Sentencia ACU-020 de octubre 17 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA OBLIGACIÓN DEBE ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDA

EXTRACTOS: «La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Nacional busca hacer efectivo el Estado social de derecho, haciendo real por parte de sus autoridades el cumplimiento de las normas, que de acuerdo con el principio de legalidad enmarcan el ejercicio de las funciones a su cargo.

Lo anterior se encuentra claramente consagrado en su reglamentación, contenida en la Ley 393 de 1997, en la cual se dispone que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

Son claras las disposiciones constitucionales y legales en precisar el fin de la acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, es el de hacer cumplir el ordenamiento jurídico existente, por parte de las autoridades competentes, para hacer efectivo el Estado social de derecho, pero es claro también que en ese ordenamiento jurídico debe estar claramente establecida la obligación que se pretende hacer cumplir. Lo que indica que a través de la acción de cumplimiento no es posible discutir derechos, sino hacer respetar los ya existentes y que se cumplan las normas que los reconocen.

Así las cosas, no es posible para el juez que conoce de una acción de cumplimiento, convertirla en acción contenciosa y entrar a discutir y establecer el derecho del accionante.

La acción de cumplimiento, esta prevista, precisamente, para ordenar el cumplimiento de una norma o acto administrativo que contenga una obligación clara y precisa, cuyo incumplimiento implique el desconocimiento de un derecho que no se discute.

De acuerdo con ese criterio, la Ley 393 de 1997 dispuso, en su artículo 9º, que la acción de cumplimiento sería improcedente cuando el accionante contara con otros medios de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o del acto administrativo, y si la obligación no está clara, si existen diferentes interpretaciones sobre la norma que se pretende se cumpla, el particular afectado cuenta con otros mecanismos de defensa judicial a través de los cuales puede discutir y hacer valer sus derechos.

En el caso de autos, los interesados, en relación con los oficios a ellos remitidos, en respuesta a su solicitud de reconocimiento de la prima de nivelación cuentan con las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través de las cuales pueden discutir su derecho y obtener un pronunciamiento respecto del mismo que será obligatorio para la autoridad respectiva, lo que muestra la improcedencia de la acción de cumplimiento.

Por otra parte, el mismo artículo 9º de la Ley 393 de 1997 establece la improcedencia de la acción cuando el cumplimiento que se pretende genere gastos y los accionantes pretenden el reconocimiento de una prima de nivelación, lo cual necesariamente representa gastos para la entidad demandada, lo que indica que también por este aspecto, la acción es improcedente.

De acuerdo con lo anterior, hizo bien el ad quo en rechazar por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta y por ello se confirmará la providencia apelada».

(Sentencia de octubre 17 de 1997. Expediente ACU-020. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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