Sentencia AC-4534 de abril 29 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONGRESISTAS

PUEDEN SER DIRECTIVOS DE PARTIDOS POLÍTICOS

EXTRACTOS: «a) El artículo 180, numeral 1º de la Constitución, dice así:

ART. 180.—Los congresistas no podrán:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado”.

Y el artículo 183, numeral 1º:

ART. 183.—Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen del conflicto de intereses (...).

En el artículo 281 de la Ley 5ª de 1992 se definieron las incompatibilidades como “todos los actos que no pueden realizar o ejecutar los congresistas durante el período de ejercicio de la función”. En el artículo 282, numeral 1º, de la misma ley se reiteró que los congresistas no pueden desempeñar cargo a empleo público o privado, y en el artículo 296, numeral 2º, que perderían su investidura por violación del régimen de incompatibilidades.

Entonces, los congresistas perderán su investidura, entre otros casos, por desempeñar cargo o empleo público o privado.

b) Dijo el demandante que el senador Ángel Humberto Rojas Cuesta se encuentra incurso en el motivo de pérdida de investidura señalado, porque es a un tiempo subdirector nacional del movimiento unitario metapolítico.

En verdad, el senador Ángel Humberto Rojas Cuesta fue elegido como tal para el período comprendido entre el 20 de julio de 1994 y el 19 de julio de 1998, y así lo declaró el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución 191 de 14 de junio de 1994, copia de la cual se trajo al proceso (fls. 11 a 24); y es también subdirector nacional del movimiento unitario metapolítico, como consta en la certificación de 6 de marzo de 1997 expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, secretario del Consejo Nacional Electoral, que también obra en el expediente (fls. 3 y 4).

El movimiento unitario metapolítico es un partido político al que se reconoció personalidad jurídica y cuyos estatutos fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral, mediante las resoluciones 18 de 17 de febrero de 1986 y 63 de 5 de junio de 1996; así fue acreditado con copias de tales resoluciones y estatutos (83 a 116) y con la certificación referida.

c) Según lo establecido en el artículo 283, numeral 9º, de la Ley 5ª de 1992, las incompatibilidades constitucionales no obstan para que los congresistas puedan directamente o por medio de apoderado participar en los organismos directivos de los partidos o movimientos políticos que hayan obtenido personalidad jurídica de acuerdo con la ley.

Siendo así que el movimiento unitario metapolítico es partido político cuya personalidad jurídica fue reconocida de acuerdo con la ley, pueden los congresistas participar en sus organismos directivos, y haciéndolo no incurren en violación del régimen de incompatibilidades.

Ello es bastante para desestimar la pretensión del demandante, sin embargo de lo cual se harán otras consideraciones.

d) Los partidos políticos, se ha dicho, son organizaciones que tienen por objetivo la conquista del poder o la participación en su ejercicio. No son entidades públicas, desde luego, como que no hacen parte de la estructura del Estado, integrada por las ramas legislativa, la ejecutiva y la judicial, por los órganos de control y por la organización electoral, según lo establecido en los títulos V, VI, VII, VIII, IX, y X de la Constitución. Ni son sociedades, corporaciones o fundaciones privadas, de que tratan principalmente el título XXXVI del libro primero y el título XXVII del libro cuarto del Código Civil y el libro segundo del Código de Comercio, modificado por la Ley 222 de 1995.

(...).

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 14 de julio de 1983, dijo que los partidos políticos son instituciones estructurales de la sociedad política contemporánea, que canalizan conglomerados más o menos estables de opinión en torno a una ideología o doctrina ideocrática y que tienen por objeto la conquista del poder, la permanencia en él o la participación en su ejercicio (Gaceta Judicial, t. CLXXV, núm. 2.413, segunda parte, p. 412).

El Consejo de Estado, por su parte, en sentencia de 23 de febrero de 1994 (expediente AC-1.386), previo el examen de los artículos 1º, 2º, 40, 107, 108, 109, 111 y 152, literal c, de la Constitución, hubo de explicar que los partidos políticos, que son objeto de una regulación especial de carácter constitucional y legal estatutario, no pueden asimilarse a las personas jurídicas de derecho privado, las cuales tienen objetivos diferentes, que no son políticos, como los de aquéllos, y están sujetas a un régimen distinto, de derecho privado, establecido principalmente en los códigos Civil y de Comercio. Así lo dijo también en sentencia de 13 de diciembre de 1994 (expediente AC-2.051).

Finalmente, en el artículo 2º de la Ley 130 de 1994, por la cual se expidió el estatuto básico de los partidos políticos que hoy rige, se los definió como “instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”; y a los movimientos políticos como “asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones”. Y se dispuso que los partidos y movimientos constituidos con el lleno de los requisitos constitucionales y legales, tendrían personalidad jurídica.

En síntesis, los partidos políticos no son entidades públicas, ni tampoco sociedades, corporaciones o fundaciones privadas.

e) Siendo así, los cargos directivos de los partidos políticos no son cargos o empleos públicos o privados, de donde el cargo de subdirector nacional del movimiento unitario metapolítico, que es partido político, no es cargo o empleo público o privado. Entonces, el senador Ángel Humberto Rojas Cuesta, en tanto subdirector nacional del movimiento unitario metapolítico, no desempeña cargo o empleo público o privado ni, por ende, ha incurrido por esta causa en motivo que determine la pérdida de su investidura de congresista.

La censura, pues, es ostensiblemente infundada».

(Sentencia de abril 29 de 1997. Expediente AC-4534. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

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