Sentencia AC-9201 de 9 de diciembre de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Ref.: Expediente Nº AC-9201

Asuntos constitucionales

Actor: Jorge Enrique Peralta de Brigard

Demandada: Banco Coopdesarrollo

Conoce la Sala de la impugnación presentada por el actor contra la providencia del 18 de noviembre de 1999, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la solicitud de amparo formulada por el señor Jorge Enrique Peralta de Brigard.

I. Antecedentes

1. La acción de tutela

Mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 1999 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Jorge Enrique Peralta de Brigard impetró acción de tutela contra el Banco Coopdesarrollo, por cuanto considera vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a acceder al crédito y de libertad económica y de igualdad, consagrados en los artículos 13, 15, 94 y 333 de la Constitución Política (fls. 1 a 22).

En concreto, formula así sus pretensiones:

“1. Ordenar a la entidad bancaria prestadora de los servicios particulares y financieros, accionada restablecer inmediatamente mis derechos fundamentales a la libertad económica obtenidos crediticiamente con las tarjetas de crédito números (sic) 4916170000320917 BANCO COOPDESARROLLO, y número 4912730080008619 Bancoop, garantizando la realización económica y crediticia sin restricciones ni impedimentos de ninguna índole (sic) en las mismas condiciones económicas otorgadas con la aprobación crediticia.

“2) Se ordene mi exclusión inmediata con las ratificaciones necesarias a los bancos de datos del sistema financiero.

“3) Se condene a la entidad bancaria en abstracto a indemnizar los perjuicios materiales y morales causados por daño emergente originado como consecuencia de mi inclusión en los bancos de datos del sistema financiero desde hace once (11) meses, lo cual me ha impedido materializar mis derechos fundamentales a la libertad económica con el CITIBANK y BANCO SANTANDER, entidades financieras que fundamentadas por mi inclusión en los bancos de datos del sistema financiero aportados por el particular prestador de un servicio financiero Banco Coopdesarrollo, han rechazado otorgarme los créditos solicitados este año, impidiéndose la obtención crediticia necesaria en cumplimiento del objetivo social de la sociedad COBRACHEQUE LTDA. de la cual soy representante legal, y de los perjuicios económicos causados individualmente existiendo la conexidad de la agresión por la suprema indefensión del accionante frente al poderoso grupo económico particular y financiero” (fl. 20 mayúsculas del texto).

Señala el accionante que no se encuentra en mora en los pagos correspondientes a su tarjeta de crédito, por lo cual no puede seguir incluido en las listas de morosos que se llevan en los bancos de datos del sistema financiero, a pesar de lo cual ha permanecido inscrito en las mimas durante once (11) meses, lo que ha cerrado su acceso al crédito en entidades financieras distintas del banco Coopdesarrollo, causándose con ello perjuicios tanto a él como a la empresa Cobracheque Ltda., de la cual afirma ser representante legal.

2. Los hechos.

En síntesis se narran los siguientes:

2.1. El accionante solicitó y obtuvo la apertura de las siguientes cuentas en el Banco Coopdesarrollo sucursal Country (hoy Centro Andino) de la ciudad de Bogotá:

a) Cuenta de ahorros Nº 358-00003-4.

b) Cuenta corriente Nº 705800002-1.

c) Tarjeta Credibanco Nº 4916170000320917.

d) Carta abierta Nº 058-19499842.

2.2. Señala el accionante que “...no ha presentado mora crediticia en ninguno de los servicios bancarios otorgados desde la fecha de vinculación, noviembre 21 de 1997” (fl. 1), a pesar de lo cual la entidad demandada “con anterioridad al 31 de diciembre de 1998 bloqueó” (fl. 2) los servicios crediticios y financieros.

2.3. El 4 de mayo de 1999, el accionante formuló reclamación ante el Banco Coopdesarrollo por la actuación de dicha entidad (fls. 35 y 36), que le fue contestada el 20 de mayo del mismo año (fls. 37 y 38).

2.4. El señor Peralta de Brigard insistió en su reclamo mediante escrito del 7 de septiembre de 1999 (fls. 39 a 43), que fue contestado el 6 de octubre de 1999 (fls. 52 y 53), en la cual el Banco Coopdesarrollo reitera que mantiene su decisión de bloquear la tarjeta por cuanto el tarjetahabiente no se encuentra al día en sus pagos y, además que se le concedió un nuevo plazo para el pago de la deuda obtenido a través de la tarjeta de crédito por lo cual considera que “... no existe capacidad de pago, siendo una práctica insegura permitir utilizar la tarjeta”. (fl. 52).

2.5. El accionante radicó ante la Superintendencia Bancaria las copias de algunas de tales peticiones, respecto de las cuales esta entidad en comunicación del 16 de septiembre de 1999 informó al quejoso que una vez hechas las averiguaciones correspondientes, no encontró que la entidad financiera hubiera incurrido en irregularidad alguna (fls. 54 a 56), por lo que ordenó el archivo de las diligencias.

3. Actuación del Banco Coopdesarrollo

El Banco Coopdesarrollo (fls. 100 a 103) solicita se denieguen las pretensiones por cuanto “en ningún momento se ha vulnerado derecho fundamental alguno...” (fl. 103) al accionante.

La mencionada entidad precisa que su calidad de acreedor del actor se deriva de la cesión de derechos hecha por Bancoop, acreedor primigenio, al Banco Coopdesarrollo, por razón de la fusión de las dos entidades financieras.

Señala, además que ha dado respuesta a las múltiples comunicaciones y solicitudes formuladas por el señor Peralta de Brigard y que, tal como se le explicó a éste, que la cancelación de la tarjeta de crédito que le fuera otorgada se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7º del contrato suscrito para la concesión del mencionado instrumento de crédito, cláusula que es del siguiente tenor:

“COOPDESARROLLO podrá cancelar anticipadamente la tarjeta caso del cual declarará de plazo vencido la totalidad de la deuda a cargo del tarjetahabiente, en los siguientes casos: a) Incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones. b) El no pago dentro de los términos y condiciones determinados por COOPDESARROLLO de las: sumas a cargo del tarjetahabiente” (fl. 100 mayúsculas del texto).

4. Intervención de la Asociación Bancaria y de Computec S.A. (Datacrédito).

4.1. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, en su respuesta al requerimiento de información formulado por el a quo (fls. 73 a 73), señaló:

“... en la Central de Información Financiera, Cifin, administrada por esta asociación no figura dato negativo alguno respecto del señor (sic) Peralta de Brigard. Por el contrario, los datos señalados se limitan a mostrar cuáles son los productos que el mismo tiene con diversas entidades financieras, y cuál ha sido el comportamiento en relación con sus obligaciones hacia el sector financiero, el cual ha sido hasta la fecha positivo, es decir, adecuadamente atendido.

“Como consecuencia de lo anterior, se tiene que no se deriva consecuencia o implicación negativa alguna para el accionante por motivo de la información que figura en la Central de Información Financiera, Cifin. Se reitera, dicha información no hace más que corroborar el buen nombre con el que el accionante cuenta debido al adecuado cumplimiento de sus obligaciones financieras. (fl. 71).

Precisa que la información de la central de información

financiera, Cifin, suministra a las entidades que la requieran, no obliga a éstas en sus decisiones respecto de la concesión de créditos respecto de las cuales son plenamente autónomas.

Concluye indicando que “...no ha existido vulneración de derecho fundamental alguno del accionante por parte de la Central de Información Financiera, Cifin”. (fl. 72).

4.2. La sociedad Computec S.A., una de cuyas divisiones administrativas es Datacrédito (fls. 76 a 81), expone una serie de consideraciones respecto de su actividad y refiere algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con el habeas data, precisando además que:

“1. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procedemos a describir la información que la parte accionante, tiene en Datacrédito, que presente mora actual o histórica:

“Tarjeta de Crédito Coopdesarrollo, Nº 000320917 fecha de apertura diciembre de 1997 y vencimiento noviembre de 1999. Según último informe, de octubre de 1999, la tarjeta se encuentra al día. En su manejo histórico observó mora máxima de 30 días.

2. En la presente, la información reportada, no puede ser borrada de nuestra base de datos, ya que no ha transcurrido el término de caducidad señalado en el reglamento de caducidades de Datacrédito, que se anexa a la presente”. (fl 79).

En relación con este último aspecto, señala que en desarrollo del criterio jurisprudencial contenido en la sentencia 082 del 1º de marzo de 1995 de la Corte Constitucional Datacrédito elaboró “...un reglamento de caducidades que se ajusta al mercado colombiano, permitiendo una evaluación más acertada del comportamiento crediticio, pero que a la vez mantiene la temporalidad del dato...” (fl. 79 negrillas del texto).

En las condiciones anotadas, concluye, la acción de tutela es improcedente por cuanto no se ha solicitado a Datacrédito ni a Computec S.A. la corrección de las informaciones existentes en su banco de datos en relación con el accionante.

5. La providencia impugnada.

El a-quo denegó el amparo solicitud de amparo (fls. 125 a 147), “En primer lugar, por cuanto se pretende con ella el cumplimiento de unas normas de rango no constitucional (sic), y, en segundo, porque no se observa que con la actuación seguida por tal entidad, en el caso concreto del demandante, se incurra en violación o amenaza de los derechos que se pretenden tutelar” (fl. 144 negrillas del texto).

Sostiene el tribunal que el accionante al suscribir el documento referido al otorgamiento y utilización de la tarjeta de crédito manifestó expresamente que conocía y aceptaba el reglamento respectivo e, igualmente, autorizó a la entidad bancaria para que se reportara el estado de su obligación a las centrales de riesgo que determinará Coopdesarrollo. Todos éstos aspectos están referidos a normas de orden legal, respecto de las cuales no es procedente impetrar la acción de tutela.

Señala el a quo, además, que puesta en conocimiento de la Superintendencia Bancaria la situación del accionante, que es la encargada de la vigilancia de los establecimientos bancarios, tal entidad no encontró que el tratamiento dado al señor Jorge Enrique Peralta de Brigard fuera irregular o contrario a la ley.

6. La impugnación.

Inconforme con la decisión del a quo, el accionante la impugno. Al efecto, al momento de ser notificado personalmente de tal fallo, expuso:

“El fallo de tutela proferido es contrario con el Estado social de derecho, y mis derechos fundamentales vulnerados han sido ignorados. Consecuencialmente interpongo recurso de apelación” (fl. 147 vto.).

II. Consideraciones de la Sala

Según las disposiciones que regulan la acción de tutela (C.P., art. 86, D. 2591/91, y D. 306/92), dicha acción está instituida para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos son vulnerados o se ven amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares.

De igual manera, la normatividad establece que la acción de tutela es improcedente cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial, excepto que se pretenda evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, en el caso presente mediante la acción interpuesta, pretende el accionante que se ordene al Banco Coopdesarrollo le reexpida la tarjeta de crédito que alguna vez le otorgara como usuario que es de los servicios prestados por el mencionado establecimiento bancario; que como consecuencia de tal declaración, se disponga el retiro de su nombre de los bancos del sistema financiero y que se condene al pago de los perjuicios que el demandante del amparo afirma se le han causado.

En primer lugar, se precisa que en el caso bajo estudio hay lugar a tramitar la acción de tutela, puesto que aunque la misma se encuentra dirigida contra una persona de derecho privado, en este caso el Banco Coopdesarrollo, no es menos cierto que el actor en relación con tal entidad se encuentra en estado de subordinación, como quiera que debe ajustar su comportamiento a los reglamentos impuestos por el banco para sus cuentahabientes.

De otro lado, se tiene que frente a las actuaciones del Banco Coopdesarrollo respecto de las cuales el accionante manifiesta su inconformidad, ya se pronunció la Superintendencia Bancaria, organismo éste que es el encargado de vigilar y controlar las actividades de los bancos y corporaciones de ahorro y vivienda.

En efecto, de acuerdo con lo expuesto en la comunicación 1999035116-5 del 16 de septiembre de 1999 (fls. 54 a 56), dirigida al accionante y aportada por éste al proceso, la Superintendencia Bancaria no encontró que al cancelarse la tarjeta de crédito asignada al señor Peralta de Brigard, se hubiera incurrido por la entidad vigilada en vulneración alguna del orden jurídico.

Al respecto se precisó:

“Como puede usted apreciar, los hechos que nos ocupan se circunscriben en su totalidad al campo contractual que rige las relaciones entre usted como tarjetahabiente del Banco Coopdesarrollo y éste como entidad expedidora de la misma, pues no debe perderse de vista que usted suscribió un reglamento de uso de la tarjeta de crédito.

“Así las cosas, no se evidencia que con los hechos que se estudian el Banco Coopdesarrollo haya violado norma alguna por cuya integridad y observancia esta Superintendencia deba velar, pues, se repite, la controversia que nos ocupa podría versar, a lo sumo, sobre aspectos de naturaleza contractual los cuales dada su naturaleza, escapan al ámbito de funciones de esta entidad (sic) de control y vigilancia.

“Por la razón anotada, es importante diferenciar las funciones que por ley le corresponden a la Superintendencia Bancaria, las cuales se encuentran consignadas, entre otras normas, en el Decreto 663 de 1993 o estatuto orgánico del sistema financiero, de las que competen a las autoridades jurisdiccionales, ya que no corresponde a la Superintendencia Bancaria reconocer derechos o señalar responsabilidades distintas de las administrativas, pues un pronunciamiento de tal naturaleza únicamente puede ser emitido por autoridades de la rama jurisdiccional del poder público”. (fl. 55).

Así las cosas, es evidente que en el presente caso, la acción de tutela resulta improcedente como quiera que el punto en discusión esta referido a la interpretación del contrato bancario de tarjeta de crédito, asunto éste totalmente ajeno a la naturaleza de la acción constitucional, la cual no puede ser utilizada para suplantar los procedimientos ordinarios establecidos por el legislador, como bien lo debe saber el accionante dada su calidad de abogado, la cual se desprende de su solicitud de la mencionada tarjeta de crédito en la cual anotó que se desempeña como “Asesor Jurídico” de Cobracheque (fl 123 vto.).

En efecto, la validez de la actuación del Banco Coopdesarrollo mediante la cual canceló la tarjeta de crédito inicialmente asignada al señor Peralta de Brigard y las posibles indemnizaciones que de tal comportamiento se puedan derivar, constituyen aspectos que deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, por tratarse de un conflicto entre particulares.

Por último, precisa la Sala que no hará pronunciamiento en relación con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras y con la sociedad Computec S.A. —Datacredito—, puesto que tales sociedades no fueron vinculadas en calidad de sujetos procesales, razón por la cual no es posible tomar una decisión que las afecte, pues ello constituiría una vulneración de sus derechos fundamentales de defensa y al debido proceso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia impugnada, esto es, la proferida el 18 de noviembre de 1999, por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

REMÍTASE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

ENVÍESE copia de lo decidido a la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Germán Rodríguez Villamizar, Presidente Sala—Jesús Ma. Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Ricado Hoyos Duque—Alier Eduardo Hernández Enriquez.

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