Sentencia ACU-017 de octubre 9 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ACCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ALGUNOS REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA

EXTRACTOS: «La acción de cumplimiento fue instituida por el constituyente en el artículo 87 de la Carta Política y su desarrollo legal se materializó en la Ley 393 de 1997. De conformidad con el artículo 8º de la citada ley, la acción procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.

Por otra parte, según el artículo 21 ibídem, el fallo que decida la pretensión en forma favorable, deberá contener la orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido, dentro de un plazo perentorio de diez días hábiles contados a partir de su ejecutoria.

Estas disposiciones permiten deducir que cuando se trata del cumplimiento de actos administrativos de contenido particular y concreto, el deber omitido debe ser tan preciso, que se pueda asimilar a un título ejecutivo a favor del solicitante, es decir, que el acto contenga una obligación expresa, clara y exigible que haga posible el mandamiento de su cumplimiento.

En cuanto al cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos de contenido general que otorgan competencias a la autoridad, el título para el mandamiento es diferente, porque es la ley o el acto administrativo el que impone la obligación de ejercerlas. Sin embargo, cuando del ejercicio de éstas se trata, debe distinguirse si el cumplimiento del deber que se reclama cabe dentro de la facultad discrecional del funcionario, o si su cumplimiento es obligatorio, y puede concretarse en una acción determinada que pueda ser susceptible de cumplirse en el término previsto por la ley y en la forma ordenada por el juez.

No caben dentro de esta posibilidad, a juicio de esta Sala, las órdenes de cumplir con la eficiencia las funciones propias de su competencia, no porque no sea ésta una obligación de todo funcionario, sino porque la orden seria tan abstracta y genérica que no tendría eficacia distinta a una simple recomendación del juez, sin ejecutividad alguna».

(Sentencia de octubre 9 de 1997. Expediente ACU-017. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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