Sentencia AC-534 de octubre 1º de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONGRESISTAS

JUICIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA

EXTRACTOS: «Los congresistas, según las voces de la nueva Carta, podrán comprometer con sus actuaciones públicas o privadas, tanto su responsabilidad política como penal. En el primer caso, su juzgamiento será de tipo constitucional ante el Consejo de Estado y podrá culminar con la desinvestidura (arts. 183 y 184 de la C.N.). En el segundo, ese juzgamiento, con todas las garantías y etapas propias del proceso penal, será del conocimiento privativo de la Corte Suprema y en relación con los delitos que se les imputen.

El proceso de desinvestidura de un congresista, por las causales señaladas taxativamente en el artículo 183 de la Constitución, es la vía creada para responsabilizarlos por acción u omisión en el ejercicio del cargo, por extralimitación de funciones o por infringir el régimen de inhabilidades o incompatibilidades o el régimen de conflicto de intereses.

Es así un juicio objetivo que comporta primordialmente una acción pública ciudadana, como corolario del derecho fundamental que tiene todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (artículo 40 ibidem); derecho que le otorga, entre otras facultades, la de elegir y ser elegido, la de revocar el mandato de los elegidos y la de interponer las acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley.

La índole de juicio de responsabilidad política se desprende de la intención del constituyente, que quiere un Congreso digno, responsable políticamente y de conducta transparente e intachable; de la lectura de las distintas causales de desinvestidura; de los efectos de la decisión que la declara; de la formulación simple de la solicitud inicial, sin los requisitos formales de toda demanda; como también de la legitimación que para pedirla se señala en la misma Carta en su artículo 184, circunscrita a la mesa directiva de la Cámara correspondiente o a cualquier ciudadano.

Se observa que aunque la norma antecitada no hable del Ministerio Público, es incuestionable, con fundamento en los numerales 5, 6 y 7, inciso final, del artículo 277 de la Carta, que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, pueda también legítimamente solicitarla.

Este juicio de raigambre constitucional, de rápido pronunciamiento como que debe ser breve, sumario y de solución en 20 días, se basa en las causales restrictivas y taxativas señaladas en el artículo 183.

La índole del juicio de desinvestidura. 

La Constitución asignó al Consejo de Estado, en forma exclusiva, la competencia para decretar, en un término no mayor de veinte días, la desinvestidura de un congresista mediante un juicio de conocimiento breve y sumario. Juicio que es, en principio, de cognición.

En otras palabras, el juez administrativo decidirá el proceso de desinvestidura luego de subsumir los supuestos de hecho alegados en la solicitud (debidamente acreditados por los medios legales) en los de la norma que contempla el efecto pretendido. Importan así los hechos expuestos en la solicitud, de los cuales podrá inferir el juzgador la existencia de la causal o de las causales que tengan entidad suficiente para decretar la pérdida de la investidura. Es este un juicio valorativo por excelencia, tendiente a la creación de un título de efectos ejecutorios y no un simple proceso ejecutivo de un título creado por otra jurisdicción.

Estudiada la historia de la expedición de la Constitución en este campo se corrobora lo precedente. El constituyente no aceptó que fuera la Corte la competente para decretar la medida, pese a que en los proyectos iniciales siempre figuró dicho organismo con ese poder. Estimó al final que uno era el juicio penal y otro el administrativo de responsabilidad política, sometidos a normas diferentes y con fines distintos.

Lo anterior pone de relieve las diferencias entre los dos juzgamientos; el no condicionamiento del uno sobre el otro, porque mientras el congresista no comparece al proceso de desinvestidura como un delincuente reo de un delito común, sino como miembro de la corporación congresional para que se le investigue su conducta y se le deduzca su responsabilidad política por acción u omisión en el ejercicio del cargo o por violación de los regímenes de incompatibilidades o inhabilidades o de conflicto de intereses, el mismo congresista comparecerá al proceso penal como infractor de la ley penal, en idénticas condiciones probatorias y procesales a las demás personas cobijadas por la misma sindicación; salvo, claro está, en cuanto a que el juez competente para su juzga-miento será la Corte Suprema, en forma privativa (art. 186 de C.N.); y porque mientras el proceso de desinvestidura será breve y sumario, sometido al régimen probatorio propio del proceso administrativo (en la práctica el mismo del proceso civil), el proceso penal, con las etapas propias de éste (investigación previa, instrucción, captura, medidas de aseguramiento, libertad provisional, habeas corpus, calificación y juz-gamiento), será amplio y lleno de garantías procesales protectoras de la libertad del sindicado, estará sometido al régimen probatorio contemplado en el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 246 y siguientes».

(Sentencia de octubre 1º de 1993. Expediente AC-534. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando compartimos la decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en este proceso, nos permitimos aclarar nuestro voto, por estar en desacuerdo con algunos conceptos plasmados en la parte considerativa del fallo y de los cuales pudiera entenderse que en ningún caso la decisión de la Corte Supema de Justicia, proferida en proceso penal adelantado contra un congresista, tendría incidencia en un fallo de desinvestidura.

Pensamos, y así lo hemos manifestado en varias oportunidades, que tratándose de las causales 4ª y 5ª de desinvestidura contempladas en el artículo 183 de la Constitución, es indispensable contar con la sentencia judicial condenatoria para dar trámite a la petición de pérdida de la investidura, pues tienen que ver con conductas que sólo en la medida en que sean calificadas como delictuosas por la jurisdicción competente, acarrearán una sanción tan grave como la pérdida de la investidura de congresista.

Por otra parte, consideramos que siendo otra la causal probada en este caso, sobraba hacer alusión en las páginas 10 y 11 a la independencia de los juzgamientos.

Atentamente,

Clara Forero de Castro—Dolly Pedraza de Arenas—Joaquín Barreto Ruiz—Diego Younes Moreno. 

ACLARACIÓN DE VOTO

EXTRACTOS: «Al igual que otros distinguidos colegas que también aclararon su voto, no estoy de acuerdo con algunos conceptos plasmados en la parte considerativa de la sentencia, de los cuales pudiera entenderse que en ningún caso la decisión de la Corte Suprema de Juticia adoptada en proceso penal adelantado contra un congresista, tendría incidencia en un fallo que resuelva sobre la solicitud de pérdida de la investidura, pues ya la Sala anteriormente en otra decisión fue muy clara en el sentido de que tratándose de las causales 4ª y 5ª del art. 183 de la Carta, es indispensable la sentencia judicial condenatoria para dar trámite a la pérdida de investidura, pues son conductas que solamente pueden ser calificadas por la jurisdicción competente.

De modo que considerando que está probada, en el caso presente, la causal 1ª del art. 180 de la Carta, había lugar a decretar la pérdida de investidura en los términos del art. 183-1 ib., voté favorablemente la ponencia presentada, pero con las aclaraciones ya expresadas».

Miguel González Rodríguez. 

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