•Sentencia ACU-573 de febrero 4 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Demandante: Marco Tulio Ararat Sandoval

Demandado consejería presidencial para la atención a la población desplazada.

Santafé de Bogotá D.C., febrero cuatro de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Entiende la Sala que creado como está el sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, se ordenará, por conducto de la consejería presidencial para los desplazados, o a la entidad que haga sus veces, incluir a Marco Tulio Ararat Sandoval, en cualquiera de los programas a que se refiere el artículo 17, para dar cumplimiento así a lo dispuesto por la norma y proteger al derecho que deriva de la misma el demandante, quien por lo demás acreditó su condición de desplazado por la violencia (Cfr. fls. 2 y 5).

La Sala precisa que, la acción de cumplimiento resulta procedente en el caso concreto, por las circunstancia de que el dispositivo legal contenido en el artículo 17, disciplina una conducta —débito prestacional— a cargo de las autoridades públicas o privadas que integran el sistema nacional de salud, conducta que supone desde luego, la ejecución de todas las medidas —acciones específicas y concretas—, tendientes a materializar, los fines últimos para los cuales fue creado dicho sistema, para la atención integral de la población desplazada por la violencia.

No puede caerse en el equívoco de asimilar los fines puramente promocionales que permitan, desde luego, paulatinamente y de acuerdo con una realidad presupuestal, generar las condiciones de sostenibilidad económica, que no se obtienen de un día para otro y que están sujetas a multitud de factores, con la protección humanitaria de emergencia a que arriba se hizo alusión o, con el acceso a que tiene derecho el desplazado a los programas del denominado por la ley “plan nacional para la atención integral a la población desplazada”, y ello por cuanto, la exigibilidad de tal obligación, aparece de manifiesto, al haber estatuido la ley en el parágrafo del artículo 9º, lo siguiente:

“PAR.—El Gobierno Nacional diseñará y pondrá en ejecución en un término no mayor de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley el plan a que hace referencia este artículo”.

Como quiera que, la Ley 387 de 1997 entró en vigencia desde el mes de julio de dicho año, el derecho de acceso a cualquiera de los programas enunciados en el artículo 17, es un débito prestacional, cuyo cumplimiento es procedente en acción de cumplimiento, máxime si se tiene presente que, el artículo 33 de la ley, expresamente prevé que, “los beneficiarios de la presente ley... podrán ejercitar la acción de cumplimiento para exigir judicialmente la plena efectividad de los derechos consagrados en la presente ley en favor de los desplazados”, normas estas que a no dudarlo, exigen la aplicación del artículo 87 de la Constitución Política en el caso concreto.

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