Sentencia ACU-1317 de junio 15 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Subsección “A”

Ref.: Expediente ACU-1317, jun. 15/2000

C.P. Ana Margarita Olaya Forero

Asuntos constitucionales

Actor: Gilberto Sarmiento Vargas y/o.

Procede la Sala a desatar la impugnación formulada por Gilberto Sarmiento Vargas y otros contra la sentencia del 28 de octubre de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó la acción de cumplimiento instaurada contra el presidente del concejo de Girón, Santander.

Antecedentes

Los hechos de la solicitud de cumplimiento instaurada por los actores, se pueden resumir así:

El Juzgado 6º Penal del Circuito de Bucaramanga confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de la misma ciudad, que condenó al señor Otoniel Mojica Parra a la pena principal de 22 meses y 27 días de prisión y multa de $ 6.000 pesos, como autor y responsable del delito de lesiones personales culposas en detrimento de la humanidad del señor José Román Sierra Granados; a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal y la prohibición para conducir vehículos por 6 meses; le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional garantizado mediante caución prendaria; y lo condenó a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de $ 5.754.599, por daño emergente; $ 20.400.000, por lucro cesante consolidado; 1.000 gramos oro por el lucro cesante futuro; y 1.000 gramos oro por los daños morales objetivados, subjetivados y fisiológicos; sumas todas que deberán cancelar dentro de los 6 meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia.

El señor Otoniel Mojica Parra, pese haber sido condenado a la interdicción de funciones públicas por 22 meses y 27 días, continúa desempeñándose como concejal de Girón para el período de 1998-2000.

La sentencia se hizo pública hasta mediados de agosto de 1999, porque el Juzgado Primero Penal Municipal acatando lo dispuesto en el artículo 508 numeral 2º del Código de Procedimiento Penal envió las respectivas copias del fallo ejecutoriado a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación.

Los demandantes, en defensa de los intereses del municipio de Girón, el 24 de agosto de 1999 solicitaron al presidente del concejo que declarara la falta absoluta del concejal Mojica Parra, conforme lo dispone el artículo 51 literal g) de la Ley 136 de 1994 y la expedición de una certificación del número de sesiones, fechas y honorarios devengados por éste desde el 8 de octubre de 1998 hasta el 25 de agosto de 1999, para poder determinar la cuantificación de los perjuicios causados al municipio.

En respuesta a tal petición, el presidente del concejo municipal manifestó que “hasta el momento no ha recibido orden o notificación de autoridad judicial o administrativa alguna, sobre la interdicción de derechos y funciones públicas del cabildante.

Pretensiones

Los actores concretan sus pretensiones así:

“1. Que, con fundamento en la sentencia de fecha 19 de junio de 1998 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga y la sentencia número 070 de octubre 8 de 1998 proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bucaramanga, las cuales están debidamente ejecutoriadas, se ordene al señor presidente del concejo de Girón, Santander el cumplimiento del artículo 57 de la Ley 136 de 1994, que expresa así:

“ART. 57.—Interdicción judicial. Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un concejal, proferida por parte del juez competente, dicho concejal perderá su investidura como tal y el presidente del concejo correspondiente tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia”.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al presidente del concejo de Girón, tomar las medidas conducentes a hacer efectivo a hacer efectivo el cese de funciones del concejal Otoniel Mojica Parra, en el término que se fije en la sentencia, expidiendo la resolución declarando la falta absoluta por interdicción judicial”. (Fls. 63 y 64).

La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Santander denegó las súplicas de la acción de cumplimiento instaurada por los actores y concluyó, que en vista de que la sentencia con la que culminó el proceso penal, concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional y nada dijo sobre la exigencia de cumplir las penas accesorias impuestas al señor Otoniel Mojica Parra, el requerimiento que en tal sentido se hizo en el acta de compromiso es ineficaz, luego, la suspensión de la pena se predica tanto de la principal como de las accesorias.

Consideró, que al estar suspendida la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el señor Mojica puede ejercer válidamente sus funciones como concejal y por ende, el presidente del concejo no está en la obligación de acatar lo establecido en el artículo 57 de la Ley 136 de 1994 (fls. 121 a 130).

La impugnación

Dentro de la oportunidad procesal correspondiente los demandantes impugnaron la sentencia del tribunal. Manifestaron que existió una interpretación errónea de las normas penales por parte del a quo, porque la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas no fue suspendida como se prueba con la diligencia de compromiso suscrita por el condenado y con la remisión de las copias de la sentencia a la Registraduría Nacional y a la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del artículo 508, numeral 2º del Código de Procedimiento Penal.

Que el juez de ejecución de penas cuando manifiesta que la pena accesoria está suspendida igual que la principal, falta a la verdad y hace incurrir en error al tribunal, pues el juez primero penal municipal exigió el cumplimiento de la pena accesoria al darle aplicación al artículo 69 del C.P., al suscribir la diligencia de compromiso el condenado y al enviar copias de la sentencia a los organismos de control (fls. 142 a 144).

Consideraciones

La acción de cumplimiento fue instituida en el artículo 87 de la Constitución Política y su desarrollo legal se materializó en la Ley 393 del 29 de julio de 1997. De conformidad con el artículo 8º de la citada ley, la acción procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.

En el sub judice los demandantes pretenden que el presidente del concejo de Girón cumpla lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 136 del 2 de junio de 1994 y tome las medidas pertinentes para hacer efectivo el cese de funciones del concejal Otoniel Mojica Parra, por haber sido condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término de 22 meses y 27 días.

La citada preceptiva dispone:

“Interdicción judicial. Una vez quede en firme la declaratoria de interdicción judicial para un concejal, proferida por parte del juez competente, dicho concejal perderá su investidura como tal y el presidente del concejo correspondiente tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia”.

En el caso sub lite, el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga condenó al concejal Otoniel Mojica Parra a la pena principal de 22 meses y 27 días de prisión y a la pena accesoria interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual, concediéndole el subrogado de la condena de ejecución condicional.

El artículo 55 del Código Penal, al señalar la forma como deben cumplirse las penas accesorias, establece:

“... se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas. Cumplida ésta, empezará a correr el término señalado para aquellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 68”.

A su vez, el artículo 68 ibídem dispone:

“En la sentencia condenatoria de primera, segunda o única instancia, el juez podrá, de oficio o a petición de interesado, suspender la ejecución por un período de prueba de dos (2) a cinco (5) años...”.

Por su parte, el artículo 69 del mismo ordenamiento consagra:

Obligaciones: Al otorgar la condena de ejecución condicional, el juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad que considere convenientes.

(...)”.

Conforme a esta última preceptiva, si en la sentencia condenatoria se concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional de manera general, es decir sin ninguna limitación ni excepción respecto de las penas accesorias, debe entenderse que tal beneficio se otorga tanto para la pena principal como para éstas, pues si tan solo se otorgara para la principal la sentencia debe señalarlo así de manera expresa, toda vez que las penas accesorias son consustanciales a las principales.

Lo anterior cobra mayor fuerza a la luz del artículo 52 del Código Penal, según el cual la pena de prisión acarrea, sin excepción, la interdicción de derechos y funciones públicas para la persona que se hace acreedora a ella “por un período igual al de la principal”, y aunque de hecho dicha sanción se aplica mientras dura la primera porque el afectado pierde en ese período la posibilidad de elegir y ser elegido y de ocupar cargos al servicio del Estado, su efectiva acción comienza a partir del cumplimiento de la de prisión según lo prescribe el artículo 55 del Código Penal. Es decir, si la pena de prisión fue suspendida porque se concedió la condena de ejecución condicional, debe expresarse claramente si las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas también quedan amparadas por dicho beneficio o si éstas deben ejecutarse; de lo contrario, tiene plena operancia el principio de que lo accesorio sigue a lo principal.

Al respecto, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

“... El artículo 55 del Código Penal señala la forma como han de cumplirse las penas accesorias, entre las cuales se cuenta la referida en el caso presente, así: “se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas. Cumplida ésta, empezará a correr el término señalado para aquellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 68”. Significa esto, entonces, que si en la sentencia se otorgó el subrogado de la condena de ejecución condicional sin la excepción señalada en el artículo 69 ibídem, ya no hay lugar a ella porque se extinguió con el debido cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo. En este evento es donde opera el principio de lógica que cita el recurrente: “lo accesorio sigue a lo principal” (...)” (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dídimo Páez Velandia, actor: Joaquín Rodríguez I. Rad. 9150. Sentencia del 24 de febrero de 1994.

El numeral tercero de la sentencia del 19 de junio de 1998, proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santander, dispuso:

Conceder a Otoniel Mojica Parra, el subrogado de la condena de ejecución condicional garantizado mediante caución prendaria que se entenderá la ya prestada.

Cítese para suscribir la diligencia de compromiso conforme al artículo 69 del Código Penal”.

Nada dijo la sentencia respecto de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta en el numeral segundo, por un término igual al de la pena principal, y no son de recibo los argumentos de los apelantes cuando afirman que dicha excepción se estableció en el acta de compromiso porque, como bien lo dijo el a quo y claramente se infiere del artículo 69 del Código Penal, la oportunidad para otorgar la condena de ejecución condicional es en la sentencia y, por ende, también es en este momento cuando el juez puede exigir el cumplimiento de las penas que considere convenientes.

Acertado estuvo entonces el a quo al considerar que por encontrarse suspendida la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas al señor Otoniel Mojica Parra, éste puede continuar ejerciendo las funciones de concejal y por tanto el presidente del citado órgano no está obligado a tomar las medidas a que se refiere el artículo 57 de la Ley 136 de 1994; lo que impone para la Sala la confirmación de la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999) que denegó la acción de cumplimiento instaurada por Gilberto Sarmiento Vargas, Jaime Garrido Sánchez y Omar Guillermo Oviedo contra el presidente del concejo municipal de Girón, Santander.

Notifíquese personalmente a las partes o en su defecto, por edicto, de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla, ausente—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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