Sentencia AC1001-03-15-000-2005-00424-01 de mayo 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Moreno García

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006).

Acción de tutela

Actor: Luis Norberto Guerra Vélez

Decide la Sala la impugnación formulada por los consejeros de Estado Alejandro Ordóñez Maldonado y Héctor Romero Díaz, contra el fallo del 19 de octubre de 2005, proferido por la Sala de Conjueces de la Sección Primera de esta corporación.

Antecedentes

La parte actora instauró la presente acción con el fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, al trabajo y a la igualdad; presuntamente vulnerados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al proferir las providencias del 23 de mayo de 2000 y del 1º de febrero de 2005, por medio de las cuales se despojó al actor de la investidura como representante a la cámara y declaró la improsperidad del recurso de revisión que interpuso contra la anterior providencia, respectivamente.

Como hechos en los cuales fundamentó sus pretensiones, expuso, en síntesis, que siendo representante a la cámara por el departamento de Antioquia se solicitó que se le despojara de la investidura de congresista, toda vez que como miembro de la mesa directiva de la cámara de representante dispuso y avaló contrataciones sin tener en cuenta las normas que regulan el manejo del fondo de compensación interministeriales y los principios elementales de contratación.

Destacó que luego de surtirse todo el trámite procesal, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decretó la pérdida de investidura por haber incurrido en indebida destinación de dineros públicos, como consecuencia de la celebración indebida de contratos. Añadió que en virtud de tal decisión interpuso recurso extraordinario especial de revisión con base en la causal primera del artículo 17 de la Ley 144 de 1994.

El recurso tuvo como fundamento que la sentencia proferida dentro del referido proceso violó el principio de congruencia, porque decretó la pérdida de investidura por incurrir en indebida celebración de contratos, cuando esta última no es causal para ser acreedor de tal sanción.

Manifestó que dentro del mencionado recurso se allegó copia de la decisión que profirió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien juzgó su conducta como primer vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Representantes y la cual lo exoneró de cualquier responsabilidad. Esta providencia, quebró el nexo causal que la sentencia del 23 de mayo de 2000, había establecido entre la indebida celebración de contratos y la indebida destinación de dineros públicos.

Señaló que en el citado recurso se alegó la vulneración al derecho a la igualdad por cuanto a su caso se le dio un tratamiento diferente al del representante Antenor Durán Carrillo, quien a pesar de encontrarse en la misma situación de hecho y de derecho que él, no perdió la investidura como representante.

Petición especial

“El Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho, en la sentencia que decretó la pérdida de mi investidura, esa vía la ratificó, al no revisar la sentencia de pérdida de la investidura, por tanto, se hace necesario que al tutelar deje sin efecto las dos sentencias, para restablecerme mi derecho, para poder ser elegido al Congreso de mi país” (fl. 16).

Providencia impugnada

La Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado, accedió a las pretensiones de la solicitud de tutela de la referencia, mediante fallo del 19 de octubre de 2005.

Luego de hacer un estudio acerca de la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales, consideró, en primer lugar, que despojar al actor de la investidura como representante, bajo la consideración de que dicho proceso es de naturaleza ético-política, se incurrió en vía de hecho. Así mismo consideraron que sólo se puede decretar la pérdida de investidura de un congresista, cuando se pruebe que se ha incurrido en una de las causales que taxativamente están previstas en el ordenamiento jurídico.

Señaló que la causal de “indebida destinación de dineros públicos” consagrada en la Constitución Política como causal de pérdida de investidura, se presenta únicamente cuando el congresista demandado ha destinado dineros del Estado para fines diferentes a aquellos para los cuales se encontraban previstos. Para sustentar lo anterior analizó la figura de la “indebida destinación de dineros públicos, con base en ejemplos, doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

En segundo lugar, estimaron que las providencias en cuestión fueron proferidas sin que hubiera un estudio minucioso del expediente, tendiente a establecer el nexo causal entre las irregularidades cometidas por el actor en su condición de congresista y la finalidad o el propósito con el cual se contrató para destinar indebidamente los fondo públicos. Para reforzar este argumento trascribió un aparte de la aclaración de voto que hizo el entonces consejero de Estado Juan Alberto Polo Figueroa.

De igual forma consideraron que con la sentencia penal aportada con el recurso de revisión, en la cual la Corte Suprema de Justicia absolvió al actor del delito de peculado culposo, era suficiente para revocar el fallo que declaró la pérdida de investidura, toda vez que su conducta, a la luz de la precitada sentencia, no dio lugar a destinar indebidamente dineros públicos.

Por último, censuraron las providencias que se analizan por ser violatorias al derecho a la igualdad, pues ante casos similares se profirieron fallos disímiles. Esta argumentación fue sustentada en que mientras al actor se le despojó de su investidura por participar de la mesa directiva donde se autorizaron unos contratos, sin que el acusado haya suscrito ni participado en su ejecución, al representante a la Cámara Antenor Durán Carrillo, se le mantuvo, con el pretexto de que, a pesar de intervenir en la autorización como miembro de la mesa directiva, no lo hizo como ordenador del gasto.

Impugnación

Los consejeros Alejandro Ordóñez Maldonado y Héctor Romero Díaz, impugnan la decisión proferida por el a quo manifestando que conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no puede ser utilizada para invalidar o controvertir providencias judiciales. Añadieron que ni siquiera en aquellos casos donde se argumente una vía de hecho como consecuencia de “errores protuberantes o groseros”, cometidos por el juez, procede el amparo constitucional, pues semejantes calificaciones se traducen en interpretaciones y criterios eminentemente subjetivos que dependerían, en cada caso, del alcance que a bien tenga darle un juzgador a la decisión de otro.

Al mismo tiempo advirtieron que tratándose de sentencias de pérdida de investidura, como las que se dejaron sin efecto por el a quo, la Corte Constitucional ha sostenido que esta acción resulta improcedente contra esa clase de decisiones, dada la existencia de otro medio de defensa judicial. Para el efecto cita la sentencia SU-858 de 2001.

No obstante lo anterior, manifestaron que si en gracia de discusión se admitiera la tesis de la tutela contra providencias judiciales, las decisiones proferidas dentro del proceso de pérdida de investidura carecen de defectos fácticos y sustantivos. Para sustentar lo anterior hacen un análisis de las providencias cuestionadas, que la Sala resumirá así:

Que la sentencia del 23 de mayo de 2000, se basó en la realidad fáctica y jurídica que obraba en el proceso, que comprobaba que el congresista demandado en su condición de primer vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, autorizó un gran número de contratos desacatando imperativas disposiciones que estaba obligado a cumplir y que al final afectaron fondos públicos.

Que el fallo impugnado falta a la verdad, cuando asegura que en la aludida sentencia hizo falta estudio de las pruebas obrantes en el expediente para determinar si efectivamente con los contratos celebrados se incurrió en indebida destinación de dineros públicos.

Que tampoco se incurrió en vía de hecho al proferir la providencia del 1º de febrero de 2005, la cual resolvió el recurso extraordinario especial de revisión, toda vez que en la misma se precisó con toda claridad “(...) que la indebida destinación de dineros públicos, como causal de pérdida de investidura puede configurarse de múltiples maneras, pues basta que el congresista por un comportamiento éticamente reprochable hubiere dado lugar al detrimento del erario; que las irregularidades cometidas en la celebración de contratos pueden dar lugar a la indebida destinación de dineros públicos, por cuanto la contratación, es fundamentalmente la principal forma de dar destino a los dineros públicos” (fl. 193).

Que el no darle valor probatorio a la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia la cual absolvió al actor del delito de peculado culposo, no configura vicio alguno, toda vez que en el referido fallo se advirtió que el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, no consagró como causal de revisión especial el hecho de haberse proferido sentencia penal absolutoria.

Con relación a la vía de hecho que el a quo le atribuyó a la Sala Plena de esta corporación, por cuanto al resolver el recurso extraordinario de revisión se vulneró el derecho fundamental a la igualdad, dado que no se le dio el mismo trato que al representante Antenor Durán Carrillo, pese a que se trataba de casos idénticos, manifestaron que además de no encontrarse legalmente previsto ese supuesto como causal de revisión, no se acompañó medio probatorio alguno que demostrara la similitud entre las situaciones fácticas que se comparaban.

Por último solicitaron que en caso de mantener la decisión impugnada, esta deberá ser modificada en razón a que la providencia cuestionada simplemente deja sin efectos las aludidas sentencias pero queda sin decidir el proceso de pérdida de investidura planteado ante el juez natural.

Consideraciones

Se trata de dilucidar si la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, incurrió en vía de hecho al proferir las providencias del 23 de mayo de 2000 y del 1º de febrero de 2005.

Los argumentos planteados en el escrito de impugnación, pueden ser resumidos de la siguiente manera: 1) improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 2) la celebración indebida de contratos constituye destinación indebida de dineros públicos, 3) inexistencia de vía de hecho por defecto fáctico y 4) no vulneración al derecho de la igualdad. Frente a estos argumentos la Sala se pronunciará así:

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales:

Pese a la posición mayoritaria de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, ésta subsección ha sido enfática y reiterativa en el sentido de manifestar que la acción de tutela tiene un carácter sumamente excepcional, cuando se instaura contra una providencia judicial y procede sólo si se ha producido en abierta contravía de los valores, principios y demás garantías constitucionales, con el propósito de recobrar la plena vigencia del orden jurídico quebrantado y restituir a los titulares en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales afectados (tal y como se señaló en la Sent. C-543/94).

Teniendo en cuenta el carácter excepcional y restrictivo de esta figura, la Corte Constitucional, a partir de la Sentencia C-543 de 1992, ha venido determinando los requisitos de procedibilidad que se exigen para que sea viable la acción de tutela contra la providencia cuestionada, a saber: a) que la cuestión que se pretende discutir a través de la acción de tutela debe ser una cuestión de relevancia constitucional b) que no exista otro u otros medios de defensa judiciales (recursos ordinarios o extraordinarios o estos se hayan agotado c) cuando la presunta violación del derecho fundamental en el proceso judicial tiene un efecto directo y determinante en la decisión de fondo adoptada por el juez d) corresponde al actor identificar la acción u omisión judicial que pudo dar lugar a la vulneración, así como el derecho vulnerado y las razones de la violación e) el juez de tutela no pude suplantar al juez ordinario f) sólo procede en los casos en que se pueda calificar la actuación del juez como una vía de hecho g) que la vía de hecho sea alegada por el actor dentro de un término razonable al de su ocurrencia.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado los presupuestos necesarios para establecer la ocurrencia de una vía de hecho judicial, advirtiendo que esta última tiene lugar cuando se insinúe en la actuación judicial acusada un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.

En ese orden, la Sala entrará a estudiar de fondo el asunto para comprobar si se da la presunta vía de hecho que se le imputa a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al proferir las providencias cuestionadas, no sin antes advertir que la revisión en casos como el que nos ocupa debe ser rigurosa, pues no hay que olvidar que antes que reconocer la innegable verdad de que los jueces son falibles, inclusive en los más altos niveles, y de que sus yerros constituyen fuentes de injusticia y de violación a los derechos de las partes, subyace la seguridad jurídica como un valor que no se antepone a la justicia sino que la integra (1) . Ese valor es el que tiene que prevalecer cuando se encuentre que una decisión de un juez conculque derechos fundamentales de los asociados.

2. Inexistencia de vía de hecho por interpretación judicial:

El problema que se trae a colación es, en realidad, de interpretación. Primero, por la discrepancia de criterios existentes frente a que si en el proceso de pérdida de investidura se examinan conductas éticas y político-administrativas, como lo dice la corporación accionada, o si por el contrario es un proceso eminentemente sancionatorio, como lo dijo el a quo. Y segundo, por la manera en que la Sala Plena del Consejo de Estado interpreta la figura de “indebida destinación de dineros públicos”.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente hacer una breve referencia a las reglas que deben guiar la interpretación jurídica bajo el régimen constitucional, para efectos de establecer si en las providencias cuestionadas se da o no la vía de hecho.

En primer lugar, la acción de tutela en ningún caso puede utilizarse como recurso procesal alternativo o suplementario para que el juez encargado de la protección de los derechos fundamentales entre a resolver la cuestión objeto de la litis. Su gestión se limita a analizar si la conducta del funcionario judicial se revela como arbitraria, abusiva o caprichosa. En este sentido se pronunció la Corte cuando en la Sentencia T-408 de 2002 (2) , manifestó lo siguiente:

“Debe subrayarse que cuando dentro de cualquier actuación judicial se presentan cuestiones procesales que son susceptibles de diversas “interpretaciones”, para que se configure la vía de hecho que abra paso a la acción de tutela, aquella que haya escogido el funcionario judicial acusado debe tener un grado de desacierto ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico, puesto que ese (sic) el aspecto que le corresponde observar al juez constitucional de tutela, y no precisamente el determinar cuál es la “interpretación” que más se adecua a derecho (destaca la Sala).

En ese orden se puede concluir, que las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre los resultados de la labor judicial y que lleguen a debatirse en acciones como esta, no pueden constituir materia del control jurisdiccional del juez de tutela en la forma que lo hace el ad quem sobre la decisión del a quo para pronunciarse sobre la legalidad de la respectiva actuación, toda vez que la emisión de un juicio valorativo que califique una actuación judicial como una vía de hecho, requiere que en la misma sea evidenciable un vicio que contraríe notoriamente el ordenamiento jurídico.

En el caso sometido a consideración se observa que en el fallo que decretó la pérdida de investidura del actor se dijo:

“(...) en el proceso de pérdida de investidura la conducta que se examina es sustancialmente distinta de los tipos penales, mientras en aquellos para que se configure la “indebida destinación de dineros públicos” se requiere que estos hayan sido confiados en administración o custodia por razón de sus funciones, en la pérdida de investidura por tratarse de un proceso de naturaleza político-disciplinaria, cuyas normas ostentan un sentido eminentemente ético, basta que se configure la causal con la omisión de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de las funciones del congresista que ocasionen o permitan la incorrecta ilícita e injusta destinación del patrimonio público” (fl. 307, cdno. 3).

Con respecto a tal afirmación el fallo materia de impugnación dijo:

“Para la Sala resulta evidente que, cuando el Consejo de Estado despoja de la investidura a un Congresista, desconociendo las normas constitucionales y legales a las cuales está sujeto y resuelve imponer esta gravísima consecuencia bajo la consideración de que la pérdida de investidura es un proceso de naturaleza “ética” o de naturaleza “política”, está incurriendo en vía de hecho” (fl. 122).

Lo anterior lo sustenta en el numeral 22 obrante a folio 136 del expediente, donde se dice:

“La acción de pérdida de investidura evidentemente no es un proceso ético: es un proceso sancionatorio y la única sanción consagrada en el mismo, que es la misma pérdida de investidura del congresista, no puede imponerse (sic) fundarse en principios éticos del juez competente”. (negrilla fuera del texto)

De todo lo trascrito se puede inferir que sobre este aspecto no se da la vía de hecho que asevera el a quo, pues con los argumentos expuestos en el fallo del 23 de mayo de 2000, no se vislumbra una violación flagrante de la Constitución Política. Tampoco obedece a la voluntad o capricho de la Sala de decisión, toda vez que la interpretación que realizó el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que en el proceso de pérdida de investidura se examinan conductas éticas y político-administrativas, hace parte del límite argumentativo que el funcionario judicial puede apreciar. En consecuencia, las distintas interpretaciones que el actor o inclusive el a quo pudieron hacer frente a las providencias que se revisan, no son suficientes para configurar un defecto, pues no parece irrazonable o exagerado un argumento como el expuesto por la Sala Plena de esta corporación.

Otro argumento que tuvo la corporación accionada para despojar al actor de la investidura de congresista, fue que la “indebida celebración de contratos” produjo, en este caso, indebida destinación de fondos públicos. Sobre el particular se dijo lo siguiente:

“Podría pensarse que las irregularidades durante cualquier etapa de la actividad contractual, y la autorización en este caso es una de ellas, constituirían celebración indebida de contratos pero por sí misma ésta no implicaría indebida destinación de dineros públicos. Si bien es cierto ambas son conductas disímiles no tiene la virtualidad de excluirse, por el contrario, ya fuere por desconocimiento de los requisitos formales o por ilicitud en el objeto, la indebida celebración puede ser el medio para que destinen indebidamente fondos públicos como acontece en el sub lite, donde por negligencia u omisión en la verificación de la conveniencia o necesidad del objeto a contratar se afectaron fondos públicos contratando con objetos inconvenientes, innecesarios o prohibidos por la ley”.

Podemos concluir que la causal de pérdida de investidura comentada se configura como consecuencia de la conducta de quien administra directamente el erario y también se estructura como consecuencia de la indebida celebración de contratos, como ocurre en el presente caso”.

Así las cosas, no podrá decirse que la providencia cuestionada fue arbitraria. Por el contrario, fue explicita e ilustró al actor del por qué, en su caso particular, la indebida celebración de contratos desembocó en una destinación indebida de dineros públicos. Siendo ello así, mal se haría en decir que existió una grosera y flagrante violación a la ley, o que obedeció al mero capricho del juez, que perjudique de manera grave los derechos fundamentales del actor, máxime si dicha providencia siguió el criterio jurisprudencial que venía manteniendo la Sala Plena del Consejo de Estado en casos como el del actor. Para mayor ilustración se trascribe aparte de la sentencia del 13 de noviembre de 2001, proceso Nº PI 0101, la cual sirvió de sustento jurisprudencial para proferir la providencia objeto de debate.

“En efecto, para la Sala la indebida utilización de dineros públicos, puede llevarse a cabo en dos formas diferentes, de manera directa o de manera indirecta. Será directa cuando el congresista con capacidad de ordenación del gasto-dispone ilícitamente de recursos del erario, bien sea para obtener finalidades particulares ... o para ordenar una destinación diferente a la establecida en el presupuesto para esos dineros públicos. Y se presentará destinación indirecta cuando a pesar de haber sido ordenador el gasto para el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su conducta una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados”.

Ahora bien, lo que deja ver el fallo impugnado es una inconformidad respecto a la interpretación que el juez ordinario le dio a una causal de pérdida investidura.

Al respecto se dijo:

“El Consejo de Estado está sujeto al imperio de la Constitución y de la ley y por esta razón sólo puede decretar la pérdida investidura de un congresista cuando encuentre probado que incurrió en una de las causales taxativamente previstas en el ordenamiento jurídico. Cuando dispone esta consecuencia jurídica por hechos no previstos en el ordenamiento jurídico como casual de pérdida de investidura, no está profiriendo una sentencia; está incurriendo en una vía de hecho... (negrilla fuera del texto)

Sobre el particular se indica que el principio de autonomía de que goza el juez no permite que por esta vía se dejen sin efectos las decisiones judiciales controvertidas al interior de una tutela aunque el criterio escogido por el juez no coincida con el del fallador que lo revisa. Solo las actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional, no así las basadas en un determinado criterio jurídico, como en este caso, que puedan llegar a ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables (3) .

3. De la vía de hecho por defecto fáctico:

Los defectos fácticos pueden ser de dos clases: la primera, la omisiva, que comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez y; la segunda, la positiva, que abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar sin desconocer la Constitución.

De lo anteriormente dicho, se establece la posibilidad de fundar una acción de tutela cuando se percibe que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por un juez en las providencias judiciales. Sin embargo, el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, es decir, no se puede invadir la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones (4) .

Estos criterios, servirán a la Sala de sustento para analizar el asunto sub examine, como se establece a continuación.

El a quo consideró que “la decisión adoptada en las dos providencias objeto de tutela constituye evidentemente una vía de hecho, pues en ellas se desconoce el deber constitucional de fallar conforme a las pruebas obrantes en el expediente” (fl. 132). La anterior afirmación tuvo como fundamento la aclaración de voto de uno de los consejeros disidentes del fallo del 23 de mayo de 2000, donde dijo que, a su juicio, “(...) el fallo debió ahondar en las razones por las cuales las irregularidades en la contratación que en él evidencian son constitutivas de indebida destinación de dineros públicos”. Aclaró, además, que a pesar de que el fallo aseguraba que la indebida celebración puede ser el medio para que se destinen indebidamente fondos públicos, “(...) a esta afirmación parece faltarle el sustento probatorio que establezca un claro nexo entre las aludidas irregularidades y la finalidad o el propósito con el cual se contrató para destinar indebidamente los fondos públicos” (fl. 314, cdno. 4).

Como se puede observar el consejero que aclaró su voto en ningún momento aseguró que se hubieran dejado de valorar las pruebas que demostraban la indebida destinación de dineros públicos, sino que, a su juicio, faltó más estudio acerca de las mismas, pero para que se llegará a la misma conclusión de despojar al actor de la investidura como congresista; de ahí que haya aclarado su voto, pues de lo contrario lo habría salvado.

De igual forma consideró que se incurrió en vía de hecho porque al proferir la providencia del 1º de febrero de 2005, por medio de la cual se declaró la improsperidad del recurso especial de revisión, se dejó de valorar la sentencia allegada con dicho recurso donde se demostraba que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, había absuelto al actor del delito de peculado culposo, lo que en su sentir desvirtuaba las razones en las que se basó la sentencia del 23 de mayo de 2000, para decretar la pérdida de investidura como congresista al actor.

Sobre el particular cabe advertir que el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 consagra como causales de revisión, las establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, más la falta al debido proceso y la violación al derecho de defensa. En ese orden, le asiste razón al recurrente cuando afirma que no se puede alegar una vía de hecho por dejar de valorar un medio de convicción cuando legalmente no estaba obligado a hacerlo.

No obstante que la anterior razón era suficiente para desvirtuar el argumento planteado en aquél recurso, la Sala Plena “recordó” que para que proceda el decreto de pérdida de investidura no se requiere pronunciamiento judicial penal previo que declare la indebida destinación de dineros públicos. Sustentó lo anterior con la sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, (fl. 76 y 77, 4 cdno.).

4. Derecho a la igualdad.

Consideró la Sala de Conjueces de la Sección Primera, que las providencias objeto de reproche violaron el derecho a la igualdad por cuanto al actor no se le dio el mismo trato que al representante Antenor Durán Carrillo, quien a pesar de encontrarse en igualdad de condiciones que el actor, a este último no se le privó de la investidura como congresista.

Al respecto se indica que la violación al derecho a la igualdad se alegó al momento de presentar el recurso extraordinario especial de revisión (fl. 14, cdno. 4). En efecto, en el referido escrito se dijo:

“También irradiando el debido proceso (C.P. art. 29 y generando falta del debido proceso) se le violó el derecho a la igualdad, ya que no habiendo mi poderdante suscrito contratos, debió ser juzgado con el mismo rasero que se hizo con el representante Antenor Durán Carrillo”.

Para que una acusación como esta prospere, es necesario que el juez cuente con los elementos mínimos que le permitan concluir que uno y otro caso son idénticos y por ende deban recibir el mismo trato. Sin embargo, como se advirtió en la providencia del 1º de febrero de 2005, con el recurso de revisión no se allegó prueba alguna que comprobara que el representante mencionado por el recurrente se encontraba bajo los mismos supuestos de hecho y de derecho que el actor.

Así las cosas, la Sala concluye que la entidad accionada no incurrió en el presente caso en vía de hecho judicial, pues el análisis probatorio, el estudio de las normas aplicables y el trámite adelantado, se llevaron a cabo interpretando razonablemente las pruebas y las disposiciones del ordenamiento jurídico.

Tampoco aparecen en la providencia atacada los elementos que identifican la vía de hecho, tales como la actuación arbitraria del funcionario judicial, los móviles ajenos a la legalidad o la violación a los derechos fundamentales del peticionario.

Eventualmente podría presentarse un debate acerca de la manera como fueron interpretadas algunas normas y la manera como fueron valoradas algunas pruebas. No obstante, la Sala considera que en el presente caso las interpretaciones realizadas por la corporación accionada al proferir las providencias objeto de debate, fueron razonables y se llevaron a cabo dentro del ámbito de legalidad y autonomía reconocido a los funcionarios judiciales.

Sin necesidad de más consideraciones la Sala revocará el fallo impugnado y en su lugar denegará por improcedentes las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo impugnado y en su lugar se dispone:

DENIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela de la referencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Alberto Arango Mantilla, salva voto—Ana Margarita Olaya Forero—Jaime Moreno García.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

(1) Véase la Sentencia AC-1071, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(2) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(3) Sentencia SU-1185-01.

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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