Sentencia ACU-1513 de junio 29 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref. Exp. ACU-1513, jun. 29/2000

C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: María del Pilar Castaño Tobón

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A”.

Antecedentes

La demanda.

El 12 de mayo de 2000, María del Pilar Castaño Tobón, en ejercicio de la acción de cumplimiento, demandó al juzgado 37 civil del circuito de Bogotá, solicitando el cumplimiento del articulo 42 parágrafo 3º, de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, que dice:

“ART. 42.—Abono a los créditos que se encuentren en mora.

PAR. 3º—Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este articulo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procedimientos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.

La actora sostiene que, el 7 de enero de 2000, comunicó al juez 37 civil del circuito de Santafé de Bogotá, su intención de acogerse a los términos de la Ley 546 de 1999, y solicitó, la suspensión del proceso ejecutivo, que la Corporación Villas adelanta en su contra. Cuando la suspensión fue decretada, ya se había proferido providencia aprobando la diligencia de remate, pero todavía no estaba en firme.

Con ocasión de esta providencia, el rematante presentó un escrito al juez solicitando su revocación, ante lo cual el juez revocó la suspensión.

La actora afirma que el juez no podía atender a lo pedido por el rematante porque éste no es parte en el proceso.

El 31 de mayo de 2000, la actora, por medio de apoderado, requirió al juzgado 37 civil del circuito de Bogotá D.C., por escrito, para que cumpliera el deber que consagra la Ley 546 de 1999, y dicha entidad se ha ratificado.

Contestación de la demanda.

El juzgado 37 civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., contestó la demanda el 24 de mayo de 2000.

Afirmó que la acción interpuesta no procede por las siguientes razones:

Porque el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 dispone que tal acción se dirigirá contra autoridades administrativas y que en este caso no se trata de una de ellas .

Porque la norma cuyo cumplimiento se solicita exige como presupuesto de hecho, además de que se trate de un crédito hipotecario cuyo titular sea una entidad financiera, y de que las obligaciones del deudor se encuentran vencidas, el hecho de que sobre la obligación impagada curse un proceso de carácter judicial. Presupuesto que no se cumple en este caso porque,

“Surtido el trámite de rigor, se libró mandamiento de pago mediante auto del 7 de julio de 1997 y con posterioridad, se dictó sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, esta última calendada el cinco de junio de 1998. Satisfechas las exigencias de ley, el bien se sometió a pública subasta y en dicha diligencia fue adjudicado a Humberto Fuentes Rubio y por proveído del 1º de diciembre de 1999 se aprobó el referido remate como quiera que la tramitación se ajustó a lo dispuesto en los artículos 555(sic) del Estatuto Procesal Civil.

Es fácil advertir que para el 1º de diciembre de 1999 el proceso ya se habla agotado pues la garantía hipotecaria se hizo valer y se obtuvo la venta forzada del bien gravado para pagar al acreedor demandante. Terminado formalmente el proceso resulta diáfano que para la época en que la aquí demandada se quiso acoger a los beneficios de la Ley 546, no era procedente suspender el proceso, ni automáticamente ni a solicitud de parte, pues faltaba uno de los requisitos que atrás se dejaron anotados...” (fl. 24).

Además, el juzgado reconoce que en principio accedió a la solicitud de suspensión que presentó la actora, pero el auto fue recurrido por el rematante quien, se opuso a la aplicación del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.

Agrega el juzgado:

“Dado que le asistía la razón al recurrente, el auto fue revocado mediante providencia del 24 de marzo del año que avanza, la cual a su vez fue objeto de apelación de parte de la demandada a través de su apoderado. Este último recurso se encuentra pendiente de trámite y decisión ...” (fl. 24).

Hechos probados.

Los medios de prueba que obran en el expediente acreditan los siguientes hechos:

• Que la Corporación Villas inició un proceso ejecutivo con titulo hipotecario contra Pilar Castaño Tobón el 3 de julio de 1997 (fl. 30 a 32 del c. 2).

• Que el 9 de julio de 1997 el juzgado 37 civil del circuito de Santafé de Bogotá libró mandamiento de pago en favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y en contra de Pilar Castaño Tobón, decretó el embargo del inmueble y ofició a la oficina de registros públicos. (fl. 34, c. 2).

• Que se aprobó el remate practicado sobre el inmueble de María del Pilar Castaño Tobón (fl. 218, c. 2).

• Que el 11 de enero de 2000 la demandada comunicó al juzgado su intención de someterse a los beneficios de la Ley 546 de 1999, es decir a la suspensión del proceso ejecutivo para la reliquidación del crédito (fl. 225), y el juzgado 37 del circuito de Santafé de Bogotá decretó la suspensión del proceso ejecutivo, el 14 de febrero de 2000 (fl. 227).

• Que el adjudicatario recurrió en reposición el auto de suspensión del proceso (fl. 228), y el juzgado 37 civil del Circuito de Santafé de Bogotá dio trámite a dicho recurso (fl. 230).

• Que el juzgado, mediante providencia del 28 de marzo de 2000, estimó al adjudicatario legitimado para recurrir la decisión, y revocó el auto de suspensión al considerar que, con la venta del bien y la adjudicación a su rematante, se termina el proceso, y por tanto no se cumple uno de los presupuestos de procedibilidad de la suspensión consagrada en la Ley 546 de 1999, cual es el de la existencia de un proceso ejecutivo en curso (fl. 237). 

• Que la parte demandada apeló esta decisión solicitando la revocatoria de la misma y que ordene que las partes se sujeten a lo decidido en el auto del 2 de febrero mediante el cual el juzgado dispuso la suspensión de la ejecución por el término de 90 días.

Este recurso aún no ha sido resuelto.

La sentencia apelada.

El tribunal administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, por medio de sentencia expedida el 26 de mayo de 2000, declaró improcedente la acción de cumplimiento propuesta por Pilar Castaño Tobón contra el juez 37 civil del circuito de Santafé de Bogotá, básicamente por la razón que se transcribe en seguida:

“De acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente, ... Ias pretensiones de la demanda no pueden ser debatidas mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento porque existe un mecanismo procesal jurisdiccional del que puede hacer uso y ha hecho uso la interesada” (fl 35).

Impugnación.

La demandada presentó su apelación el 5 de junio de 2000, y en ella reiteró los argumentos expuestos en la demanda e hizo énfasis en el siguiente hecho:

“...cuando fue solicitada la suspensión automática ante el juzgado 37 civil del circuito de Santafé de Bogotá sí existía proceso, toda vez que no se encontraba en firme como efectivamente hasta el momento no lo está, el auto (sic) que aprueba el remate, por razón de los recursos, en consecuencia si era procedente solicitar la aplicación del artículo 42, parágrafo tercero, como lo es ahora mediante esta acción”.

Consideraciones

La acción de cumplimiento. Procedencia.

La acción de cumplimiento se ha consagrado constitucionalmente con el fin de exigir judicialmente a las autoridades públicas la realización o el cumplimiento de un deber omitido que se encuentre en un acto de naturaleza material legislativa o en un acto administrativo, de carácter imperativo.

La Ley 393 de 1997 señala los requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, a saber:

1. Que el deber jurídico cuyo cumplimiento se exige por medio de la acción, esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos de carácter imperativo.

2. Que la consagración de tal deber se haya hecho en un mandato aplicable a la autoridad a la cual se le esté reclamando el cumplimiento.

3. Que la administración pública haya incumplido el mandato legal o administrativo del caso.

4. Que la administración pública se encuentre renuente a cumplir y tal renuencia sea probada por el demandante

5. Que el afectado no tenga o no haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo en el caso en que de no proceder el juez de amparo, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

La Sala encuentra que no concurren los presupuestos de procedibilidad, pues en el caso concreto existe otro medio judicial de defensa; en efecto, puede interponer el recurso de apelación del auto que revocó la suspensión, el cual, incluso ya fue utilizado por la actora y aún no ha sido resuelto.

El hecho de que la apelación no haya sido resuelta es, por si misma, razón suficiente para que no proceda la acción de cumplimiento, pues ésta última es de naturaleza subsidiaria y no complementaria o paralela.

En efecto, la acción de cumplimiento no ha sido diseñada como mecanismo complementario o alternativo de otros mecanismos igualmente eficientes, como en el caso es el que se menciona antes, pues con la interposición del recurso de apelación se puede alcanzar el mismo fin que aquí se busca con la presente acción.

Tampoco esta acción, puede ser utilizada para reemplazar las decisiones de un juez por las de otro, o para crear un proceso paralelo cuando en el primero se existen instituciones procesales adecuadas para proteger los derechos de las partes:

Por otra parte, la Sala encuentra pertinente recordar que la acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad y no sólo contra las autoridades administrativas, y así lo consideró la Corte Constitucional (1) cuando, al estudiar la exequibilidad de la Ley 393 de 1997, declaró inconstitucional la expresión “administrativa” con la cual se calificaba la autoridad contra la cual podía dirigirse esta acción (L. 393/97, art. 5º).

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-157 de 1998.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca — Sección Segunda — Subsección “A”, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por Pilar Castaño Tobón.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: María Helena Giraldo Gómez, Presidenta de sección—Alier Eduardo Hernández Enríquez

Jesús M. Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar, ausente con excusa.

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