Sentencia ACU-063 de noviembre 28 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Ref.: Radicación ACU-063

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Néstor Humberto Martínez Neira.

Impugnación contra la providencia de 8 de octubre de 1997 del Tribunal Administrativo Cundinamarca.

Fallo

Consideraciones

La corporación en relación con la acción de cumplimiento ha dicho:

“La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Nacional busca hacer efectivo el Estado social de derecho, haciendo real por parte de sus autoridades el cumplimiento de las normas, que de acuerdo con el principio de legalidad enmarcan el ejercicio de las funciones a su cargo.

Lo anterior se encuentra claramente consagrado en su reglamentación contenida, en la Ley 393 de 1997, en la cual se dispone que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

Son claras las disposiciones constitucionales y legales en precisar que el fin de la acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, es el de hacer cumplir el ordenamiento jurídico existente, por parte de las autoridades competentes, para hacer efectivo el Estado social de derecho, pero es claro también que en ese ordenamiento jurídico debe estar claramente establecida la obligación que se pretende hacer cumplir lo que indica que a través de la acción de cumplimiento no es posible discutir derechos, sino hacer respetar los ya existentes y que se cumplan las normas que los reconocen.

(...).

La acción de cumplimiento, está prevista, precisamente, para ordenar el cumplimiento de una norma o acto administrativo que con tenga una obligación clara y precisa, cuyo incumplimiento implique el desconocimiento de un derecho que no se discute”(1).

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 17 de febrero de 1997, C.P. Consuelo Sarria, Exp. ACU-020.

En el caso de autos, pretende el accionante el cumplimiento por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de los siguientes artículos del Decreto 2150 de 1995:

1. Violación del artículo 2º

ART. 2º.—Horarios extendidos de atención al público. En adición a sus jornadas habituales, las entidades de la administración pública deberán poner en funcionamiento horarios extendidos de atención al público no coincidentes con la jornada laboral común, para que la ciudadanía pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los trámites frente a las mismas.

Afirma el accionante que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado no cumple con esta disposición por cuanto los funcionarios adscritos a los cades sólo laboran hasta las 4:30 p.m., debiendo tener horarios no coincidentes con la jornada laboral, para facilitar la atención a los usuarios, la demandada considera que esta obligación no se puede interpretar como lo hace el accionante, en el sentido de que la obligación consiste en que se amplíen todos los horarios de los puntos de atención de la empresa. Que ésta, ha cumplido con el artículo mencionado mediante la ampliación de los horarios en la central de operaciones del Centro Nariño, la cual presta el servicio en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y que de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 150 del 5 de marzo de 1997, el coordinador general del programa CADE, es la autoridad administrativa de los Centros de Atención Distrital Especializados CADE.

Encuentra la corporación, que el accionante no allegó prueba aIguna de su quebrantamiento, en cambio la parte demandada probó en el expediente mediante certificaciones de los bancos, Bancafé, Coopdesarrollo, Tequendama, de Colombia, Ganadero, de Crédito, Citibank, Nacional del Comercio, Anglo Colombiano, Popular, Coopsibaté, Unión Colombiano, Caja Social, Real de Colombia (fls. 17 a 32), que estos recaudan en los horarios normales los pagos por concepto del servicio de acueducto y alcantarillado a los usuarios, sin distinguir si es cliente o no del banco; también que el Banco de Colombia, Banco Ganadero y Banco Popular recaudan en los horarios extendidos o, jornada adicional de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. (fls. 20, 21 y 27).

Ahora, en relación, con los horarios de los cades, considera la Sala, que esta materia no es competencia de la empresa demandada sino de la Alcaldía Distrital y que, como esta afirma, de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 150 del 5 de marzo de 1997, el coordinador general del programa CADE, es la autoridad administrativa de los Centros de Atención Distrital Especializados CADE y es a esta autoridad a quien le corresponde tal decisión.

No se configura entonces violación del artículo 2º del Decreto 2150 de 1995, alegada por el accionante, por cuanto se comprobó que los bancos de Colombia, Ganadero y Popular y el Centro Operativo de Centro Nariño recaudan el pago de los servicios públicos en horarios extendidos, no coincidentes con la jornada laboral y porque la empresa no tiene competencia para determinar el horario de los cades, sino que esto es competencia de la Administración Distrital.

2. Violación del artículo 35

ART. 35.—Pagos al tesoro público. Todos los pagos que deban efectuarse al tesoro público podrán hacerse en bancos o corporaciones de ahorro y vivienda.

Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá la apertura de las cuentas pertinentes.

Aduce el accionante que las facturas vencidas únicamente puedan cancelarse ante las empresas de servicios públicos y que cuando va a efectuarse el pago dentro de los cinco días siguientes al vencimiento, se le ha otorgado el monopolio a una sola sucursal bancaria.

Por su parte la demandada afirma que a pesar de que la norma es facultativa, la empresa desde hace más de cinco años no recepciona pago alguno, los cuales se hacen en bancos y corporaciones de ahorro y vivienda y cuando la factura no se ha cancelado oportunamente el recaudo se hace a través de los bancos Popular, Ganadero y Colombia. Además, se pregunta, si los dineros recaudados por los servicios públicos, constituyen pagos al tesoro público.

En primer lugar, precisa la corporación que los pagos efectuados para la cancelación del servicio de acueducto y alcantarillado son el producto de una relación contractual-comercial, donde la tarifa corresponde es al precio cancelado por metro cúbico de agua consumido por el usuario; servicio prestado en este caso por una entidad descentralizada, la EAAB, empresa industrial y comercial del estado, la cual goza de autonomía administrativa y de patrimonio propio ciento por ciento oficial y cuyos recaudos, de conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política sí constituyen pagos al tesoro público.

Ahora bien, en relación con la violación del artículo 35 encuentra la corporación que como se dijo en el cargo precedente, está comprobado que los pagos se pueden efectuar en los bancos mencionados anteriormente y en las corporaciones de ahorro y vivienda.

De esta suerte, se encuentra establecido que la empresa demandada no ha vulnerado la disposición mencionada por el accionante, en consecuencia no prospera el cargo.

3. Violación del artículo 8º

ART. 8º—Prohibición de la exigencia de la comparecencia personal. Prohíbese la exigencia de comparecencia personal para hacer pagos ante las entidades de la administración pública.

En lo referente a este artículo manifiesta el actor que la empresa exige la comparecencia del usuario a sus oficinas para poder cancelar el servicio, cuando se ha vencido el plazo para el pago de las facturas en los bancos.

Por su parte, la empresa de servicios aclaró que el único requisito que se exige para la cancelación de una factura es la presentación de la misma o sea de la factura, sin que en ningún momento se exija la identificación de quien realiza el pago. Que las facturas vencidas puedan ser pagadas por el usuario, previa autorización, en la central de operaciones de la empresa o en cualquier punto de atención. También tiene la posibilidad de esperar la siguiente factura para cancelar dentro de los plazos establecidos.

Considera la corporación que tampoco prospera este cargo por cuanto no encuentra en el expediente, prueba alguna que desvirtúe lo afirmado por la demandada y que demuestre que se configure el quebrantamiento alegado.

4. Violación del artículo 32

ART. 32Ventanillas únicas. Para la recepción de documentos, solicitudes y atender requerimientos, los despachos públicos deberán disponer de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario.

Afirma el demandante que no es posible lograr la atención

integral en un sólo punto del área de atención al público de la empresa. Por ejemplo, una vez se obtiene en la factura el sello de “división - deuda” para cancelar pagos atrasados, los usuarios deben iniciar otra tortuosa cola para que le reciban el pago.

Considera la Sala que el artículo transcrito no se refiere a los pagos sino a la recepción de documentos, solicitudes y atender requerimientos, es decir a las actuaciones administrativas, a las cuales ha dada cumplimiento la empresa, puesto que según contestación de la demandada, cuenta con 20 ventanillas para atender estas actuaciones administrativas y los pagos se recepcionan mediante casi cuarenta entidades financieras.

Tampoco prospera el cargo.

5. Violación del artículo 4º

ART. 4º—Cancelación de obligaciones ha favor del Estado. La cancelación de obligaciones dinerarias en favor de las entidades de la Administración Pública, podrá realizarse a través de cualquier medio de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistema de crédito mediante la utilización de tarjetas.

Para mi efecto, las entidades de la Administración Pública, deberán difundir amplia y profusamente, las tablas y las tarifas que permitan a los particulares efectuar la liquidación y pago de tales obligaciones.

Sostiene el actor que se omite la posibilidad del pago mediante transferencias electrónicas de fondos que permitan a los usuarios se les debite directamente de sus cuentas las partidas facturadas o mediante la utilización de sistemas de crédito a través del empleo de tarjetas de crédito.

Por su parte, la EAAB, aduce que el recaudo de las pagos.

oportunos se hace a través de casi cuarenta entidades financieras y además se cuenta con los sistemas telefónicos de red multicolor, audio colmena, cajeros automáticos, cades y puntos de pago en los principales almacenes de cadena de la ciudad, también mediante transferencias electrónicas de fondos a pesar de ser facultativa. Que se encuentra en trámite la autorización de la junta directiva de la empresa para poder pagar mediante tarjeta de crédito Credibanco.

En primer lugar, precisa la Sala que por ser la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, una entidad administrativa descentralizada del orden distrital sí tenía que dar aplicación al artículo mencionado por el accionante como vulnerado.

Además, contrario a lo afirmado por la accionada, la opción, es para el usuario, es él quien podrá cancelar sus obligaciones a través de cualquier medio de pago, incluyendo las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistema de crédito mediante la utilización de tarjetas, correspondiéndole a la empresa la obligación de brindarle todas estas posibilidades que es lo que alega el demandante.

Encuentra la corporación que algunos de ellos no están al servicio de la comunidad, a pesar de estar claramente determinados en la norma transcrita, como es el que la empresa no ha incluido la posibilidad del pago mediante la tarjeta de crédito. Aunque la apoderada de la empresa manifiesta que próximamente estarán a disposición de los usuarios y que se están llevando a cabo los trámites para ello, es evidente la vulneración de la norma mencionada por parte de la EAAB, puesto que el decreto en cuestión lleva más de dos años de vigencia y no se ha cumplido a cabalidad lo preceptuado en el artículo 4º, con perjuicio para los usuarios que podrían agilizar y pagar oportunamente si se utilizaran los medios señalados.

Le asiste entonces razón al accionante y en consecuencia prospera el cargo. Por lo tanto la corporación revocará parcialmente la providencia apelada para acceder únicamente a este cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República,

FALLA:

Revócase parcialmente la providencia apelada en su lugar, ordénase a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, dar cumplimiento, en el término señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la disposición contenida en el artículo 4º del Decreto Ley 2150 de 1995, incluyendo la posibilidad de cancelar las obligaciones mediante tarjeta de crédito.

Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, publíquese, notifíquese, envíese el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

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