CONSEJO DE ESTADO

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA

ES NECESARIA UNA LEY QUE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO

Ref.: Expediente AC-006. Solicitud de pérdida de la investidura de Representante a la Cámara por la Circunscripción de Nariño, del doctor Jesús Ranulfo Rosero Ruano. Actor: José Ignacio Vives Echeverría.

Santafé de Bogotá, D. C., diciembre once de mil novecientos noventa y uno.

El doctor José Ignacio Vives Echeverría, obrando en su condición de ciudadano, solicita de esta Corporación que, dentro del término perentorio de veinte (20) días hábiles y por providencia ejecutoriada, declare que el doctor Jesús Ranulfo Rosero Ruano, declarado elegido como Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral del Departamento de Nariño, para el período 1991 a 1994, ha perdido su investidura de congresista, en razón de que por sentencia proferida por la Sala Contenciosa Electoral del Consejo de Estado, con fecha 26 de mayo de 1987, se declaró nula su elección como Senador suplente y se le canceló su credencial, para el período constitucional 1986 - 1990.

Fundamenta su solicitud en lo dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de 1991, y considera que la “acción” que promueve es una nueva acción, muy “distinta de la acción contencioso administrativa del proceso electoral (arts. 223 a 251, C.C.A.) y también distinta de la acción contencioso administrativa ordinaria (arts. 206 a 214 ibídem)”, por lo cual para “el debido proceso”, el Consejo de Estado, para conocerla y decidirla dentro del término de los veinte (20) días hábiles, sólo debe tener en cuenta los documentos que se aporten y su valor probatorio.

Para decidir,

Se considera

I. Realmente, el artículo 183 de la actual Constitución Política estableció que los congresistas perderán su investidura, cuando se dé una o varias de las causales expresamente consagrada en esa norma, y, en concordancia con ella, en el artículo 184 ibídem se le asignó al Consejo de Estado la competencia para decretar esa pérdida, “ en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”, razón por la cual es clara e incontrovertible la competencia de esta Corporación para conocer de la solicitud formulada en tal sentido por el Dr. Vives Echeverría.

II. No obstante, la Carta no previó el procedimiento especial correspondiente, en orden a garantizar el derecho fundamental del “debido proceso” que debe aplicarse a toda actuación judicial y administrativa, consagrado en el artículo 29 de la misma, y que implica el que el demandado o sindicado pueda ejercer su derecho a la defensa, presentando pruebas y controvirtiendo las que se alleguen en su contra, propio todo ello de un estado de derecho.

III. Podría pensarse, entonces, que a la solicitud de pérdida de la investidura de congresista, por no haberse establecido en la Constitución Política un procedimiento especial, se le debe dar el trámite del juicio o procedimiento ordinario, según el mandato contenido en el art. 206 del C.C.A., en la forma como quedó después de su subrogación por el art. 45 del Decreto 2304 de 1989.

Sin embargo, la Sala considera que ello no es posible, por cuanto, la obligación constitucional impuesta al Consejo de Estado de resolver la solicitud “en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”, hace imposible la tramitación de la solicitud, con garantía del debido proceso, en ese término perentorio, si se tienen en cuenta los términos de las diferentes etapas del proceso contencioso administrativo ordinario (notificación personal a la persona o personas que tengan interés directo en el resultado del proceso, o notificación por edicto emplazatorio, designación de curador ad litem, fijación del negocio en lista por el término de cinco días, período probatorio, traslado para alegar de conclusión y eventual intervención del Ministerio Público), y, por cuanto, de otro lado, la frase del precitado art. 184 de la Constitución “será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley”, debe conducir a la conclusión de que corresponde a ella, a la ley, determinar un procedimiento breve y sumario para el trámite de la solicitud, que, sin dejar de serlo, garantice el derecho fundamental del “debido proceso” que tiene el congresista respecto del cual se solicita la pérdida de su investidura de tal.

IV. En síntesis que, mientras no se expida por el Congreso de la República la ley a que se refiere la norma constitucional a observar por esta Corporación para decidir la solicitud de pérdida de investidura de congresista, no le es posible al Consejo de Estado asumir la competencia para conocer de esta clase de solicitudes, pues, por lo demás, sabido es que no le es dado al juez crear o inventar procedimientos jurisdiccionales para la decisión de las contenciones que ante él se planteen.

En consecuencia, la Sala habrá de abstenerse de conocer, por ahora, de la solicitud de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Unitaria,

RESUELVE:

Abstenerse de conocer y dar trámite a la solicitud de pérdida de la investidura de congresista, para el período 1991-1994, del doctor Jesús Ranulfo Rosero Ruano, como representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral de Nariño.

Cópiese, notifíquese y archívese.

Miguel González Rodríguez, Consejero de Estado.

_____________________________