Sentencia AC-4734 de julio 2 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA

POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «La Sala advierte que el constituyente al establecer la figura de la pérdida de investidura de congresista, no hizo manifestación alguna que permita deducir cuál fue su intención al establecer la causal en que se fundamenta la presente solicitud por lo cual, se considera necesario precisar el alcance de la causal invocada: “...4. Por indebida destinación de dineros públicos...”.

El numeral 4º del artículo 183 de la Constitución se refiere a dos aspectos que resulta conveniente analizar, así:

1. Indebida destinación. Esta primera calificación hace relación con la incorrecta, ilícita o injusta determinación de que algo se aplique a un fin para el cual no estaba destinado. Se cambia el destino de una cosa, para cumplir una finalidad distinta a la asignada, por la Constitución y la ley y que para el caso concreto se refiere a dineros públicos.

2. Dineros públicos. Sobre esta expresión, estima la Sala que cuando se habla de dinero se hace referencia a un símbolo, a un medio de cambio económico. No es posible confundirlo con bienes susceptibles de ser valorados en dinero, es decir, aquellos bienes que tienen un precio, un valor de cambio establecido.

Como ya se dijo el constituyente al establecer las causales de pérdida de investidura no definió ni precisó el alcance de la causal contenida en el numeral 4º del artículo 183 de la Carta Política, pues sólo menciona la expresión “dineros públicos”, la cual debe entenderse en su sentido técnico, es decir, en el sentido que le dan los hacendistas (art. 29 Código Civil), de medio de pago y medida de valor, de moneda, referida al ingreso público.

Más aún por tratarse de una norma disciplinaria, sancionatoria, no puede interpretarse análogamente para extender la causal a la indebida destinación de cualquier otro bien susceptible de ser valorado en dinero, sino que debe corresponder a la descripción que la norma constitucional hace; pues si la causal se refiriera al término genérico bienes no se habría dicho de “dineros públicos” sino “bienes públicos”, término que incluiría tanto al dinero como a los bienes en especie».

(Sentencia de julio 2 de 1997. Expediente AC-4734. Consejero Ponente: Dr. Germán Ayala Mantilla).

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «1. El análisis exegético y presuntamente técnico hecho en la sentencia sobre la expresión “dineros públicos”, es incompleto, pues el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (vigésima primera edición), si bien indica que la palabra “dinero” significa “moneda corriente”, también incluye otra acepción según la cual corresponde a “hacienda, fortuna”. En el mismo sentido se expresa el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, según el cual la palabra “dinero” significa tanto “moneda corriente” como “caudal o fortuna”. A su vez, “hacienda” significa, entre otras cosas “conjunto de bienes y riquezas que no tiene”; “fortuna” quiere decir “hacienda, capital, caudal”; y “caudal” traduce “hacienda, bienes de cualquier especie, y más comúnmente dinero”. Por su parte, según el mismo Diccionario de la Lengua Española, “hacienda pública” hace referencia al “conjunto de haberes, bienes, rentas, impuestos, etc., correspondientes al Estado para satisfacer las necesidades de la Nación”.

2. Lo anterior quiere decir que un análisis más preciso del tema, podría llevar a concluir que la expresión “dineros públicos” a que se refiere la causal de pérdida de investidura aducida por el actor, sí podría comprender los bienes públicos susceptibles de ser valorados en dinero.

3. A lo expresado debe agregarse que, como se hizo notar por varios consejeros en el transcurso de la discusión, por principio la función de los congresistas no implica el manejo de dineros públicos en el sentido restringido aceptado en la sentencia, por lo cual la citada causal de pérdida de investidura sería inocua, situación que atenta contra la efectividad de las normas constitucionales, a pesar de que, como también lo manifestó algún consejero en el transcurso de la discusión, las disposiciones de la Carta deben interpretarse, ante todo, con un sentido teleológico, que lleve a desentrañar los fines reales para los cuales fueron expedidas».

Libardo Rodríguez Rodríguez 

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «Comparte el suscrito magistrado la inquietud formulada por el magistrado Rodríguez Rodríguez en el sentido de que la sentencia ha debido profundizar en el concepto de “dinero público”, pues limitarlo a la idea de “moneda” puede conducir a que la prohibición constitucional quede vaciada de contenido. Esa causal de pérdida de investidura (“indebida destinación de dineros públicos”) buscó evitar los abusos que los congresistas pudieran cometer con el patrimonio del Estado, en su aspecto más representativo, como es el dinero público, sin excluir otras hipótesis de abusos que resultan tan censurables como dicha destinación indebida».

Manuel S. Urueta. 

___________________________