Sentencia 2005-00690 de julio 7 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 15001-23-31-000-2005-00690-01

Consejero Ponente:

Dr. Darío Quiñones Pinilla

Actor: Ariel de Jesús Martínez Páez

Acción de cumplimiento

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil seis.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1 mediante la cual denegó por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por Ariel de Jesús Martínez Páez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Observa la Sala que en la demanda no se precisaron las disposiciones de la Ley 581 de 2000 que se consideran incumplidas, pues el libelo se instauró contra el director general de la Corporación Autónoma Regional de Chivor “frente al incumplimiento de la Ley 581 de 2000 en razón a los hechos y consideraciones que mas (sic) adelante expondré, pero principalmente frente al no cumplimiento a lo estipulado en dicha normatividad respecto del nombramiento o designación en una proporción mínima del porcentaje del 30% de participación de mujeres en cargos de máximo nivel decisorio, así como de otros niveles decisorios en Corpochivor” (fl. 3). Sin embargo, en el escrito de constitución en renuencia el demandante solicitó al director general de Corpochivor el cumplimiento de los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000 (fl. 8).

En consecuencia, pese a que en la demanda no se citaron de manera expresa los artículos de la Ley 581 de 2000 cuyo cumplimiento se pretende, el contenido de la demanda y el escrito de constitución en renuencia permiten establecer que las normas que se consideran incumplidas son los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000.

El artículo 87 de la Constitución Política consagró la acción de cumplimiento como un mecanismo para que toda persona pueda “acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.

En desarrollo de esa norma superior, la Ley 393 de 1997, en su artículo 1º, señaló que el objeto de la acción de cumplimiento es “hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”. Luego, esta acción constitucional es un instrumento procesal para exigir a las autoridades públicas o a los particulares que actúan en ejercicio de funciones públicas que cumplan real y efectivamente las normas con fuerza material de ley y los actos administrativos.

El demandante ejerce la acción de cumplimiento con el objeto de que se ordene a la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, el cumplimiento de los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000 y, en consecuencia, se disponga que el director general de esa entidad de participación a la mujer, en los cargos del nivel decisorio o de otros niveles decisorios, en un porcentaje del 30%.

El Tribunal Administrativo de Boyacá negó, por improcedente, la acción al considerar que la entidad demandada respondió que estaba cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 581 de 2000, y, por lo tanto, no se configura la renuencia de que trata el artículo 8º, inciso segundo, de la Ley 393 de 1997.

La sentencia de primera instancia fue impugnada por el demandante. Sostuvo, de un lado, que la afirmación de la entidad demandada en el sentido de estar cumpliendo el deber impuesto en la ley no genera la improcedibilidad de la acción y, de otro, que al juez le corresponde establecer si efectivamente ese cumplimiento se da.

Corresponde entonces a la Sala determinar si respecto de la acción interpuesta se configura la causal de improcedencia advertida por la sentencia impugnada y, en caso de no ser así, se analizará si la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, incumplió lo previsto en los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000, respecto de la participación de la mujer, en los cargos del nivel decisorio de esa entidad, en un porcentaje mínimo del 30%.

El inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 dispone que la acción de cumplimiento procede cuando se ha demostrado la renuencia del demandado a cumplir con el deber legal o administrativo omitido, lo cual solo puede excusarse cuando se sustenta en la demanda la inminencia de un perjuicio irremediable. En otras palabras, de acuerdo con la reglamentación legal de esta acción constitucional, al demandante se impone la carga de justificación de la ausencia del requerimiento o la prueba de la reclamación del cumplimiento de la norma al destinatario del deber omitido, comoquiera que la renuencia constituye un requisito sine qua non de procedencia de la acción.

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: De un lado, la reclamación del cumplimiento y, de otro, la renuencia. El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia. Pese a que la Ley 393 de 1997 no señala cómo debe efectuarse la reclamación, es lógico inferir que no está sometida a formalidades especiales. Sin embargo, del objetivo mismo de la reclamación, que no es otro que exigir el cumplimiento de una norma, es posible concluir que la solicitud debe contener i) la petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, ii) el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y iii) la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, la renuencia al cumplimiento se configura en forma expresa o tácita, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido i) expresamente ratifica el incumplimiento o ii) si transcurridos 10 días después de la presentación de la solicitud, la entidad o el particular en ejercicio de funciones públicas guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado y la segunda circunscribe la competencia del juez constitucional en la acción de cumplimiento para analizar única y exclusivamente las normas que el demandado es renuente a cumplir. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos.

No obstante, cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, solamente puede prescindirse del requisito de constitución de renuencia en aquellos casos en que el incumplimiento de la norma o acto administrativo cuya observancia se reclama genera el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, situación que debe sustentarse en la demanda y demostrarse.

En este caso, el demandante reclamó ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, el cumplimiento de los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000 y la entidad demandada respondió que estaba cumpliendo la citada ley. Si bien, una interpretación literal del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 permitiría inferir, como lo hizo el tribunal, que esa respuesta no satisface el requisito de la renuencia, el cumplimiento de dicho requisito no debe analizarse de manera formal sino a la luz de su finalidad y del objeto y los principios de la acción de cumplimiento.

En efecto, el requisito de constitución en renuencia fue instituido por el legislador para garantizar el derecho de defensa de la autoridad o del particular que ejerce funciones públicas, pues mediante la reclamación que efectúa el solicitante tanto la autoridad como el particular que actúa en ejercicio de funciones públicas no solo tienen la posibilidad de conocer el deber que se les está exigiendo sino que además tienen la oportunidad de acatar ese deber omitido o de exponer al solicitante las razones que justifican su inactividad. En consecuencia, teniendo en cuenta la finalidad del requisito de constitución en renuencia este no solo se cumple cuando, en la renuencia expresa, la autoridad o el particular que desempeña funciones públicas se ratifican en el incumplimiento, sino además cuando se afirma que se ha dado cumplimiento al deber exigible. Caso en el cual, al juez que conoce de la acción le corresponde establecer si realmente ello es así.

Además, si se tiene en cuenta, de un lado, que la acción de cumplimiento tiene como objeto que las autoridades públicas o los particulares que cumplen funciones públicas no burlen el mandato imperativo de las normas con fuerza material de ley o de los actos administrativos y hagan efectivas las obligaciones estatales que de ellas se derivan y, de otro, que en su trámite deben observarse los principios de prevalencia del derecho sustancial y eficacia, este objeto y dichos principios no se garantizarían si el juez de la acción de cumplimiento hace una interpretación literal del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997 y considera que ese requisito solo se cumple con una respuesta en la que la entidad o el particular que ejerce funciones públicas se ratifica en el incumplimiento, o, pasados diez días, guarda silencio frente a la solicitud de cumplimiento.

En ese mismo sentido esta Sala ha sostenido que toda manifestación de la autoridad requerida por presunto incumplimiento de un deber impuesto por acto administrativo o norma con fuerza material de ley que no implique cumplir en la forma y términos demandados, constituye acreditación de renuencia necesaria y suficiente para acceder al trámite de la acción (1) .

De modo que para la Sala, si la autoridad contra la que se dirige la acción ha dado respuesta al requerimiento del demandante, en el sentido de que ha cumplido las normas legales cuyo cumplimiento se le pidió, se encuentra acreditada la renuencia, pues ante la afirmación en contrario del demandante, es preciso verificar a través del proceso si lo dicho por la autoridad es cierto o no.

Con fundamento en lo anterior, corresponde a la Sala determinar si, en este caso, la entidad demandada efectivamente ha dado cumplimiento al deber impuesto en los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 581 de 2000, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política.

Mediante la Ley 581 de 2000 el legislador tomó medidas para erradicar la tradicional discriminación a la que se había sometido a la mujer en materia laboral y garantizar así, de manera real, adecuada y efectiva, la participación de esta en los niveles decisorios de la administración. En este sentido, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley estatutaria 62 de 1998 Senado, se afirmó:

“Es bueno advertir que se establece la obligación del Estado de crear las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, por lo cual no basta, se reitera, que a nivel jurídico formal la condición de la mujer indudablemente haya mejorado. El compromiso del Congreso Nacional es precisamente hacer realidad, mediante acciones globales pero también acciones específicas, esos anhelos de participación que obedecen al deseo natural de la mitad de la población colombiana.

(...)

“Con base en la situación de la mujer que revelan las estadísticas, el énfasis debe hacerse buscando mejorar la participación en los niveles decisorios,...” (2) .

La Corte Constitucional al efectuar el control previo de constitucionalidad al mencionado proyecto de ley, que luego se convirtió en la Ley 581 de 2000, sostuvo que este contiene acciones afirmativas y precisó el concepto de ellas, así:

“Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación. Los subsidios en los servicios públicos, las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o el apoyo económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. Pero también lo son, aquellas medidas que ordinariamente se denominan de discriminación inversa o positiva, y que se diferencian de las otras citadas por dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos como el sexo o la raza, que son considerados como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, y 2) porque la discriminación inversa se produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como suele ocurrir en puestos de trabajo o cupo universitarios, lo que lleva a concluir que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como forzosa contrapartida un perjuicio para otras” (3) .

De este modo, la Ley 581 de 2000 contiene medidas de discriminación inversa o positiva, pues toma en consideración el sexo y la escasa participación de la mujer en los puestos de trabajo, en los niveles decisorios de la administración, para instaurar un beneficio a favor de ellas.

En efecto, la citada ley en sus artículos 2º, 3º y 4º, en lo pertinente, disponen:

“ART. 2º—Concepto de máximo nivel, decisorio. Para los efectos de esta ley, entiéndase como “máximo nivel decisorio”, el que corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal”.

“ART. 3º—Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por “otros niveles decisorios” los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público, diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial”.

“ART. 4º—Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público definidos en los artículos 2º y 3º de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas:

a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2º, serán desempeñados por mujeres;

b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3º, serán desempeñados por mujeres.

(...)”.

Las anteriores disposiciones utilizan la cuota como una medida de acción afirmativa para beneficiar a las mujeres y remediar la baja participación que tienen en los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios de la administración pública. Es así como el artículo 4º de la Ley 581 de 2000 contiene una obligación clara, expresa y exigible a cargo de las autoridades nominadoras, consistente en dar participación a la mujer en los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios, en un porcentaje del 30%.

Es de advertir que la acción afirmativa que el legislador adoptó en la Ley 581 de 2000 es de aplicación inmediata, pues la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 4º del proyecto que se convirtió en la Ley 581 de 2000, en cuanto a que “... siempre que se entienda que la regla de selección que en él se consagra, se deberá aplicar en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del ‘máximo nivel decisorio y de ‘otros niveles decisorios’ vayan quedando vacantes’”.

Bajo el anterior contexto se analizarán tanto las disposiciones que tienen que ver con la estructura interna y organización de la Corporación Autónoma Regional de Chivor como las pruebas que obran en el expediente, con el objeto de establecer si en esa corporación se ha dado real y efectiva participación a la mujer en los cargos del máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios, en el porcentaje que ordena la Ley 581 de 2000.

La Ley 99 de 1993 determina cuáles son los órganos de dirección y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, así:

“ART. 24.—De los órganos de dirección y administración. Las corporaciones autónomas regionales tendrán tres órganos principales de dirección y administración a saber: a. La asamblea corporativa; b. El consejo directivo; y c. El director generar”.

A su turno, el Acuerdo 1 de 1994, dictado por el consejo directivo de Corpochivor, mediante el cual se fijan los estatutos de la entidad, establece en su artículo 40 que la estructura interna será determinada por el consejo directivo. Y que las unidades del nivel directivo se denominarán dirección y subdirecciones, mientras que las unidades que cumplan funciones de asesoría o coordinación se denominarán oficinas.

Mediante Acuerdo 2 de 27 de diciembre de 1994, el consejo directivo de Corpochivor estableció la estructura interna de la corporación, así:

“ART. 1º—La estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, será la siguiente:

Asamblea corporativa

Consejo directivo

1. Dirección general.

1.1. Oficina de control interno.

2. Secretaría general.

3. Subdirección de planeación.

4. Subdirección de gestión ambiental.

5. Subdirección administrativa y financiera.

Órganos de asesoría y coordinación

1. Comisión de personal.

2. Comité de coordinación de control interno”.

De este modo, en la corporación autónoma regional de Chivor el cargo de máximo nivel decisorio es el de director general. Y de la estructura interna de la corporación, así como de lo expuesto por el director general de Corpochivor en la respuesta al demandante (fl. 10) y en la contestación de la demanda, se deduce que los cargos de otros niveles decisorios son los de jefe de control interno, secretario general, subdirector de planeación, subdirector de gestión ambiental y subdirector administrativo y financiero.

Los demás cargos de la planta global de personal de Corpoguavio, según lo informado por su director, son de carrera administrativa y, por tanto, respecto de ellos cabe la excepción contemplada en el artículo 5º de la Ley 581 de 2000 en el sentido de que no se aplica la cuota del 30% de que trata el artículo 4º ibídem.

En relación con el aspecto del cumplimiento de las normas, en el expediente se encuentran los siguientes documentos:

1. Copia auténtica del Acuerdo 2 de 27 de diciembre de 1994, “por el cual se establece la estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor”, (fl. 36).

2. Copia auténtica de la nómina de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (fl. 35).

3. Copia auténtica de la Resolución 179 del 2 de marzo de 2005, mediante la cual el director general de Corpochivor, nombró en comisión a Nidia Esther Jiménez Sastre para desempeñar las funciones de subdirector administrativo y financiero de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, hasta que el titular se reincorpore a sus funciones. Es de advertir que al titular, señor Saddy Hernán Rodríguez Pérez, se le concedieron vacaciones a partir del 3 de marzo de 2005 (fl. 31).

4. Copia auténtica de la Resolución 180 del 2 de marzo de 2005, mediante la cual el director general de Corpochivor, nombró en comisión a María del Carmen Hernández Moreno para desempeñar las funciones de subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, hasta que el titular se reincorpore a sus funciones. Es de advertir que al titular, señor Juan Pablo Lizarazu Campos, se le concedieron vacaciones a partir del 3 de marzo de 2005 (fl. 32).

De los anteriores documentos se desprende que de los cinco cargos de otros niveles decisorios de Corpochivor, para el momento de la contestación de la demanda, dos de ellos estaban ocupados por mujeres, estos son los de subdirector de gestión ambiental y subdirectora administrativa y financiera. Sin embargo, se estableció que las personas que los desempeñaban actuaban en comisión mientras los titulares se reintegraban, pues a estos se les concedió vacaciones. Esto quiere decir que con las designaciones de las señoras María del Carmen Hernández Moreno y Nidia Esther Jiménez Sastre en los mencionados cargos no se acreditaba el cumplimiento por parte de la autoridad nominadora de la cuota del 30% de los cargos de “otros niveles decisorios” establecida en el artículo 4º de la citada ley, pues esas designaciones se hicieron de manera transitoria y con la consecuencia de que una vez finalizadas las comisiones, los cargos serían ocupados nuevamente por hombres, quienes los desempeñaban en propiedad. En realidad, solo el nombramiento de propiedad garantiza la real y efectiva participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios.

Ahora, como el artículo 4º de la Ley 581 de 2000 fue declarado exequible por la Corte Constitucional de manera condicionada, en cuanto a que “... siempre que se entienda que la regla de selección que en él se consagra, se deberá aplicar en forma paulatina, es decir en la medida en que los cargos del ‘máximo nivel decisorio’ y de ‘otros niveles decisorios’ vayan quedando vacantes”, la Sala en consideración a que llegado el momento de dictar sentencia no se encontraban en el expediente las pruebas que permitieran establecer ese punto, en aplicación del artículo 27 de la Ley 393 de 1997, dispuso que mediante oficio se solicitara al director general de la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor se sirviera informar el nombre de las personas que para el 31 de mayo de 2000, fecha en que fue publicada y entró en vigencia la Ley 581 de 2000 (Diario Oficial 44026) desempeñaban en propiedad los mencionados cargos de “nivel decisorio”. Igualmente para que informara sin con posterioridad a la vigencia de esa ley y hasta la fecha, se han producido vacancias definitivas en los citados cargos, las fechas en que se produjeron, el nombre de las personas que se retiraron y el de los nombrados en propiedad en su reemplazo.

La Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, dio respuesta a lo solicitado mediante constancia expedida por el subdirector administrativo y financiero (fls. 98 a 102). De contenido de esa constancia se establece que para la fecha en que entró a regir la Ley 581 de 2000 —31 de mayo de 2000— los cargos de “otros niveles decisorios” de la entidad los desempeñaban las siguientes personas:

CargoNombre
Jefe de control internoSaddy Hernán Rodríguez Pérez
Secretario generalDilma Mariela Gutiérrez Rodríguez
Subdirector de planeaciónOmar Alfonso Morales Galindo
Subdirector de gestión ambientalAna Elvia Ochoa Jiménez
Subdirector administrativo financieroBlanca Lilia Rintha Martínez

De manera que para la citada fecha en Corpochivor, se desempeñaban tres mujeres en esos cargos de los cinco que hacía parte de la planta de personal, es decir que se superaba la proporción de un 30% de que trata el artículo 4º de la citada ley.

Con base en la información de Corpochivor se tiene que esa situación cambió entra la vigencia de la ley y la fecha de presentación de la demanda —16 de marzo de 2005—, pues para este momento los cargos los desempeñaban las siguientes personas:

— William Germán Parrado Ávila como jefe de control interno, quien fue nombrado el 27 de agosto de 2004;

— Saddy Hernán Rodríguez Pérez como subdirector administrativo y financiero, quien fue nombrado el 8 de enero de 2004;

— Juan Pablo Lizarazo Campos como subdirector de gestión ambiental, quien fue nombrado el 12 de febrero de 2004;

— Fabio Antonio Guerrero Amaya, como subdirector de planeación, quien fue nombrado el 8 de enero de 2004;

— Mario Daza Cavallazzi como secretario general, quien fue nombrado el 9 de febrero de 2004.

Es decir que todos los cargos los desempeñaban hombres y las mujeres no tenían ninguna participación.

De otra parte, la Sala observa que para la fecha en que Corpochivor rindió el informe solicitado conforme al auto para mejor proveer —1º de junio de 2006— los cargos de “otros niveles decisorios” los desempeñaban las siguientes personas:

— William Germán Parrado Ávila como jefe de control interno, quien fue nombrado el 27 de agosto de 2004;

— Saddy Hernán Rodríguez Pérez como subdirector administrativo y financiero, quien fue nombrado el 8 de enero de 2004;

— Plinio Rolando Forero Dueñas el de subdirector de gestión ambiental, quien fue nombrado el 26 de enero de 2006;

— Fabio Antonio Guerrero Amaya, como subdirector de planeación, quien fue nombrado el 8 de enero de 2004;

— Martha Patricia Parra Romero el de secretaria general, quien fue nombrada el 26 de enero de 2006.

Esto quiere decir que en este momento, de los cinco cargos existentes en “otros niveles decisorios” solo uno está ocupado por mujer, lo cual significa que las mujeres tienen una participación del 20%, cuando el artículo 4º de la Ley 581 de 2000, dispone que la participación como mínimo de las mujeres en esos cargos es del 30%.

De esta manera la Sala llega a la conclusión de que el director de la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, no está cumpliendo con lo ordenado en los artículos 3º y 4º de la Ley 581 de 2000 y, por lo tanto, revocará la sentencia impugnada en cuanto negó por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar que dicho funcionario, dentro del término de dos (2) meses, proceda a dar cumplimiento a esas disposiciones y nombre en propiedad en los citados cargos de “otros niveles decisorios” a mujeres en proporción del 30% como mínimo.

III. La decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia dictada el 21 de abril de 2005 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, en cuanto negó por improcedente la acción de cumplimiento ejercida por el señor Ariel de Jesús Martínez Páez.

En su lugar, accédese a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordénase al director de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, dentro del término de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, cumpla el deber contenido en los artículos 3º y 4º de la Ley 581 de 2000, y nombre en propiedad en los cargos de “otros niveles decisorios” a los que se hizo referencia en la parte motiva de esta providencia, a mujeres en proporción del 30% como mínimo.

El Tribunal Administrativo de Boyacá vigilará el cumplimiento de esta sentencia.

2. Reconócese personería a la doctora Martha Patricia Parra Romero como apoderada de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, en los términos del poder que le fue conferido.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 16 de enero de 2003. Expediente 1657, Sección Quinta

(2) Gaceta del Congreso 159 de 24 de agosto de 1998, páginas 4 y 6.

(3) Corte Constitucional Sentencia C-371 de 29 de marzo de 2000.

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