•Sentencia ACU-649 de marzo 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REQUERIMIENTO PREVIO A LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA RESPUESTA NO ABRE EL CAMINO A OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL

EXTRACTOS: «Como quiera que uno de los fundamentos del fallo impugnado fue la existencia de otro medio de defensa judicial frente al acto administrativo que dio respuesta al escrito mediante el cual se quiso constituir la renuencia, como condición de procedibilidad de la acción, la Sala considera de suma conveniencia dilucidar este aspecto. En efecto, el a quo se expresó en los siguientes términos:

“Si en pos de conseguir la renuencia, el interesado obtiene un acto administrativo, como ocurre en este caso, resulta indiscutible que su ocurrencia actualiza la viabilidad de todo el acervo de instrumentos judiciales ordinarios para controlar la legalidad de la conducta administrativa, y por ende, técnica y substancialmente se excluye la viabilidad del mecanismo utilizado por los accionantes para obtener sus pretensiones”.

La Sala ha establecido claras diferencias entre el ejercicio del derecho de petición y el requerimiento o reclamación tendiente a constituir la renuencia, y con ese propósito ha dicho:

“Es claro que el ejercicio de petición, sea en interés particular o en interés general, es una institución muy diferente, con fines, reglas y efectos muy distintos a los de la reclamación prevista en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997 tendiente a propiciar la renuencia de que en él se habla. Aquél, cuando es en interés particular, como el que se surtió en el presente caso, se dirige a obtener la satisfacción de un interés particular, como, por ejemplo, el reconocimiento de un derecho; da lugar a una actuación administrativa que ha de culminar con una decisión, favorable o desfavorable, revestida del carácter de acto administrativo, pasible a su vez de ser controvertida ante la misma administración por vía gubernativa y ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Su ejercicio no necesariamente presupone incumplimiento de norma legal o administrativa alguna por parte de la administración, sino y usualmente, la ocurrencia de los supuestos o estado de cosas que le dan nacimiento al derecho que se pide, o un especial interés en obtener la concesión de algún beneficio y derecho autorizado por la ley o el reglamento. Mientras que la reclamación aquí omitida presupone que la administración se encuentra incursa en el incumplimiento de una cualquiera de tales normas, esto es, que dadas las circunstancias que le imponen la obligación directa e inmediata, esto es de forma clara y exigible, de darle cumplimiento, no lo hace” (1) .

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 1999. Expediente, ACU–545, actor Orlando Enrique Pinedo Cruz. Magistrado Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

Con estas premisas, para la Sala, de una parte, no basta el ejercicio del derecho de petición para que con el mismo se constituya la renuencia exigida por los artículos 8º y 10, numeral 5º, de la Ley 393 de 1997; y, de otra, que, si como respuesta a una reclamación o requerimiento encaminados a producir dicha renuencia, se produce un acto administrativo, éste no tiene la virtualidad de enervar la acción de cumplimiento o de desplazarla indefectiblemente hacia las acciones contencioso administrativas procedentes contra el mismo. Porque si bien es cierto que para el ejercicio de la acción de cumplimiento se hace menester constituir la renuencia mediante la reclamación del cumplimiento del deber legal o administrativo, tal reclamación siempre tendrá una respuesta expresa o tácita, a la cual la ley le ha dado una connotación específica, distinta de la de un acto administrativo definitivo, y por ello, contra ella, no es imprescindible interponer recursos ni ejercer acciones contencioso administrativas, pues de ser así la acción de cumplimiento, que es de estirpe constitucional, perdería su razón de ser o su eficacia en aras de la existencia de un supuesto medio de defensa judicial.

En el evento que ocupa la atención de la Sala, el expediente demuestra que el apoderado de los accionantes, con fecha 13 de octubre de 1998, presentó un escrito dirigido a la directora ejecutiva de la dirección seccional de Administración Judicial de Tunja, que tiene como referencia “requerimiento para que la dirección secciona de Administración Judicial de Tunja, en su carácter de autoridad pública, dé cumplimiento integral a lo establecido en materia salarial respecto de mis poderdantes, en los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998”. Este requerimiento, por consiguiente, no se hizo en ejercicio del derecho de petición, razón por la cual no podía el a quo con base en la respuesta negativa que se le dio, sostener que por existir acciones contra dicha respuesta, la acción de cumplimiento era improcedente».

(Sentencia de marzo 25 de 1999. Expediente ACU-649. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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