Sentencia ACU-4744 de junio 14 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. ACU-05001-23-31-000-2000-4744-01, jun. 14l2001

C.P. Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Municipio de Sabaneta

Ref.: Acción de cumplimiento

Demandados: Gobernador del departamento de Antioquia y director departamental de tránsito y transporte de Antioquia.

Conoce la Sala de la impugnación formulada por el director departamental de tránsito y transporte del departamento de Antioquia contra la providencia del 26 de marzo de 2001 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se dispuso:

“1. Se declara que el director de tránsito del departamento de Antioquia ha sido renuente a cumplir el Acuerdo 051 del 14 de octubre de 1993, emanado del Instituto Nacional de Transportes y Tránsito, Intra, en armonía con el artículo 4º del Decreto 2726 del 1º de septiembre de 1999, proferido por la directora general de transporte y tránsito automotor del Ministerio de Transporte.

“2. En consecuencia, se le ordena al director de tránsito departamental, o a quien éste delegue que, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoria de esta sentencia, elabore y suscriba con el alcalde municipal de Sabaneta (Ant.) (sic), o la persona en quien éste delegue, el acta de entrega de los archivos y demás asuntos relacionados con los vehículos transferidos al municipio, en los términos que se explican en la parte motiva de esta providencia.

“3. Notifíquese y comuníquese en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley 393 de 1997.

“4. No se condena en costas, pues no se demostró que se hubieran causado“ (fls. 204 y 205).

I. Antecedentes

1. La petición de cumplimiento.

Mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2000 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 42 a 49), el municipio de Sabaneta (Antioquia), por intermedio de apoderado judicial instauró la acción de cumplimiento contra el gobernador del departamento de Antioquia y el director departamental de transporte y tránsito terrestre automotor de Antioquia, con el fin de que se les exija a dichas autoridades dar cumplimiento al artículo 4º de la Resolución 2726 del 1º de septiembre de 1998 expedida por la directora general de transporte y tránsito terrestre automotor del Ministerio de Transporte, y al artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 proferido por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra, en la actualidad Ministerio de Transporte, por medio de los cuales se clasificó a la secretaría de tránsito municipal de Sabaneta Antioquia en categoría A y, en consecuencia, se ordenó a la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia hacerle entrega de los archivos y demás documentos relacionados con los vehículos automotores en esta última registrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Acuerdo 051 del 13 de octubre de 1993.

2. Los hechos.

En síntesis, el actor expuso los siguientes:

2.1. Mediante el Acuerdo 020 del 19 de junio de 1998 del concejo municipal de Sabaneta, se creó la secretaría de tránsito municipal en esa entidad territorial.

2.2. El Ministerio de Transporte, a través de la directora general de transporte y tránsito terrestre automotor, profirió la Resolución 2726 del 1º de septiembre de 1998, en la que se clasificó a la secretaría de tránsito municipal de Sabaneta Antioquia en categoría A, y en consecuencia, ordenó a la dirección departamental de tránsito y transporte de Antioquia hacerle entrega de los archivos y demás asuntos relacionados con los vehículos automotores registrados en sus oficinas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

2.3. En virtud del artículo 96 del Acuerdo 051 antes mencionado, el departamento de Antioquia debía entregar todos los documentos y demás asuntos relacionados con los vehículos automotores con sede o placas del municipio de Sabaneta.

2.4. Para dicha entrega, sólo los vehículos de uso particular debían estar a paz y salvo con el tesoro departamental por concepto de impuestos de circulación y tránsito y timbre, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 14 de 1983.

2.5. Mediante derecho de petición, el alcalde municipal de Sabaneta, doctor Juan Gonzalo Montoya, solicitó al departamento de Antioquia el cumplimiento del artículo 4º de la Resolución 1716 de 1998 y, en consecuencia, del artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993.

2.6. El 26 de noviembre de 1998, la directora departamental de tránsito encargada, en respuesta a la citada petición, manifestó que se encontraba elaborando una relación de los vehículos públicos afiliados a empresas con sede en el municipio de Sabaneta, para proceder a enviar la documentación de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

2.7. El 7 de julio de 2000, el alcalde encargado del municipio de Sabaneta, con el ánimo de constituir la renuencia del gobernador del departamento de Antioquia y del director departamental de tránsito de Antioquia, les solicitó el cumplimiento del artículo 4º de la Resolución 2726 de 1998 y del artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

2.8. El director departamental de tránsito de Antioquia, dio respuesta negando la solicitud del alcalde encargado del municipio de Sabaneta.

2.9. Hasta la fecha de interposición de la presente acción, el departamento de Antioquia sólo ha entregado los documentos y demás asuntos relacionados con los vehículos indicados en el anexo del escrito de la demanda.

3. Actuación del departamento de Antioquia.

Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2001 a través de apoderado judicial (fls. 59 a 66), la entidad demandada acudió al proceso para solicitar el rechazo de las pretensiones de la acción incoada, con base en los siguientes argumentos:

“Como lo expresa la entidad (sic) accionada, existe una interpretación equívoca de tales normas y en gracia de discusión, el departamento de Antioquia considera que no puede desconocer lo preceptuado por el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, del cual se desprende de manera inequívoca que los vehículos de empresas de transporte público municipal, del servicio individual y taxis, colectivos de pasajeros o mixtos, deben tener sede en el municipio (sic) de Sabaneta; vale decir, que se trate de vehículos públicos cuya tarjeta de operación se le ha otorgado para prestar el servicio en esa jurisdicción. Lo que no aparece acreditado dentro de la acción. Sin embargo, no bastaría con la acreditación de la tarjeta de operación que regula los artículos 33 y 34 de la Ley 336 de 1996, para demostrar la sede. Sino también el paz y salvo de estos vehículos con el tesoro departamental.

"(...).

“Así entonces, se ve claramente como la administración departamental (sic) ha venido cumpliendo con las normas que tienen carácter de ley o actos administrativos, pues mal haría la administración departamental (sic), en devolver o entregar los vehículos, y documentación que no cumplan con el Acuerdo 051 del Ministerio de Transporte“ (fl. 64).

4. Actuación del director departamental de transporte y tránsito de Antioquia.

Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 2001 (fls. 115 a 121), la entidad demanda se opuso a las pretensiones del actor, argumentando no estar incumpliendo ningún acto administrativo, en respaldo de lo cual, manifestó lo siguiente:

“Del análisis, interpretación y buena comprensión de las normas transcritas, se debe concluir que al municipio clasificado en este caso Sabaneta se debían trasladar todas las carpetas de los vehículos de servicio público vinculados o de propiedad de empresas de transporte público municipal que tengan sede en dicho municipio, pero resulta que muchas empresas tienen su sede principal en Medellín y sucursal en todos los municipios del Valle de Aburra (sic), entonces la situación así planteada y en concordancia con la Ley 336 de 1996 o estatuto de transporte, para dar cumplimiento al artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, a los municipios clasificados se deben trasladar las carpetas de los vehículos cuya tarjeta de operación o permiso se otorgue para rodar dentro de ese municipio por parte de la empresa otorgante de la tarjeta, por que (sic) cualquier otra interpretación iría en contra del estatuto de transporte Ley 336 que regula autoridades, competencias y funciones en estos casos y además iría en detrimento patrimonial de los demás municipios clasificados cuyos propietarios matricularon sus carros en Sabaneta, pero que el vehículo rueda en otras jurisdicciones y la empresa que le concede la tarjeta de operación pertenece a municipio distinto a donde se matriculó en este caso Sabaneta, en este caso no se debía trasladar esas carpetas a Sabaneta (fls. 116 y 117).

De otra parte, para dar respuesta al hecho quinto de la demanda, sostuvo:

“(...) tanto los públicos como los particulares debían estar a paz y salvo, ya que ambos servicios estaban gravados con el impuesto de que habla la Ley 14 de 1983, y debían estar a paz y salvo no sólo en la fecha indicada sino que esa es condición indispensable para hacer el traslado de carpetas“ (fl. 118).

Así mismo, en respuesta al hecho décimo de la demanda, afirmó:

“(...) Las disposiciones no hablan de inventarios de placas de Sabaneta, sino de documentos relacionados con el parque automotor de ese municipio vale decir si eran públicos se trata de los de propiedad de empresas cuya sede estuviera radicada en Sabaneta y los particulares que los propietarios los solicitaron; pero como ya se dijo a Sabaneta no sólo le entregaron las carpetas que legalmente había que entregarle si no (sic) que erróneamente se le entregaron carpetas de vehículos de servicio público que tienen tarjeta de operación de otros municipios, ruedan en esos municipios diferentes a Sabaneta y que para efectos del control de esas carpetas deberían estar o en el municipio donde ruedan los vehículos si son clase A, o en el tránsito departamental si esos municipios no están clasificados y sus propietarios o empresas lo matricularon allí. También tienen en Sabaneta retenidas carpetas cuyos propietarios de los vehículos tienen deudas pendientes con el fisco departamental. Los vehículos públicos afiliados o de propiedad de la empresa Tax Individual y Sotrames, que tiene tarjeta de operación para trabajar en el municipio de Sabaneta, ya fueron entregados, lo que no es lógico ni legal es entregarle carpetas de los vehículos de las citadas empresas que tienen tarjeta de operación de otros municipios distintos a Sabaneta, en cuanto a la empresa Cotrasana, ni siquiera tenemos registro de que tenga sucursal en ese municipio” (fls. 118 y 119 - negrillas del texto).

5. La providencia impugnada.

Mediante fallo del 26 de marzo de 2001 (fls. 185 a 205), el a quo accedió a las pretensiones del actor en los términos antes transcritos, por considerar que de los documentos que reposan en el expediente, no se colige que se haya elaborado el acta de recibo de los documentos en cuestión, suscrita tanto por la parte que entrega como por la que recibe, ordenada en el artículo 96 del Acuerdo 51 junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

Sobre este punto, sostuvo lo siguiente:

“La ausencia de este documento, de tan trascendental importancia, es la causa de todos los conflictos entre ambos organismos, pues, como puede inferirse, al exigirse que contenga la firma de ambos funcionarios, dicha acta debe elaborarse de mutuo acuerdo.

“Y esta Sala concluye que no existe, pues, en las deliberaciones previas a la suscripción de tal documento, ambos interesados hubieran podido exponer, civilizadamente, las razones que han expuesto ante este despacho e, incluso, examinar los archivos en el lugar donde se encuentren, lo que parece que no han hecho a juzgar por la innumerable correspondencia que se han dirigido en vano, lo que hizo necesario que acudieran a la jurisdicción contencioso administrativa en procura de una solución que está en las manos del demandante y del demandado. De otra forma, se hubiera aportado al proceso la prueba correspondiente y el asunto estaría concluido.

“(...).

“Como no se acreditó en el proceso que se hubiera suscrito el acta, el despacho ordenará al señor Horacio Gallego Bedoya, director de tránsito departamental, o a quien haga sus veces al momento de ser notificada de esta decisión, y al señor Juan Gonzalo Montoya Restrepo, alcalde popular del municipio de Sabaneta, o a quien haga sus veces, a que elaboren y suscriban dicho documento. Esto se hace porque la norma exige la firma de ambos funcionarios, aunque resulte paradójico que al demandante también se le imparta dicha orden, pero es una obligación suya elaborar y suscribir el acta conjuntamente con el demandado, siendo evidente que no es él quien ha sido renuente a cumplir el imperativo deber que se le encomendó” (fls. 202 y 203 - negrillas del texto).

6. La impugnación.

Inconforme con la decisión del a quo, el director departamental de tránsito de Antioquia la impugnó (fls. 207 a 210), argumentando haber hecho la entrega de los archivos conforme a las normas legales y a la interpretación hecha por el tribunal al respecto, en respaldo de lo cual, anexó copias auténticas de las actas de entrega de los historiales de los vehículos, las cuales no habían aportado con anterioridad debido a que lo consideraron innecesario, toda vez que, el demandante había reconocido tal entrega.

Al respecto, afirmó lo siguiente:

“Consideramos que el meollo del asunto se clarifica con una debida interpretación del artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, sobre todo con la prueba sobre la existencia de las empresas que tienen sede en el municipio de Sabaneta, hecho que no fue demostrado por el accionante; para mayor claridad hemos sostenido lo que en la práctica nos permite afirmar por vía de legalidad que si la empresa tiene sede en el municipio, ésta sólo puede otorgar tarjeta de operación dentro de su jurisdicción, en tratándose de vehículos de servicio público de cualquier modalidad, pertenecen a tales empresas los que tienen tarjeta de operación para laborar dentro de ese municipio, por ello hemos insistido en que sólo pertenecen a Sabaneta los vehículos públicos que tienen tarjeta de operación en ese municipio, y que esas carpetas o archivos fueron trasladados al tránsito municipal; por ello y para demostrar que Sabaneta esta (sic) solicitando el traslado de archivos que no se le pueden entregar en la respuesta al numeral 10 de la demanda con el debido soporte probatorio, contrato de afiliación y tarjeta de operación se hizo un paneo demostrativo de los vehículos cuyo traslado solicita Sabaneta, probando este despacho documentalmente que las pretensiones de Sabaneta son infundadas, por que (sic) los vehículos allí solicitados tienen la tarjeta de operación de otros municipios diferentes a Sabaneta, pero sobre el particular nada dijo el tribunal, y consideramos que no lo hizo por que (sic) no se analizó minuciosamente la norma indebidamente interpretada por Sabaneta, hasta el punto de concretar las pretensiones referidas al servicio público municipal no sólo en la afiliación o pertenencia de los vehículos a las empresas de transportes municipales con sede en tal municipio, sino en el hecho cierto y demostrable que tal tarjeta de operación es para laborar en el tantas veces citado municipio de Sabaneta y tomar tal documento, tarjeta de operación que lo deben tener todos los vehículos de servicio público, como el elemento o requisito fácilmente demostrable, como la base de los automotores de servicio público que se debían entregar al tránsito municipal de Sabaneta. Es bien cierto que el artículo 96 del Acuerdo 051 no trae la tarjeta de operación como requisito para el traslado de los documentos de los vehículos de servicio público, pero hecho el análisis anterior allá nos conduce, por que (sic) la tarjeta de operación es el documento que identifica la empresa propietaria del vehículo y la jurisdicción municipal donde está autorizado para operar, no es legalmente posible que un vehículo tenga tarjeta de operación para laborar en determinado municipio y pueda circular sin cumplir unos requisitos en municipios distintos, precisamente por ello no es tampoco posible trasladar carpetas o documentos de vehículos público (sic) a municipio distinto de aquel que le otorgó la tarjeta de operación, precisamente por que (sic) la empresa propietaria del automotor debe estar radicada o tener sede en el municipio que le otorga la tarjeta de operación al carro público con radio de acción municipal (fls. 208 y 209).

II. Consideraciones de la Sala

1. Procedencia de la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 393 de 1997, tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir a las autoridades públicas y a los particulares, cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, que cumplan el mandato de la ley o un acto administrativo, a fin de que el contenido de éste o aquélla tenga concreción en la realidad y no quede sujeto a la voluntad de la autoridad pública encargada de su ejecución.

Para la procedencia de la acción instaurada, la Sala ha señalado como requisitos indispensables los siguientes:

— Que el deber jurídico cuyo cumplimiento se exige por medio de la acción esté consagrado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos.

Este requisito implica que el actor identifique la norma cuyo cumplimiento pretende, permitiendo al juez determinar si aquélla puede ser objeto de la acción de cumplimiento.

— Que la administración haya incumplido el mandato legal o administrativo del caso.

— Que la administración se encuentre renuente a cumplir y tal renuencia sea probada por el demandante.

— Que el afectado no tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo en el caso en que de no proceder el amparo del juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

En el presente asunto, el actor considera que tanto el gobernador de Antioquia como el director departamental de transporte y tránsito de Antioquia no han dada cumplimiento al artículo 4º de la Resolución 2726 de 1998 expedida por el Ministerio de Transporte, y en consecuencia, tampoco al artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 dictado por la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, razón por la cual pretende, a través de la acción instaurada, que se les ordene a dichas autoridades dar aplicación a las citadas disposiciones.

2. El deber omitido cuyo cumplimiento se reclama.

Como ya se indicó, según la consagración constitucional, la acción de cumplimiento tiene por finalidad exigir judicialmente a las autoridades públicas y, en ciertos eventos también a los particulares, el cumplimiento coactivo de un deber omitido, contenido imperativamente en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo, cuando quiera que unas u otras se muestren renuentes a atender tal mandato, y el actor no cuente con otro instrumento judicial para lograr tal propósito.

En ese contexto entonces, las disposiciones que cita la parte actora como incumplidas, son las siguientes:

a) Resolución 2726 del 1º de septiembre de 1998 del Ministerio de Transporte:

“ART. 4º—La Dirección Departamental de Tránsito Transporte de Antioquia debe hacer entrega a la secretaría de tránsito (sic) y transporte (sic) municipal de Sabaneta (Antioquia) de los archivos y demás asuntos relacionados con los vehículos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993“.

b) Acuerdo 00051 del 14 de octubre de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito:

“ART. 96.—Los organismos de tránsito departamental con sede en los municipios donde funcionen o se creen organismos de tránsito de carácter municipal clase A, deberán pasar a estos últimos, todos los documentos y demás asuntos relacionados con los vehículos de servicio público vinculados o de propiedad de empresas de transporte público municipal, del servicio individual y taxis, colectivos de pasajeros y/o mixto que tengan sede en dicho municipio, como también los documentos de los vehículos del servicio oficial de propiedad del municipio en cuestión o entidades de carácter municipal y de aquellos vehículos de servicio particular que así lo soliciten expresamente sus propietarios, previa comprobación de que tales vehículos se encuentran a paz y salvo con el tesoro departamental, de conformidad con la Ley 14 de 1983.

“Dicha entrega deberá efectuarse mediante acta suscrita tanto por el director del organismo de tránsito que efectúa la entrega como por el que recibe.

“El traslado de que trata el presente artículo no causa al propietario del vehículo erogación alguna por este concepto, a excepción del pago de los impuestos mencionados anteriormente.

“PAR.—A partir de la clasificación por parte del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, a los organismos de tránsito y transporte municipal, el organismo de tránsito departamental no podrá continuar registrando nuevos vehículos automotores cuyo domicilio sea la ciudad sede de la oficina de tránsito municipal, no adelantar ninguna; clase de trámites tales como expedición, refrendación y recategorización de licencias de conducción y demás funciones contempladas en el Decreto 1147 de 1971 y normas concordantes sino en aquellos otros municipios pertenecientes al departamento donde no existan organismos de tránsito municipal, de conformidad con lo señalado en la Ley 14 de 1983”.

3. Alcance de las disposiciones presuntamente incumplidas.

Dos aspectos deben destacarse para tener claridad acerca del alcance que tienen las citadas disposiciones, a saber: el primero, es establecer cómo se determina la pertenencia de los vehículos de servicio público a un municipio que cuente con un organismo de tránsito clase A; el segundo, hace relación a cuáles son los vehículos automotores que deben encontrarse a paz y salvo por concepto de impuestos de circulación y tránsito y de timbre, para efectos del citado traslado, de conformidad con lo reglado en la Ley 14 de 1983.

3.1. El servicio público de transporte.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 493 de 1990, por el cual se dicta el estatuto para el servicio público de transporte municipal en vehículos tipo automóvil o taxi, y el Decreto 1787 de 1990, por el cual se dicta el estatuto nacional de transporte público colectivo municipal de pasajeros y mixto, el servicio de transporte público siempre será prestado por empresas que se constituyan para tal efecto, las cuales previamente deberán obtener licencia de funcionamiento expedida por la autoridad competente.

En ese sentido, es inconcebible encontrar un automóvil prestador de servicio público de transporte municipal, sea éste de tipo individual o colectivo, que no se encuentre vinculado o que no sea de propiedad de una empresa legalmente autorizada para prestar este tipo de servicio, razón por la cual, necesariamente debe concluirse que la pertenencia de este tipo de automóviles a un municipio no la determina el lugar de expedición de la tarjeta de operación de los mismos, como erróneamente lo ha sostenido la Dirección Departamental de Transporte y Tránsito de Antioquia (fl. 208), sino, la sede de las empresas a las que tales automotores se encuentren afiliados.

En efecto, la tarjeta de operación no tiene la función de determinar la pertenencia del vehículo automotor a un municipio, sino la de acreditar la idoneidad del mismo para prestar el servicio público de transporte, tal como lo dispone el artículo 68 del Decreto 1787 de 1990:

“La tarjeta de operación es el documento que acredita a los vehículos automotores como idóneos para prestar el servicio público de transporte bajo el control de una empresa o sociedad comercial administradora y operadora de sistemas o subsistemas de transporte, de acuerdo con su respectiva licencia de funcionamiento en los servicios, áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho que tenga asignados” (negrillas de la Sala).

Con base en lo anterior, forzoso es concluir que los documentos y demás asuntos que deben ser trasladados a un municipio en el que se cree un organismo de tránsito clase A, de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, son los de los vehículos de servicio público municipal, individual o colectivo, vinculados o de propiedad de las empresas que tengan sede en dicho municipio; es decir, son las empresas las que deben tener sede en el municipio, sin que se tenga en cuenta para estos efectos el lugar de expedición de la tarjeta de operación de cada vehículo automotor en particular.

3.2. Los impuestos a los vehículos automotores.

Teniendo en cuenta que el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 en referencia, se remite a la Ley 14 de 1983 para efectos de establecer si los vehículos se encuentran a paz y salvo por concepto de impuestos de circulación y tránsito y de timbre y, por ende, si cumplen con este requisito para ser trasladados al organismo de tránsito municipal, es pertinente aclarar cuáles son los vehículos que están obligados a pagar tales impuestos y, en consecuencia, a cumplir con el citado requisito.

Tal como lo establece el artículo 49 de la Ley 14 de 1983, el impuesto de circulación y tránsito, y en consecuencia su accesorio que, es el impuesto de timbre, son aplicables únicamente a los vehículos de servicio particular, pues, el texto de dicha norma es como sigue:

“ART. 49.—Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los municipios por concepto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968, con una tarifa anual equivalente al dos por mil (2º/oo) de su valor comercial.

PAR.—Quedan vigentes las normas expedidas por los concejos municipales que regulen este impuesto respecto de vehículos de servicio público, así como las que hubieren decretado exenciones del mismo”.

Así las cosas, es pertinente precisar que, los vehículos de servicio público no pagan impuestos por ninguno de los conceptos establecidos en la precitada ley, con la salvedad establecida en el parágrafo del artículo 49, en el que se mantiene, para este tipo de vehículos, los impuestos que hayan reglamentado los concejos municipales con antelación a la expedición de la Ley 14 de 1983.

En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación conceptuó:

“Recogiendo la tradición sobre la materia, la Ley 48 de 1968, dispuso que el Distrito Especial y los municipios “continuarán autorizados para gravar con el impuesto de circulación y tránsito a los vehículos de tracción mecánica”.

“De ahí el precepto contenido en el artículo 214 del Código de Régimen Municipal (D.L. 1333/86): “Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968, con una tarifa anual equivalente al 2 por mil de su valor comercial, norma que a su vez es la reproducción textual del artículo 49 de la Ley 14 de 1983, que versa sobre el fortalecimiento de los fiscos de las entidades territoriales.

“Como puede observarse, la disposición vigente establece que el sujeto gravable del impuesto denominado de circulación y tránsito son los “vehículos automotores de uso particular“. Todos los vehículos automotores, a menos que la ley expresamente señale exenciones.

“(...) es también la ley la que puede establecer exenciones en favor de cierta clase de vehículos, para efectos del pago del impuesto de circulación y tránsito, así como de su accesorio, el de timbre nacional sobre los mismos vehículos cedido a los departamentos, intendencias, comisarias y al Distrito Especial de Bogotá, en virtud del artículo 52 de la Ley 14 de 1983.

“Siguiendo esta línea legislativa y dentro del criterio de hacer menos rígido el impuesto, la Ley 14 de 1983, en su artículo 51, declaró exentos de impuesto de circulación y tránsito a los siguientes vehículos: a) Los clasificados dentro del servicio público. b) Los de propiedad de entidades de derecho público. c) Los buses destinados exclusivamente al transporte de estudiantes. d) Las bicicletas, motonetas y las motocicletas con motor hasta de 185 c.c. de cilindrada. e) Los tractores, trilladoras y demás maquinaria agrícola. f) Los tractores sobre orugas, cargadores, mototraíllas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas.

“El impuesto de circulación y tránsito, por lo tanto, recae sobre los vehículos automotores de uso particular, con las exenciones a que se ha hecho referencia. De modo que ha sido establecido sobre los vehículos automotores, atendiendo las características de éstos y no solamente por razón del uso de las vías públicas, sino también por el uso del mismo vehículo” (1) .

(1) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, consulta del 16 de diciembre de 1988, M.P. Javier Henao Hidrón.

En consecuencia, la obligación de estar a paz y salvo consignada por el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, se predica exclusivamente de los vehículos de servicio particular, con la exigencia adicional, para efectos del traslado del historial de los vehículos, de la solicitud expresa del propietario de este tipo de vehículos, de que se efectúe tal traslado de los documentos al organismo de tránsito municipal que se cree para su manejo.

4. El caso concreto.

En el caso sub examine, se tiene que, en efecto, la Secretaría de Transportes y Tránsito de Sabaneta, inspección clase A, fue creada mediante el Acuerdo 20 del 1º de junio de 1998 proferido por el concejo municipal de dicho municipio (fls. 4 y 5).

Mediante la Resolución 2726 del 1º de septiembre de 1998, la directora general de transporte y tránsito terrestre automotor del Ministerio de Transporte, clasificó a la Secretaría de Tránsito Municipal de Sabaneta Antioquia en categoría A y, en consecuencia, en el artículo 4º de la citada resolución ordenó a la dirección departamental de tránsito y transporte de Antioquia hacer entrega de los archivos y demás asuntos relacionados con los vehículos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

En ese orden de ideas, y de conformidad con lo expuesto en el acápite anterior, los documentos que la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia debe entregar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sabaneta, son los siguientes:

a) Los documentos de los vehículos de servicio público que se encuentren afiliados o sean de propiedad de empresas con sede en el municipio de Sabaneta, tanto los de servicio individual y taxis, como los colectivos de pasajeros y/o mixto.

b) Los documentos de los vehículos del servicio oficial de propiedad del municipio de Sabaneta o entidades de carácter municipal.

c) Los documentos de los vehículos de servicio particular, con dos condiciones: 1. Que sus propietarios soliciten expresamente el traslado, y 2. Previa comprobación de que tales vehículos se encuentren a paz y salvo con el tesoro departamental respecto de los impuestos de circulación y tránsito y de timbre, de conformidad con la Ley 14 de 1983, toda vez que, es sólo a este tipo de vehículos a los que se les exige el pago de impuestos por dichos conceptos.

Así las cosas, para efectos de establecer el cumplimiento de las citadas disposiciones es preciso verificar, como lo manifestó el a quo, la entrega de la respectiva documentación a través de un acta suscrita tanto por la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia como por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sabaneta, de acuerdo con la interpretación que en la sentencia impugnada se le dio al artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 en comento.

En ese sentido se pronunció el tribunal y, debido a que dentro del expediente no aparecían copias de las actas de entrega, es decir, no aparecía acreditado el cumplimiento del deber presuntamente omitido, ordenó su elaboración y suscripción dentro de los 6 meses siguientes contados a partir de la ejecutoria de la sentencia el 26 de marzo de 2001.

No obstante lo anterior, la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia acompañó a su escrito de impugnación presentado el 4 de abril de 2001, copia auténtica de las actas de entrega suscritas tanto por ese organismo como por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sabaneta (fls. 211 a 241); es decir, se demostró que con anterioridad a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia había dado cumplimiento a su obligación, en el aspecto atinente a la suscripción de las actas.

Sin embargo, una interpretación errada de la norma que se debe cumplir ha hecho que la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia, no haya cumplido de manera satisfactoria y completa con tal disposición, incumplimiento que se pone en evidencia cuando sostiene que:

“(...) para demostrar que Sabaneta está (sic) solicitando el traslado de archivos que no se le pueden entregar en la respuesta al numeral 10 de la demanda con el debido soporte probatorio, contrato de afiliación y tarjeta de operación se hizo un paneo demostrativo de los vehículos cuyo traslado solicita Sabaneta, probando este despacho documentalmente que las pretensiones de Sabaneta son infundadas, por que (sic) los vehículos allí solicitados tienen la tarjeta de operación de otros municipios diferentes a Sabaneta, pero sobre el particular nada dijo el tribunal, y consideramos que no lo hizo por que (sic) no se analizó minuciosamente la norma indebidamente interpretada por Sabaneta (...)“ (fl. 208).

Por manera que, no obstante haberse realizado la entrega de los vehículos automotores a través de la suscripción de actas, ésta no se efectuó de manera completa, ni de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993 de la junta liquidadora del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, ya que sólo fueron entregados los documentos de los vehículos que se relacionan en las siguientes actas, las cuales fueron aportadas con la impugnación de la sentencia:

a) Acta Nº 01 del 4 de junio de 1999, “entrega de las carpetas de vehículos públicos cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta“ (fls. 211 y 212).

b) Acta Nº 02 del 18 de junio de 1999 “entrega de las carpetas de vehículos particulares cuyo domicilio será la ciudad de Sabaneta y que estén a paz y salvo con el tesoro departamental de conformidad con la Ley 14 de 1993“ (fl. 213).

c) Relación de inventario de carpetas del 1º de julio de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos públicos cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta” (fls. 214 a 217).

d) Relación de inventario de carpetas del 22 de julio de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos públicos cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta” (fls. 218 a 219).

e) Relación de inventario de carpetas del 26 de julio de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos oficiales cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta” (fls. 220 a 221).

f) Relación de inventario de carpetas del 26 de julio de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos oficiales cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta” (fls. 222 a 223).

g) Relación de inventario de carpetas del 11 de agosto de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos particulares cuyo domicilio sea la ciudad de Sabaneta” (fls. 224 a 225).

h) Relación de inventario de carpetas del 24 de agosto de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos de servicio público que presentan fotocopia de la tarjeta de operación de Sabaneta” (fls. 226 a 227).

i) Relación de inventario de carpetas del 1º de septiembre de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos de servicio público que presentan fotocopia de la tarjeta de operación de Sabaneta” (fls. 228 a 235).

j) Relación de inventario de carpetas del 24 de septiembre de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos de servicio público que presentan fotocopia de la tarjeta de operación de Sabaneta” (fls. 237 a 238).

k) Relación de inventario de carpetas del 19 de octubre de 1999, a través de la cual se hizo “entrega de las carpetas de vehículos de servicio público que presentan fotocopia de la tarjeta de operación de Sabaneta” (fls. 239 a 240).

En consecuencia, debido a que se ha verificado un cumplimiento parcial del artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, por la equivocada interpretación de la Dirección Departamental de Transporte y Tránsito de Antioquia, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, se le ordenará a esta entidad, ajustar su conducta a la interpretación expuesta a lo largo de esta sentencia.

Así las cosas, la Dirección Departamental de Transporte y Tránsito de Antioquia, deberá efectuar el traslado de los documentos de los vehículos de servicio público que se encuentren afiliados a empresas que tengan su sede en el municipio de Sabaneta, sin exigir, para tal efecto, que la tarjeta de operación sea expedida por el municipio de Sabaneta, y tampoco que se encuentren a paz y salvo por concepto de impuestos pues, como ya se explicó ampliamente están exentos de pagarlos. Los traslados que se hayan realizado de esa forma, se encuentran ajustados a lo dispuesto por el artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, razón por la cual no hay lugar a su devolución.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, toda vez que, aunque se encuentra probado el cumplimiento de la entrega de los documentos mediante actas suscritas tanto por la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte de Antioquia como por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sabaneta, lo cierto es que no se han entregado todos los documentos, como ya se explicó.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia impugnada, esto es, la proferida el 26 de marzo de 2001 por el Tribunal Administrativo de Antioquia para que se dé cumplimiento al artículo 96 del Acuerdo 051 de 1993, en los términos que se explican en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese esta providencia a las partes en la forma indicada en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

3. En firma esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese, cúmplase.

Magistrados: Alier Eduardo Hernández Enríquez—María Elena Giraldo Gómez—Jesús María Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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