Sentencia AC-8417 de septiembre 30 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: AC-8417

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Medina López

Actor: Fabio R. Romo Martínez

Santafé de Bogotá, D.C., treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Se decide sobre la impugnación concedida al actor contra el fallo del tribunal administrativo del Valle del Cauca, del seis de agosto del presente año, mediante el cual se deniega la acción del tutela.

Antecedentes

En escrito presentado el 26 de julio del año en curso, el médico Fabio Ricardo Ramo Martínez, ante el tribunal administrativo del Valle del Cauca, demandó protección de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, al trabajo, a la protección de la tercera edad, a la igualdad y a la seguridad social, que considera vulnerados por las secretarías de servicios administrativos y de salud del Valle del Cauca y el Hospital San Vicente de Paúl de Palmira, parte del “convenio interadministrativo suscrito entre el departamento del Valle del Cauca - Secretaría Departamental de Salud y las empresas sociales del Estado del departamento y algunas IPS convenio 017 12.97”. “Y del cual —continúa el peticionario— la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Palmira es signatario, me incluya desde ya entre los beneficiarios de ese fondo territorial de pensiones para cuando él sea una realidad”.

Relata el solicitante que es pensionado de la entidad hospitalaria desde el 9 de abril de 1996, según su resolución GP 193 de esta fecha; que desde el mes de septiembre de 1998, el hospital no le cancelaba las mesadas y que en abril del presente año presentó tutela que se la concedió el tribunal administrativo del Valle del Cauca, fallo que no fue impugnado, ni cumplido, pues que el hospital le debe más de doce millones de pesos de un “convenio de pago” y los meses de abril, mayo, junio y “prácticamente julio de 1999”; que la circular 104-98 del secretario de salud, del subdirector financiero y del jefe de la oficina jurídica del departamento, enviada a las directivas del hospital, indica que debe dirigirse al seguro social o entidades de pensiones, para que asuman esas obligaciones y adelanten las gestiones correspondientes a la negociación de los bonos pensionales; que el hospital ni le descontó cotizaciones ni las aportó al seguro social; que las autoridades departamentales consultaron con el Ministerio de Salud, la situación de los pensionados “que son acreedores a un bono pensional o a una cuota parte, será que el departamento los puede acoger en el fondo de pensiones y pasar a dicho fondo la cuota parte y la institución hospitalaria pagaría el excedente de lo que cueste la pensión de jubilación de estas personas”; que el Dr. Orlando Carvajal del Ministerio de Salud respondió que a las entidades públicas y privadas del sector salud se les prohibió asumir directamente el pago de las prestaciones sociales y económicas, esto es que las pensiones y cesantías deben atenderse mediante afiliación a otras entidades de manera que “una posible solución” sería que el bono pensional de los afectados lo “acoja el fondo territorial de pensiones del departamento, en razón de que el Instituto de Seguros Sociales no tenía obligación de acogerlos, ya que, como usted lo indica, ninguno de estos pensionados cotizó a dicha institución”.

Prosigue el solicitante con bastantes consideraciones sobre la difícil situación económica del sector salud, el pasivo pensional, la falta de responsabilidad de las entidades de salud, incluido el hospital de Palmira, sus derechos adquiridos, su salud, desafiliación a un fondo responsable de pensiones y la necesidad de cubrir obligaciones personales y familiares.

El fallo impugnado

El actor presentó numerosos documentos que sin duda alguna respaldan con robusta solidez sus afirmaciones, como se observa de folios 1 a 52. No obstante, el a quo en sala de decisión, procede a generar la petición “por cuanto no aparece prueba que evidencie la vulneración o amenaza por parte de las demandadas, de los derechos fundamentales a que se refiere el escrito, en especial el derecho a la vida y la igualdad...”.

El escrito de impugnación, que el actor denomina de reconsideración, es un resumen de la petición principal.

Consideraciones

El artículo 86 de la Carta Política establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de la autoridad pública, y que esta acción es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial; salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Hay tres aspectos centrales en torno de este extraño caso de tutela que se deben resaltar porque están indicando una evidencia falta de atención de las autoridades judiciales y administrativas.

1. El actor presentó copia de la Resolución GP 193 del 9 de abril de 1996, suscrita por el director del Hospital San Vicente de Paúl de Palmira, en cuyas consideraciones se deja constancia de cumplimiento de las condiciones de tiempo y edad que lo hacen merecedor a una pensión vitalicia de jubilación, que se le reconoce en la parte resolutiva por una suma superior al millón de pesos, con los reajustes legales y los descuentos de salud, y asume el pago en su integridad la misma entidad hospitalaria (fls. 1 a 4). Nadie ha puesto en tela de juicio ese documento, ni su contenido, ni ha sido revocado, ni ha sido demandado.

2. Con los mismos argumentos expuestos en este caso, el actor había impetrado la tutela de sus derechos, vulnerados por el Hospital San Vicente de Paúl de Palmira, ante el tribunal administrativo del Valle del Cauca, corporación ésta que en fallo del 20 de abril del presente año, con ponencia de la magistrada Bertha L. González, en sala con los magistrados Fernando Guzmán García y Emilce Gutiérrez Rodríguez, ordenó al hospital citado que en el término de treinta días cancelará las mesadas atrasadas que hasta esa fecha subían a siete y dos primas semestrales. (fls. 30 a 40). El fallo quedó ejecutoriado, dice el actor, pero no fue acatado y eso lo llevó a pedirle a la misma sala de decisión que lo hiciera cumplir (fls. 41/2), pero se desconoce la suerte del incidente.

3. Finalmente, arroja eso el resto de la documentación aportada, el actor, que no goza de otros ingresos, salvo alguna pequeña suma por concepto de clases que dicta en una universidad, tiene que comenzar una dura batalla con las entidades de salud regionales y nacionales, para tratar de identificar el fondo encargado del pago de la pensión, capítulo que se ha convertido en un auténtico viacrucis para el peticionario, puesto que nadie acierta con una respuesta siquiera aproximada.

De estas informaciones que proporciona con generosidad el expediente, no se percató la sala del tribunal autora del segundo fallo, que si las hubiera leído, no solamente no habría entrado en contradicción flagrante con el primer fallo, ni hubiera desatendido tanto el inhumano tratamiento a que ha sido sometido el peticionario, ni mucho menos hubiera desconocido que se trata de un caso juzgado.

En efecto, demostrado que la misma corporación, en sala distinta, en fecha anterior decidió tutelar los derechos del peticionario, que la acción se dirigió contra la misma empresa de salud, por la misma causa, el camino indicado desde el comienzo, hubiera sido el de tramitar de manera inmediata el incidente de desacato contra el director del hospital, a cuyo cargo corre la obligación de respetar el derecho a la pensión que le reconoció y que hoy no puede negarle, ni escudarse en su difícil situación económica, ni trasladar a una entidad que no ha comenzado a operar.

La decisión impugnada, entonces, será revocada para darle paso, en su lugar, al inmediato cumplimiento del fallo del veinte de abril del corriente, proferido por la misma corporación y mediante el cual se tutelan los derechos del peticionario y al incidente del desacato contra el director del hospital, que puede hacerse extensivo contra el alcalde de la ciudad de Cali, en su condición de presidente de la junta directiva.

En mérito de lo expuesto la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE, la providencia impugnada que lleva fecha seis de agosto del presente año y, en su lugar se ordena estar a lo dispuesto en la del veinte de abril pasado, ambas proferidas por el tribunal administrativo del Valle del Cauca.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y copia de esta providencia al tribunal de origen.

Líbrese inmediatamente comunicación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

Roberto Medina López—Mario Alario Méndez—Reinaldo Chavarro Buriticá—Dario Quiñonez Pinilla—Mercedes Tovar de Herrán 

______________________________________