Sentencia AC-8706 de octubre 14 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Carlos A. Orjuela Góngora

Ref: Expediente Nº AC-8706

Actor: Luis Ernesto Vargas Ovies y otra.

Asuntos constitucionales

C/municipio de Neiva-Huila

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la providencia del 22 de julio de 1999, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Huila concedió la tutela deprecada por los señores Luis Ernesto Vargas Ovies y María Nixia Colmenares de Vargas contra el Municipio de Neiva.

Consideraciones

Tal como lo advirtió el a quo, en lo concerniente al presunto quebranto del derecho a la igualdad y del derecho de petición, no existe certeza que pudiera darle visos de prosperidad a la tutela impetrada, siendo del caso entonces concentrarse en el tema concerniente a la violación del debido proceso.

En efecto, consta en el plenario que mediante comunicación del 28 de enero de 1999 (fl. 28) el abogado Reinaldo Losada Barreto, en su condición de mandatario del municipio de Neiva, requirió a la señora Nixia Colmenares de Vargas con el fin de que pagara el valor del impuesto predial unificado correspondiente al período gravable 1995-1998. Igualmente le indicó que a dicha deuda se le sumaban los intereses y los honorarios profesionales.

Ante tal comunicación la requerida se dirigió por escrito al juez de ejecuciones fiscales de Neiva solicitándole la liquidación del mencionado impuesto, a fin de realizar el pago y obtener el paz y salvo y el levantamiento de la medida cautelar practicada por el municipio. En el mismo escrito la peticionaria invocó la aplicación del artículo 468 del Acuerdo Municipal 073 del 26 de noviembre de 1998, que dice:

Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración para hacer efectivo el cobro” (fl. 29).

En respuesta a esta solicitud el juzgado de ejecuciones fiscales de Neiva (a través de un profesional universitario) le especificó a la ejecutada el valor del impuesto insoluto, agregando que;

“En consecuencia y en virtud al (sic) contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la Administración Municipal y el Doctor Reinaldo Losada Barreto, el título ejecutivo fue entregado al referido profesional para el respectivo cobro, por lo que, los honorarios respectivos le deberán ser cancelados por usted” (fl. 30).

Ante esa oficiosa apología de los honorarios del abogado la ejecutada le pidió al Tesorero Municipal que le recibiera el pago del impuesto predial unificado sin lugar a honorarios (fls. 31, 32), al propio tiempo que recabó explicaciones del juez de ejecuciones fiscales sobre las normas que aplicaba el municipio para hacer más onerosos y lesivos los impuestos e intereses moratorios de cargo de los contribuyentes del fisco municipal (fls. 33, 36). En el mismo sentido se dirigió al alcalde de Neiva (fls. 37, 38), para luego proceder a realizar el pago del tributo mediante consignación en el Banco Popular (fl. 39). Estas acotaciones sobre los hechos acaecidos son suficientes para decir que en el caso planteado se vulneró flagrantemente el derecho al debido proceso, tal como pasa a verse:

La prescripción que hace el Acuerdo 073 de 1998 del concejo municipal de Neiva en torno a los gastos en el procedimiento administrativo coactivo, debe entenderse referida exclusivamente al monto de los tributos municipales causados, a sus intereses y sanciones. Por manera que los gastos de administración de tales tributos (que de suyo incorporan el cobro persuasivo y coactivo) debe soportarlos enteramente el municipio, tal como ocurre en el nivel nacional con los impuestos que le competen a la DIAN.

En esta perspectiva los honorarios que reclama el abogado contratado por el municipio de Neiva aparecen como un elemento extraño al impuesto predial unificado, que a más de ser antijurídicamente dañoso a los intereses patrimoniales de la parte demandante constituye grave amenaza contra el buen nombre que para sí reclama la administración pública y sus servidores.

Bajo tales respectos es de entender que a instancias del Estado social de derecho que hoy pretendemos construir, en todas las actuaciones debe primar el principio de legalidad tanto en lo sustantivo como en lo procedimental, de suerte que a todo servidor público le está vedado acometer conductas tendientes a “crear” trámites ad hoc, y mucho menos celebrar contratos de prestación de servicios profesionales al amparo de una mal entendida recuperación de cartera morosa, que como en el presente asunto, genera compromisos contractuales en cabeza de la administración municipal de Neiva, que no a cargo de la parte actora.

Pero las cosas no se detienen aquí, pues contra todo presupuesto legal ha sido la misma administración municipal de Neiva quien se ha opuesto a la recepción del monto impositivo que en términos de honorarios profesionales tanto le preocupa. Como que la ejecutada se vio precisada a realizar el pago del tributo a través de una consignación en el Banco Popular, esto es, enfrentando una mora creditoris más propia de la desviación de poder que de un auténtico ánimo recaudador.

Pues bien, con su inopinada actuación la administración municipal de Neiva obstruyó el debido proceso que debe campear en los trámites de cobro persuasivo y coactivo de los tributos municipales; vale decir, merced a su inadmisible tozudez el municipio demandado quebrantó el principio fundamental del debido proceso que debe informar toda actuación judicial o administrativa, llevándose de calle además, no sólo el respeto que merece todo sujeto pasivo de la obligación tributaria sino la filosofía que inspira la autonomía regional en términos de eficiencia fiscal.

Consecuentemente la Sala estima que la tutela impetrada está llamada a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, (...)».

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