Sentencia AC-9024 de noviembre 25 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA — SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Actor: Yuri Ricardo Díaz Hernández

Acción: Tutela

Impugnación

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de octubre del presente año, que rechazó por improcedente la acción de la referencia.

I. La solicitud de tutela

Yuri Ricardo Díaz Hernández solicita en ejercicio de la acción de la referencia y como mecanismo transitorio que se ordene al gobernador del departamento del Valle del Cauca que le pague aumento salarial al que considera tener derecho, hasta que la justicia contencioso administrativa dirima el conflicto.

Hechos

Refiere el actor que, desde el 4 de julio de 1995 labora como inspector de policía, cargo que se encontraba en la estructura de la administración departamental del Valle del Cauca en el nivel operativo categoría 2.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 la administración central ajustó la denominación de los empleos y colocó a los inspectores de policía en un nivel técnico pero sin mejorar su salario.

Manifiesta que los mecanismos de la vía ordinaria no son expeditos, por lo que acude a la tutela a fin de evitar que su familia continúe viviendo en forma inapropiada por la falta de recursos económicos.

II. Actuación procesal.

Al contestar la solicitud de tutela la gobernación del Valle del Cauca, señaló que la administración central expidió el Decreto 2116 “Por medio del cual se ajustaron las denominaciones de los empleos de la administración central del departamento del Valle del Cauca” y que las nomenclaturas que allí se adoptaron cuentan con cinco dígitos, así: el primero señala el nivel al cual pertenece el empleo, los dos siguientes indican su denominación y los dos restantes corresponden a la asignación básica salarial fijada por la asamblea. Agregó que la tutela es improcedente para resolver conflictos entre patronos y trabajadores, y que en todo caso la nivelación y recategorización le corresponde realizarla a la asamblea departamental.

III. El fallo impugnado

El tribunal rechazó por improcedente la acción de tutela debido a que el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para “controvertir los actos que dispusieron su reubicación dentro de la nueva estructura de la administración departamental”. Agrega: “aunque sería posible determinar si la remuneración devengada se encuentra o no acorde con el nivel del cargo que desempeña, en el presente caso, dicha revisión no es posible hacerla, toda vez que no se acredita con ningún documento su aseveración, motivo por el cual como sólo se cuenta con la información suministrada por la entidad demandada, a ella debe atenerse la corporación”.

IV. Fundamentos de la impugnación.

El actor insiste en que los mecanismos judiciales no son expeditos, razón por la cual cuando se produzca el fallo su problemas económicos se habrán agravado.

Señala que la prueba que echa de menos el tribunal para determinar si el sueldo que devengan los inspectores de policía está, o no, acorde con el nivel que corresponde a estos cargos, no la allegó al proceso por causa de la negativa de la administración para entregarla; por lo que solicita que se requiera a la gobernación del Valle del Cauca para que certifique cuál era el grado de menor categoría del nivel técnico en los años 93 a 98.

V. Consideraciones de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra del fallo que rechazó por improcedente la acción de la referencia.

En el caso bajo juicio la parte actora acudió a la tutela como mecanismo transitorio para que se ordene al gobernador del Valle del Cauca que le pague un salario acorde con el trabajo que desempeña; pues el que ahora devenga es inferior al que cree tener derecho. Considera que por haber pasado el cargo de inspector de policía del nivel operativo al nivel técnico debe aumentársele el sueldo para ponerlo en armonía con este cambio.

La controversia en torno a un aumento salarial no es susceptible de ser dirimida a través de la acción de tutela como mecanismo transitorio debido a que el perjuicio que se pretende precaver es de orden meramente económico dado que el actor cuenta con un ingreso salarial que asegura su mínimo vital y el de su familia.

La honorable Corte Constitucional señaló que los siguientes elementos son los que se deben tener en cuenta para establecer si existe, o no, perjuicio irremediable:

“En primer lugar hay que examinar si las acciones u omisiones son manifiestamente ilegítimos y contrarios a derecho, “pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del presunto afectado”. En segundo lugar, el daño debe ser grave, “sólo la irreparabilidad que recae sobre un bien de gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como grave”. Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que “se haría inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho”. Y ante esa inminencia, “las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes e impostergables””.

En el presente caso no se puede predicar que existe perjuicio irremediable debido a que la actuación de la administración se respalda en un acto administrativo que se presume válido, y el perjuicio que se causa no es inminente, urgente, ni irreparable dado que como ya se señaló no afecta el mínimo vital del actor razón por la cual la acción de tutela no está llamada a prosperar.

El argumento según el cual se acude a la tutela porque la justicia competente es lenta no es de recibo dado que como se ha señalado en reiteradas oportunidades la acción de tutela es una acción eminentemente residual y subsidiaria que no procede para omitir los procesos ordinarios, ni para obtener en forma expedita pretensiones susceptibles de ser solicitadas ante las respectivas instancias judiciales, ni modificar las reglas de competencia de los jueces.

La tutela fue consagrada para la protección de derechos fundamentales de las personas, por lo que el utilizarla en sustitución del proceso ordinario y para pretermitir términos judiciales a fin de obtener con celeridad la satisfacción de cierto interés la desnaturaliza por completo.

Así las cosas, se impone la confirmación del fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 8 de octubre de 1999, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de fecha veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)

Nicolás Pájaro Peñaranda—Alberto Arango Mantilla—Ana Margarita Olaya Forero. 

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria general

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