Sentencia AC-9211 de diciembre 9 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Segunda - Subsección “B”

C.P. Silvio Escudero Castro

Asuntos constitucionales

Actor: Ana Teresa Velásquez de Vega.

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 9 de noviembre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por medio de la cual se negó la tutela instaurada.

El escrito de tutela

La peticionaria quien actúa a nombre propio, en el escrito obrante de folios 1 a 3 del proceso, instaura la presente acción con el fin de que se brinde protección a los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 23, 28, 29, 31, 58 y 89 de la Constitución Política.

Por lo anterior, solicita lo siguiente que “se ordene a Ahorramás corporación de ahorro y vivienda, cumpla de inmediato el contrato de refinanciación pactado por ellos” y la peticionaria.

Como hechos sustentatorios de la presente acción la solicitante narra los siguientes:

“1. El día 26 de abril de 1999 me refinancié en la corporación Ahorramás con NIT Nº 890307031-7 oficina calle 100 con cra. 11 mediante el sistema del gobierno “Fogafin” con seis cuotas atrasadas, de la obligación hipotecaria a largo plazo Nº 5000154372 a nombre de Ana Teresa Velásquez de Vega con C.C. Nº 35.326 326 de Fontibón y después de entregarle a la corporación Ahorramás todos los documentos exigidos y FIRMARLE PAGARÉ, con mi huella digital me reliquidaron y me entregaron una libreta CREDIAVAL IPC con doce (12) cuotas fijas hasta el quince (15) de abril del año entrante (2000), de las cuales pagué una inmediatamente por un valor de $ 258.566, y las otras cuotas a cancelar mensualmente antes del 15 de cada mes, de las cuales he cancelado 5 cuotas en total dentro de la fecha.

2. El día 26 de julio me llegó una carta de la señora Sandra Ángel Velásquez jefe de crédito de Ahorramás, donde me solicitaron de carácter urgente me acercara a la respectiva oficina, cosa que hice el mismo día 26 de julio de 1999 y al hablar con la señora Sandra Ángel Velásquez me dijo textualmente... “que los documentos entregados por mí, el día 27 de abril como consta en el estado de cuenta que me dieron el día que me hicieron la refinanciación con firma y sello de recibido se habían perdido y por lo tanto debía llevar nuevamente el mismo día 26 de julio de 1999 otros documentos, los cuales fueron recibidos por su secretaria de nombre “Carlota” como consta con firma y sello de recibido de Ahorramás dicho día me pidieron excusas por dicho error cometido por ellos y me dijeron que siguiera cancelando las cuotas con la libreta como lo venía haciendo”.

3. Los primeros días de octubre recibí otra carta firmada por la presidente de dicha corporación de nombre Esther América Paz Montoya donde en uno de sus apartes dice así: Así mismo, todas las condiciones pactadas con usted en cualquiera de nuestros productos, serán respetadas sin ninguna modificación”.

4. Pero es de extrañarme el día 15 de octubre de 1999 me acerqué a la oficina de Ahorramás a cancelar la cuota 6ª dentro de la fecha y NO ME RECIBIERON EL PAGO. Y me enviaron a la oficina de cartera de la calle 100 con cra. 11 a hablar nuevamente con la señora Sandra Ángel Vásquez quien me dijo que mi crédito había sido reversado y mi cuenta estaba en cobro jurídico, quiero dejar claro que habiendo (sic) yo tramitado legalmente y dentro de la fecha límite del gobierno para la refinanciación de Fogafin y habiéndose aceptado por Ahorramás y como prueba envío fotocopias de todos los documentos exigidos con sus respectivas firmas y sellos de las personas que me recibieron dos veces dicha documentación, así mismo el talonario aportado por la corporación.

Providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” negó la tutela instaurada.

Considera que si bien es cierto que la acción promovida por la actora está dirigida contra una sociedad de derecho privado, lo cual al cumplirse con lo establecido en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 haría procedente la tutela, en el sentido de que el solicitante se encuentre en una situación de subordinación o indefensión con tal organización, o cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las entidades públicas; también lo es, que la violación de los derechos invocados ha cesado, puesto que, la entidad en respuesta a la corporación afirma tácitamente que asumirá la responsabilidad que le corresponde, refinanciando las cuotas en mora, directamente bajo las mismas reglas que se previeron en las medidas de protección y emergencia por el Gobierno Nacional, y en tal sentido se dará aplicación a lo establecido acerca de la cesación de la actuación impugnada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.

Impugnación

El accionante mediante escrito que obra a folio 61 del proceso, impugna el anterior proveído por considerar que si bien es cierto que la corporación demandada supuestamente asume su responsabilidad en cuanto al refinanciamiento de las cuotas en mora bajo las mismas reglas inicialmente pactadas; también lo es, que Ahorramás, no le garantiza que va a cumplir con esa responsabilidad teniendo en cuenta que desde el principio aportó los documentos necesarios para la refinanciación, los cuales en parte fueron extraviados por la entidad.

Consideraciones

El quid del asunto consiste en dilucidar si por medio de la presente acción, procede o no ordenarle a “Ahorramás” cumplir el contrato de refinanciación suscrito por la actora con la entidad, por considerar que al no recibírsele el pago de una de sus cuotas, y habiéndosele reversado su crédito y remitirse su cuenta a cobro jurídico, se le transgredieron los derechos a igualdad, al buen nombre, el de petición, al trabajo, al debido proceso, y a la propiedad.

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política de 1991, toda persona tiene derecho a instaurar acción de tutela, para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

Del acervo probatorio allegado al expediente se puede demostrar lo siguiente:

— La señora Ana Teresa Velásquez de Vega, efectuó una solicitud de refinanciación de vivienda con la Corporación de Ahorro y Vivienda con Ahorramás, tal como se observa a folio 16 del proceso.

— Aparece de folios 40 a 47 del proceso, el “acuerdo de asunción de compromisos para la implementación de las medidas de alivio a los deudores de créditos individuales para vivienda” Nº 11137734, adoptado entre el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras “Fogafin” y el establecimiento de crédito “Ahorramás” el cual tiene por objeto, “establecer los compromisos que las partes asumen recíprocamente y frente a los deudores de créditos individuales para financiación de vivienda con el objeto de hacer efectivos, de manera eficiente y oportuna, los alivios otorgados a estos deudores por el Gobierno Nacional, en virtud de los decretos 2331 de 1998, 415 de 1999 y 688 de 1999...”.

— De la misma manera, se visualiza de folios 9 a 14 copia de algunos documentos necesarios para que se concediera la refinanciación.

— Así mismo, obran de folios 18 a 30 copia de los recibos de pago en los que consta estar al día con la obligación.

— La entidad demandada no ha cumplido el acuerdo. Sobre este particular hasta la simple lectura de la respuesta que da a la acción instaurada en donde se precisa lo siguiente:

“... La corporación, en efecto reversó la operación de refinanciación, al no encontrar la documentación que había sido aportada por la tutelante referida a los impresos que evidenciaran la capacidad de pago de ella misma. Es de advertir que de conformidad con lo señalado en el acuerdo de asunción de compromisos suscrito entre el Fogafin y Ahorramás, en desarrollo del Decreto 688 de 1999 y la Resolución 11 de 1999, el otorgamiento de los créditos con cargo a recursos de contrapartida se podría efectuar, previa verificación de la capacidad de pago del deudor.

No obstante lo anterior, y en aras de darle solución a la señora Velásquez de Vega, la corporación está en disposición de efectuar la refinanciación por el valor de 6 cuotas, teniendo en cuenta que es el número de cuotas que el Fogafin le podía refinanciar, al plazo y a la tasa de interés que correspondían a dichos créditos.

Adicionalmente, el saldo sería refinanciado por la corporación en las condiciones normales de refinanciación que ofrece la corporación para este tipo de operaciones.

Teniendo en cuenta que los pagarés suscritos ya no respaldarían el crédito con recursos de contrapartida del Gobierno Nacional, sino que serían asumidos por la corporación, es necesario que la señora Ana Teresa Velásquez de Vega se acerque a nuestro centro de crédito a suscribir nuevo(s) pagaré(s), con el fin de perfeccionar la refinanciación ofrecida anteriormente”.

En estas condiciones, advierte la Sala que efectivamente como lo señala la parte actora la entidad Ahorramás ha incumplido el acuerdo de refinanciación 11137734. Dicha situación afecta sin lugar a dudas el derecho de propiedad de la demandante. No desconoce la Sala que este derecho como tal no ha sido considerado como fundamental. Sin embargo, ha establecido la jurisprudencia que: 

“La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter o puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera arbitraria.

A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio de referencia a la Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación, el juez de tutela la debe mirar el caso concreto bajo la óptica de los principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados.

Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental, y en consecuencia procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna” (Sent. T-506, ago. 21/92, con ponencia del doctor Ciro Angarita Barón).

En el caso estudiado, la violación al derecho mentado conlleva per se el desconocimiento del debido proceso en el situado de que habiéndose comprometido las partes a refinanciar el crédito, bajo unos supuestos que la actora ha cumplido, no existe razón valedera para que Ahorramás incumpla con la obligación.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-022 del 29 de enero de 1993 estableció lo siguiente: “De otra parte, puesto que el Estado tiene el deber constitucional de promover tanto el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de crédito y en general, las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y los servicios financieros son servicios públicos los prestados en su mayoría de las veces por entes particulares bajo concesión del Estado, es claro que el ciudadano no puede ser privado de su derecho de acceso al crédito sin causa justa y observando la garantía del debido proceso, por cuanto ello supondría materialmente un efecto sancionatorio y una limitación injusta de sus derechos.

La protección del crédito no puede lograrse en desmedro de las exigencias de la libertad personal, particularmente en aquellos casos en los cuales el deudor no tenga antecedentes penales o contravencionales en los términos del artículo 248 de la Carta”.

De otro lado, precisa la Sala que el hecho de haberse extraviado la documentación allegada, no autorizaba para que la entidad hubiera procedido a reversar la operación de refinanciación y enviar la cuenta de la accionante a cobro jurídico.

De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, observa la Sala que está de por medio el acuerdo de asunción de compromisos para la implementación de las medidas de alivio a los deudores de créditos individuales para vivienda Nº 11137734, el cual como se dijo anteriormente, fue incumplido por la entidad financiera.

Luego, resulta por demás injusto que la peticionaria vuelva a la misma situación a la que se encontraba antes de tener acceso al plan de refinanciación ofrecido por la entidad, incumpliéndose evidentemente el acuerdo en mención.

De otro parte, se tiene que como lo prevé el artículo 42 numerales 3º y 4º del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de tutela contra particulares es menester que la entidad esté encargada de la prestación de algún servicio público o que el solicitante se encuentre en situación de subordinación o indefensión con la organización. Según lo analizado anteriormente, denota en el procesó que esta última condición de indefensión, sí se da y por tanto es viable a la luz de la preceptiva jurídica comentada la presente acción.

En estas condiciones, considera la Sala que evidentemente el derecho fundamental a la igualdad, al debido proceso y a la propiedad, fueron desconocidos por la entidad “Ahorramás” al no cumplir el referido acuerdo, lo que condujo a que se reversara la operación.

Por todo lo anteriormente establecido, la Sala habrá de revocar la sentencia materia de impugnación para en su lagar, tutelar los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la propiedad, invocado por la demandante y ordenar a la Corporación de Ahorro y Vivienda “Ahorramás” acceder al cumplimiento del contrato de refnanciación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la Sentencia del 9 de noviembre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por medio de la cual se negó la acción instaurada, por la señora Ana Teresa Velásquez de Vega contra “Ahorramás” y en su lugar,

TUTÉLASE los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la propiedad.

ORDÉNASE a la corporación de Ahorro y Vivienda AHORRAMÁS, a que en el término de 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, dé cumplimiento al contrato de refinanciación pactado entre ellos y la actora.

Cópiese, notifíquese, remítase copia al tribunal de origen y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 1999.

Magistrados: Javier Díaz Bueno—Silvio Escudero Castro—Carlos Arturo Orjuela Góngora.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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