•Sentencia ACU-585 de febrero 18 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

NO PROCEDE PARA IMPONER SANCIONES

EXTRACTOS: «La acción de cumplimiento fue instituida por el constituyente en el artículo 87 de la Carta Política y su desarrollo legal se materializó en la Ley 393 de 1997. De conformidad con el artículo 8º de la citada ley, la acción procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir el inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.

El demandante pretende, que esta jurisdicción ordene al Alcalde Municipal de Chía, continuar con el trámite señalado en el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 232 de 1995, imponiendo multas sucesivas a los establecimientos comerciales que utilizan música “causante de pago por derechos de autor” y que no los han cancelado a Sayco-Acimpro.

Lo primero que ha de precisar la Sala, es que la acción de cumplimiento no procede para la imposición de sanciones, toda vez que éstas sólo son imponibles a través de un procedimiento administrativo en el que se pruebe la responsabilidad del infractor y la viabilidad de la sanción, es decir, que ella no se aplica por disposición directa de la ley, sino por disposición administrativa del competente para ello, previo el procedimiento que corresponde.

En el caso sub examine, Sayco-Acimpro demandó ante la alcaldía, el incumplimiento por parte de unos establecimientos comerciales de la obligación señalada en la Ley 23 de 1982.

Pero en erróneo trámite, el burgomaestre, sin hacer comprobación alguna de los hechos, requirió a los establecimientos en mención, luego tiene razón el recurrente al señalar que mal puede imponer las multas que reclama Sayco-Acimpro, cuando los afectados no han tenido la oportunidad de defenderse del cargo y presentar las pruebas correspondientes.

En estas condiciones no puede darse por comprobado el incumplimiento por parte del Alcalde de Chía del numeral 2º del artículo 4º de la Ley 232 de 1995.

Y si no se probó el incumplimiento, no procede la orden impartida por el a quo, por lo que habrá de revocarse la providencia recurrida y en su lugar, denegar la pretensión de la acción.

Cabe sí hacer un llamamiento al Alcalde de Chía, para que tramite la queja de Sayco-Acimpro siguiendo el procedimiento que le señala el artículo 4º de la ley en mención, vale decir, el libro primero del Código Contencioso Administrativo, y decida sobre la procedencia de las multas que la entidad solicita».

(Sentencia de febrero 18 de 1999. Expediente ACU-585. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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