Sentencia ACU-013 de octubre 2 de 1997 

C ONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. ACU-013

Actor: Adonías Solorza Acosta

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Santafé de Bogotá, D.C., dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «I. Lo primero que se advierte es que el artículo 87 de la Constitución Política consagra el derecho de toda persona de acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo y no de una decisión judicial que es lo que se busca en el presente caso, so pretexto de lograr el cumplimiento del artículo 14 del Código de Procedimiento Penal en cuanto señala que las autoridades judiciales deben adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos quebrantados con la comisión del hecho punible.

Entendida la acción de cumplimiento en los términos que lo hace el actor, significaría que el más mínimo distanciamiento de la ley la haría procedente, en desmedro de las demás vías judiciales e institucionales previstas en el ordenamiento jurídico y con olvido del carácter supletivo o subsidiario que reviste (L. 393/97, art. 9º, inc. 2º).

II. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, después de concluir que los títulos de propiedad “fueron obtenidos por razón del fraude procesal y la estafa cometidas, y por fuerza de ley se impone su cancelación al igual que del registro del fallo civil, a fin de que se restablezcan los derechos quebrantados”, dispuso remitir copia de la providencia a los juzgados 16 civil del circuito y 7 de familia “en orden a que se tomen los correctivos del caso y se adopten las decisiones que correspondan”.

De esta manera, el tribunal restableció el derecho vulnerado al actor pero omitió precisar inequívocamente las acciones que tanto él como las demás autoridades judiciales involucradas debían ejecutar para que la decisión adoptada se hiciera efectiva y, en su lugar, después de ordenar las cancelaciones pertinentes, se limitó a disponer en forma un tanto confusa que se remitieran copias de la sentencia a los jueces civil y de familia para que tomaran “los correctivos del caso” y se adoptaran “las decisiones que correspondan”».

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