Sentencia ACU-1013 de noviembre 11 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A”.

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Acción de cumplimiento

Apelación

Actor: Orlando Perdomo Tovar

Santafé de Bogotá D.C., noviembre once (11) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Conoce la Sala de los recursos de apelación interpuestos por el instituto de tránsito y transporte del Huila a través de apoderado, y por el actor señor Orlando Perdomo Tovar, contra la providencia del 4 de octubre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que ordenó al director del instituto de tránsito del Huila, “que en el término de dos días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, proceda a iniciar las actuaciones administrativas, o procedimientos administrativos, de que trata el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, en relación con los vehículos automotores de placas TBO 288; TBO 286; TEL 010 y TEL 011 especialmente, y cualquier otro en el que se haya presuntamente desconocido la Resolución 07126 de 1995 expedida por el Ministerio de Transporte”.

Petición

Solicita el actor que se ordene al director del instituto de tránsito y transporte del Huila, el cumplimiento del artículo 49 de la Ley 336 de 1996, en lo que tiene que ver con los vehículos matriculados en dicho organismo sin la correspondiente homologación que establece la Resolución 07126 de 1995, artículos 19 a 21. Normas que prescriben:

“LEY 336 DE 1996

(Diciembre 20)

Por el cual se adopta el estatuto nacional de transporte.

(...).

Capítulo Noveno

Sanciones y Procedimientos

ART. 49.—La inmovilización o retención de los equipos procederá en los siguientes eventos:

a) Cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de homologación establecidas por la autoridad competente, caso en el cual se ordenará la cancelación de la matrícula o registro correspondiente;...”.

“Ministerio de Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 7126 DE 1995

(Octubre 11)

Por el cual se establecen las características y especificaciones técnicas y de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros.

(...).

ART. 19.—Las autoridades de tránsito al matricular el vehículo, exigirán las fichas técnicas de homologación debidamente registradas y aprobadas ante el Ministerio de Transporte.

Para el traspaso de un vehículo, el comprador debe exigir un certificado de conformidad en el que conste que las características técnico-mecánicas del vehículo son las consignadas en la respectiva ficha técnica. Documento firmado y registrado por los interesados.

ART. 20.—No será autorizada la transformación de un vehículo de pasajeros cuando implique cambio en la modalidad o clase de vehículo.

PAR.—Es responsable de la transformación o modificación del vehículo, aquél que en el momento sea el poseedor del mismo.

ART. 21.—A partir de la vigencia de la presente resolución, no podrán fabricarse carrocerías, ni ensamblarse, ni importarse vehículos destinados al servicio de transporte público colectivo de pasajeros que no cumplan con las características y especificaciones técnicas señaladas en esta norma...”.

Antecedentes

En síntesis, los hechos en que se apoya la demanda son los siguientes:

Expresa que durante 1996 y 1997 el instituto de tránsito y transporte del Huila matriculó varios vehículos, microbuses de servicio público, en las sedes de Campoalegre, Baraya y Palermo sin el lleno del requisito de la homologación. La homologación es “la confrontación de las características técnico-mecánicas de un vehículo con las normas legales vigentes, para su respectiva aprobación”.

Los vehículos matriculados en forma ilegal son los TBK 171, TBO 286, TBO 288, TEL 008, TEL 009, TEL 010, TEL 011 y TEL 014 y el 13 de octubre de 1998 el actor le solicitó al director del instituto hacer cumplir el artículo 49 de la Ley 336 de 1996 y hasta la fecha no le ha contestado.

Dice que ya había interpuesto acción de cumplimiento pero que el tribunal le imprimió trámite de acción de tutela, decisión que el 11 de mayo de los corrientes le amparó el derecho fundamental de petición. El instituto le responde entonces que no es procedente inmovilizar los vehículos hasta tanto se pronuncie el Ministerio de Transporte.

La providencia apelada

El tribunal accedió ordenando al director del instituto departamental de tránsito y transporte del Huila que en el término de dos días siguientes a la ejecutoria de la providencia, proceda a iniciar las actuaciones administrativas del artículo 50 de la Ley 336 de 1996 en relación con los vehículos de placas TBO 288, TBO 286, TEL 010 y TEL 011 especialmente y con cualquier otro automotor “en el que se haya presuntamente desconocido la Resolución 07126 de 1995 expedida por el Ministerio de Transporte”.

Para llegar a esta conclusión, el tribunal consideró que a pesar de haberse solicitado el cumplimiento del artículo 49 de la Ley 336 de 1996, lo pertinente es aplicar los artículos 50 y 51 de la citada ley, ya que éstos establecen el procedimiento para la inmovilización o retención de “los equipos”.

Lo mismo expresa con relación a los artículos 19, 20 y 21 de la Resolución 07126 de 1995, cuyo incumplimiento se dio por parte de la autoridad administrativa, por cuanto los automotores fueron matriculados entre 1996 y 1997, y la resolución citada empezó a regir a partir del 1º de noviembre de 1995 (art. 24).

Dice que la Ley 336 de 1996, regula el servicio de transporte, como de carácter público esencial y por ende, sus normas son generales y de obligatorio cumplimiento, que garantizan la buena prestación del servicio y la protección del usuario.

Expresa que de conformidad con la Resolución 044 del 26 de julio de 1999 expedida por el director regional del Huila y Caquetá, del Ministerio de Transporte, por medio de la cual revocó una sanción al instituto de tránsito y transporte del Huila, por los hechos de esta acción de cumplimiento, es más que suficiente para demostrar el incumplimiento de la entidad administrativa. Es decir, no por ello debe dejarse sin la obligación de cumplir muy a pesar de haber aceptado el error.

Como el instituto en la referida resolución acepta que omitió la ficha técnica de homologación de cuatro vehículos, entonces ordena la iniciación de la actuación administrativa para establecer su legalidad.

La apelación del actor

El actor, señor Orlando Perdomo Tovar, al impugnar la providencia del tribunal, explica que el cumplimiento solicitado por él en su demanda fue del artículo 49 de la Ley 336 de 1996 y no de los artículos 50 y 51, que en últimas ordenó cumplir el tribunal.

Afirma que estos dos artículos se refieren al conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte y que en el caso planteado, lo que se omitió fue un requisito indispensable para la matrícula de un vehículo.

Nuevamente explica qué es homologar y afirma que de nada vale aplicar un procedimiento como el de los artículos 50 y 51 sin que se hayan verificado los requisitos para homologar todos los automotores a que se refiere la demanda con que se instauró el presente proceso.

La apelación de la demandada

El apoderado del instituto de tránsito y transporte del Huila impugna la decisión del tribunal explicando que efectivamente los vehículos no presentaron ficha de promologación y que aún así el instituto los matriculó, pero que dicho error se debió a que el Ministerio de Transporte a través de la regional Huila y Caquetá ya les había expedido tarjetas de operación. Es decir, la conducta del Ministerio hizo incurrir en error al instituto.

Consideraciones

La acción de cumplimiento fue instituida por el constituyente en el artículo 87 de la Carta Política y su desarrollo legal se materializó en la Ley 393 de 1997. De conformidad con el artículo 8º de la citada ley, ésta procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.

Pretende el actor que esta jurisdicción ordene al director del instituto de tránsito y transporte del Huila cumplir con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 336 de 1996, y en consecuencia, cancele las matrículas de los vehículos de placas TBK 17l, TBO 286 y 288, TEL 008, 009, 010, 011 y 014 que se registraron sin el lleno del requisito de la ficha de homologación. Trámite que pide se surta, de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la Resolución 7126 del 11 de octubre de 1995.

De la atenta lectura del artículo 49 de la citada ley, al igual que de los artículos 19, 20 y 21 de la Resolución 7126, se advierte que el primero hace parte del capítulo noveno “sanciones y procedimientos” y como bien se advirtió en el salvamento de voto de la providencia impugnada, la acción de cumplimiento no procede para la imposición de sanciones, ya que éstas sólo se imponen a través de un procedimiento administrativo, en el que se pruebe la responsabilidad del infractor y la viabilidad de la sanción, es decir, ella no se aplica por disposición directa de la ley, sino por disposición administrativa del competente para ello, previo el procedimiento que corresponde.

De acuerdo con lo anterior en el caso sub lite, esta jurisdicción a través de la acción de cumplimiento no puede ordenar aplicar una sanción, como la inmovilización y retención de los automotores señalados en la demanda, porque en primer término, ello no es procedente y además, las partes afectadas con la presente demanda, vale decir, los propietarios de los vehículos en cuestión, no fueron notificados de la iniciación de este procedimiento y mal podrían salir afectados con una decisión adversa como la del tribunal. Es decir, se violaría ostensiblemente el derecho de defensa, principio fundamental para todo procedimiento.

Los artículos 19, 20 y 21 de la Resolución 7126 de octubre 11 de 1995, establecen el trámite y requisitos para la matricula de un vehículo de servicio público. El artículo 21 contiene una prohibición. Es decir, de estos artículos no se deriva una obligación clara, expresa y exigible de cargo de la autoridad administrativa del modo que pretende el actor.

Esta corporación en reiterados pronunciamientos ha dicho que son tres los elementos mínimos exigidos para que sea viable la presente acción: 1. Que la obligación que se pretende hacer cumplir esté consignada en norma con fuerza material de ley o en acto administrativo, lo cual excluye las normas de la Constitución Política que consagran principios y directrices; 2. Que el mandato sea imperativo e indudable y que esté radicado en cabeza de la autoridad de la cual se reclama su cumplimiento y 3. Que se pruebe la renuencia del obligado a cumplir.

Como en el presente caso, se pide la aplicación de una sanción, se hace patente, de conformidad con lo expuesto, la improsperidad de la acción.

Bastan las anteriores consideraciones para revocar la providencia materia de apelación y en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la providencia de cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió a la demanda de cumplimiento. En su lugar,

DENIÉGASE la pretensión de la demanda.

Notifíquese personalmente a las partes o en su defecto, notifíquese por edicto, de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

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