Sentencia ACU-193 de marzo 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. ACU-193

Consejero Ponente:

Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Actora: Yolanda Susa Lozano

Acción de cumplimiento

Se decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la accionante contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de febrero de 1998, mediante el cual negó la tutela que, a su juicio, había sido impetrada.

Santafé de Bogotá, D.C., cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Ciertamente la acción incoada fue la de cumplimiento y no la de tutela, como se patentiza del escrito de impugnación; sólo la sensibilidad del a quo permitió percibir una eventual violación del derecho de igualdad ante la afirmación de la accionante de que a los adjudicatarios de la misma manzana donde se encontraba su lote y que ya habían pagado, se les había hecho la escritura de cancelación del gravamen.

Como esta última circunstancia no fue probada y con ello queda descartada la violación del derecho a la igualdad, ante cuya eventual presencia se le dio a la acción el carácter de tutela, la Sala no encuentra obstáculo en readecuar nuevamente la acción para decidir esta instancia dentro de los límites del querer de la accionante, vale decir, de la acción de cumplimiento.

2. Es claro que la pretensión de la accionante es la de que se obligue a la secretaría de vivienda social y renovación urbana del municipio de Cali a cumplir con su obligación contractual de cancelar la hipoteca constituida con la escritura pública 1431 de 26 de abril de 1991, de la Notaría Once de Cali, y originada en un crédito que ya está cancelado. De ahí surge la evidente confusión del apoderado de la accionante, quien por creer que existe una obligación incumplida por una entidad pública, puede por ello, a través de la acción de cumplimiento, lograr su propósito, sin percatarse, de una parte, que no existe ley o acto administrativo cuyo cumplimiento pueda exigirse, y de otra, que para lograr la cancelación de un gravamen hipotecario existe otro medio de defensa judicial.

La Corte Suprema de Justicia, ha dicho al respecto: “...el deudor que ha cubierto la obligación principal y no ha obtenido por parte de aquél (del acreedor) la inscripción en el registro de la cancelación de la hipoteca, cuenta con los medios adecuados para exigirla por la vía judicial” (CSJ, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de octubre de 1994, Exp. 4352, M.P. Dr. Esteban Jaramillo Schloss), siendo el más idóneo para el caso el proceso de ejecución singular, por obligación de hacer, de conformidad con el artículo 493 del Código de Procedimiento Civil.

En tal circunstancia, la acción de cumplimiento, para el fin propuesto por la accionante, resulta absolutamente improcedente, desde luego que tal mecanismo está instituido para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos, de cuyos caracteres no participa, en modo alguno, el incumplimiento o la omisión a que alude la accionante.

Como consecuencia de lo expuesto se revocará la decisión impugnada y, en su lugar, se rechazará por improcedente la acción de cumplimiento intentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

(...)».

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