Sentencia ACU-2500023250002001935101 de octubre 4 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. 2500023250002001935101, sep. 4/2001

C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Cumplimiento

Actor: Wilson Iván Morgestein Sánchez

Se decide la impugnación oportunamente interpuesta por el apoderado de Codensa contra el fallo de 24 de agosto de 2001, proferido por la Sección Segunda, Subsección "B", del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar a Codensa que dentro del término de 10 días proceda a notificar por adicto, en debida forma, las decisiones que adopte.

I. Antecedentes

I.1. El señor Wilson Iván Morgestein Sánchez en su propio nombre, en escrito presentado ante la secretaría general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de julio de 2001, incoó la acción de cumplimiento de que trata el artículo 87 de la Carta, desarrollado por la Ley 393 de 1997, contra Codensa S.A. ESP, para que se haga efectivo lo dispuesto en los artículos 3º,17 y 45 del Código Contencioso Administrativo, 34.6 y 152 de la Ley 142 de 1994; y 12 de la Ley 57 de 1985; y para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelante la investigación del caso para efectos de imponer las responsabilidades a que haya lugar, conforme al artículo 21-3 de la Ley 393.

I.2. El actor infiere el aducido incumplimiento, en síntesis, de lo siguiente:

1. Que en la unidad gestión clientes CNR zona centro de Codensa, ubicada en la calle 13 Nº 36-68/78, no se realiza la notificación de los actos administrativos como corresponde, sino que, en la práctica, se publica un listado en una cartelera, en el cual se relacionan unos datos denominados “TR”, el número de la comunicación y una fecha; y en dicho listado aparece un encabezado en el que se le informa al usuario que si la comunicación a notificar se encuentra relacionada, debe identificarse ante el funcionario competente (sin indicar cuál es) para que éste le exhiba el edicto; y se prohíbe que dicho edicto sea fotocopiado, sin indicar la norma constitucional o legal que establece la reserva.

2. Señala que tal forma de notificación es ilegal, pues los edictos no están siendo fijados en un lugar público sino que se encuentran archivados, siendo necesario que el interesado inquiera a un empleado no identificado para que los exhiba.

3. Resalta que la prohibición de tomar la fotocopia no se ajusta a derecho, por cuanto, conforme al artículo 12 de la Ley 57 de 1985 sólo frente a una norma de carácter legal o constitucional que asignara al edicto el carácter de reservado, Codensa podría negarse a expedir copia al usuario.

4. A su juicio, la conducta de Codensa constituye abuso de posición dominante, ya que dicha entidad aprovecha la facultad legal de sancionar a los usuarios del servicio público de energía eléctrica, para modificar los procedimientos legales de notificación y establecer la reserva de documentos que jurídicamente no la tienen, en detrimento no sólo de los intereses de la comunidad que cancela el valor del servicio prestado, sino de la legalidad objetiva, inobservando así la prohibición que establecen los artículos 34-6 y 133 de la Ley 142.

I.3. La sociedad Codensa S.A. ESP contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de la acción adujo, en esencia, lo siguiente:

Que la entidad no ha desconocido las leyes a que alude el actor, pues sus decisiones se han realizado con apego a ellas, garantizándole a los usuarios el derecho a impugnarlas.

Que el edicto se fija en una cartelera de acceso al público, en un listado que contiene toda la información relacionarla en cada uno de los actos a notificar: (número de cliente, de expediente, de radicación, fecha de radicación, nombre del usuario, etc.), de manera que el usuario puede encontrar fácilmente el acto de su interés y luego acudir donde el funcionario que le hará entrega de copia del acto notificado.

Estima que al artículo 12 de la Ley 57 de 1985 no se aplica a Codensa, pues ella no se encuentra dentro de las entidades enlistadas en el artículo 14, ibídem.

II. La sentencia impugnada

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar que Codensa proceda a notificar por edicto en debida forma las decisiones que adopte, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

Que resulta claro que la notificación es una diligencia esencial para que las providencias que ponen fin a una actuación administrativa produzcan efectos respecto de los interesados en la misma, y que sólo desde el cumplimiento cabal de esta diligencia es cuando pueden comenzar a contarse los términos de ejecutoria del proveído para la interposición de los recursos en la vía gubernativa o para la caducidad del plazo legalmente hábil en que pueden ejercerse las acciones contencioso administrativas.

Destaca que, de acuerdo con lo manifestado por la demandada, ésta, debido al alto volumen de peticiones y recursos que diariamente recibe, procede a fijar en una cartelera de acceso al público, un listado que contiene toda la información relacionada en cada uno de los actos a notificar: (número de cliente, de expediente, de radicación, fecha de radicación, nombre del usuario, etc.), de lo cual se desprende que a pesar de que la ley ordena que la notificación por edicto se realiza fijándolo en un lugar público por el término de 10 días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia, aquélla no efectúa en debida forma la misma, aduciendo el alto volumen de peticiones y recursos, por lo que desconoce las normas invocadas como incumplidas.

III. Fundamentos de la impugnación

La demandada adujo como motivos de inconformidad, en esencia, que ella, en desarrollo de su actividad, profiere todos los días innumerables decisiones frente a sus trabajadores, contratistas, usuarios y terceros, por lo que la sentencia del tribunal debió hacer alguna distinción, máxime si la petición del actor está encaminada a las tomadas por la unidad de gestión de clientes CNR que imponen sanciones.

IV. Consideraciones de la Sala

Es preciso resaltar que en escrito visible a folios 59 a 60 el apoderado de la demandada solicitó al a quo la aclaración de la sentencia en el sentido de que precisara que la obligación impuesta se circunscribiera a las decisiones que adopte en materia de sanciones, frente a lo cual el tribunal se negó, al no observar la existencia de conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda.

Según se deduce de lo manifestado en el escrito contentivo del recurso, el motivo de inconformidad del recurrente gira en torno, únicamente, de que el fallo se circunscriba a las decisiones que se adopten en materia de sanciones, y no a todas.

Estima la Sala que los actos de las autoridades administrativas, dentro de los cuales se encuentran los proferidos por personas privadas que cumplan funciones administrativas, como el caso de Codensa, que tiene a su cargo la prestación de un servicio público, no solamente están orientados a imponer sanciones, sino que también pueden establecer obligaciones al administrado o denegar peticiones formuladas en interés general o particular (art. 11, num. 11.10 L. 142/94); y desde esta perspectiva, las decisiones que adopte deben notificarse, y tal notificación debe ajustarse a las formalidades previstas en la ley, so pena de que se tengan por no hechas, o no produzcan efectos legales, como lo dispone el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo.

De otra parte, el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en este caso, pues la Ley 142 de 1994 no contiene norma especial que regule el trámite de las notificaciones, exige que cuando se acude al edicto se debe insertar la parte resolutiva de la providencia, aspecto este, que según se desprende de la contestación de la demanda, no contienen las notificaciones que por ese medio hace la entidad, debido al altísimo volumen de peticiones y recursos.

Advierte la Sala que la disposición comentada no hace distinción alguna en cuanto a que el requisito allí contenido opera solamente cuando se dictan actos administrativos a través de los cuales se imponen sanciones, por lo que no existe razón válida para desestimar la sentencia del a quo que dispuso la observancia de la citada norma frente a todas las decisiones que se adopten por Condesa, como se solicitó en el memorial utilizado para constituir la renuencia (fl. 11) por ello, tal proveído será objeto de confirmación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo impugnado.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de octubre de 2001.

Magistrados: Olga Inés Navarrete Barrero—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Manuel S. Urueta Ayola.

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