Sentencia AC-5779 de junio 9 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA

PARENTESCO CON FUNCIONARIOS

EXTRACTOS: «La Sala examinará el sentido, alcance y finalidad que realmente tiene la noción de “ejercicio de autoridad civil o política” consagrada en el ordinal 5º del artículo 179 de la Constitución, como elemento fundamental de la inhabilidad allí prevista.

El demandante trae como argumento central para catalogar como “autoridad civil” el ejercicio del cargo de jueces y fiscales, el concepto dado por la Sala de Consulta el 5 de noviembre de 1991, rendido con ponencia del ex consejero doctor Humberto Mora Osejo, según el cual “la autoridad civil corresponde, en principio, a todos los cargos cuyas funciones no implican ejercicio de la autoridad militar”, y que a manera de ejempIo de autoridades civiles que nunca pueden ejercer al tiempo autoridad militar, citó el caso de los jueces y de los fiscales.

La parte demandada, por el contrario, aduce en conclusión, que la autoridad civil tiene relación con la función ejecutiva o administrativa del Estado, enfoque compartido con el Ministerio público según el siguiente párrafo del concepto rendido por la procuradora delegada:

“Por lo tanto, como acertadamente se sostiene por la defensa ... la autoridad civil se relaciona esencialmente con la función administrativa, esto es, con facultades que si bien no están directamente relacionadas con la política, si tienen un alto componente de carácter discrecional que le (sic) permite a los funcionarios que tienen esta (sic) autoridad la posibilidad de orientar la autoridad de los poderes públicos ... por lo tanto es cierto que los conceptos de autoridad civil y política hacen relación a aquellos funcionarios que son de carácter administrativo, o aquellos (sic) que aunque pertenezcan a otra rama del poder público, por razón de su rango influyen de manera general sobre el conglomerado social ...”(fl. 85).

Es criterio de la Sala, según pasa a demostrarse, que el ejercicio del cargo de fiscal no genera inhabilidad para el cónyuge, hermano, compañero, tío y demás parientes que sean o quieran ser congresistas.

No puede dejarse de lado la finalidad o el objetivo que inspira la consagración de la causal 5 del artículo 179 de la Carta. Se trata de garantizar el derecho al voto en condiciones de libertad e igualdad. La Constitución considera que quien sea pariente cercano dentro del tercer grado de consanguinidad, de otro que ejerza autoridad civil o política, puede llevar ventaja respecto de otros candidatos, debido precisamente a la influencia de su pariente obtenida del ejercicio, legítimo inclusive, de esa autoridad civil o política. Para evitar ese desequilibrio, la Constitución prohibió que puedan ser congresistas quienes se hallen en la situación descrita en el ordinal 5º del artículo 179. Pero, igualmente, la Carta Política prohibió que pueda ser congresista no sólo el pariente cercano de quien ejerza esa autoridad, sino además quien la hubiera ejercido propiamente, así:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

2. Quienes hubieran ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa, o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección (...).

5. Quienes tengan vínculos entre sí por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política”.

Algún sentido lógico, jurídico o de justicia debe tener que el constituyente diferenciara expresamente en el numeral 2 el ejercicio de la jurisdicción del ejercicio de la autoridad civil, política, administrativa y militar, para prohibir que quienes las ejercieran pudieran ser congresistas, y que en el numeral 5 omitiera precisamente mencionar a las autoridades jurisdiccional, administrativa y militar para señalar la misma prohibición, pero sólo respecto de los allegados de quienes ejercen exclusivamente “autoridad civil o política”.

Considera la Sala que el constituyente tuvo suficiente claridad al distinguir, que una es la autoridad civil, otra la política y otra la jurisdiccional, como en efecto lo evidencia la confrontación de los numerales 2 y 5 del artículo 179 de la Carta Fundamental. En tales condiciones, la pretensión de confundirlas que se plantea en la demanda, con el sólo ánimo de desfavorecer, carece de asidero constitucional y jurídico.

Ahora bien, la afirmación invocada por el actor, según el cual “la autoridad civil es toda la que no es militar”, traído como sustento de la inhabilidad, no tiene perfecta aplicación en el sublite, en razón a que la tautología “todo lo civil es lo no militar”, conduce indefectiblemente al absurdo de desconocer que el constituyente no definió así a la “autoridad civil” hasta el punto de distinguirla de otras autoridades y no sólo de la militar.

Para la Sala resulta claro entonces que si el constituyente mencionó a la “jurisdicción” y a la “autoridad administrativa”, en el numeral 2 del artículo 179, para efectos de establecer la prohibición, y hubiese querido que ambas categorías fueran parte también del ordinal 5º, así expresamente lo hubiera prescrito. Pero, al no hacerlo, le dijo claramente al intérprete que en materia de inhabilidades, una es la autoridad jurisdiccional, otra es la autoridad civil, otra la autoridad militar, otra la autoridad administrativa y otra la autoridad política. Fuera de ese contexto, sin tener en cuenta la finalidad prohibitiva de la norma constitucional, y en un escenario jurídicamente poco relevante, resulta aceptable la tesis de que el Presidente de la República, los ministros, los jueces y fiscales, procuradores, gobernadores, inspectores de policía pasen por autoridades civiles, sólo para distinguirlas de las militares y eclesiásticas, científicas, etc.

Empero, en el contexto del artículo 179 de la Carta, no es así. Los jueces y fiscales son autoridades jurisdiccionales, no son autoridades civiles, al tenor del artículo 116 de la Carta Política.

Se concluye entonces que el numeral 5 del artículo 179 de la Carta prohíbe que los allegados de quienes ejerzan autoridad civil o política indicados en la norma sean congresistas. No sucede igual con los parientes de quienes ejerzan jurisdicción, autoridad militar, o administrativa, quienes sí pueden aspirar a ser elegidos como miembros del Congreso, por cuanto estos tipos de autoridad no están expresamente relacionados en esa norma superior prohibitiva.

De modo, pues, que un fiscal, por serlo, ejerce meramente función jurisdiccional y, por consiguiente, su sedicente hermano, por no encontrarse incurso en inhabilidad, bien puede ser congresista».

(Sentencia de junio 9 de 1998. Expediente AC-5779. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar).

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