Sentencia ACU-1771 de mayo 25 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 25000232600020040177101

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Gonzalo Rozo Reyes.

Demandado: Policía Nacional - Dirección de Sanidad.

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil cinco.

Acción de Cumplimiento - Fallo

EXTRACTOS: «De acuerdo con lo anterior, en principio, el acto administrativo cuyo cumplimiento se demanda contiene un mandato expreso a cargo de la dirección de sanidad, encaminado a mantener la jornada laboral asignada al inicio de la prestación de servicios del actor.

Sin embargo, con posterioridad a dicha orden la dirección de sanidad de la Policía Nacional por medio de la Resolución 79 de 2 de marzo de 2004 (fls. 53 a 56), declaró vacante el cargo de médico especialista policial código 3120 grado 22 ocupado por el señor Gonzalo Rozo Reyes y dispuso el retiro del servicio. Esta decisión fue confirmada por la Resolución 169 de 4 de mayo de 2004 (fls. 92 a 103).

Por lo tanto, es fáctica y materialmente imposible para la entidad demandada cumplir el auto de 10 de marzo de 2004 de la comisión de personal, porque su acatamiento supone la vinculación laboral del actor, que ya no existe, como consecuencia de las resoluciones 79 de 2 de marzo y 169 de 4 de mayo de 2004 proferidas por la dirección de sanidad.

Así las cosas, dicho auto decayó o, lo que es lo mismo, perdió su fuerza ejecutoria, porque desaparecieron los fundamentos de hecho bajo los cuales fue expedido, dado que por virtud de actos administrativos posteriores a aquel, el actor dejó de prestar sus servicios a la Policía Nacional.

Es así como se presenta la situación prevista en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, particularmente en el numeral segundo, fenómeno este que impide la aplicación de los actos administrativos, en la forma en que lo ha precisado en varias oportunidades (sic) jurisprudencia:

“El fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo... se refiere a uno de los atributos del acto como es el relativo a su ejecutividad, a la obligación de que este sea cumplido y obedecido...”(2).

“... cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutado...”(3).

“... pierden (los actos administrativos) su fuerza ejecutoria, se desdibuja el privilegio que los distingue desde que adquieren firmeza, el de ser exigibles de oficio, el de hacerlos cumplir...”(4) (negrillas fuera de texto).

Sobre este mismo tema, la Sala de consulta y servicio civil conceptuó en el siguiente sentido:

“El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de ejecutoria de este, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó... el decaimiento del acto administrativo significa que este deviene inejecutable por cuanto los factores de hecho o las normas que existían al momento de su expedición y por ende le sirvieron de fundamento, ya no subsisten”(5) (resalta la Sala)».

Llamados

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Exp. 8727, sentencia de 4 de septiembre de 1998.

(3) Consejo de Estado, Sección Primera. Exp. 7953, sentencia de 11 de marzo de 2004.

(4) Consejo de Estado, Sección Quinta. Exp. 2329, sentencia de 8 de junio de 2000.

(5) Concepto 1491 de 12 de junio de 2003.

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