Sentencia ACU-1849 de abril 28 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 76001233100020040184901 de 2005

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca - Sala Administrativa.

Demandado: Jueza Quinta Civil Municipal de Tuluá.

Bogotá, D.C., veintiocho de abril de dos mil cinco.

Acción de Cumplimiento - Fallo

EXTRACTOS: «En virtud de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política, las decisiones de las autoridades judiciales o administrativas deben someterse a los dictados de las normas superiores que las rigen en lo sustantivo y lo procedimental. Al decir de la jurisprudencia, esta figura conlleva a “la inaplicación efectuada por funcionario administrativo o judicial, de la disposición que regula el asunto concreto sometido a su consideración, por estimarla abiertamente inconstitucional, para en su lugar, proferir una decisión fundamentada en el precepto superior...”, ante “la incompatibilidad manifiesta entre normas legales o jurídicas y los preceptos constitucionales” (1) .

De acuerdo con ello, son presupuestos para proponer la excepción de inconstitucionalidad: i) el fundamento expreso en una disposición de rango constitucional desconocida, ii) la evidente contradicción entre el precepto que se dice inconstitucional y el contenido de la Carta Política y iii) la prevalencia de la disposición superior, concretada en una decisión que adopta el respectivo funcionario para apartarse deliberadamente del deber legal o administrativo que, en principio, se le impone acatar.

(...).

De manera que lo verdaderamente cuestionado por la funcionaria judicial es la legalidad de la lista de elegibles; no obstante, por ser un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, la única forma en que el funcionario a quien corresponde aplicarlo puede sustraerse a su cumplimiento es que sea suspendido o anulado por la jurisdicción contencioso administrativa, en sede de los procesos judiciales que pueden ser promovidos en su contra en ejercicio de las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, que proceden según la calidad del demandante y el interés que persiga (...)».

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente 8366, sentencia de 11 de julio de 1997.

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