Sentencia AC-5814 de junio 9 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SINDICATOS

TIENEN PLENOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

EXTRACTOS:«1. La participación política en el estado colombiano. El modelo democrático liberal de Estado se consolidó en el mundo occidental con una institución fundamental que ha garantizado su continuidad y desarrollo: la representación de la voluntad popular. A través de la denominada democracia representativa el pueblo legitima el poder del Estado.

Los canales que tradicionalmente han servido para la formación y expresión de la voluntad política han sido los partidos políticos. En efecto, con la aparición de los partidos se hizo posible la mediación entre el ciudadano, como sujeto político, y la voluntad nacional expresada en el órgano representativo. De allí el rol tan importante cumplido, por los partidos, al constituirse en actores político-constitucionales, en órganos intermedios entre el gobernante y los asociados, y al haber posibilitado el acceso de los ciudadanos a la formación de la voluntad estatal.

En Colombia, el anterior esquema de representación política impulsada por los partidos ha guiado gran parte de la vida republicana. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 introdujo una importante innovación al permitir que los movimientos políticos y las organizaciones sociales puedan acceder a las corporaciones de representación popular. En efecto, el artículo 107 de la Carta prescribe:

“Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos” (Se destaca)

Por su parte el artículo 108 superior establece que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno” (inc. 3º), y luego prescribe que “los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”.

Es asaz importante que el nuevo orden constitucional permita que una serie de actores tradicionalmente excluidos del acceso a la representación política, puedan participar democráticamente a plenitud. Se trata de actores políticos y sociales organizados que, en grado similar a los partidos políticos, se han constituido en voceros autorizados de diversos grupos e intereses políticos sociales que defienden sus derechos y persiguen propósitos comunes. Esta innovación institucional era conocida para la época en la Constitución de la disuelta Unión Soviética, artículo 100.

El profesor Manuel García Pelayo expresa sobre estos nuevos actores político constitucionales lo siguiente:

“...vienen a ser, así, la mediación entre el sistema constitucional como mero orden normativo y el sistema constitucional como orden jurídico político concreto de un pueblo. La actualización de la Constitución por parte de dichos actores puede tener lugar a través de distintas vías, entre las cuales interesa mencionar la de influir en las decisiones y en la ejecución (en lo que se incluye la desviación) de las decisiones de los órganos constitucionales, con lo cual cabe la posibilidad de que la mediación antes aludida se transforme en mediatización.”(1)

(1) Manuel García Pelayo. Las transformaciones del Estado Contemporáneo, Madrid: Alianza Editorial, 1977, p. 107-109.

2. Las organizaciones sociales como actores político constitucionales. Cuando la Carta Política se refiere a “organizaciones sociales”, se está ante la presencia de los denominados por la hermenéutica constitucional “conceptos jurídicos indeterminados”, los cuales requieren concretización por parte del juez en orden a evitar que discrecionalmente se escoja una acepción entre varias soluciones posibles, bajo criterios de conveniencia u oportunidad, ajenos a un juicio en derecho.

La significación destinada a tener relevancia jurídica debe ser aquella que sea coherente con el uso social que la expresión semántica tiene en el contexto cultural en donde está vigente, es decir, el ámbito nacional, e igualmente debe ser coherente con el sistema jurídico en el cual se inscribe y está llamada a producir efectos.

Desde el punto de vista histórico, las asociaciones surgieron en la época contemporánea como superación al individualismo a ultranza propio de la revolución liberal; han respondido a la necesidad que han experimentado los individuos aislados de asociarse para defender sus intereses y conquistar reivindicaciones frente a poderes privados o estatales cada vez más desafiantes.

Al respecto Norberto Bobbio sostiene:

“...los grupos se han vuelto cada vez mas los sujetos políticamente pertinentes, las grandes organizaciones, las asociaciones de la más diferente naturaleza, los sindicatos de las más diversas actividades, los partidos de las más diferentes ideologías y, cada vez menos, los individuos. No son los individuos sino los grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática”.(2)

(2) Norberto Bobbio. El futuro de la democracia. Santafé de Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 17 y 18.

Hoy, los diversos estatutos constitucionales del mundo reconocen la asociación como un derecho fundamental, entendido como el libre y voluntario ejercicio de los ciudadanos para fundar o integrar formalmente agrupaciones permanentes, es decir, organizadas, encaminadas a la consecución de fines específicos.

La vocación de permanencia hace que las asociaciones se distingan de la mera reunión, que por definición son de duración limitada y gozan de informalidad. Además, las organizaciones sociales, como su nombre lo indica, revisten un grado mayor o menor de formalidad, en cuanto requieren de un acuerdo de constitución, definición de sus objetivos y diseño de una organización y estructura interna.

Como lo han sostenido algunos doctrinantes, las asociaciones u organizaciones sociales persiguen fines de carácter no lucrativo, rasgo importante que las diferencia de las sociedades mercantiles, cuya finalidad es bien distinta y cuyo reconocimiento constitucional se realiza con fundamento en la libertad de empresa más que en el derecho de asociación.(3)

(3) Cf. Joaquin García, Derecho Constitucional, vol I, Tirán Le Blanch, pp 249 y 250.

La anterior caracterización es coherente con los enunciados constitucionales. De allí el sentido del precepto del artículo 103, inciso 2º de la Carta, cuando expresa:

“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyen mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (Se destaca).

3. Los sindicatos como actores político-constitucionales. Las asociaciones sindicales constituyen, sin lugar a dudas, una especie de organizaciones sociales; en efecto, reúnen las características esenciales de éstas: un acto libre de constitución, vocación de permanencia, grado mayor o menor de formalidad, organización y estructura internas, su lección a la ley y a los principios democráticos (art. 39 de la Carta) y objetivos gremiales y solidarios. Según el artículo 10 del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, aprobado mediante Ley 26 de 1976, las organizaciones de trabajadores tienen por objeto “fomentar y defender los intereses de los trabajadores”.

Con relación a los sindicatos considerados como actores político-constitucionales se produjo un cambio fundamental, por cuanto el artículo 379, literal a del Código Sustantivo del Trabajo establecía la siguiente prohibición a los sindicatos de todo orden:

“Intervenir en la política partidista o en asuntos religiosos, haciéndose representar en convenciones o directorios políticos, o en congresos o congregaciones confesionales, subvencionando partidos políticos o cultos religiosos o lanzando oficialmente candidaturas a cargos de elección popular ...”

La anterior prohibición fue derogada por el artículo 116 de la Ley 50 de 1990 y, por contera, la Constitución Política de 1991 atribuyó a los sindicatos plenos derechos de participación política por su condición de organizaciones sociales».

(Sentencia de junio 9 de 1998. Expediente AC-5814. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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