Sentencia AC-9529 de marzo 2 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA

Sala de lo Contencioso Administrativo

Ref. Exp.: AC-9529, mar. 2/200.

Actor: Ana Mercedes Moreno Mejía y Otros

C.P.: Ricardo Hoyos Duque

Conoce la Sala de la impugnación presentada por los accionantes en contra de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el día 13 de enero del 2000, mediante la cual se rechazó la acción de tutela interpuesta contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito y el Tribunal Superior de Cúcuta.

Antecedentes

1. La petición

Los señores Ana Mercedes Moreno Mejía, Jesús Arturo y Juana de Dios Tovar Moreno solicitan la protección del derecho al debido proceso, el cual consideran vulnerado por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de dicho distrito judicial al rechazar en primera y segunda instancia, respectivamente, la demanda que presentaron ante el primero contra la Empresa de Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales, Satena, y en consecuencia, solicitan que se ordene a los despachos demandados admitir la demanda.

2. Los hechos

a) A través de apoderado judicial los señores Ana Mercedes Moreno Mejía, Jesús Arturo y Juana de Dios Tovar Moreno, presentaron el día 23 de marzo de 1999 demanda civil ordinaria de mayor cuantía contra la empresa Satena, la cual correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta.

b) El juzgado referido inadmitió la demanda por faltar la prueba de la representación legal de la entidad demandada.

c) La demanda fue corregida en la oportunidad legal. Sin embargo, el día 4 de junio de 1999, el juzgado resolvió rechazar la demanda por razones diferentes a las planteadas en el auto inadmisorio, pues consideró que se trataba no de un proceso ordinario sino de una acción ejecutiva que debía ser tramitada ante la jurisdicción administrativa y tipificó el contrato de transporte como un contrato estatal para excluir de su conocimiento a la jurisdicción ordinaria.

d) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta al decidir la apelación interpuesta confirmó la decisión de primera instancia, sin analizar los argumentos expuestos por el impugnante en relación con la diferencia entre los procesos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción administrativa y los que son de competencia del juez ordinario.

3. La sentencia impugnada

Consideró el tribunal que las decisiones adoptadas por los demandados no pueden ser cuestionadas a través de esta acción porque “los medios de convicción del funcionario judicial son de su incumbencia sin que le sea dable al juzgador de tutela, entrar a cuestionar si se llegó a la misma por vía de doctrina, jurisprudencia, etc. Es de su plena responsabilidad llegar a la aplicación del derecho en forma razonable, ceñida al principio de la preexistencia normativa, de acuerdo a los planteamientos fácticos de cada caso, observando la respectiva congruencia entre los hechos probados y las tesis jurídicas esbozadas por las partes dentro del proceso y teniendo como mira el imperio de la ley, conforme lo establece la Constitución Política”.

Concluye que en el caso concreto no se configuró una vía de hecho y que será esta jurisdicción la que debe decidir en su oportunidad la competencia que le asiste para tramitar la acción o en el caso de controversia, será el Consejo Superior de la Judicatura el que decidirá el conflicto de competencias que pueda suscitarse.

4. Fundamentos de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por el a quo, el apoderado de los demandantes la impugnó. En su criterio, los funcionarios judiciales demandados incurrieron en una vía de hecho porque aplicaron a un contrato de transporte celebrado en 1989 la Ley 80 que comenzó su vigencia en 1993 y por lo tanto, no sólo era inexistente para ese momento sino también ajena al asunto planteado, porque “si bien es cierto que Satena es una empresa industrial y comercial del Estado, no es menos cierto que determinados actos que ejerce —caso que nos ocupa—, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria y no por la administrativa, y eso fue en lo que precisamente fallaron las autoridades que conocieron de la demanda incoada, porque probablemente no entendieron las condiciones del contrato de transporte”.

Consideraciones de la Sala

1. Obra en el expediente copia de la demanda que presentaron los señores Ana Mercedes Moreno Mejía, Jesús Arturo, Juana de Dios y Amín Alí Tovar Moreno ante el Juzgado Civil del Circuito de Cúcuta (reparto), contra la Empresa de Servicios Aéreos a los Territorios Nacionales, Satena, con el objeto de obtener la reparación de los perjuicios materiales y morales que les causó la muerte del señor Jesús Arturo Tovar, en el accidente aéreo ocurrido el día 19 de abril de 1989, cuando efectuaba la ruta Cúcuta-Arauca. Invocaron como fundamento de su demanda la “responsabilidad civil extracontractual” de la entidad (fls. 16-23). Las pretensiones consignadas en la demanda son las siguientes:

“La Sociedad Servicios Aéreos Nacionales, Satena, es civilmente responsable de la muerte del señor Jesús Arturo Tovar...

Como consecuencia de lo anterior, Servicios Aéreos a Territorios Nacionales, Satena, está obligada a pagar a todos y cada uno de los demandantes los perjuicios extrapatrimoniales (daños materiales, daño emergente y lucro cesante y los daños morales respectivamente) sufridos personalmente por aquéllos a raíz del deceso de su esposo y padre...”.

El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta, mediante auto del 4 de junio de 1999 (fls. 40-41) rechazó de plano la demanda por considerar que:

“... la entidad demandada constituye una entidad estatal de conformidad con lo previsto en el literal a) Nº 1 del artículo 2º de la Ley 80 de 1993; así mismo, la legislación mencionada en su artículo 75 reguló la competencia para conocer las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución asignándola a la jurisdicción contencioso administrativa. Adicionalmente, el artículo 13 fijó que a los contratos que celebren las entidades estatales descritos en el artículo 2º de la citada Ley 80, el juez contencioso administrativo deberá aplicarles en principio las normas de la ley de contratación administrativa y en su lugar las disposiciones mercantiles y civiles pertinentes de acuerdo al caso.

“Para el caso en estudio, se deduce que se trata de una demanda ejecutiva derivada de un contrato estatal (contrato de transporte) generado entre el fallecido Jesús Arturo Tovar y Servicios Aéreos a Territorios Nacionales, Satena, y conforme a la legislación ya descrita este juzgado carece de jurisdicción para conocer del presente asunto”.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala de Decisión Civil-Familia, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó el auto del tribunal, con argumentos similares. Dijo el tribunal:

“... como lo ha señalado este tribunal en situación anterior, ... el artículo 75 de la misma ley de contratación estatal, crea la unidad de jurisdicción, en el sentido de que es la jurisdicción contencioso administrativa la que conoce a partir de la vigencia de esa nueva ley de todas las controversias que surjan del contrato estatal, inclusive como lo ha recabado la Sala en varias oportunidades, del proceso ejecutivo, lo que constituye el avance más novedoso del estatuto en el tema de los contratos estatales.

En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que la empresa Servicios Aéreos a Territorios Nacionales, Satena, “es una empresa industrial y comercial del Estado creada por la Ley 80 de 1968 y demás modificatorias a ésta por el Gobierno Nacional”, según lo afirma la propia parte actora, los contratos que dicha entidad celebre como en este caso y las acciones que se originen de ellos por su incumplimiento son de competencia del contencioso administrativo, razón por la cual el auto proveniente del juzgado debe confirmarse por encontrarse ajustado a derecho.

En cuanto a la aplicación de la Ley 80 de 1993 ha de afirmarse que, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalece sobre las anteriores desde el momento en que debe empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. En consecuencia, tratándose de este caso de la ley que establece la competencia, lo cual es referido a la sustanciación y ritualidad del proceso, ha de aplicarse en prevalencia a cualquier otra”.

2. El artículo 1006 del Código de Comercio establece que los herederos del pasajero fallecido a consecuencia de un accidente que ocurra durante la ejecución del contrato de transporte podrán intentar separada o sucesivamente las acciones contractual transmitida por el causante y la extracontractual derivada del perjuicio que personalmente les haya inferido su muerte. En otros términos, “la clase de acción que elijan los herederos del pasajero muerto contra el transportador dependerá de los perjuicios que quieran reclamar, ya sean los que personalmente hayan sufrido o los que se hubieran causado a la víctima con el incumplimiento del contrato de transporte, siendo los primeros propios de la responsabilidad extracontractual y los segundos de la contractual” (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de octubre de 1987.

En el caso concreto los demandantes no reclaman a título de herederos los perjuicios causados a la víctima del accidente con el incumplimiento del contrato, sino los perjuicios personales, morales y materiales sufridos por éstos con la pérdida de quien en vida “profesaba hacia su esposa e hijos afecto, cariño, amor filial, apoyo económico, moral y manutención”.

En este orden de ideas, la motivación de las providencias mediante las cuales se rechazó la demanda desconocen el interés de los demandantes en la acción interpuesta y por lo tanto, constituyen vías de hecho.

En efecto, resultan desacertadas las decisiones de los funcionarios judiciales tutelados, cuando no obstante que los actores invocaron la acción extracontractual derivada del perjuicio que personalmente padecieron con la muerte de su esposo y padre, aquéllos la entendieron como una acción contractual regida en un todo en aspectos tales como la jurisdicción competente para conocer de sus controversias por la Ley 80 de 1993 (estatuto general de contratación de la administración pública).

No debe perderse de vista que por lo general, los errores judiciales no pueden servir de presupuesto a una vía de hecho, salvo cuando se trata de “errores manifiestos y mayúsculos” que, como el del caso presente, tiene consecuencias gravosas para los derechos fundamentales de las personas y para el Estado de derecho, la renuncia injustificada de los jueces ordinarios a resolver sobre un asunto de su competencia, tal como lo ha destacado la Corte Constitucional, en casos similares (2) .

(2) Sentencia T-057 de 20 de febrero de 1995.

4. Debe advertirse que el Servicio de Aeronavegación a Territorios Nacionales Satena fue organizado como un establecimiento público, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Ley 80 de 1968. Sin embargo, el artículo 1º del Decreto Ley 2344 de 1971 varió la naturaleza jurídica de la entidad a empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa. Finalmente, el Decreto 3684 de 1985, “por medio del cual se aprueba el Acuerdo 044 del 22 de noviembre de 1985, del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena”, reiteró que su naturaleza jurídica es la de empresa comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional (art. 2º).

Sobre la competencia para resolver los asuntos en los cuales esté comprometida la entidad, los artículos 19 del Decreto 2344 de 1971 y 28 del Decreto 3684 de 1985 han coincidido en establecer, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 3130 de 1968 que “los actos y hechos que realice el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, para el desarrollo de sus actividades comerciales, están sujetos a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la materia. Aquellos que realice para el cumplimiento de las funciones administrativas que le haya confiado la ley, son actos administrativos y se someten a la justicia contencioso-administrativa”. Disposición ratificada en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998.

Se insiste que el caso concreto tiene que ver con los hechos realizados por la entidad en el desarrollo de su actividad comercial. Por lo tanto, su juicio está sometido a la justicia ordinaria.

5. Por último, se observa que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta inadmitió la demanda inicialmente por carencia de prueba de representación de la entidad demandada y una vez el apoderado de los demandantes cumplió con tal requisito, procedió al rechazo de la misma pero por razones diferentes.

Actuar de esta manera vulnera igualmente el derecho al recibido proceso de los demandantes, dado que el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil prevé que hay lugar al rechazo de la demanda, pero cuando no se subsanen en el término legal los defectos señalados por el juez en el auto inadmisorio de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 13 de enero del 2000 y en su lugar:

1. TUTÉLASE el derecho al debido proceso de los señores Ana Mercedes Moreno Mejía, Jesús Arturo y Juana de Dios Tovar Moreno.

2. ORDÉNASE al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta resolver sobre la admisión de la demanda ordinaria de reparación civil extracontractual interpuesta por los señores Ana Mercedes Moreno Mejía, Jesús Arturo, Juana de Dios y Amín Alí Tovar Moreno en contra de la Empresa de Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales, Satena, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes sobre la acción interpuesta y la competencia de la justicia ordinaria.

3. REMÍTASE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. ENVÍESE copia de este proveído al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez—Jesús María Carrillo B.—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

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