Sentencia ACU-1270 de junio 1 de 2000 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

CONSEJO DE ESTADO 

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Quinta

Exp. ACU-1270. Jun. 1l2000.

C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla

Solicitante: Francisco Carlos Agudelo Vallejo Sociedad Saber Agudelo Vallejo

Asuntos constitucionales - acción de cumplimiento

Decide la Sala la impugnación presentada contra la providencia del 16 de marzo de dos mil (2000), dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se rechazó por improcedente la acción de cumplimiento promovida por el señor Francisco Carlos Agudelo Vallejo.

El señor Francisco Carlos Agudelo Vallejo, actuando en su propio nombre y en calidad de representante legal de la Sociedad Saber Agudelo Vallejo, e invocando el ejercicio de la acción de cumplimiento, presentó demanda contra la Empresa Antioqueña de Energía S.A. —EADE S.A.—. Pretende que se ordene el cumplimiento de la Resolución 01055 del 10 de octubre de 1999, expedida por la oficina de catastro departamental de Antioquia y de los artículos 89, 90 y 101 a 104 de la Ley 142 de 1994.

Informa que ante la oficina de catastro departamental solicitó la revisión de la estratificación de los predios de su propiedad ubicados en la zona rural del municipio El Retiro, vereda Santa Helena, sector de La María, pues la misma tenía incidencia sobre el pago del impuesto predial y sobre las cuentas de servicios públicos domiciliarios. Señala que una vez en firme la Resolución 01055, mediante la cual se hizo la reubicación de los predios en estrato 1, solicitó a la Empresa Antioqueña de Energía que, de igual modo, reubicara sus bienes inmuebles para efectos de adecuar el cobro de las tarifas de energía eléctrica. Esa entidad atendió la reclasificación derivada de su nueva estratificación socio económica en cuanto a la matrícula número 615800, mas no en relación con el predio con matrícula número 615850, pues consideró que éste se debía mantener en el estrato 5. Considera que esa decisión comporta el incumplimiento no sólo de lo dispuesto en la Resolución 01055 de la oficina de catastro departamental, sino el desconocimiento de los artículos 89, 90 y 101 a 104 de la Ley 142 de 1994.

El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 16 de marzo de 2000 rechazó la demanda por improcedente. En apoyo de esa decisión adujo que ninguno de los documentos acompañados con la demanda hacen referencia al requerimiento que exige el artículo 8º de la Ley 393 de 1997 y, en consecuencia, concluyó que no se constituyó la renuencia. Aclaró que los documentos que se pretenden hacer valer como renuencia son respuestas a solicitudes previas que no llenan los requisitos exigidos por la citada norma. Así mismo, transcribió apartes de las sentencias del Consejo de Estado de fechas 25 de agosto y 14 de mayo de 1998, dictadas, en su orden dentro de los expedientes ACU-327 y ACU-257 con ponencia de los consejeros doctores Manuel Urueta Ayola y Juan Alberto Polo Figueroa.

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra el auto del tribunal con fundamento en los argumentos que se resumen así:

1. La Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP se negó a modificar las tarifas que viene aplicando para el cobro del servicio público de energía eléctrica en los predios de propiedad del demandante con el argumento de que en el municipio de El Retiro no existe estratificación rural, lo cual no es cierto.

2. De los elementos de prueba aducidos con la demanda puede advertirse que el demandante solicitó por escrito a la citada empresa la readecuación de los estratos correspondientes a los predios de su propiedad para los efectos del cobro del servicio de energía, en atención al desfase existente entre la información que aparece en el catastro departamental y la que obra en los archivos de la entidad prestadora de ese servicio.

3. La negativa de la empresa en readecuar ese estrato constituye un desconocimiento de lo dispuesto en la Resolución 01055 de 1999 de la oficina de asesoría catastral de Antioquia, la cual es obligatoria pues tiene fuerza de acto administrativo.

4. No existe ningún medio legal distinto de la acción de cumplimiento para obligar a una empresa de servicios públicos a adecuar un bien inmueble en el estrato que le corresponde de cara a la clasificación que a ese respecto haya llevado a cabo la oficina de catastro. En este caso no se discute la estratificación en sí de los predios, pues ésta ya se llevó a cabo por las oficinas de catastro departamental de Antioquia y municipal de El Retiro. Lo que se discute es la circunstancia de que a pesar de esa reestratificación, la empresa prestadora del servicio público de energía no quiere acceder a modificar la información correspondiente en sus archivos para adecuar el cobro de ese servicio.

5. No tendría sentido que la Ley 393 de 1997 hubiese previsto un mecanismo eficaz, ágil y expedito para que los particulares puedan hacer valer sus derechos frente a las autoridades públicas cuando éstas pretenden desconocer sus actos u omisiones, normas con fuerza de ley o actos administrativos, y que no pudieran hacerlo en idénticas circunstancias cuando el incumplimiento proviene de un particular que presta un servicio público prevalido de su posición de preponderancia en el mercado y abusando de su condición de único oferente de energía eléctrica en el sector.

Para resolver,

SE CONSIDERA:

Según el artículo 87 de la Constitución Política “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.

La Ley 393 de 1993 desarrolló esa norma constitucional para señalar, entre otros aspectos, el objeto, los titulares de la acción, las autoridades públicas y las particulares contra quienes se puede dirigir, la procedibilidad e improcedibilidad, el contenido de la solicitud, la competencia de los jueces y tribunales administrativos y, temporalmente, del Consejo de Estado para conocer de ellas en segunda instancia, así como el procedimiento a seguir.

Como el Tribunal rechazó la demanda, le corresponde a la Sala el estudio orientado a definir si la razón aducida por esa corporación es válida o si, por el contrario, la demanda presentada por el Señor Agudelo Vallejo reúne los elementos requeridos para disponer su admisión y trámite.

Ocurre que el numeral 5º del artículo 10 de la citada Ley 393 de 1997 señala que Ia solicitud de cumplimiento deberá contener la prueba de la renuencia, salvo la excepción contenida en el inciso segundo del artículo 8º. ibídem. De acuerdo con esta última norma, para la procedencia de la acción y con el propósito de constituir la renuencia, se requiere que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

En el caso de estudio, como “prueba de la renuencia”, el demandante allega copia de la documentación emitida por la Empresa Antioqueña de Energía S.A., oficina municipal de El Retiro, en virtud de la cual, según plantea “...ese despacho determinó que no iba a hacer la readecuación del estrato que se le había solicitado ...”. Esa documentación es la siguiente:

a) Oficio del 5 de noviembre de 1999 suscrito por la administradora de la citada oficina y dirigido al demandante en respuesta a solicitud por él formulada. En este documento se informa sobre las verificaciones realizadas a los predios de propiedad de aquel y se señala que el distinguido con matrícula 615850 “...en este momento no amerita cambio de estrato, conserva el 5”. Además se advierte que contra esa decisión procede el recurso de reposición ante esa dependencia y el subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos (fl. 5).

b) Comunicación del 20 de noviembre dirigida por el demandante a la administradora de la Empresa Antioqueña de Energía de El Retiro para referirse al oficio antes mencionado y manifestar su inconformidad con el informe de la inspección realizada a los predios de su propiedad (fl. 9).

c) Oficio del 2 de diciembre siguiente suscrito por la citada funcionaria y mediante el cual se informa al demandante que el 26 de noviembre se realizó nueva visita técnica a los predios y se pudo constatar que los parámetros asignados a la vivienda están bien aplicados y, por tanto, “... hasta que el municipio no decrete una nueva estratificación rural, su vivienda se confirma en el estrato 5” (fl. 10).

Sin embargo, para la Sala, como lo advirtió el Tribunal, esos documentos no conducen a la demostración de la renuencia, pues de ninguno de ellos se desprende que el señor Francisco Carlos Agudelo Vallejo hubiese solicitado a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. el cumplimiento del acto administrativo y de las normas que se invocan en la demanda —la Resolución 01055 de 1999 de la oficina de catastro departamental de Antioquia y los artículos 89, 90 y 101 a 104 de la Ley 142 de 1994— y que esa entidad se hubiese ratificado en su incumplimiento o no hubiese contestado dentro de los diez días siguientes. Esos documentos permiten deducir sí, que el accionante solicitó la reclasificación del estrato para las instalaciones de los inmuebles distinguidos con matrículas números 607-615800 y 607-615850 de la zona rural del municipio de El Retiro y que esa solicitud sólo fue atendida en forma favorable respecto del primero de ellos, pues en relación con el segundo no se aceptó el cambio. Ahora, es cierto que en términos del inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 se puede prescindir del requisito de la renuencia cuando el cumplirlo a cabalidad genere para el demandante el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable. Pero en el caso no se configura esa excepción, pues, además de que no se plantea, tampoco se advierte.

De manera que, en consideración a que no se aportó la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de que trata el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, la Sala confirmará la providencia recurrida.

Cabe señalar que en el caso propuesto, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, se presenta una causal adicional de improcedibilidad de la acción de cumplimiento ejercida por el señor Agudelo Vallejo que, igualmente conduce a su rechazo. En efecto, de los documentos acompañados por el demandante se desprende que la Empresa Antioqueña de Energía S.A. oficina de El Retiro, mediante oficio del 12 de noviembre de 1999 no autorizó el cambio de estrato para el inmueble distinguido con la matrícula 615850, decisión de la que el demandante deriva el incumplimiento alegado. Esa decisión, entonces, se encuentra contenida en un acto administrativo de carácter particular y concreto y, en consecuencia, para controvertir su legalidad y obtener satisfacción al derecho que considera le asiste, el demandante tuvo a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, pues, previo el agotamiento de la vía gubernativa y dentro del término de caducidad señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, pudo acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en orden a obtener la nulidad de ese acto y el consecuente restablecimiento del derecho.

El demandante afirma que contra esa decisión interpuso recurso de reposición que fue decidido por la propia oficina municipal de la empresa cuando, en su opinión, debió ser resuelto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sobre el particular se tiene que el 20 de noviembre de 1999 dirigió comunicación a la administradora de la Empresa Antioqueña de Energía, oficina de El Retiro para referirse al oficio de 12 de noviembre. Y si bien en esa comunicación no señala de manera expresa la interposición de recurso alguno, sí puede interpretarse que ese era el objeto perseguido, pues los argumentos expuestos están orientados a controvertir y desvirtuar el informe técnico que sirvió de fundamento a la decisión desfavorable que se adoptó. Sin embargo, la empresa no lo interpretó como tal y así lo consignó en el oficio del 2 de diciembre de 1999.

IIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confírmase la providencia del 16 de marzo de 2000, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Esta providencia se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Darío Quiñones Pinilla—Mario Alario Méndez—Reinaldo Chavarro Buriticá—Roberto Medina López.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

ACLARAClÓN DE VOTO

En el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, por la cual fue desarrollada la disposición constitucional referida, se estableció:

“ART. 16.—Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por Estado y resuelto a más tardar al día siguiente”.

Entonces, por la expresa disposición de la ley, las providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento carecen de recurso, salvo la sentencia y el auto por el cual se deniegue la práctica de pruebas.

Siendo así, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 16 de marzo de 2000 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, debió rechazarse por improcedente.

Mario Alario Méndez.

___________________________________