Sentencia ACU-042 de octubre 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. ACU-042

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Actor: Marco Aurelio Torres Rincón

Santafé de Bogotá, treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «La decisión adoptada por el tribunal en el sentido de negar las pretensiones solicitadas a través de la acción de cumplimiento se confirmará, pero por razones diferentes a las señaladas por el fallador de primera instancia.

El señor Torres Rincón presentó acción a fin de lograr el cumplimiento de la Resolución 037 de 26 de diciembre de 1996 y de la decisión de 15 de julio de 1996, a través de la cual la alcaldía local de Santafé de Bogotá, localidad III y el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, dirimieron en primera y en segunda instancia, respectivamente, la controversia planteada en querella presentada ante la citada alcaldía y que se radicó con el Nº 104.

Las decisiones cuyo cumplimiento se pretende, son actos de policía, a través de los cuales la administración en ejercicio de poderes jurisdiccionales especiales otorgados por la ley dirimió una controversia entre particulares.

La acción prevista en el artículo 87 en ejercicio de la cual se solicita el cumplimiento de los mencionados actos, fue instituida para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo; la Resolución 037 de 26 de diciembre de 1996 y la decisión de 15 de julio de 1996, no se pueden enmarcar como ley, ni como acto administrativo, tales actos son materialmente de carácter jurisdiccional debido a que fueron expedidos dentro de un juicio policivo a través del cual se dirimió el conflicto que se presentó entre dos particulares y por tanto no es procedente solicitar su ejecución a través de acción de cumplimiento.

(...).

Aclaración de voto

Con el debido respeto no comparto la decisión mayoritaria de la sala, por las razones que paso a exponer:

1. Si bien es cierto el inciso final del artículo 82 del CCA establece que la jurisdicción contencioso administrativa no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley, entiendo que dicha norma antes que consagrar el cumplimiento de funciones jurisdiccionales por las autoridades administrativas, excepción hoy prevista en forma expresa por el artículo 116 de la Carta, en relación con los llamados juicios civiles de policía simplemente las excluye del conocimiento de esta jurisdicción porque tales decisiones en dichos procedimientos son provisionales y se dirimen de forma definitiva ante el juez ordinario. Por consiguiente, de lo que se trata es de un asunto de incompetencia en cuanto se halla atribuido a otro juez y no de funciones jurisdiccionales cumplidas por autoridades administrativas.

2. Los actos administrativos cuyo cumplimiento se pretende a través de la acción contemplada por el artículo 87 de la Constitución desarrollada por Ley 393 de este año y que ordenan la demolición de lo construido en contravención al permiso de cerramiento fueron dictados con fundamento en el Código de Policía de Bogotá (D. 793/93 y L. 9ª/89).

El artículo 66 literal c) de esta ley consagra dentro de las sanciones urbanísticas la demolición total o parcial del inmueble construido sin licencia y en contravención a las normas urbanísticas y la demolición de la parte del inmueble no autorizada o construida en contravención a la prevista en la licencia.

El artículo 67 ibídem señala que tales sanciones

“..., así como aquellos mediante los cuales se ordene la suspensión de obra, y la restitución de vías públicas de que trata el Código Nacional de Policía, serán susceptibles de las acciones contencioso administrativas previstas en el respectivo código, en primera instancia ante los tribunales administrativos, y en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Estas acciones no suspenderán los efectos de los actos administrativos demandados, salvo el caso de la suspensión provisional”.

Si la ley expresamente ha definido la sanción impuesta por el acto cuyo cumplimiento se pretende como acto administrativo susceptible de ser suspendido y anulado por la jurisdicción contencioso administrativa, mal puede dársele el carácter de acto jurisdiccional como se sostiene en la providencia de la cual me separo, para excluirlo del ámbito de aplicación de la acción de cumplimiento.

Ricardo Hoyos Duque».

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