Sentencia ACU-026 de octubre 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. ACU-026

Acción de cumplimiento

Actor: Luis Guillermo Moreno Garrido y otro

Demandada: Alcaldía Municipal de Tunja

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., octubre treinta de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS:«Es evidente que la parte actora compró el vehículo y pretendió ponerlo al servicio de transporte, luego de la vigencia del decreto 168 sobre suspensión del ingreso “por incremento”. Creyó que la autorización de ingreso dada en abril le concedía ya derecho a desarrollar esa actividad. Ese acto resulta ser un acto de trámite, inicial, necesario para la expedición del último y definitivo, como es la expedición de la tarjeta de operación, según se desprende de los artículos 16, 19, 23, 25, 26 del Decreto 493 de 1993. Así, el acto por el cual un particular queda autorizado para prestar el servicio de taxi, está precedido de un procedimiento especial que va desde la fijación del número de ingresos que hace anualmente la alcaldía, mediante acto general, hasta la expedición de la tarjeta de operación a instancias de la empresa a la que se afilie el vehículo, pasando por una autorización de compra y la matrícula respectiva.

La acción de cumplimiento no puede, en principio, interponerse contra actos de trámite por cuanto no constituyen la decisión definitiva sobre la petición, y por tanto, no conceden ni niegan derecho subjetivo alguno. Por eso no se configura en el presente caso el acto administrativo a cumplir, que es presupuesto para la procedibilidad de la acción.

Si, en cambio, se estimase que la suspensión del trámite que el particular venía adelantando ante la alcaldía con el propósito de obtener, finalmente, la tarjeta de operación del taxi, le generó perjuicios, aquél puede intentar acciones judiciales de carácter indemnizatorio, e intentar también la devolución de los derechos que consignó para obtener el beneficio. La acción de cumplimiento en esta hipótesis tampoco sería procedente, a términos del artículo 24 de la ley 393.

También, bajo la consideración de que el decreto que suspendió el ingreso de nuevos vehículos taxis al parque automotor de Tunja causó el daño consistente en la pérdida del derecho a explotar el taxi de la parte actora, lo que se imponía era demandar dicho decreto en acción de nulidad y restablecimiento, es decir que había otro medio de defensa judicial».

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