Sentencia ACU-1080 de diciembre 19 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Alier E. Hernández Enríquez

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre nueve de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «1. Requisitos de la acción de cumplimiento.

De conformidad con el artículo 87 de la Carta Política, la acción de cumplimiento constituye un importante mecanismo constitucional de protección y aplicación de los derechos, la cual se caracteriza por permitir que judicialmente se exija a las autoridades públicas la realización o el cumplimiento de un deber omitido que se encuentra claramente consagrado en una ley o en un acto administrativo.

Para la procedencia de la acción, la Ley 393 de 1997, exige:

1. Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos (art. 1º).

2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquélla autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º).

3. Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir, o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º).

No sobra advertir que, la acción de cumplimiento es subsidiaria, esto es, no procede cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción».

_______________________________________