Sentencia ACU-1243 de agosto 1º de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref. Expediente ACU-1243

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor. María Eugenia Martínez Uribe y O.

Santafé de Bogotá, D.C. agosto primero del dos mil.

EXTRACTOS: «Tal y como quedó expuesto, el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, señaló que el recurso extraordinario de suplica, procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Es causal del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas, pero se insiste, sólo procede contra las sentencias ejecutoriadas que profieran las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

Se llega a la anterior conclusión, porque lo que hizo el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, fue modificar el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo, el cual a su vez había sido reformado por el artículo 21 del Decreto-Ley 2304 de 1989. La norma anterior previo este medio de impugnación no solo contra las sentencias sino contra los autos interlocutorios proferidos por las secciones del Consejo de Estado, cuando sin aprobación de la Sala Plena se hubiere acogido una doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación; pero, en modo alguno modificó o adicionó la Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolló y reglamentó la acción de cumplimiento. Además, en razón de la materia el legislador ordinario no tenía competencia para ello.

No debe perderse de vista que la Ley 393 de 1997, desarrollo todo el trámite de la acción de cumplimiento, señaló el procedimiento, la competencia, los recursos procedentes y las sanciones en caso de desacato.

El propósito del legislador extraordinario era agotar toda la materia en relación con la acción de cumplimiento, pero en este procedimiento no se encuentra contemplado ningún recurso de naturaleza extraordinaria: Sin embargo, una vez proferida la sentencia o decidida la impugnación del fallo en uno u otro sentido, le corresponde a la Corte Constitucional revisar la decisión con el fin de unificar la jurisprudencia constitucional en dicha materia.

Lo anterior quiere decir que resuelto el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juez de instancia, no cabe ningún recurso de naturaleza extraordinaria. Estas reflexiones son aplicables a las sentencias que deciden la acción de tutela, pues, el Decreto 2591 de 1991 reglamentó todo el trámite, en el cual una vez resuelto el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juez de instancia, sólo le resta a la Corte Constitucional de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Nacional y 32 del Decreto 2591 de 1991, decidir si revisa la sentencia.

Esta sección en providencia de 22 de abril de 1999. Expediente S-086. Consejero Ponente Dr. Juan de Dios Montes Hernández, rechazó por improcedente el recurso extraordinario de súplica instaurado por la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia proferida por esta sección de febrero 11 de 1999, dentro de la acción de cumplimiento entablada por la Universidad Nacional de Colombia, en estos términos:

“3. Improcedibilidad del recurso extraordinario de súplica

Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que es improcedente la instauración del recurso extraordinario de súplica contra una sentencia de acción de cumplimiento, por las siguientes razones:

1. La acción de cumplimiento, al igual que la acción de tutela y las acciones populares, son acciones de naturaleza constitucional y no legal, por lo cual los mecanismos procedimentales a los cuales están sujetas son especiales; de tal manera, no pueden ser asimiladas a las acciones ordinarias de naturaleza legal prescritas en el Código Contencioso Administrativo.

2. Desde el punto de vista material, a diferencia de lo que sucede en las acciones contenciosas de naturaleza legal, en la acción de cumplimiento no se debate sobre pretensiones destinadas a la declaratoria o reconocimiento judicial de derechos, sino que se discute si se está ante la presencia de un deber jurídico, imperativo o inobjetable, consignado en una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento.

3. La Ley 393 de 1997, ley especial que regula íntegramente la materia, en el sentido de desarrollar el artículo 87 de la Carta Política, establece los principios, titulares de la acción, sujeto pasivo, caducidad, procedibilidad, trámite especial y sumario, contenido material y formal de la decisión y recursos.

En cuanto a los recursos, el artículo 16 de la precitada ley establece que las providencias que se dicten en el trámite de la acción de, cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas.

En cuanto a la sentencia de los artículos 26 y 27 de la misma ley se desprende con claridad que solamente procede la impugnación ante el superior jerárquico dentro de los tres días siguientes al de su notificación y la podrán hacer el solicitante, la autoridad pública demandada o el Defensor del Pueblo. Además, se precisa que la impugnación se concederá en el efecto suspensivo. “Salvo que la suspensión de cumplimiento del fallo genere un perjuicio irremediable del demandante”.

En consecuencia, quiso el legislador conferirte a esta acción un trámite excepcional y preferencial, en atención al precepto constitucional que la crea; de tal manera, no es posible por vía interpretativa extender otra clase de recursos, como el extraordinario de súplica, porque la ley no lo autoriza y, además, sería contrario a la propia naturaleza de la acción, por cuanto de lo que se trata es de posibilitar que los ordenamientos jurídicos tengan efectividad material en forma expedita, esto es, una realización inmediata y sin dilaciones”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

RECHÁZASE por improcedente el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de tutela proferida por esta sección el 4 de mayo del 2000».

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