Sentencia ACU-2091 de marzo 6 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”

Rad. 08001-23-31-000-2002-02091-01, mar. 6/2003

M.P. Ana Margarita Olaya Forero

Actor: Edilberto de Jesús Bustamante García

Ref.: Apelación Fallo-Acción de cumplimiento

Decide la Sala la impugnación presentada por el apoderado del actor, contra el fallo del 18 de octubre de 2002 proferido por el tribunal administrativo del Atlántico, por medio del cual se negó la acción de cumplimiento impetrada contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, regional Atlántico y la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A. ESP Triple A.

Antecedentes.

Como hechos se tienen los siguientes:

Manifestó el mandatario judicial del actor, que el mencionado señor, adquirió e inmueble ubicado en la carrera 43 Nº 84-74, apartamento 102 de la ciudad Barranquilla, el 30 de junio de 1999, por sentencia de remate proferida por el Juzgado Sexto Civil de la misma ciudad y que lo recibió materialmente, en el mes de diciembre del citado año; lo que quiere decir que durante dicho lapso de tiempo el inmueble se encontraba desocupado y no se había utilizado ni una sola gota de agua, ni tampoco el servicio de aseo y alcantarillado; que a pesar de lo anterior, la empresa Triple A, le cobró tales servicios; que la demandada ha facturado desde antes de 1995, a nombre de Inversiones Pérez Luna Limitada, el cobro del servicio para el apartamento de propiedad del actor y para otros apartamentos del mismo edificio; que la sociedad demandada, por no realizar ningún acto de cobro al suscriptor y al usuario, permitió que la deuda para todo el edificio se acrecentara en la suma de $44.692.915, desde el 7 de julio de 1995, actuación que incumple el contrato de condiciones uniformes y la Ley 142 de 1994 y que vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa; y que además, la entidad mencionada, ha actuado de manera discriminatoria, conculcando flagrantemente los principios de la “igualdad y neutralidad”, pues envió al actor, en marzo de 2000, una cuenta de cobro por el valor antes indicado.

Sostiene que fue así como la parte actora, el 27 de marzo de 2000, elevó una petición a Triple A, para que le fuera resuelto el problema presentado, sin que la demandada se pronunciara dentro del término de 15 días; que por ello, el 8 de abril del mismo año, la citada parte, le solicitó el reconocimiento del silencio administrativo positivo; que sin embargo, la empresa demandada, el 15 de mayo de 2000, envió al demandante un oficio suscrito por la abogada de al oficina de peticiones y recursos de la gerencia comercial, citándolo para una reunión el 19 de mayo del mismo año, reunión a la que asistió junto con su apoderado, en donde se le informó que era posible la individualización del servicio y fraccionar proporcionalmente la deuda total, y que debería pagar entonces, la suma de $5.000.000, propuesta que no aceptó la parte actora, por haberse configurado el silencio administrativo positivo.

Precisó que después la empresa demandada, expidió el acto empresarial Nº YMR-0854 del 26 de mayo de 2000, por el cual no fue resuelta la solicitud de la configuración del silencio administrativo positivo sino que se accedió a individualizar las cuentas, imponiéndole al actor a pagar la suma de $4.648.944 y $1.207.128 por los costos de la acometida individual.

Adujo también, que desde marzo de 2000 y desde la presentación de la solicitud de individualización del servicio de agua, aseo y alcantarillado, éste ha estado suspendido; que el demandante no ha podido vivir en condiciones dignas, ocasionándoles también perjuicios a las personas que habitan al inmueble de su propiedad; y que por tal razón, su apoderado impetró una acción de tutela, la que fue resuelta a su favor, mediante el fallo T-390 del 19 de julio de 2000.

Aseveró de otra parte, que el 19 de mayo de 2000 el demandante presentó a la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitud para que le fuese reconocido el silencio administrativo positivo, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2150 de 1995, pero que sin embargo, dicha entidad tampoco se pronunció al respecto; que fue así como el 9 de octubre de 2001, nuevamente le elevó una petición en los mismos términos, sin que la superintendencia diera respuesta alguna.

Pretensiones

La parte demandante concreta sus pretensiones así:

“Solicito, se ordene al señor superintendente de servicios públicos domiciliarios, y a la sociedad de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, reconocer de manera inmediata y conforme lo establece la ley el silencio administrativo positivo configurado en el derecho de petición presentado por mi apoderado el día 24 de marzo de 2000.

Igualmente, se ordene a la sociedad de Acueducto de Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, individualizar la cuenta por pagar del propietario del inmueble señor Edilberto de Jesús Bustamante García, (apto. 102, piso 1 del edificio Rosamar) ya que él no debe pagar toda la deuda de los otros apartamentos y en cuanto al monto pendiente se le dé aplicación al inciso 4º del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, por haber omitido la Triple A, la medición del consumo durante todo este tiempo. Por lo tanto solicito se exonere en su totalidad a mi poderdante del pago de estos servicios hasta la fecha.

Se ordene a la sociedad de Acueducto de Alcantarillado y Aseo S.A. individualizar el servicio de mi apoderado, abriendo una póliza aparte para que él pueda pagar sus servicios independientemente de los demás apartamentos que integren el edificio”.

El fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó la acción de cumplimiento impetrada.

Consideró que respecto de la petición del 24 de marzo de 2000 elevada por el demandante a la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. ESP. Dicha entidad se pronunció en forma tardía, después de los 15 días consagrados en los artículos 158, 123 y 9º de la Ley 142 de 1994, del Decreto 2150 de 1995 y del Decreto 2223 de 1996; pero que sin embargo no es del caso ordenar que se reconozcan los efectos del silencio administrativo positivo, ya que la demandada a través del acto empresarial YMR 0854 del 26 de mayo de 2000, dio cumplimiento a ello.

Precisó además, que la superintendencia cumplió con la obligación de vigilar la actuación de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, lo cual se demostró mediante el Auto 714 del 30 de mayo de 2000, el oficio Nº 200082006731 del 2 de junio del mismo año y el oficio Nº 200082006751 del 2 de junio de 2000.

La impugnación

El apoderado del demandante impugna oportunamente el fallo proferido por el a quo.

Manifiesta que en la respuesta que dio la sociedad demandada a la petición de reconocimiento del silencio administrativo positivo, simplemente se afirmó que hacía la “independización” del servicio pero que el actor debía cancelar las obras civiles por valor de $1.207.128 y que la deuda pendiente, menos las deducciones, quedaba en $4.648.944; que por lo anterior, queda claro que Triple A, no le liquidó al demandante solamente el pago de los últimos 3 meses del servicio y no lo exoneró a pagar el total de la deuda, y además respondió parcialmente la solicitud del reconocimiento del silencio administrativo positivo.

Asevera que la actuación de la demandada viola de manera flagrante los artículos 23, 146 y 158 del Decreto 2150 de 1995 y de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2223 de 1996, en su orden, y que también no fueron tenidas en cuenta las sentencias proferidas por esta corporación el 20 de febrero de 1998 y el 18 de marzo de 1999, dentro de los expediente números 8993 y 5156.

Afirma de igual manera, que lo único que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos fue manifestar en sede judicial que el funcionario encargado de adelantar las investigaciones sobre la ocurrencia del silencio administrativo positivo, omitió notificar al denunciante el resultado de la actuación; que tal hecho no exime a la superintendencia; que el numeral 5º del artículo 76 del Código Contencioso Administrativo prevé que la demora injustificada de la producción comunicación o notificación de un acto, se sanciona disciplinariamente; y que la falta de aplicación pro parte de los servicios públicos de las normas constitucionales y legales, tipifica el delito de prevaricato.

Consideraciones

Como de cuenta la impugnación, se insiste en que se ordene al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y a la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, reconocer los efectos del silencio administrativo positivo configurado por haber elevado el demandante una petición a la mencionada empresa prestadora de servicios públicos, el 24 de marzo de 2000, de conformidad con los artículos 158 y 123 de la Ley 142 de 1994 y del Decreto-Ley 2150 de 1995; que se ordene a la sociedad demandada, individualizar la cuenta que debe cancelar el actor, por la prestación del citado servicio público y por ser el propietario del inmueble ubicado en la carrera 43 Nº 84-74, apartamento 102 de la ciudad Barranquilla, que se aplique el inciso 4º del artículo 146 de la Ley 142 de 1994, por haber omitido Triple A, la medición del consumo, y que por ello se exonere el actor del pago de estos servicios hasta la fecha; y que se ordene a la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo S.A., individualizar el servicio de agua del inmueble del demandante, abriendo una póliza aparte para que éste pueda pagar sus servicios independientemente de los demás apartamentos que integran el edificio.

Las normas cuyo cumplimiento se exige, rezan:

Ley 142 de 1994:

““ART. 158.—Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora, o que se requirió de la prácticas de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”.

Y el Decreto-Ley 2150 de 1995:

“ART. 123.—Ámbito de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo 185 de la Ley 142 de 1994. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domicialiarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.

PAR.—Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de “petición”, comprende las peticiones en interés particular, así como los quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuarios”.

Para dilucidar el objeto del asunto controvertido, es preciso que la Sala haga el siguiente recuento:

Esta corporación ha establecido en varias oportunidades, que son tres los requisitos mínimos exigidos para que tenga vocación de prosperidad la acción de cumplimiento, a saber: a) Que la obligación que se solicita hacer cumplir esté consignada en la ley o en acto administrativo, lo cual excluye de su fundamento y análisis las normas constitucionales, que en términos generales consagran principios y directrices; b) Que el mandato sea imperativo, inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se reclama el cumplimiento; y c) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o que se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate.

Es indudable que la Ley 142 de 1994 y el Decreto-Ley 2150 de 1995, preceptivas cuyo cumplimiento se exige, son normas jurídicas; por medio de las cuales, en su orden, se estableció, entre otros, el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se suprimieron y reformaron regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública; con o cual se cumple el primer requisito antes señalado.

Respecto del segundo requisito se configura de igual manera en la acción incoada, toda vez que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 impone en cabeza de las empresas prestadoras de servicios públicos, en este caso la sociedad de agua, alcantarillado y aseo, triple A ESP, la obligación de responder los recursos, las quejas y las peticiones, dentro del término de 15 días hábiles contados desde la fecha de su presentación y el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, obliga a dichas empresas a que dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término contemplado en la Ley 142, reconozcan a los suscriptores o usuarios los efectos del silencio administrativo positivo.

Y también se cumple la tercera exigencia, toda vez que a folio 32 aparece la petición elevada por la parte actora a la sociedad demandada, recibida el 8 de mayo de 2000, solicitando el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo, o sea el cumplimiento de los artículos 158 y 123 de la Ley 142 de 1994 y del Decreto-Ley 2150 de 1995, respectivamente, con el fin de constituir la prueba de la renuencia.

Hecha la anterior precisión, la Sala seguirá el siguiente derrotero:

Aparece en el expediente la petición elevada por el actor a la Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. ESP recibida el 24 de marzo de 2000, en donde el demandante solicita que se individualice la cuenta por pagar del inmueble de su propiedad según consta en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nº 040-805527 (V. fl. 9), ubicado en la carrera 43 Nº 84-74, apto. 102, Edificio Rosamar de la citada ciudad, por cuanto él no debe pagar toda la deuda de los demás apartamentos que existen en el mencionado edificio; que solamente le sea facturado el valor de los tres (3) primeros meses y no el monto de todos los meses desde julio de 1997; y que se individualice el servicio de agua al inmueble del demandante, abriendo una póliza nueva, para que pueda pagar su servicio independientemente de los otros apartamentos que se encuentran en el inmueble.

No obran en el expediente prueba alguna que demuestre que la sociedad demandada, se hubiese pronunciado frente a la solicitud antes mencionada.

Y aun cuando da cuenta el expediente a folios 35 a 40, del acto empresarial YMR 0854 del 26 de mayo de 2000 suscrito por la gerente comercial de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, por medio del cual le fue concedido al actor los efectos del silencio administrativo positivo el actor, de manera tardía, dicho acto no debe tenerse por válido, toda vez que en la parte motiva del mismo, no se accedió a todas las pretensiones reclamadas en la petición elevada por el demandante el 24 de marzo de 2000.

Así las cosas, no cabe duda que la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, ha incumplido los artículos 158 y 123 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto-Ley 2150 de 1995, razón por la cual se revocará el fallo impugnado, para en su lugar, ordenar a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, S.A. ESP, que acate lo previsto en las disposiciones mencionadas, es decir que reconozca los efectos del silencio administrativo positivo, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a partir de la notificación del presente fallo, respecto de toda la petición presentada por el actor el 24 de marzo de 2000, según se establece en autos a folios 27 y 28.

Finalmente, la Sala previene al superintendente de servicios públicos domiciliarios, regional del Atlántico, para que en adelante, vigile de manera eficaz las distintas actuaciones que se surtan ante las empresas prestadoras de servicios públicos, como quiera que a pasar de que tal funcionario adelantó el trámite respectivo frente a la petición elevada por el actor, para que se ordenara a la sociedad demandada conceder los efectos del silencio administrativo positivo, no estuvo acertada la actuación que obra en el expediente a folios 116 a 118, es decir el auto del 1º de diciembre de 2000, que archivó las diligencias, pues se repite, triple A, no respondió la solicitud del demandante en tiempo, no reconoció los efectos del silencio administrativo reclamado oportunamente y no accedió a todas las pretensiones reclamadas en la citada solicitud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

REVÓCASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el dieciocho (18) de octubre de mil dos (2002) dentro de la solicitud de cumplimiento presentada por el apoderado del actor contra la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., ESP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Regional Atlántico, en su lugar.

ORDÉNASE al gerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP, Triple A, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación del presente fallo, reconozca los efectos del silencio administrativo positivo, respecto de toda la petición elevada por el apoderado del señor Edilberto de Jesús Bustamante García el 24 de marzo de 2000, con el fin de darle cumplimiento a los artículos 158 y 123 de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 2150 de 1995, respectivamente.

El Tribunal Administrativo del Atlántico vigilará el cumplimiento de la orden impartida.

Notifíquese personalmente a las partes o en su defecto, por edicto, de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobado por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Ana Margarita Olaya Forero—Alberto Arango Mantilla—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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