Sentencia ACU-056 de diciembre 11 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

TRANSMUTACIÓN EN ACCIÓN DE TUTELA

EXTRACTOS: «La sociedad actora busca mediante la acción de cumplimiento, obtener que se le ordene al Tribunal Superior de Barranquilla Sala Civil-familia, decidir el recurso de anulación contra el laudo arbitral Sociedad G. B. Construcciones Ltda. Versus Amadh Issa Issa y Jahel Paz de Issa, pues estima que la demora en tomar esa decisión significa un incumplimiento de las normas relativas a los deberes del juez de dictar providencias dentro de los términos previstos en la ley, todo de conformidad con los artículos 37 y 124 del CPC.

Sin embargo, tal como lo apuntó el a quo, la acción de cumplimiento no fue consagrada para esos propósitos, ni puede por tanto incoarse contra autoridades judiciales. El artículo 5º de la Ley 393 de 1997 no da lugar a equívoco alguno en cuanto menciona a la “autoridad administrativa” como la única legitimada por pasiva para responder pretensiones formuladas mediante la acción residual de cumplimiento.

Tampoco habrá lugar a aplicar el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 en lo referente al cambio del proceso por el correspondiente al de tutela. El fenómeno deberá suscitarse, a juicio de la Sala, cuando sucedan dos requisitos: que el asunto esté aún en primera instancia y no se haya dictado sentencia y que haya evidencia de la violación o de la amenaza de la violación de un derecho fundamental. El primer requisito se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el debido proceso, que incluye el derecho a las dos instancias, razón por la cual solo el juez de primera instancia (tribunal administrativo, mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos), tiene la competencia funcional para imprimirle “a la solicitud” el “trámite correspondiente al derecho de tutela”, como confusamente dice la Ley 393. El segundo requisito mira hacia el fondo de la controversia en cuanto que de los hechos esgrimidos para intentar de manera errada la acción de cumplimiento, debe surgir la evidencia de que al actor se le ha violado o se le amenace violar un derecho fundamental que amerite su protección por vía de tutela.

Aplicando al sub judice lo anterior se tiene que el tribunal se abstuvo de hacer la transmutación del proceso. Por otro lado, no existe evidencia de la violación de los derechos fundamentales de la sociedad actora.

Es preciso tener en cuenta que la acción de cumplimiento es subsidiaria, es decir que solamente procede cuando el afectado no tenga o haya tenido otro instrumento judicial para obtener el cumplimiento de las normas o actos administrativos, salvo que de no actuar el juez se presente en forma inminente un perjuicio grave, aspecto que no se da en el presente caso.

Como la acción de cumplimiento no procede por actuaciones judiciales que tengan mecanismos especiales, esto es otro tipo de controles, en el caso sub judice no puede prosperar la referida acción».

(Sentencia de diciembre 11 de 1997. Expediente ACU-056 Consejero Ponente: Dr. Luis Fernando Olarte Olarte).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Al interpretar la demanda se advierte que el actor reclama más que el cumplimiento de la ley, el respeto de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 228 de la Constitución, cuya protección se puede lograr ordenando al juez que adopte la decisión correspondiente.

Bien hizo entonces el juez a quo al rechazar la acción de cumplimiento; no obstante, lo procedente era dar aplicación al artículo 9º de la Ley 393 de 1997 y tramitar la acción de tutela de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, con el objeto de determinar si se ha dado una dilación injustificada, es decir, un desconocimiento de los términos previstos en la ley para proferir la decisión, sin que dicho desconocimiento obedezca a un motivo probado y razonable».

Ricardo Hoyos Duque 

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