación de las tarifas que deben cobrarse por los servicios portuarios y los demás que prestan los terminales y las referentes a la dirección y vigilancia de los terminales marítimos y fluviales.

Pero también, realiza actividades puramente comerciales como lo son la administración y explotación de los servicios portuarios y de los muelles. Así las define el artículo 20 numeral 9º del Código de Comercio.

De conformidad con las normas citadas, mediante las cuales se cambió la naturaleza y el régimen jurídico de la empresa Puertos de Colombia, siendo ya, a partir de 1975 una empresa comercial del Estado, las actividades que tienen el carácter de función administrativa se rigen por normas de derecho público y aquéllas que constituyen su actividad comercial se rigen por las normas del derecho privado, y las controversias que surjan por razón de esta actividad se ventilan ante la jurisdicción ordinaria, tal como expresamente lo dispone el artículo 24 del citado Decreto 1174 de 1980 al remitirse al régimen jurídico de las empresas del Estado establecido en el artículo 31 del Decreto 3130 de 1968.

Lo anterior es la consecuencia necesaria de las disposiciones legales que modificaron la naturaleza jurídica de la empresa, para adecuarla a las normas generales establecidas en el año de 1968, mediante las cuales se tipificaron las diferentes clases de entidades descentralizadas y se precisaron sus regímenes jurídicos.

Por ello, las referidas reestructuraciones ordenadas por las normas legales cambiaron no sólo la naturaleza jurídica de la entidad, sino su régimen jurídico, todo lo cual trajo como efecto inmediato que sus actividades mercantiles se sometieran a las normas del derecho privado y sus actuaciones en este campo se concreten en actos mercantiles.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, la responsabilidad que corresponde a Colpuertos en ejercicio de sus actividades comerciales se rige por las normas del derecho privado y las controversias que surjan sobre la materia corresponde dirimirlas a la jurisdicción ordinaria.

La norma invocada en la jurisprudencia citada, fue expedida en el año de 1931 y modificada en 1942, fechas en las cuales ni siquiera existía la empresa Colpuertos, ni se habían definido los conceptos de cada una de las clases de entidades descentralizadas y entre ellas el de una empresa comercial del Estado, la cual constituye, justamente, el instrumento para que ésta realice actividades de carácter comercial.

Lo anterior es la explicación de que, tanto en el decreto mencionado, como en la jurisprudencia a la cual salvamos el voto, se hable en términos que hoy resultan jurídicamente inadecuados e inaplicables. En efecto, expresiones tales como “bodegas oficiales...”, o “el Gobierno responderá...” no tienen vigencia hoy en día, más aún si se considera que “el Gobierno” no es sujeto de derecho sino lo es el Estado. Precisamente, el fenómeno de la descentralización administrativa, y las sucesivas reestructuraciones de Colpuertos determinaron que la actividad de almacenamiento de mercancías para importación o exportación esté atribuida hoy a un ente con su propia personalidad jurídica, con carácter de empresa comercial del Estado, sometida a normas de derecha privado y cuyas controversias corresponde dirimirlas a la jurisdicción ordinaria, cuando surgen en razón de sus actividades comerciales.

Carlos Gustavo Arrieta Padilla—Consuelo Sarria Olcos.  

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