Sentencia ACU-1016 de noviembre 18 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. María Helena Giraldo Gómez

Santafé de Bogotá, D.C, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «En efecto, la mayoría de la Sala, sostiene que los particulares cuando prestan el servicio público de educación no ejercen funciones públicas y por lo tanto la acción ejercitada resulta es improcedente.

En efecto:

Los particulares son pasibles de la acción de cumplimiento sólo si cumplen funciones públicas.

La ley prevé que la acción de cumplimiento procede contra acciones y omisiones de particulares cuando actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas y únicamente para obtener el cumplimiento de dichas funciones (L. 393/97, art. 6º).

La función pública es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines.

Las universidades privadas no cumplen funciones públicas

La educación, conforme lo establece la Constitución, es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social (art. 67).

El servicio público(2) es una actividad que desarrolla la administración, en forma directa o delegada, con el objeto de satisfacer las necesidades de los administrados, esto es: el interés general.

(2) Que, como lo afirma Georges Vedel en su obra Derecho Administrativo, se caracteriza: “a la vez, por su fin (satisfacción de una necesidad social) y por sus medios (organización por el Estado o por una colectividad pública de una masa orgánica de hombres y de bienes). Su modo de acción está constituido por las prestaciones suministradas a los individuos que son sus usuarios”.

Por tanto, son diferentes los conceptos de función pública y servicio público.

Así lo ha señalado reconocida parte de la doctrina.

En efecto, Roberto Dromi sobre el punto dice:

“Funciones públicas. Atañen a la defensa exterior, para resguardo de supremas necesidades de orden y paz y a la actuación del derecho para la tutela de los propios valores jurídicos como orden, seguridad y justicia.(...).

Servicios públicos. Se refieren a prestaciones o servicios de interés comunitario que no son de forzosa ejecución estatal directa(3).

(3) Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones ciudad Argentina. España. 1996, pág. 97.

De conformidad con lo expuesto, resta concluir que la prestación del servicio público de educación por los particulares, no comporta el ejercicio de funciones públicas, en cuanto no corresponde al desarrollo de competencias atribuidas a los órganos o servidores del Estado.

Por consiguiente, las universidades particulares prestadoras del servicio público de educación, no ejercen funciones públicas, y por lo mismo, no pueden ser demandadas en ejercicio de la acción de cumplimiento.

La Sala en reciente providencia dictada dentro del expediente ACU-798(4) señaló las diferencias entre función pública y servicio público; manifestó:

(4) Proferida el día 5 de agosto de 1999 M.P. Germán Rodríguez Villamizar, Actor: Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá “Sintracoomotor”.

“El manejo que generalmente se hace de la función pública se ha reducido exclusivamente al ámbito del derecho administrativo para significar la relación que une al servidor público con la administración y en tal sentido entonces se entiende con carácter totalmente restringido como el conjunto de regímenes de administración laboral aplicables a las personas que prestan sus servicios al Estado cuando es lo cierto que, el concepto de función pública tiene una connotación mucho mayor.

En efecto, función pública es toda actividad ejercida por los órganos del Estado para la realización de sus fines y, excepcionalmente, por expresa delegación legal o por concesión, por parte de los particulares; pero, “es de señalar que la función pública significa una actividad de Estado que no puede jamás concebirse como análoga a la de un particular aun cuando se tratara de una empresa”(5); por manera que no resulta acertado deducir que toda prestación de un servicio público(6) comporta el ejercicio de función pública, aunque, en ocasiones, bien puede existir coincidencia entre el ejercicio de ésta y la prestación de aquél (...).

(5) Diez Manuel María. Op. Cit. pág. 330.

(6) Entendido el servicio público como aquélla actividad organizada y dirigida a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua por parte del Estado en forma directa o por particulares expresamente autorizados para ello, con sujeción a un régimen jurídico especial.

Sobre el particular, la doctrina inclusive tiene precisada la diferencia existente entre función pública y servicio público, que, si bien son dos figuras próximas en el ámbito del derecho público, cada una de ellas posee su propia caracterización y tipificación que las diferencia entre sí, “esta distinción procede de la doctrina italiana y fue elaborada frente a la pretensión inicial de que “toda tarea administrativa es constitutiva de servicios públicos” hoy ya desechada. No obstante puede decirse que la función pública participa en todo caso del poder del Estado, y que es de carácter siempre jurídico, mientras que el servicio público es de carácter material y técnico y en muchas de sus manifestaciones no puede utilizar el poder público (por ejemplo, y en la mayoría de los casos, para Imponer coactivamente su utilización)”(7)(8). (subrayado por fuera del texto original).

(7) De la Cuetara, Juan Miguel, “La actividad de la administración”. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1983, pág. 139.

(8) Aclaración de voto de la suscrita consejera a la providencia proferida el 26 de agosto de 1999. Proceso ACU-833. Actor: Alberto Ovalle Escobar.

Por lo tanto se halla razonable la decisión del a-quo, de rechazar por improcedente la acción de cumplimiento al haberse dirigido contra la Universidad Externado de Colombia, particular que no está en ejercicio de funciones públicas y además por expresar, haciendo sustracción de esta consideración, que el contenido de la norma legal cuyo cumplimiento se pide, norma transcrita al inicio de las consideraciones, no contiene un mandato imperativo e inobjetable, por cuanto del análisis de la norma se advierte que ella no obliga de manera clara e impostergable a la Universidad Externado de Colombia a otorgar al accionante el diploma de especialista en planificación y gestión del Ecoturismo».

_____________________________________