Sentencia AC-8192 de septiembre 23 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENClOSO ADMINISTRATlVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Jorge Oliveros

Asuntos Constitucionales - Acción de tutela.

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia del 9 de julio de 1999, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá, decidió tutelar el derecho al debido proceso, según solicitud presentada por el señor Jorge Oliveros, por intermedio de apoderado.

I. Antecedentes

1. La solicitud

A. Pretensiones

El señor Jorge Oliveros, instauró acción de tutela como mecanismo transitorio contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia, con el objeto de solicitar la protección del derecho fundamental al debido “proceso y la libertad personal que, según él, se le han violado por vía de hecho, al vincularlo y proferir, mediante providencia del 16 de septiembre de 1997, sentencia de condena en contra de Jorge o Jorge Eliécer Oliveros, a 6 años y 8 meses de prisión como autor responsable del homicidio del señor Hugo Antonio Gutiérrez Moreno.

B. Hechos

Como fundamento de la solicitud, el peticionario aduce, en resumen, los siguientes hechos:

1. El Juzgado Único Promiscuo Municipal de Milán, inicio el 1º de septiembre de 1991, proceso penal en contra de Jorge Eliécer Oliveros como autor del delito de homicidio en Hugo Antonio Gutiérrez Moreno ocurrido el 15 de agosto del mismo año. Por competencia dicho proceso fue remitido al Juzgado Once de Instrucción Criminal de Florencia, que adelantó la etapa instructiva.

2. Abierta la investigación en contra de Jorge Eliécer Oliveros como presunto autor del homicidio, de quien se desconocían sus datos civiles y personales, se le declaró reo ausente. El juzgado instructor, resolvió la situación jurídica y decretó detención preventiva en su contra. Posteriormente solicitó al registrador de instrumentos públicos de Florencia, certificación sobre las propiedades del citado señor Oliveros en la vereda Bello Horizonte de Granario, municipio de Milán (Caquetá). Dicho funcionario informó que a nombre del señor Jorge Oliveros, con cédula de ciudadanía Nº 4.944.508 de Tello (Huila), aparece registrado un inmueble, identificado como parcela Nº 3 ubicado en el municipio de San Vicente.

3. La información anterior, es el fundamento de la vinculación del peticionario al proceso, y el juez instructor, obtiene copia de la cartilla decadactilar remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con los datos que allí aparecen y el reconocimiento fotográfico sin el lleno de los requisitos del artículo 369 del Código de Procedimiento Penal, el funcionario instructor creyó que había identificado plenamente al autor del delito, objeto de la investigación.

4. Que él no cometió el delito, que está injustamente detenido, que nunca ha vivido ni conoce el sitio en donde se cometió el delito que se le imputa. Sus rasgos y circunstancias de hombre de 53 años de edad, campesino y con un hogar estable conformado por su esposa Adelina Gutiérrez e hijos, que han vivido, por más de 14 años en la parcela adjudicada por el Incora en San Vicente del Caguán, no guardan relación con las descritas por testigos en el proceso, quienes aseguran el autor del homicidio era un hombre joven, de 30 a 36 años de edad, que tenía una finca en la vereda Bello Horizonte de Granario, Caquetá, y de quien se sabía que su madre se llamaba Mercedes Oliveros. Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó sobre la existencia de homónimos con el nombre de Jorge Oliveros.

5. A pesar de las serias inconsistencias probatorias, por cuanto no existía plena identificación e individualización del sujeto Jorge Eliécer Oliveros, la Fiscalía Octava Seccional de Florencia (Caquetá), acusó de responsabilidad al señor Jorge Oliveros. Y no obstante que en la audiencia pública la señora procuradora y la defensa hicieron ver el yerro que se presentaba en el proceso, el juzgado primero penal del circuito de la misma ciudad, profirió sentencia condenatoria de 6 años y 8 meses en contra del señor Jorge o Jorge Eliécer Oliveros.

6. El peticionario fue retenido el 19 de junio de 1999 y puesto a disposición del Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de esa ciudad.

7. Como resulta ser un homónimo del verdadero autor del ilícito, pues existen los yerros investigativos y probatorios, existen circunstancias para acudir en acción de revisión, es decir existe otro medio de defensa judicial. Pero para evitar un daño irreparable, se le deben tutelar sus derechos fundamentales mientras se ejerce esa acción.

2. Contestación

El doctor Jamid Antonio Jaramillo Trujillo, en su calidad de Juez Primero Penal del Circuito de Florencia, respondió la solicitud de tutela. Planteó que la sentencia condenatoria contra Jorge o Jorge Eliécer Oliveros, por el homicidio del señor Hugo Antonio Gutiérrez Moreno, se produjo con fundamento en pruebas aducidas y analizadas en el proceso, las cuales fueron suficientes para identificar e individualizar al acusado. En la sentencia condenatoria quedó plasmada la certeza de la responsabilidad penal y su correspondiente motivación. Y en su motivación se dan las pautas para obviar el inconveniente de un homónimo. Considera que como la sentencia tiene un claro fundamento objetivo, no se da la vía de hecho, pues respecto de ésta, la Corte Constitucional ha señalado que son decisiones que contienen un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo. Finalmente consigna que hace falta ver la contundencia de las pruebas que arrime el accionante de la tutela.

3. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Caquetá decidió tutelar el derecho al debido proceso invocado por el peticionario e invalidó lo actuado dentro del proceso penal seguido en el juzgado primero promiscuo del circuito por el homicidio de Hugo Antonio Gutiérrez Moreno, a partir del emplazamiento que aparece a folio 28 de la copia del expediente remitido a esa corporación. Igualmente ordenó al juzgado, en realidad, Primero Penal del Circuito de Florencia, como corresponde, la remisión del expediente que contiene el proceso penal a la unidad de fiscalía que corresponda, para que reponga lo actuado, según lo indicado en las consideraciones del fallo. También ordenó la libertad inmediata del señor Jorge Oliveros. Para adoptar esas decisiones, el tribunal expuso las siguientes consideraciones principales:

a) La vinculación de Jorge Oliveros al proceso penal adolece de protuberantes vulneraciones del debido proceso, desconocimiento protuberante de las condiciones fácticas relacionadas con la identificación del homicidio y, además, según la información de la Registraduría del Estado Civil, varias personas tienen el mismo nombre, no obstante lo cual ni el instructor ni el fallador desplegaron la diligencia necesaria y suficiente para descartar todas las dudas frente a la identidad del sujeto activo del delito;

b) Los funcionarios de instrucción actuaron a su arbitrio al vincular a una persona desconocida, cuyas condiciones civiles y personales que lo identificaron permanecieron ignoradas; por eso acusaron a una persona, que conforme a los documentos recaudados tenía otros con el mismo nombre. Todas esas deficiencias se erigen en una vía de hecho por defectos procesales;

c) El juez de la causa también incurrió en deficiencias protuberantes, pues no advirtió las anotadas deficiencias procesales y, como corolario de ello, no buscó con todos los medios a su alcance a desvirtuar la duda frente a la identidad del prófugo.

4. La impugnación

Inconforme el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia (Caquetá) con la decisión del tribunal, la impugnó dentro del término legal. Expresó su disentimiento con la sentencia y su identificación con el salvamento de voto de uno de los magistrados, quien, al respecto, en esencia, planteó la inexistencia de las vías de hecho para deducir que no se presenta la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso y la libertad personal y que, además, existen otras vías o recursos judiciales de que dispone el peticionario —habeas corpus y recurso de revisión.

II. Consideraciones

El artículo 86 de la Carta Política establece que las personas pueden interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

En el presente caso, corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada por el Juez Primero Penal del Circuito de Florencia contra la sentencia del tribunal que decidió tutelar el derecho; al debido proceso, cuya protección solicitó el peticionario en ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio.

La tutela se dirige contra la sentencia judicial mediante la cual el peticionario fue condenado por el juzgado primero penal del circuito a la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de prisión como autor responsable del homicidio de Hugo Antonio Gutiérrez Moreno.

Ahora, esta sección invariablemente ha sostenido la improcedencia de la acción de tutela respecto de las providencias judiciales, aun antes de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 —en la sentencia C-543 de 1992—, que sí la permitían.

Es cierto que la citada corporación mantiene criterio exceptivo a la improcedencia de la acción de tutela respecto de providencias judiciales, en cuanto considera que sí procede ese mecanismo cuando éstas contienen decisiones que pueden catalogarse de vías de hecho.

Esta Sala no comparte el anterior criterio, pues, como lo dicho ya en otras oportunidades, considera que su aceptación implica el desconocimiento de los principios de la cosa juzgada, la seguridad de las decisiones judiciales, e incluso, de la independencia de los jueces, consagrada en el artículo 228 de nuestra Constitución.

En sentencia de marzo de 1999, con ponencia del consejero Roberto Medina López, la sección expresó:

“Las decisiones de los jueces no se pueden discutir dentro del proceso breve y sumario establecido para el ejercicio de una acción de tutela, no solamente por la autonomía que respalda al juez al dictarlas, sino porque existen los procedimientos genuinos para controvertirlas. Con esta somera consideración se destacan los sencillos instrumentos usuales y regulares de que dispone la propia rama judicial para solucionar toda suerte de discrepancias internas y externas que son de su competencia y para sancionar los atropellos de los funcionarios judiciales.

(...)”.

Por lo expuesto, la tutela solicitada es improcedente. De consiguiente, la sentencia impugnada se revocará.

III. La decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia del 9 de julio de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá. En su lugar, se dispone:

1. Se rechaza por improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Jorge Oliveros.

2. Comuníquese esta decisión al Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juez Primero Penal del Circuito de Florencia.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y copia de esta providencia al tribunal de origen.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Roberto Medina López, Presidente—Mario Alario Méndez, ausente con excusa legal—Reinaldo Chavarro BuriticáDarío Quiñones Pinilla.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

__________________________________