Sentencia ACU-1036 de noviembre 18 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Il. El artículo 10 de la Ley 393 de 1997 establece los requisitos que debe reunir la solicitud de cumplimiento y entre éstos prevé en el numeral 5º la prueba de la renuencia “que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva”.

Este requisito se agota siempre que el interesado acredite que solicitó ante la entidad demandada el cumplimiento de la norma o acto administrativo y aquélla no emita respuesta dentro de los diez días siguientes a la solicitud o se ratifique en su incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º ibídem.

La Constitución en renuencia es una petición que se eleva ante una autoridad para que dé cumplimiento a una ley o acto administrativo la nota distintiva entre la Constitución en renuencia y el ejercicio simple del derecho de petición difieren en el interés de la parte, quien debe manifestarle a la entidad su intención si pretende ejercer con posterioridad una acción de cumplimiento.

En otras palabras, el interesado puede hacer uso de su derecho fundamental de petición con el objeto de obtener una respuesta que satisfaga su pretensión o le abra el camino a una acción ordinaria. El silencio de la entidad que supere el término legal previsto le permite ejercer la acción de tutela o acudir al juez ordinario invocando el silencio administrativo negativo. En este evento basta con que el particular presente la solicitud, sin ninguna manifestación adicional.

Ahora bien, si lo que pretende el interesado es constituir en renuencia a la entidad para efectos de interponer una acción de cumplimiento, deberá expresarlo así en la solicitud. Aunque no se requiere de ninguna fórmula sacramental, pues no debe perderse de vista que la acción de cumplimiento puede ser ejercida por cualquier persona y para su ejercicio no se requiere de ninguna formalidad que desnaturalice su carácter de acción constitucional, es necesario que la autoridad se entere de su intención y asuma los efectos de su incumplimiento o negativa.

También el juez de cumplimiento debe tener claridad sobre el interés del accionante con el objeto de resolver si en su caso procede una acción de tutela o de cumplimiento, porque se ha desconocido el derecho fundamental de petición o porque la autoridad demandada ha sido renuente en cumplir los deberes que la norma o el acto le imponen, ya que la falta de claridad podría implicar el cambio de trámite de la acción interpuesta (L. 393/97, art. 9º).

En el caso concreto, el requisito legal fue cumplido pues los accionantes manifestaron en forma clara su interés, que no era el ejercicio simple del derecho de petición sino el agotamiento de la exigencia previa de la constitución en renuencia de la entidad demandada:

lIl. La Superintendencia de Sociedades en el informe rendido a solicitud del tribunal afirma que los procesos concordatarios son actuaciones judiciales aunque ejercidas por autoridades administrativas y por lo tanto, no procede la acción de cumplimiento en su contra.

Es cierto que el artículo 90 de la Ley 222 de 1995 atribuye competencia jurisdiccional a la Superintendencia de Sociedades para tramitar los procesos concordatarios en estos términos:

“La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3º de la Constitución Política. Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales”.

Pero el hecho de que la Superintendencia ejerza funciones jurisdiccionales no impide el ejercicio de la acción de cumplimiento en su contra, pues la limitación que establecía el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 relacionada con la procedencia de la acción de cumplimiento sólo contra las autoridades administrativas, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por considerar que el artículo 87 de la Carta “no excluye a ninguna autoridad de la acción, como tampoco califica a la autoridad o sujeto contra el cual se dirige la pretensión correspondiente”(1).

(1) Sentencia C-158 de 1999».

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