Sentencia ACU-1045 de 2 de diciembre de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref. Expediente: ACU-1045

Actor: Zenaida Pabón Mantilla

Santafé de Bogotá, D.C., dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Conoce la Sala de la impugnación presentada por el apoderado de la accionante en contra de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, el 10 de septiembre de 1993, mediante la cual se resolvió rechazar por improcedente la acción de cumplimiento instaurada.

Antecedentes

1. La petición.

La señora Zenaida Pabón Mantilla a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución Política solicita que se ordene al gobernador de Santander dar cumplimiento a los artículos 7º del Decreto 1645 de 1992 y 9 del Decreto 1140 de 1995 y la Circular 18 de 1994 dictada por la Ministra de Educación Nacional y en consecuencia, proceda a nombrarla en propiedad en la concentración escolar primaria Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga.

2. Los hechos.

Los fundamentos de hecho de la acción relatados en la demanda son los siguientes:

a) La señora Zenaida Pabón Mantilla se desempeñaba como docente en el municipio de Arauca, donde fue víctima de un atentado terrorista. Por tal razón el Ministerio de Educación Nacional, comité especial de amenazados del departamento de Arauca, mediante Resolución 001 del 23 de enero de 1995 resolvió concederle la calidad de docente amenazada y solicitar a las autoridades de otros departamentos su reubicación inmediata y su posterior nombramiento en propiedad, y

b) La docente fue reubicada transitoriamente en la concentración Luis Carlos Galán Sarmiento, en la ciudad de Bucaramanga, como profesora de primaria, hasta tanto se efectuara el nombramiento en propiedad. Pero a pesar de que han existido vacantes en el departamento de Santander, aún no ha sido nombrada.

3. El requerimiento a la entidad.

Para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, la accionante aportó copias de las peticiones dirigidas los días 13 de agosto de 1997 al secretario de educación municipal y 21 de julio de 1999 al secretario de educación departamental.

4. La decisión de primera instancia.

Según el Tribunal no hay lugar a ordenar el cumplimiento de las normas invocadas de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, porque el nombramiento de la misma implica un gasto que no ha sido presupuestado por el ente territorial.

Afirma que las autoridades demandadas no han sido renuentes a cumplir los deberes impuestos en las normas cuyo cumplimiento se demanda y que sólo cuando la accionante pierda “el status de reubicación transitoria provisional sin que se le otorgue el de ubicación en propiedad habrá incumplimiento de parte de la autoridad administrativa y para entonces será procedente el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la educadora”, pues la acción de cumplimiento es un mecanismo residual.

Por último agrega que “la finalidad de la ley cuyo cumplimiento se pretende ha sido satisfecha a cabalidad, como quiera que la reubicación transitoria de la docente cumple con el cometido estatal de proteger su vida, dada su condición de amenazada”.

5. La impugnación.

El apoderado de la accionante impugnó la sentencia del Tribunal con los siguientes fundamentos: a) está demostrado en el expediente que han existido cargos para proveer en el departamento y no se ha dado aplicación a las normas cuyo cumplimiento se solicitó; b) en la demanda no se solicita que se cree un nuevo cargo para que se nombre a la docente sino que se cumplan las normas invocadas en los distintos concursos que adelante la entidad demandada, y c) la accionante ve afectada su situación particular con la inactividad de la administración porque no recibe subsidio familiar y además porque “en cualquier momento puede ser enviada a su anterior plaza poniendo en riesgo su vida y la de los suyos”.

Consideraciones de la Sala

I. El contenido de los actos cuyo cumplimiento se demanda es el siguiente:

— El artículo 7º del Decreto 1645 de 1992 “por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1706 de 1989 y se establecen mecanismos para la solución de la situación del personal docente y administrativo de los planteles nacionales y nacionalizados que se encuentren bajo situación de amenaza y se dictan otras disposiciones” el cual establece:

“El artículo 17 del Decreto 1706 del 1º de agosto de 1989 quedará así:

“Prioridades para nombramiento. La autoridad nominadora deberá agotar rigurosamente el siguiente orden de preferencia para proveer los cargos docentes y directivos docentes vacantes, así:

“1. Reintegro proferido por autoridad jurisdiccional.

“2. Nombramiento de personal docente, nacional o nacionalizado que se encuentre bajo situación de amenaza, cuyo traslado haya sido recomendado por el comité especial creado por el presente decreto...”.

— Por su parte, el artículo 9º del Decreto 1140 de 1995 prevé lo siguiente:

Provisión de vacantes sin concurso. Sólo podrá proveerse vacantes sin el respectivo concurso, en las situaciones y con la prelación que se establecen en el presente artículo, con el cumplimiento de los requisitos de la carrera docente y de la carrera administrativa, según sea el caso:

“a) Reintegros de docentes, directivos docentes y administrativos ordenados por providencia judicial o administrativa, y.

“b) Nombramiento o traslado de los docentes y directivos docentes amenazados...”.

— El texto de la circular 18 de junio 2 de 1994 dictada por la Ministra de Educación Nacional es el siguiente:

“Las vacantes del personal docente nacional y nacionalizado que se presenten en la planta de personal cancelada con recursos del situado fiscal será provista por decreto, según lo dispone el artículo 105 de la Ley 115 de 1994 y observando el siguiente orden de prioridades:

“1. Nombramiento de los docentes amenazados...”.

Il. Está acreditado en el expediente que la señora Zenaida Pabón Mantilla fue calificada como docente amenazada por el comité especial de amenazados del departamento de Arauca, el día 23 de enero de 1995, organismo que además solicitó la reubicación inmediata de la docente y su posterior nombramiento (fls. 30-31). La accionante fue reubicada provisionalmente en la concentración Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga y aún no ha sido nombrado en propiedad, según lo afirma ésta y lo aceptan las autoridades demandadas.

El gobernador y el secretario de educación departamental de Santander justifican la omisión que se les imputa en estos términos: el día 17 de octubre de 1997, fecha a partir de la cual el departamento de Santander asumió la administración de la educación de Bucaramanga financiada con cargo al situado fiscal, ejercían en el ente territorial 53 docentes calificados como amenazados. Situación que a su juicio

“daba lugar a expresar dudas sobre la veracidad de las causales tenidas en cuenta para conceptuar, dadas las limitaciones administrativas con que contaba para verificar los hechos alegados y que todos los conceptuados pedían ser ubicados en Bucaramanga o su área metropolitana. Por tal razón, el comité especial de docentes amenazados de Santander determinó que se debería procurar la ubicación de los educadores conceptuados en municipios distintos a los entes señalados porque había lugar a presumir que en algunos casos, dadas las limitaciones para la investigación, pudiera estarse acudiendo al procedimiento de calificación de amenazados para obtener el traslado a la zona metropolitana. En este orden de ideas resultaba contradictorio ubicar a los docentes de Santander fuera del área metropolitana y a los de otros departamentos en ésta”.

Agrega que el departamento viene realizando un estudio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 344 de 1996, “con el objeto de proceder a reubicar docentes según las necesidades de las comunidades, dentro del concepto de racionalización del recurso humano”, del cual hacen parte los docentes amenazados y que una vez culmine este estudio se procederá a la reubicación definitiva de los mismos.

Está demostrado además que el municipio ha realizado durante los años de 1995 a 1999 varios concursos para proveer las plantas de personal docente (fls. 107-166) y que durante este lapso han sido provistas varias plazas docentes y de directivos docentes en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, de acuerdo con la información suministrada por el secretario de educación departamental, quien además advierte que “dentro del personal relacionado aparece un buen número de docentes reubicados por razones de orden público” (fls. 88-92).

lIl. En síntesis, la señora Zenaida Pabón Mantilla ha permanecido por más de cuatro años en una precaria situación laboral que le implica valerse de terceras personas para realizar el cobro de su salario en el departamento de Arauca, no poder acceder a los beneficios que ofrece la caja de compensación familiar de su departamento, dificultades para obtener una debida prestación de los servicios de salud y seguridad social, riesgo de ser trasladada nuevamente a su lugar de origen, entre otros, según lo ha manifestado reiteradamente ante las distintas autoridades de Santander, afirmaciones que merecen todo crédito pues no debe perderse de vista que la accionante sigue a cargo del departamento de Arauca, hasta tanto le sea resuelta su situación definitiva (D. 1645/92, art. 8º).

Las justificaciones dadas por el gobernador y el secretario de educación departamental de Arauca no son de recibo pues han nombrado más de 130 educadores en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana durante los últimos 4 años, sin tener en cuenta el derecho preferente de la accionante.

Debe advertirse que las autoridades administrativas demandadas están no sólo en el derecho sino en el deber de investigar la veracidad de las afirmaciones de los docentes que han sido calificados como amenazados por los comités de cada departamento, para resolver de la manera más equitativa sus solicitudes y las de los demás docentes que laboran en sitios apartados y aspiran desde hace muchos años a ser trasladados a sitios más cercanos a la capital, pero esas investigaciones no pueden dilatarse indefinidamente en el tiempo, en desmedro de los derechos de aquellos cuya situación de amenazados no ha sido puesta en duda.

Por lo tanto, se ordenará a las autoridades demandadas que se nombre en forma definitiva a la señora Zenaida Pabón en la primera vacante que resulte en el departamento, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, el 10 de septiembre de 1999 y en su lugar CONCÉDESE la acción de cumplimiento interpuesta por la señora Zenaida Pabón Mantilla.

2. ORDÉNASE al gobernador y al secretario de educación del departamento de Santander que nombre en propiedad a la accionante en la primera vacante que resulte en el departamento, teniendo en cuenta su escalafón y especialidad, en el sitio en que actualmente ejerce su labor o en otro similar.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Germán Rodríguez V., Presidente Sala—Jesús María Carrillo B.—María Elena Giraldo Gómez—Alier Hernández Enriquez—Ricardo Hoyos Duque.

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