Sentencia ACU-1564 de agosto 10 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente ACU-1564, ago.10/2000

C.P. Alberto Arango Mantilla

Acción de cumplimiento

Actor: Municipio de Calima El Darién

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto mediante apoderado por el municipio de Calima El Darién contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2000 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la acción de cumplimiento que interpuso la entidad recurrente contra la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación.

Hechos

Pueden resumirse así:

En el municipio de Calima-El Darién está ubicada la Central Hidroeléctrica de Calima, destinada a generar energía eléctrica. El artículo 113 de la Ley 99 de 1993 facultó al Presidente de la República para reestructurar la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y transferir a un nuevo ente, por cuenta de la Nación, los activos y pasivos en fiducia a la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, con el cargo irrevocable de enajenar dichas acciones. Por Decreto 1275 de 1994 se creó la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP y se reestructuró la CVC. En el Decreto 1275 citado se establecieron la valoración del componente eléctrico y la transferencia de activos y pasivos por cuenta de la Nación a EPSA, entregándolos en fiducia a la FEN. Se estableció allí la forma de enajenar dichas acciones y no se incluyó al municipio de Calima, pese a encontrarse la represa en su jurisdicción. La Ley 226 de 1995 establece cómo se deben enajenar los activos de la Nación a particulares y la forma de repartir el 10% de la venta total y al municipio de Calima nada se le ha entregado. EPSA celebró encargo fiduciario con la FEN y ésta dividió la enajenación de acciones en dos fases: 45% en desarrollo del Decreto 1275 y 55% por Ley 226 de 1995 y adjudicó el 45% del total a diversos entes regionales. El consejo de ministros aprobó, el 4 de diciembre de 1996, el programa de venta de las acciones de la Nación y se expidió el Decreto 2244 de 10 de diciembre de 1996. Allí se ordena que para enajenar el restante 55% de acciones se observe lo establecido en la Ley 226 de 1995. La FEN suscribió contrato e hizo un completo estudio del proceso de enajenación de las acciones de la Nación en EPSA. El 16 de mayo de 1997, en audiencia pública, se presentaron las ofertas y se adjudicó a un consorcio por $ 535.000.000.000. En esa suma estaban incluidos los municipios en los cuales estaban Salvajina, Bajo Anchicayá y Calima, todas hidroeléctricas. “Al realizarse la valorización de los activos incluyendo la represa de Calima por el Ministerio de Hacienda y Minas y la banca de inversión, tuvo que dársele un valor a la misma represa de Calima, suma ésta que se desconoce y que se solicita en el acápite de las pruebas para aplicarle el 10% que establece la Ley 226 de 1995 artículo 23 para ser distribuida entre el departamento y el municipio en partes iguales.

p) El Gobierno Nacional, inmediatamente realizada la venta, por expreso mandato del artículo 23 de la Ley 226 de 1995 debió calcular el 10% de la valoración de la represa de Calima ubicada en este municipio y haber ejecutado los proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial (municipio) departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen, cosa que hasta el momento no lo ha hecho, no obstante su obligación legal de hacerlo y habiendo recibido el dinero y la ley le prohíbe destinarlo para situaciones diferentes a las allí establecidas” (fl. 82).

Pretensiones

Son éstas:

“a) Que se ordene al Gobierno Nacional representado por el señor Presidente, Ministro de Hacienda, Minas, departamento de la presidencia y Planeación Nacional el efectivo cumplimiento del artículo 23 de la Ley 226 de 1995 en el porcentaje establecido en la ley con el fin de que se inviertan en proyectos de desarrollo regional en el municipio de Calima-El Darién con base en la venta total de la central hidroeléctrica de Calima o su valoración realizada por el gobierno y la banca de inversión, y

b) Que se condene en costas a las entidades renuentes al artículo 10 numeral 7º de la Ley 393 de 1997.

Subsidiaria: artículo 5º de la Ley 393 de 1997.

En caso de ser otra autoridad o particular el obligado, solicito a usted honorable magistrado notificarle la presente acción en caso de presentarse lo indicado en la norma y ser vinculada al proceso” (fl. 85).

Oposiciones

Las entidades demandadas se oponen a la prosperidad de esta acción de cumplimiento según las razones que cada una de ellas ha hecho llegar al proceso conforme puede verse a folios 98 a 139, enviadas vía fax. Posteriormente, se agregaron a los autos (fls. 149 y ss.). Los originales.

La sentencia apelada

El tribunal, como la Presidencia de la República, cita los apartes más destacados de la sentencia del Consejo de Estado de octubre 14 de 1999 (sec. II, subsección “B”, C.P. Dr. Silvio Escudero Castro) en la cual se declaró improcedente una acción de cumplimiento en la cual se pedía ordenar el acatamiento del artículo 23 de la Ley 226 de 1995, y termina profiriendo decisión en idéntico sentido.

La apelación

El apoderado judicial del municipio de Calima-El Darién, argumenta de hecho y de derecho en el escrito obrante a folios 239 y siguientes, al cual remite la Sala en aras de la brevedad propia del trámite que debe caracterizar a estas acciones de cumplimiento.

Se decide previas estas

Consideraciones

Conforme lo establece claramente el parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, reglamentario de la acción de cumplimiento,

“La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”.

Quiere decir lo anterior que cuando, en ejercicio de la acción en cita, se pida ordenar el cumplimiento de una ley o un acto administrativo que establezcan gastos, será preciso declarar la improcedencia de la acción, de donde surge el imperativo de dilucidar el contenido de la disposición de que se trate y su relación con la noción de gasto.

Ahora bien, en ocasiones se ha dicho que el parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997 consagra la improcedencia de la acción de cumplimiento cuando se trate de pedir el cumplimiento de ley o acto administrativo que establezca gasto. Sobre este tema la Sala Plena de la corporación de enero 25 de 1999 (Exp.: ACU-552 C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández. Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR), fijó el alcance de la norma en los siguientes términos:

“7. El sentido constitucional de la acción de cumplimiento y el alcance del límite legal de la excepción contenida en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

La Sala desea subrayar, habida consideración de las características del caso presente, el sentido del artículo 87 de la Constitución Política y, el alcance del límite legal de la acción de cumplimiento, consagrado a manera de excepción, cuando se trata de perseguir el cumplimiento por este medio de protección jurisdiccional, de las normas que establezcan gastos, haciendo suyas las orientaciones expuestas por la Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997 con el propósito de precisar que, no en todos los casos en que el débito prestacional comporte una erogación de dinero, se configura la excepción del parágrafo en comento, pues de ser este el entendimiento de la norma, se desnaturalizaría el mecanismo constitucional consagrado en el artículo 87 de la Carta Política, si se tiene en cuenta que, las más de las veces, las conductas exigibles de las autoridades públicas, directa o indirectamente, conllevan una erogación.

"En efecto, sostuvo la Corte que, en interpretación sistemática de la Constitución, dicha limitación de origen legal, no afecta el núcleo esencial del derecho fundamental, ni aparece irrazonable o desproporcionada.

"Y para ello consideró que, dicha restricción aparece adecuada de conformidad con la concepción de la acción de cumplimiento, la que no es procedente cuando la Constitución le concede a la autoridad “un margen de libertad de acción o atribuye a un órgano una competencia específica de ejecución condicionada”, situación que, en tratándose de leyes de gastos, impide, por los mecanismos constitucionales existentes en dicha materia, la procedencia de la acción de cumplimiento en contra de tales normas.

"Se consideró, de la misma manera que, en materia de leyes que establezcan gastos la Constitución diseñó un sistema presupuestal y un orden de competencias y procedimientos, que no aconsejan la intervención del juez del cumplimiento en dicha materia.

"Así las cosas y, teniendo presente la orientación mencionada, considera la Sala que, en el caso concreto, no se configuran los presupuestos para la aplicación de la limitación legal, declarada exequible, como podría sugerirlo una consideración aislada de la pretensión de cumplimiento demandada, que apunta a la realización de una “transferencia”, conducta prestacional esta que es diferente a la noción de gasto, presupuesto de la aplicación de la excepción.

"Considera la Sala que, si bien es cierto, la Constitución Política prevé el procedimiento constitucional para la apropiación del gasto, sujetándolo al previo decreto del mismo por el órgano competente y que, el contenido de la ley de apropiaciones exige la adecuada sustentación de sus componentes —crédito judicialmente reconocido, gasto decretado, pago de la deuda, o gasto destinado al cumplimiento del plan nacional de desarrollo—, al margen de la relativa libertad de acción —entiéndase poder discrecional del órgano competente en la facción de la ley de apropiaciones y del presupuesto público— fundamento esencial de la declaratoria de exequibilidad del parágrafo demandado, no menos cierto que, superadas estas etapas y observados los mandatos constitucionales a propósito, la vocación de las normas que desarrollan en la práctica cotidiana las apropiaciones y los presupuestos, en un Estado social de derecho, es, a no dudarlo, el logro concreto de la razón de ser de su establecimiento, esto es, la satisfacción cabal y por sobre todo “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, dentro de los cuales ocupa lugar privilegiado la materia ambiental, con lo cual en sentir de la Sala, no es de recibo, una interpretación genérica y absoluta, sobre la improcedencia del cumplimiento, ex artículo 87 de la Constitución Política de normas que establezcan gastos, si se tiene presente que, agotadas las competencias y discrecionalidades constitucionales en la facción del tema presupuestal, incluida la noción de gasto, dicho presupuesto, ha de ser cumplido mediante su ejecución por variadas autoridades públicas, las cuales pueden desatender normas positivas de carácter material o actos administrativos, concebidos para el cumplimiento y asignación de los recursos públicos.

"En otros términos, si la norma con fuerza material de ley o el acto administrativo, implican un gasto, la limitante legal no es predicable cuando se trata de la ejecución presupuestal como que, no puede el intérprete soslayar que el parágrafo declarado exequible es, cuanto lo primero, norma exceptiva y, además, ha de tener presente que el razonamiento y la argumentación expuestas por la Corte, se contraen única y exclusivamente al respeto de las competencias y la aplicación de los principios en materia de facción presupuestal.

"Una vez elaborado un presupuesto o apropiado el gasto, la vocación natural de éstos, es la de ser efectivamente destinados a la satisfacción de la función social para el cual están concebidos. Esta sola reflexión sugiere, al intérprete, el análisis de la pretensión de cumplimiento en concreto, pues que una vez ordenado, presupuestado y apropiado el gasto, todas las autoridades encargadas de su ejecución, han de cumplirlo y ello, desde la óptica de la norma constitucional contenida en el artículo 87 de la Carta Política, impone su cumplimiento.

"De ello se sigue que, en tanto el núcleo esencial del precepto cuyo incumplimiento se predica —contenido prestacional del precepto normativo— imponga una conducta a la autoridad pública destinataria de la norma que establece el gasto, no hay razón constitucional ni legal para excluir, de esta especial forma de control constitucional, el cumplimiento del precepto”. (Subrayado fuera de texto).

Surge, pues, para la Sala, una conclusión inequívoca: una cosa es establecer un gasto, función en la cual, por expreso mandato del parágrafo exceptivo ya citado de la Ley 393 en comento, no procede la injerencia de una decisión judicial en el trámite del cumplimiento, y otra bien distinta disponer que se cumpla una ley o acto administrativo en donde se consagra la obligación de ejecutar un gasto, o lo que es lo mismo, una partida presupuestal que se ha establecido, naturalmente, para un destino cierto, para un fin determinado, para una realización concreta.

En otras palabras, no le es dable al juez de cumplimiento ordenar que se cumpla una disposición que incorpore al presupuesto un gasto determinado pues ello es función ajena a su competencia.

Pero sí puede ordenar que se ejecute, es decir, que tenga realización práctica y concreta, una partida presupuestal cuyo destino esté inequívocamente señalado en la disposición —legal o administrativa— que el obligado a cumplir no ha cumplido.

Lo contrario, a saber, negarle eficacia a la acción de cumplimiento para hacer que se cumpla —o se ejecute— una ley o una decisión administrativa con la mera salvedad de que no establezca un gasto en su intelección presupuestal, haría nugatoria la propia acción de cumplimiento, establecida, como se sabe, precisamente para ordenar cumplir un deber o una obligación determinada.

Así las cosas, reexaminando la correcta interpretación del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la Sala Plena de esta corporación precisó su verdadero alcance, razón por la cual en esta oportunidad la Sala revocará la sentencia impugnada y se examinará si hay lugar a acceder a la orden de cumplimiento deprecada.

Conforme lo tiene establecido la doctrina reiterada del Consejo de Estado son tres los requisitos mínimos para que salga avante una acción de cumplimiento: a) Que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en ley o acto administrativo; b) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir o se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate; y, c) Que el mandato sea imperativo, inobjetable, expreso y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se aboga por el cumplimiento.

Analizará la Sala si se cumplen los supuestos inicialmente señalados:

Naturaleza del acto cuyo cumplimiento se solicita: El texto de la norma que se pide ordenar que se cumpla es el artículo 23 de la Ley 226 de diciembre 20 de 1995, “Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones”.

Sin duda, se trata de una ley y se da así con esto uno de los presupuestos fundamentales para la eventual prosperidad de una acción de cumplimiento.

Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir: En autos aparecen la comunicación del secretario jurídico de la Presidencia de la República quien, en oficio 10018 del 4 de octubre de 1999 (fls. 14 y 15), manifiesta al apoderado del municipio de Calima-El Darién que su solicitud corresponde resolverla al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Minas y Energía, por lo cual procede a remitirles su solicitud (fls. 16 y 17). No obra en el proceso respuesta alguna a las comunicaciones enviadas a los mencionados ministros.

Igualmente reposa a folios 30 y 31 la respuesta a la solicitud que en igual sentido se dirigió al Departamento Nacional de Planeación, en la cual el jefe de la oficina asesora jurídica expresa, en síntesis, que el Decreto-Ley 1275 de 1994 reestructuró la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y que la misma norma estableció el destino del producto de la venta total de las acciones de la Nación a EPSA, repartiéndolas entre el departamento del Valle del Cauca y del Cauca con la finalidad de financiar proyectos ambientales, de saneamiento ambiental y tratamiento de aguas residuales.

Agrega, la respuesta del 29 de octubre de 1999, que los recursos producto de la venta se empezaron a incorporar en el presupuesto general de la Nación de la vigencia de 1997; que conforme al artículo 11 de la Ley 384 de 1997 se pondrían los excedentes a disposición de las entidades beneficiarias en el presupuesto de inversión de 1998, estando en el proceso de transferir los recursos del diferencial cambiario.

Por último dice que, el artículo 132 de la Ley 508 de 1999, plan nacional de desarrollo 199-2000, (sic) establece que los recursos que transfiere la Nación por enajenación de acciones, equivalente al 10% del producto neto, deben servir para financiar fondos de pensiones públicas del orden territorial.

Se observa entonces que, una de las entidades a las que se requiere el cumplimiento se limita a expresar que aquél no es de su competencia y remite la solicitud a las entidades a las que considera obligadas a responder; y el DNP responde la solicitud para desestimarla con fundamentos legales y presupuestales. Ninguna de ellas satisface el cumplimiento que el demandante solicita y, en consecuencia, debe tenerse por cumplido el requisito de renuencia.

Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 8º inciso 2º de la Ley 393 de 1997 al tenor del cual el requisito se entiende cumplido cuando “(...) la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.

Que el mandato sea imperativo, inobjetable, expreso:

La norma cuyo cumplimiento se solicita es del siguiente tenor:

“ART. 23.—El 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, con exclusión de las correspondientes a las entidades financieras, se invertirá, por parte del gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen”. (Subrayado fuera de texto).

Se encuentra la Sala ante una ley que tiene carácter imperativo pues, sin opción distinta, ordena al gobierno invertir un porcentaje de los dineros recibidos de la enajenación de acciones de empresas del Estado o de aquéllas en las que tenga parte, en la ejecución de proyectos de desarrollo de la región donde la empresa desarrolla su actividad principal.

A juicio del municipio demandante, con fundamento en la norma transcrita debe accederse a lo siguiente:

“a) Que se ordene al Gobierno Nacional representado por el señor Presidente, Ministro de Hacienda, Minas, Departamento de la Presidencia y Planeación Nacional el efectivo cumplimiento del artículo 23 de la Ley 226 de 1995 en el porcentaje establecido en la ley con el fin de que se inviertan en proyectos de desarrollo regional en el municipio de Calima-El Darién con base en la venta total de la central hidroeléctrica de Calima o su valoración realizada por el gobierno y la banca de inversión...”.

Considera la Sala que en la norma invocada no está expresamente consignada la obligación que la entidad demandante pide hacer cumplir, tal como ésta la pide, por las siguientes razones:

La enajenación de las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA S.A. ESP, se efectuó en desarrollo de un contrato de fiducia suscrito entre la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, y la Nación, todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 1275 del 21 de junio de 1994 y con el Decreto 2244 de 1996.

El Decreto 1275 del 21 de junio de 1994, reestructuró la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, creó la Empresa de Energía del Pacífico S.A., EPSA, y en su artículo 20 determinó:

“Destinación de los recursos: El producto de la venta de la totalidad de las acciones mencionadas en el artículo anterior (1) , se destinará en primer término al pago de los pasivos pensionales e indemnizaciones de la CVC, el remanente se entregará en un 45% a la CVC y en un 15% a la CRC para proyectos ambientales, de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales del río Cauca.

(1) El artículo 19 del Decreto-Ley 1275 de 1994 preveía que la CVC aportaría por cuenta de la Nación sus activos y pasivos a EPSA, entidad que emitiría las acciones a nombre de la Nación. Ésta a su vez entregaría estas acciones en fiducia a la Financiera Eléctrica Nacional con la obligación de enajenarlas posteriormente a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, municipios en los que estuviera ubicada la represa de Salvajina y las Empresas Municipales de Cali en un 45%. El restante 55% sería ofrecido al público en las condiciones previstas en el literal b) de la norma mencionada.

Un treinta por ciento (30%) se entregará al departamento del Valle del Cauca y un diez por ciento (10%) al departamento del Cauca con la obligación de entregarlo a una entidad fiduciaria con el fin de que sean invertidos totalmente en la financiación de proyectos de desarrollo energético en dichos departamentos (...)” (resaltado fuera de texto).

De la anterior disposición se infiere que cuando el Gobierno Nacional decidió crear a EPSA S.A. y transferirle los activos y pasivos de la CVC a cuenta de la Nación, para enajenarlos posteriormente, también previó hacia dónde dirigiría los recursos que se obtuvieran de la posterior venta de sus acciones y cuáles serían las entidades que los recibirían.

Según el informe de la Financiera Energética Nacional (fls. 54 a 66), las acciones que la Nación tenía en EPSA S.A., se adjudicaron al consorcio EDC Colombian Energy Ventures Inc. (6%), Colombian Electricity Ventures Inc. (6%), y Valle Ventures Inc. (44.71%) por un valor total de $ 535.000 millones (fl. 65) y se destinaron los recursos obtenidos así: Pensiones e indemnizaciones un 51.89% y regiones (CVC, CRC, Valle del Cauca, Cauca) para un total de 48.11%. (fl. 66).

Para el caso particular de la enajenación de acciones de la Nación en EPSA S.A. el Decreto 1275 de 1994 precisó no sólo el tipo de proyectos en los cuales se invertiría el dinero recaudado, sino también las entidades a las que se transferirían para su ejecución.

No se puede pedir la aplicación de una norma que de manera general obliga al Estado a destinar el 10% del valor neto de la enajenación de las acciones que tiene en las empresas, desligándolo de la disposición que de manera particular prevé la manera como se destinarán los recursos producto de la enajenación de las acciones en una empresa determinada, como en este caso se hizo mediante el Decreto 1275 de 1994.

La ley impone una obligación del Gobierno Nacional en términos generales frente a la conducta que le corresponde asumir cuando se enajenen acciones de propiedad del Estado, pero no contiene obligación expresa en favor del municipio demandante, individualmente considerado.

De otra parte, de la comparación entre la norma invocada como incumplida y la obligación que la demandante persigue se cumpla mediante esta acción, se deduce que no existe la concordancia necesaria en los términos antes señalados, es decir que la obligación contenida en la disposición sea inobjetable.

El artículo 23 de la Ley 226 de 1995, no dispuso que los proyectos de desarrollo regional tenían que desarrollarse en el municipio donde estuvieran ubicados los bienes de la empresa, como lo entiende el demandante, entre otras cosas, porque lo enajenado no es un bien individualmente considerado sino las acciones que el Estado tiene en la empresa.

Además, al proceso no se aporta dato alguno sobre el valor que el Gobierno Nacional otorgó a la hidroeléctrica de Calima dentro de las acciones que tenía en EPSA S.A. y, en esas condiciones, ello se convierte en otro obstáculo para ordenar el cumplimiento en los términos pretendidos por la entidad demandante.

Pero, independientemente de la carencia del precio en que pudo valorarse la hidroeléctrica de Calima, circunstancia que podría resultar salvable en aras al derecho sustancial, debe precisarse que, cuando se trata de una sociedad, los socios no tienen acciones representadas en bienes, materiales o inmateriales, individualmente considerados sino que todos ellos conforman la empresa y la propiedad se diluye en todo el conjunto que, globalmente considerado, reporta un valor.

En todo caso, en el contexto de la ley, no se trataba de beneficiar con la inversión a los municipios donde estuvieran localizados los bienes de propiedad de EPSA S.A., sino de implementar proyectos en la región de influencia de la empresa.

Aclarado lo anterior, la norma cuya aplicación se pide, previó que el 10% del producto neto de la enajenación se invertiría en proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenan.

Conforme al artículo 16 del Decreto-Ley 1275 de 1994 por el cual se creó la Empresa de Energía del Pacífico S.A. su finalidad es la de “desarrollar las funciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, atendiendo de manera prioritaria las necesidades de la región y en forma complementaria las de otras regiones del país o del exterior”; y a la luz del artículo 306 de la C.P. la región puede constituirse por dos o más departamentos con el objeto principal de lograr el desarrollo económico y social del respectivo territorio.

Los proyectos de desarrollo regional que debían generarse como consecuencia de la venta de las acciones de la Nación en EPSA S.A., fueron precisados en el Decreto-Ley 1275 de 21 de junio de 1994, y estuvieron referidos a proyectos ambientales, de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales en la cuenca del río Cauca (art. 20); es decir, la inversión se encaminó al mejoramiento de áreas que beneficiaran indistintamente a municipios de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, zona de influencia de la actividad de la empresa.

Así las cosas, lo previsto en el Decreto 1275 de 1994 artículo 20, es concordante con lo dispuesto de manera imperativa por el legislador en el artículo 23 de la Ley 226 de 1995. El decreto respeta la línea propuesta en la ley, o sea, la destinación de los recursos a proyectos de desarrollo regional.

Según los documentos obrantes a folios 155 a 161, aportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contestar la demanda, esa entidad ha pagado a los departamentos del Valle del Cauca y Cauca y a las corporaciones autónomas de estos departamentos, con cargo a los presupuestos de los años 1997 y 1998 dineros dirigidos a proyectos energéticos y de mejoramiento ambiental, lo cual, en principio, resulta concordante con lo dispuesto por el Decreto-Ley 1275 de 1994 y con el informe de la Financiera Eléctrica Nacional.

Objeción es una “Razón que se propone o dificultad que se presenta en contrario de una opinión o designio, para impugnar una proposición” (2) y objetar es “Oponer reparo a una opinión o designio; proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado” (3) .

(2) Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1992, vigésima primera edición.

(3) Idem. 2.

La consecuencia que el demandante pretende derivar del artículo 23 de la Ley 226 de 1995, puede ser objetable por las razones antes mencionadas y mal podría ordenarse el cumplimiento impetrado, en los términos propuestos por el demandante.

En gracia de discusión, para ordenar que una proporción de los recursos obtenidos de la venta de las acciones de la Nación en EPSA S.A., deben invertirse en proyectos de desarrollo regional del municipio de Calima-El Darién era necesario que los estatutos de EPSA S.A. hubieran determinado que el objeto y, como consecuencia, sus actividades principales se desarrollarían únicamente en el mencionado municipio, de forma que los proyectos de desarrollo regional tuvieran que verse atados a la jurisdicción de esa entidad territorial.

La demanda de cumplimiento no está llamada a prosperar por cuanto adolece de una de las condiciones exigidas para ello.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia apelada, proferida el 15 de junio de 2000 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de la acción de cumplimiento instaurada por el municipio de Calima-El Darién contra el Presidente de la República, departamento administrativo de la presidencia de la República, Nación, ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía, y Departamento Administrativo Nacional de Planeación. En su lugar se dispone:

Niégase la solicitud de cumplimiento formulada por el municipio de Calima-El Darién en ejercicio de la indicada acción de cumplimiento. Se advierte al demandante que no podrá instaurarse nueva acción con la misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Alberto Arango Mantilla—Ana Margarita Olaya Forero—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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