Sentencia ACU-106 de diciembre 11 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. ACU-106

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Marlis Arrieta Barrios

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre once de mil novecientos noventa y siete.

Decide la Sala la impugnación presentada por la doctora Marlis Arrieta Barrios, contra la providencia de fecha octubre 23 de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual se rechazó la acción de cumplimiento de la referencia.

(...).

La Sala no comparte la exegética interpretación que el a quo realizó del parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997, por el contrario, considera que ésta disposición debe ser entendida a la luz de lo previsto en el artículo al cual pertenece; así las cosas, se debe entender que las competencias que fueron en principio otorgadas en primera instancia a los jueces administrativos, son de conocimiento en forma provisional, de los tribunales administrativos.

La interpretación exegética del parágrafo en comento implicaría cercenar en forma injustificada la competencia para el conocimiento de la acción en estudio respecto al cumplimiento de leyes.

Por otra parte, al revisar el fondo del asunto la Sala encuentra que pretensión de la accionante está dirigida a obtener el cumplimiento en la prestación del servicio de acueducto y la cual fundamenta en los artículos 134 y 136 de la Ley 142 de 1994.

(...).

De las normas referidas se desprende la obligación de prestar un servicio público de buena calidad, sin embargo, tal afirmación debe estar supeditada a las posibilidades técnico económicas con que cuenta la entidad para prestar tal servicio, lo contrario sería exigir el cumplimiento de un imposible. Afirmación que concuerda con el principio consagrado en el numeral 2.4 del artículo 2º de la ley 142 en el que se señala que el Estado intervendrá a fin de lograr la “prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan”, así pues, la entidad está obligada a cumplir con la prestación del servicio hasta donde sus posibilidades técnico económicas se lo permitan.

En el caso de autos la sociedad de acueducto, alcantarrillado y aseo de Barranquilla señaló que no está en capacidad de cubrir el servicio de acueducto en el barrio Los Patriotas, lugar de residencia de la accionante, pero que con trabajos a realizar tiene proyectado superar tal insuficiencia. Así las cosas, el derecho que tiene la doctora Marlis Arrieta Barrios a que se le preste el servicio público de acueducto se ve limitado, debe entenderse supeditado por la superación de tales inconvenientes técnico económicos. De lo anterior se desprende que no es posible acceder a la pretensión formulada a través de la acción de la referencia.

(...).

SALVAMENTO DE VOTO

No comparto la decisión mayoritaria de la Sala por las razones que paso a exponer:

1. El artículo 365 de la Constitución Política establece que:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”.

El artículo 2.4 de la Ley 142 de 1994 precisa que la intervención del Estado en los servicios públicos tiene entre otras funciones la “prestación continua ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan”.

El artículo 134 de la misma ley establece:

“Del derecho a los servicios públicos domiciliarios. Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios públicos”.

2. De acuerdo con la certificación que obra al folio 6 del expediente a la peticionaria se le suministraba el servicio de acueducto durante las 24 horas del día y a partir de enero de 1996 sólo tres veces por semana y entre tres y cuatro hora diarias, so pretexto de la realización de unas obras nuevas para llegar al suministro permanente.

La acción de cumplimiento fue intentada el 26 de septiembre de este año, ya que todo le indicaba a la peticionaria que las razones técnicas invocadas no eran más que una excusa para no prestar el servicio en forma adecuada.

3. Es cierto que la Ley 142 de 1993 en el artículo 136 define el concepto de falla del servicio y el artículo 137 establece las reparaciones a que tiene derecho el suscriptor o usuario por dicha falla, pero tales reparaciones no garantizan el derecho constitucional y legal a la prestación permanente, continua y eficiente del servicio público de acueducto de la demandante.

En mi opinión, el examen del caso concreto desde la perspectiva de la efectividad de los derechos que como principio fundamental pregona el artículo 2º de la Carta Política, habría conducido a la Sala a acceder a la acción de cumplimiento.

Ricardo Hoyos Duque

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